Año 1, núm. 10, mayo de 2026
ISSN 3122-3583
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Plataformas en tela de juicio: adicción por diseño
Gabriela Sued *
Las plataformas digitales ya no solo enfrentan críticas políticas: comienzan a responder en tribunales por el diseño adictivo de sus algoritmos.
Escenas del poder digital
¿Qué acontecimiento podría reunir en un mismo espacio a los principales líderes tecnológicos del mundo —Meta, Amazon, Google, Apple, X/Tesla— en una escena de alta visibilidad política? La imagen que recorrió el mundo corresponde a la segunda asunción de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, el 20 de enero de 2025 en Washington. Su presencia en primera fila no resulta casual ni meramente protocolaria: señala un desplazamiento en la posición que estas empresas han adquirido en el orden contemporáneo.
El poder de las plataformas se mide hoy tanto en influencia política como en impacto psicológico.
No hace tanto tiempo, los relatos que acompañaban a estas compañías eran otros. Steve Jobs diseñaba computadoras en un garaje; Sergey Brin y Larry Page desarrollaban Google desde la universidad; Jeff Bezos iniciaba la venta de libros en un sitio en línea llamado Amazon; Mark Zuckerberg programaba Facebook, una red social para estudiantes. Esas míticas historias inscribían a estas empresas en una narrativa de experimentación y emprendimiento. La escena de 2025 introduce otra escala: ya no se trata de iniciativas tecnológicas que logran expandirse, sino de infraestructuras sociotécnicas que organizan la circulación de información, la interacción social y, en buena medida, las condiciones del debate público.
En otro registro, menos visible pero igualmente significativo, comienza a desarrollarse una escena distinta en los tribunales estadounidenses. En marzo de 2026, un jurado en California encontró responsables a Meta y Google en el marco de una demanda impulsada por una joven usuaria que atribuyó a Instagram y YouTube daños a su salud mental asociados al diseño adictivo de esas plataformas. Por primera vez, el proceso judicial no se concentró en contenidos específicos, sino en la arquitectura de las plataformas: los sistemas de recomendación, el desplazamiento continuo —scrolling—, las notificaciones y otras funcionalidades que alientan la conexión permanente.
Tanto la escena política como la judicial permiten observar, desde ángulos distintos, el lugar de poder que las plataformas ocupan en la esfera pública. En un caso se expresa como proximidad con el poder político; en el otro, como poder sobre las subjetividades.
El entramado de datos y algoritmos opera sobre la atención: la orienta, la retiene y la reorganiza. Es ese poder el que contribuye a situar a las grandes empresas tecnológicas en el centro de la vida pública, y es también el que comienza a ser examinado cuando sus efectos se vuelven visibles.
Funcionamientos algorítmicos
Se estima que alrededor del 60 % de la población mundial utiliza redes sociales, lo que equivale a miles de millones de personas interactuando de manera simultánea. En plataformas como YouTube se consumen más de 1 000 millones de horas de video por día, mientras que en Facebook se producen cifras comparables de publicaciones e interacciones en lapsos muy breves. Frente a esta escala, la organización de los contenidos queda en manos de sistemas automatizados que filtran, ordenan y sugieren aquello que cada persona usuaria ve,y esa selección no responde a un criterio neutral. Los sistemas priorizan ciertos materiales y relegan otros, configurando de manera sostenida el entorno en el que se desarrolla la experiencia digital. Las imágenes, los discursos y los temas que se reiteran no solo reflejan intereses previos, sino que contribuyen a consolidarlos.
Los juicios ya no se centran en contenidos, sino en la arquitectura de las plataformas.
Las empresas no hacen públicos sus criterios de operación, aunque distintos estudios han permitido identificar algunos de sus principios generales. Entre ellos, la búsqueda de maximizar la permanencia en la plataforma y la interacción con los contenidos, en estrecha relación con modelos de monetización basados en publicidad. Este horizonte económico se entrelaza con decisiones que tienen efectos más amplios, incluyendo la manera en que se modulan las expresiones públicas en distintos contextos.
Política, visibilidad y adaptación
Las lógicas de recomendación no solo organizan la experiencia de las y los usuarios individuales: también inciden en la manera en que distintos actores producen sus intervenciones públicas. En el campo político, la búsqueda de visibilidad ha ido adoptando progresivamente los formatos, los ritmos y las sensibilidades que circulan con mayor intensidad en las plataformas. La construcción de mensajes se articula con métricas de interacción —reacciones, comentarios, compartidos— que operan como indicadores de relevancia y orientan las decisiones comunicativas.
Este desplazamiento reconfigura las formas de intervención pública. Los contenidos políticos tienden a condensarse, a intensificar su carga afectiva, a incorporar elementos de la vida personal o registros más cercanos a la intimidad. En otros casos, se acentúan los tonos confrontativos o las expresiones que favorecen la circulación y la respuesta inmediata. Estas modulaciones forman parte de un entorno en el que la posibilidad de ser vista o visto depende, en buena medida, de la capacidad de inscribirse en las dinámicas algorítmicas.
