Año 2, núm. 13, agosto de 2026
ISSN 3122-3583
entre-mes
La caída del mito: de cómo Estados Unidos se ha convertido en un régimen casi fascista en 2026
Alberto J. Olvera *
Pocos habríamos imaginado que en el aniversario 250 de la fundación de Estados Unidos, la nación que inventó buena parte de los dispositivos de la democracia constitucional y el concepto de la democracia como régimen inclusivo, tolerante y equilibrado, viviría una coyuntura crítica en la que se juega el futuro de la democracia misma. El segundo gobierno de Donald Trump amenaza con un potencial cambio de régimen, transitando desde un populismo personalista de ultraderecha democráticamente electo a una verdadera dictadura radical protofascista, sostenida por una alianza de las plutocracias tecnológica y financiera y un partido político, el Republicano, tomado casi por completo por las hordas trumpistas.
La celebración de los 250 años de Estados Unidos como nación ha servido para mostrar a los propios ciudadanos estadounidenses y al mundo entero el giro fascistoide de su presidente Donald Trump. En un par de discursos dignos de escándalo, el de Mount Vernon el 3 de julio, y el del 4 de julio en Washington, Trump ha dejado en claro su proyecto político: la denegación de derechos en su país a las minorías raciales, a las mujeres que se salen del estándar patriarcal, a los migrantes, y en general a quienes osan criticarlo, quienes a partir del 3 de julio son definidos como “comunistas”, sujetos dignos de escarnio y de exclusión de la vida pública.
Trump ha abandonado toda veleidad democrática: continúa y radicaliza su ofensiva brutal contra los medios independientes, el Partido Demócrata, los jueces que defienden la ley, las instituciones que no aceptan sus designios, las universidades y la sociedad civil progresista. Trump ha pasado de la clásica división de la sociedad entre enemigos y amigos, propia de todo populismo, a una confrontación descalificatoria del campo enemigo, al que se le desconoce como conjunto de actores políticos y sociales legítimos, para considerarlos verdaderos enemigos de la nación real, original, la bendecida por Dios: los ciudadanos blancos, los “hombres de bien”, los defensores de la “ley y el orden”, los seguidores del macho alfa y líder político de la raza pura y de los valores cristianos desacralizados por los progresistas, las élites intelectuales y artísticas y las izquierdas globales. Para Trump, el nacionalismo cristiano, la pureza étnica, la imposición de su poder personal por encima de instituciones y leyes, y la reconstrucción del imperialismo norteamericano constituyen la única salida a la “decadencia del Occidente cristiano”, un viejo concepto revivido por Vladimir Putin y reciclado desde hace veinte años por la ultraderecha de Occidente.
El proyecto de Trump se está desarrollando a gran velocidad y de manera sistemática. En su primer mandato sentó sus bases ideológicas: el supremacismo blanco; el desprecio de los migrantes, convertidos en motivo de escarnio por ser los “causantes” de los delitos graves y del afeamiento de las grandes ciudades; el ataque a los logros de décadas de luchas feministas, del movimiento LGTBQ+ y del movimiento por los derechos civiles; la descalificación simbólica del movimiento “woke” como la suma de todos los excesos identitarios de la izquierda, cuyo efecto habría sido la pérdida de los valores tradicionales, del respeto a las jerarquías de raza, género y generacionales y la normalización de la homosexualidad, la pluralidad de orientaciones sexuales y la aceptación del cambio de género por vías quirúrgicas. Todas las instituciones que han favorecido estas agendas son hoy consideradas destructivas del orden social: los medios de comunicación progresistas, las universidades y la mitad de la sociedad civil de su país.
Esta ha sido la parte conservadora radical de su discurso. Pero a ello añadió una crítica a la globalización, que según él ha despojado a millones de trabajadores norteamericanos de sus empleos (de ahí la idea de las tarifas arancelarias); al intervencionismo de su país en el mundo, sin recibir a cambio una contraparte económica (amenazas a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), tolerancia a la invasión rusa de Ucrania); y una visión del mundo como el reparto de los territorios y mercados entre Estados Unidos, China y en menor medida Rusia. Este reparto de las áreas de influencia tendría que acompañarse con medidas de fomento y protección a las nuevas industrias tecnológicas, ya perfiladas como el terreno estratégico de la nueva competencia capitalista global.
