Año 2, núm. 13, agosto de 2026
ISSN 3122-3583
entre-mes
Cuando el destino alcanzó a Claudia
Alberto J. Olvera *
Las presiones de Estados Unidos y la disputa por las candidaturas de 2027 colocan a Claudia Sheinbaum ante una decisión crucial: afirmar su autoridad o mantener los pactos heredados. De su respuesta podría depender no solo el futuro de Morena, sino la viabilidad del Estado mexicano.
He insistido, desde el inicio del actual gobierno, en que el arreglo interno de gobernabilidad basado en el traspaso hereditario del poder desde un líder populista personalista a una heredera designada era intrínsecamente inestable.
El populismo en el gobierno no admite poderes paralelos. Las razones eran desde el principio obvias. La presidenta Claudia Sheinbaum está obligada a atender los conflictos internos y externos, especialmente las presiones de Estados Unidos.
La impunidad interna ha permitido que Estados Unidos ocupe el espacio de una justicia ausente en México
En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se toleró el crecimiento del crimen organizado y se ignoraron las demandas de las agencias de seguridad del vecino del norte. La presidenta en turno tenía que combatir la criminalidad desbocada y tratar de fomentar el crecimiento capitalista, lo cual exigía acuerdos con Estados Unidos. En cambio, para el “líder moral” de la 4T (Cuarta Transformación), el pacto con Sheinbaum implicaba convivir con los arreglos criminales locales negociados por él mismo y que fueron la base de la expansión territorial de su partido.
Más aún, el acuerdo de convivencia implicaba también respetar los múltiples negocios ilegales (actos abiertos de corrupción) consumados en el gobierno de AMLO, que involucraron al primer círculo presidencial y a sectores del Ejército y de la Armada, y que muy probablemente preparaban el financiamiento necesario para futuras campañas políticas.
El gobierno tutelado de Sheinbaum disponía de origen de muy poco poder real. Si quería tener espacio de maniobra propio, no podía someterse a todas las restricciones impuestas por López Obrador. La presidenta tuvo varias oportunidades para sacudirse la tutela del líder, pero no pudo o no quiso hacerlo. Pues bien, el inevitable momento de ruptura ha llegado por una combinación de presión norteamericana sobre la presidenta Sheinbaum y las disputas internas por las candidaturas a las megaelecciones de 2027.
En el frente externo, la petición expresa de extradición de diez políticos sinaloenses para ser procesados en cortes de Estados Unidos, legal dentro del marco de los acuerdos vigentes, implicaba, de ser aceptada, abrir la puerta a otras peticiones similares que el gobierno norteamericano seguramente tiene preparadas de tiempo atrás. Las acusaciones están basadas en los testimonios de los muchos delincuentes recientemente expulsados por México a Estados Unidos y en las largas investigaciones de la DEA (Drug Enforcement Administration), la CIA (Central Intelligence Agency) y el Departamento de Seguridad Nacional, así como en la colaboración voluntaria de muchos políticos mexicanos que han preferido cooperar antes que enfrentar la ley.
La verdad es que esta puerta ha quedado abierta por la incapacidad interna de los gobiernos de AMLO y Sheinbaum de procesar al menos a los casos más conspicuos de corrupción y a los líderes y miembros de los principales grupos criminales.
Las elecciones de 2027 serán una disputa por las candidaturas, pero también por el control político de Morena y del gobierno
La impunidad interna ha permitido a Estados Unidos tornarse en la fuerza externa de una justicia ausente en México. La soberanía nacional, el pretexto de AMLO para defender la impunidad criminal interna, omite reconocer que en México no existe una soberanía del Estado, sino soberanías múltiples compartidas en el territorio con múltiples grupos criminales, una situación insostenible para cualquier gobierno que quiera mostrarse como moderno y destino seguro de la inversión extranjera, y que quiera consolidar el principio estatal del monopolio legítimo y legal de la fuerza. El orden político informal e ilegal creado por AMLO era, es, antitético con un Estado de derecho.