Algo similar ocurre con otros actores colectivos. Movimientos sociales, organizaciones y comunidades han encontrado en las plataformas un espacio para intervenir en el debate público, pero esa intervención no se despliega en condiciones neutras. La visibilidad requiere, muchas veces, el aprendizaje de lenguajes específicos, la adopción de formatos breves y la incorporación de elementos visuales o narrativos que circulan con mayor facilidad. Sin embargo, esta orientación no elimina la posibilidad de desvío: los usos de las tecnologías digitales no se reducen a la aceptación de las lógicas que las estructuran.
El activismo feminista en América Latina ofrece un ejemplo significativo. Mediante hashtags, imágenes, narrativas y estéticas propias, logró instalar temas en la agenda pública, articular demandas colectivas y producir formas de visibilidad que no se limitan a reproducir los modelos dominantes. Estas prácticas no operan fuera de las plataformas, pero tampoco se ajustan completamente a sus lógicas: se mueven en un espacio intermedio donde la apropiación y la adaptación conviven con formas de resistencia.
¿Por qué nos quedamos?
Si estos sistemas organizan lo que vemos y modulan nuestras prácticas, una pregunta se vuelve inevitable: ¿por qué permanecemos en ellos? Una parte de la respuesta remite a la dimensión afectiva. La circulación de información falsa, la proliferación de contenidos automatizados y el uso sistemático de lenguaje ofensivo —visibles ya en episodios como el #Pizzagate o en la primera campaña presidencial de Trump— mostraron la eficacia de ciertos registros emocionales. Estos contenidos no solo informan o desinforman: activan emociones intensas —miedo, ira, indignación— que tienden a retener la atención y a favorecer la interacción.
La batalla por regular el poder digital apenas comienza.
Sin embargo, la permanencia en estos entornos no se explica únicamente por la activación de emociones negativas. También intervienen otros mecanismos menos visibles: la repetición constante de estímulos, la ausencia de puntos claros de cierre y la expectativa de encontrar algo relevante en el siguiente desplazamiento generan una forma de implicación que combina hábito, anticipación e incertidumbre. A esto se suma la dimensión social: la interacción con otras personas, la posibilidad de reconocimiento, la visibilidad de las propias intervenciones. Estas distintas capas —afectivas, técnicas, sociales— se articulan en un entorno que hace que ciertas formas de permanencia resulten más probables.
Por qué no nos quedamos
Estas dinámicas no se distribuyen de manera homogénea. En ciertos casos, los mismos mecanismos que sostienen la permanencia pueden volverse vectores de exclusión. La violencia digital de género ofrece un ejemplo particularmente claro: diversos estudios han mostrado que mujeres que participan en el espacio público digital —periodistas, científicas, activistas— son objeto de ataques sistemáticos que combinan descalificación, sexualización y amenazas. Estos contenidos no solo circulan, sino que adquieren visibilidad precisamente por su capacidad de activar reacciones intensas.
En este contexto, la violencia no puede entenderse únicamente como un problema de contenidos individuales o de comportamientos desviados. Las llamadas “pasiones tristes” no solo capturan la atención: pueden operar como mecanismos de disciplinamiento que exponen, desgastan y, en algunos casos, empujan a quienes las reciben a retirarse o a reducir su participación. La configuración algorítmica no determina quién habla y quién no, pero sí incide en las condiciones bajo las cuales esa participación se vuelve sostenible.
Es en este punto donde el proceso judicial adquiere su densidad. Lo que allí se discute no es simplemente la existencia de contenidos dañinos ni la responsabilidad individual de quienes los producen o consumen. Lo que comienza a entrar en escena es la arquitectura misma de las plataformas: la forma en que están diseñadas para organizar la atención, para sostener la interacción, para hacer circular ciertos materiales con mayor intensidad que otros.
Este movimiento no resuelve la complejidad del problema. Para el derecho, resulta necesario estabilizar relaciones y trazar líneas de causalidad; en ese proceso, la ambigüedad propia de los sistemas sociotécnicos tiende a reducirse. Sin embargo, esa simplificación permite que algo que hasta hace poco permanecía invisible comience a ser nombrado y discutido: la arquitectura deja de aparecer como un trasfondo técnico para convertirse en objeto de controversia.
Leída desde esta perspectiva, la escena de los tribunales no desmiente la imagen de los magnates tecnológicos en la asunción presidencial. Tampoco la corrige. Ambas forman parte de un mismo proceso en el que el poder de las plataformas se consolida y, al mismo tiempo, comienza a ser interrogado. La proximidad con el poder político expresa su centralidad; la controversia judicial señala sus costos sociales. Tal vez la pregunta que queda abierta no sea si las plataformas deben o no intervenir en la vida pública —esa intervención ya es un hecho—, sino en qué condiciones esa intervención se vuelve discutible y transformable.
* Doctora en Humanidades por el Tecnológico de Monterrey. Investigadora en cultura digital, género y tecnología. Profesora en la Cátedra de Datos (catedradatos.com.ar).