Estos principios fueron implementados a medias en el primer gobierno Trump (2017-2021). El viejo líder había logrado ya un cambio radical en el orden político norteamericano al apoderarse casi por completo del Partido Republicano, hasta entonces un partido de derecha que aceptaba las instituciones liberal-democráticas existentes, tornándolo cada vez más en un instrumento de su poder personal y de su agenda radical. Sin embargo, la burocracia profesional del gobierno de Estados Unidos (incluido el ejército) y parte del poder judicial pararon sus abusos más patentes, mientras el Vicepresidente Mike Pence y algunos senadores y diputados republicanos se opusieron a algunos de los excesos de Trump y ante todo, a su pretensión de desconocer su derrota ante Joe Biden en noviembre de 2020, evitando así un golpe de estado. Pero para 2025 el proceso de colonización del Partido Republicano ya había sido completado, de la mano de todo un movimiento social y político ultraconservador que en el segundo mandato de Trump ha logrado controlar los tres poderes de la unión y la mayor parte de las gubernaturas del país.
Trump es el líder de un verdadero movimiento socio-político, no sólo un líder demencial. Su poder está sostenido en una sólida base social conservadora que por muchos años careció de liderazgo y proyecto. Después de seis décadas de avances lentos, pero firmes, en los derechos civiles y en las agendas feministas, ambientales y sociales, la derecha norteamericana ha reaccionado de manera radical. Ha construido una gran cantidad de organizaciones civiles y redes de influencia en las élites económicas y legales, así como think tanks ultraconservadores, que han penetrado hasta lo profundo el tejido social y las estructuras políticas en Estados Unidos.
Trump no sólo es un presidente megalómano, narcisista y machista, sino la expresión política y simbólica de una parte significativa de la sociedad estadounidense. Eso es lo que lo hace aun más peligroso. Para esa parte de la sociedad, Trump es la esperanza del restablecimiento de una sociedad jerárquica, cristiana, supremacista blanca e imperial, exactamente lo que fue durante casi toda su historia. No nos engañemos: la democracia en Estados Unidos fue siempre excluyente, elitista, racista, y cooptada por los poderes fácticos. Los movimientos sociales progresistas lograron controlar por periodos los excesos de las elites económicas y políticas, mediante pactos con frecuencia imperdonables, como el periodo del sistema llamado “Jim Crow”, que mantuvo a la población afroamericana del “Solid South” sin derechos y en un sistema de segregación racial durante ocho décadas. En esa fase, el Partido Demócrata gobernaba esos estados sureños, mientras en el norte industrial se llevaba a cabo la implantación parcial del “New Deal”, una extensión sin precedentes de los derechos sociales para la clase obrera blanca. Y después, en los tiempos que corren desde las luchas por los derechos civiles (1963-1970) hasta la actualidad, se ampliaron las libertades y las esferas de reconocimiento de la diversidad, sin eliminar nunca la exclusión y explotación descarada de al menos el 15% de la población, constituida ahora por los migrantes más recientes, mexicanos en su mayoría, así como de otras nacionalidades.
Esta coexistencia entre el discurso universal de los derechos y de la democracia como régimen inclusivo de los ciudadanos, con la de facto exclusión política de una parte sustancial de la población, condujo a que la democracia realmente existente se limitara a una competencia entre elites que progresivamente coparon los partidos políticos, los poderes del estado y las instituciones. Esta es la contradicción fundamental de la democracia norteamericana. La contradicción entre un discurso normativo universalista y la democracia oligárquica de facto se ha transformado en una crisis de régimen al emerger una verdadera amenaza al orden establecido en la forma de un liderazgo protofascista con verdadero apoyo popular.