El único funcionario del gobierno de Sheinbaum que ha logrado mantener una interlocución constante con las fuerzas de seguridad de Estados Unidos es Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, quien ha basado su relativo éxito en la lucha contra el crimen en los primeros meses de gobierno de Sheinbaum en la colaboración abierta y expresa con dichas agencias. Puede decirse que esta colaboración ha sido el pilar de la relativamente exitosa política de contención de la presidenta Sheinbaum frente al gobierno de Trump. Por tanto, la presidenta no puede prescindir de los servicios de García Harfuch sin debilitar dramáticamente su poder de negociación con el vecino del norte. Y esto es precisamente lo que exige AMLO y, al parecer, también el mando del Ejército, cuyo poder real se ha visto disminuido drásticamente en el mandato de Sheinbaum.
La crisis en el ámbito interno deriva del proceso de selección de candidatas y candidatos a gobernadores, alcaldes, diputados federales y locales en todo el país para las elecciones de junio de 2027. Esta megaelección sería la oportunidad para que la presidenta Sheinbaum promueva a cuadros más cercanos a su liderazgo como candidatos de Morena y partidos aliados. De hecho, la presidenta se ha preparado para este proceso controlando la dirección de Morena con cuadros cercanos a ella y quitándole a Andrés Manuel López Beltrán (Andy) la Secretaría General del partido, puesto desde el cual este pretendía convertirse en el principal operador de la próxima campaña.
Estos movimientos disminuyeron considerablemente el control del partido por parte del expresidente López Obrador. Para colmo, el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa a su hijo favorito (Andy) y junto con él a una gran cantidad de políticos morenistas cercanos al expresidente, propinándoles un fuerte golpe reputacional.
La creación dentro de Morena de una comisión de filtración de candidaturas que vigilará que las y los candidatos que se designan no tengan antecedentes penales, acusaciones pendientes o sospechas creíbles de vínculos con el crimen organizado es también por sí misma una amenaza a la posibilidad de darle continuidad al poder de los actuales gobernadores fieles a López Obrador. Esta es la segunda razón por la que el viejo líder decidió dar un manotazo en la mesa mediante la famosa carta, obviamente redactada por él mismo, que su hijo ha dirigido al presidente de Estados Unidos exigiendo ni más ni menos que el regreso de su visa y la destitución del secretario de Estado y de los funcionarios encargados de los procesos migratorios. La carta es casi demencial y demuestra que el expresidente ha perdido la noción del lugar en el que se encuentra y del poder de que dispone.
Claudia Sheinbaum enfrenta una oportunidad decisiva: ejercer plenamente la presidencia y romper con los pactos político-criminales heredados
La presidenta Sheinbaum está obligada a imponer su autoridad en el gobierno y en el partido oficial de manera inmediata, pues de otra manera perderá capacidad de mando y sucumbirá a una subordinación política abierta frente a López Obrador. Los escenarios que se abren son múltiples, y dependen de la forma y el ritmo en que la presidenta decida reaccionar frente al reto del viejo caudillo.
Hace dos años hablé de la posibilidad de que se abriera un “escenario boliviano”, que en aquel momento se refería al pleito abierto entre el presidente Luis Arce y el expresidente y líder social Evo Morales. Esa confrontación, como sabemos, terminó en una tragedia terrible que llevó a la destrucción del MAS (Movimiento al Socialismo) como partido y a su irrelevancia política. Creo que a estas alturas ese escenario es improbable, porque el poder de López Obrador es menor al que tenía en el momento de la transición de mando, pero además porque la clase política en su conjunto reconoce la debilidad del gobierno mexicano frente a Estados Unidos y la necesidad de romper con los pactos político-criminales si se trata de darle viabilidad a mediano y largo plazos al Estado mexicano.
Sin embargo, la confrontación puede convertirse en un ciclo largo y complicado de batallas parciales si López Obrador decide no plantear una guerra de posiciones sino una de movimientos, es decir, una confrontación que tendría múltiples momentos y espacios de batalla.
AMLO podría tratar de ganar batallas significativas, por ejemplo, en la designación de candidaturas a gobernadoras y gobernadores y en la defensa a ultranza de su propia familia y círculo íntimo, aliándose para ello a mandos militares involucrados en actos de corrupción. Queda mucho por ver, pero no cabe duda de que la presidenta Sheinbaum tiene una oportunidad de establecer por fin su autoridad en un momento decisivo de la historia nacional.
* Investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana.




























