¡NUEVO!

Kast también hace su propio 11 de septiembre

Este viernes, a las nueve de la mañana, la explanada de La Moneda amaneció vacía. No hubo guardia de honor, no hubo corona de flores oficial, no hubo un solo ministro leyendo un discurso sobre memoria y derechos humanos. A esa misma hora, en el Cementerio General, un grupo de dirigentes de oposición y el propio expresidente Gabriel Boric se congregaban frente al mausoleo de Salvador Allende, como si el Estado hubiese decidido delegar en la sociedad civil una tarea que durante 52 años, con gobiernos de todos los colores, había asumido como propia.

Da lo mismo lo que uno piense de Allende, de la Unidad Popular o de las razones, reales o inventadas, que se esgrimieron para justificar el golpe. Lo que está en juego el 11 de septiembre no es un balance sobre el gobierno derrocado, sino algo bastante más simple: si un país que se dice demócrata puede permitirse borrar del calendario oficial el día en que dejó de serlo durante diecisiete años. José Antonio Kast decidió que sí. Y lo hizo sin necesidad de decretar nada, sin necesidad de dar explicaciones extensas: bastó con no aparecer, con llenar la agenda presidencial con actividades en Los Ríos, con dejar que el silencio hiciera el trabajo que ninguna declaración pública se atrevería a hacer con esas palabras.

Juan Linz, el politólogo que dedicó buena parte de su obra a entender por qué las democracias se quiebran, insistía en que ningún régimen sobrevive solo por sus instituciones formales; sobrevive porque existe un consenso mínimo sobre ciertos hechos que no se discuten, que se dan por sentados incluso por quienes disienten en todo lo demás. El golpe de 1973 era, hasta este año, uno de esos hechos. Se podía discutir el legado de Allende, el desempeño económico de la Concertación, la responsabilidad de la izquierda en la crisis de 1973; lo que no se discutía era que interrumpir la democracia por la fuerza había sido un error que el país debía recordar para no repetir. Ese consenso, tan frágil como parecía sólido, acaba de mostrar una grieta.

Lo notable no es que Kast tenga una lectura distinta de la historia reciente, eso ya se sabía, y en una democracia normal sería motivo de debate, no de escándalo. Lo notable es que haya trasladado esa lectura personal al aparato del Estado, convirtiendo una opinión política en ausencia institucional. Porque hay una diferencia enorme entre que un ciudadano piense que se exagera con las conmemoraciones y que un gobierno decida, en su nombre, que el Estado chileno ya no participa de ellas. Un presidente puede evitar ir a un acto; lo que no puede hacer sin consecuencias es cancelar el acto mismo, porque ese acto no le pertenece a él ni a su sector, le pertenece a la República.

Boric, con su habitual cuidado retórico, evitó la polémica directa. Dijo que la historia está escrita en el alma del pueblo de Chile y que nadie puede borrarla, una frase bonita que probablemente sea cierta a largo plazo, pero que no resuelve el problema inmediato: la memoria colectiva no se sostiene sola, sola se erosiona. Se sostiene con rituales, con fechas marcadas en rojo, con la incomodidad anual de que un ministro tenga que pararse frente a un país dividido y decir algo sobre un pasado que duele. Quitar ese ritual no es un gesto neutro de austeridad simbólica; es una forma de dejar que el tiempo haga su trabajo de disolución, de convertir un crimen de Estado en un episodio más de la larga lista de cosas que a nadie parece importarle recordar.

Hay algo casi caprichoso en la idea de que un gobierno pueda decidir, unilateralmente, qué parte de la historia nacional merece ser conmemorada por las instituciones y qué parte queda librada a la buena voluntad de particulares. Con esa misma lógica, cualquier futuro gobierno, de cualquier signo, podría empezar a podar el calendario cívico según su propia conveniencia electoral, dejando que cada conmemoración sobreviva o desaparezca según quién gobierne ese año. Eso no es pluralismo democrático; es la privatización de la memoria pública, y una vez que se empieza, resulta muy difícil saber dónde termina. Hoy es el 11 de septiembre; mañana podría ser cualquier otra fecha incómoda para el gobierno de turno, hasta que el calendario cívico quede reducido a lo que a nadie le cueste conmemorar.

Chile llevaba más de cinco décadas demostrando, con sus actos oficiales, que era capaz de mirar de frente lo peor de sí mismo. Ese viernes de septiembre, por primera vez, decidió que ya no era necesario hacerlo. Falta ver si fue un accidente de una administración particular o el primer paso de algo más permanente.