Trump ha recuperado en su discurso del 3 de julio en Mount Vernon el lenguaje de la guerra interna: ha llamado “comunistas” (¡?) a todos aquellos que se oponen a sus políticas, siguiendo un guion que recuerda al del infame senador Joseph McCarthy, quien en los años 1950-54 lanzó una ofensiva anticomunista paranoica en el pináculo de la guerra fría, tratando de destruir a las elites intelectuales, artísticas, universitarias y sociales progresistas acusándolas de favorecer a la Unión Soviética. Es sorprendente que Trump tenga que recurrir a un viejo fantasma, derrotado y enterrado desde hace décadas, para tratar de descalificar a sus enemigos. Al parecer la polarización previa, basada en la crítica de las elites progresistas y de la construcción de los migrantes como enemigos ya no es suficiente. Trump dirige ahora sus baterías hacia sus enemigos internos para justificar su intento de privar de sus derechos políticos a los sectores populares. Quiere hacer aprobar su llamada “Save America Act“, que exigiría a los ciudadanos la posesión de una identificación oficial para poder votar, aparte de estar inscritos en el padrón electoral. También impondría más restricciones o de plano la prohibición del voto por correo, al cual recurren millones de trabajadores que no pueden votar en martes, desde hace muchas décadas el día oficial de votación. Trump ha impulsado otras restricciones al derecho a votar en los estados gobernados por los republicanos. Y sin duda, a través de la violencia racista ejercida por la temible policía migratoria, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), intentará alejar de las urnas a los votantes de origen latino el día de la elección.
La policía especializada ICE, que era una fuerza menor, ha sido fortalecida por Trump a través de contrataciones masivas y asignación temporal de tropas de la Guardia Nacional para perseguir a los migrantes ilegales por todos los medios y sin ninguna supervisión. El ICE tiene permiso para detener a quien quiera y ejercer violencia, incluyendo el uso de armas letales, para cumplir sus fines. Se ha convertido en una fuerza de choque racista y fascista, que usa la violencia más brutal para llevar a cabo la promesa de Trump de deportar a millones de migrantes ilegales. Trump ha concentrado la acción de esta fuerza militarizada en los estados gobernados por los demócratas, especialmente en las llamadas “ciudades santuario”, en las que la policía local no colabora con las fuerzas federales en la persecución de migrantes. Entre las bárbaras acciones directas de ICE en el terreno y las inhumanas condiciones de las cárceles improvisadas que ha rentado o construido el gobierno federal para internar a los detenidos, se cuentan ya por decenas los decesos de personas cuya culpabilidad no había sido siquiera investigada. Han sido asesinados por el ICE ciudadanos norteamericanos y migrantes ilegales por igual sin que se investiguen estos crímenes.
Tantos excesos han tenido un costo político. Trump calcula que puede perder las elecciones intermedias de noviembre de 2026. Si los demócratas ganan la mayoría de la Cámara Baja, seguramente habrá un intento de juicio político al presidente por la suma de todos sus abusos. Por ello Trump está preparando una estrategia tendiente a cuestionar los resultados de las elecciones, alegando desde una supuesta interferencia electrónica china hasta el supuesto voto de cientos de miles de ilegales. Si Trump se atreve a desconocer los resultados electorales, estallará una crisis política inédita de consecuencias impredecibles.
Dentro de esa misma lógica, Trump ha radicalizado su enfrentamiento estratégico con China en los terrenos tecnológico y financiero, intentando simultáneamente proteger su espacio de influencia en el continente americano. Para ello, abandonó su promesa original de regresar al aislacionismo del siglo XIX (que en principio facilitó la invasión rusa de Ucrania), y asumió un activismo imperial oportunista de la mano de Israel, que condujo a la criminal destrucción de Gaza y a las más recientes acciones, todas ilegales: la guerra contra Irán (en vías de ser un desastre para EE. UU.), la operación de extracción de Maduro y la imposición de un protectorado de facto en Venezuela, el bloqueo total de Cuba, la destrucción de lanchas supuestamente cargadas con droga en el Pacífico (verdaderas ejecuciones extrajudiciales) y la amenaza de intervenciones puntuales contra los carteles de la droga en México. Para ello Trump ha declarado organizaciones terroristas a los carteles más importantes de México, Colombia y Venezuela, buscando una justificación legal a probables acciones militares en territorio latinoamericano. Se ha establecido así la “Doctrina Donroe”, la actualización del viejo principio imperial del presidente Monroe (América para los americanos), traducido ahora en una descarada intervención política (y cuando se puede, militar) en toda América Latina.
En este terreno destacan dos iniciativas recientes del gobierno de EE. UU. La creación del “Escudo de las Américas”, una alianza continental, dirigida y patrocinada por Estados Unidos, con la mayoría de los gobiernos de América Latina (todos los de derecha), supuestamente con el fin de combatir el “terrorismo” del crimen organizado. Este pacto legitima (al menos discursivamente) la intervención abierta de las agencias norteamericanas de seguridad y a su propio ejército en los países de la región. Después, el Secretario de Estado, Marco Rubio, organizó en Washington a fines de julio una cumbre ministerial con representantes de 66 países para analizar la violencia política de la “izquierda radical global”. Este encuentro tuvo como motivación oculta calificar a parte de la resistencia antiautoritaria interna en EE. UU. como de “extrema izquierda” y atribuirle intenciones violentas. Es absurdo que el motivo de esta especie de cumbre sea la “violencia de ultraizquierda” cuando lo que el mundo vive principalmente es la violencia imperialista, racista, autoritaria (de todo tipo) y criminal. Las intenciones protofascistas de esta iniciativa son claras y se corresponden con los otros elementos del proyecto de Trump: se trata de descalificar al enemigo político y de autoatribuirse (EE. UU.) la potestad de atacar a voluntad a quien se atreva a resistir a Trump y a su gobierno.
Todo este proceso se da en el contexto internacional de una ola de populismo de derecha que abarca ya a casi toda América Latina y buena parte de Europa. Trump encuentra condiciones favorables a nivel internacional para lanzar su ofensiva protofascista en Estados Unidos. Como muchos analistas han destacado, siendo el populismo de extrema derecha liderado por Trump la expresión de un movimiento social, sólo otro movimiento de orientación opuesta puede detenerlo. Hay muchas señales de que ese movimiento ya existe, si bien sin dirección central y sobre todo, sin liderazgo político. El vaciamiento programático y la falta de renovación generacional del Partido Demócrata ha sido un factor que ha habilitado el proyecto de Trump. Ciertamente, el haber impuesto, desde su primer periodo presidencial, una sólida mayoría conservadora en la Suprema Corte y tener el apoyo irrestricto de la oligarquía tecnológica y financiera, totalmente volcada en su apoyo en tanto favorece sus negocios, ha creado el entorno más favorable en décadas para la destrucción de la ya de por sí capturada y precaria democracia norteamericana.
Es probable que los excesos de Trump, cuya megalomanía lo ha llevado a la idea de construir un Arco del Triunfo para sí mismo en Washington y a poner su nombre en teatros y museos de la capital, le reste apoyos entre votantes indecisos. Hasta ahora parece inmune a todos los escándalos, incluido el de que ha ganado dos mil millones de dólares usando su marca privada de bitcoins estando ya en la presidencia, y que usa un avión presidencial “donado” por las monarquías petroleras árabes, sin mencionar su probada pertenencia al club de pedófilos organizado años atrás por el famoso Jeffrey Epstein. La corrupción política y la decadencia moral nunca habían sido tan evidentes en Estados Unidos.
Mientras tanto, de manera poco visible, múltiples formas de resistencia interna se expresan ya a través de manifestaciones, procesos legales y creación de organizaciones civiles prodemocráticas. Por el momento en estado de latencia, muchas de estas formas y sujetos de lucha prodemocrática emergerán como un torrente cuando Trump intente la anulación misma de la democracia electoral en el país que inventó la democracia como sistema de gobierno.
* Investigador emérito SNI y referente en movimientos sociales




























