Fuente: Imagen creada con IA.
Año 2, núm. 13, agosto de 2026
ISSN 3122-3583
entre-mes
Ceuta: cuando confundimos inmigración con geopolítica
Gemma Pinyol-Jiménez *
¿Qué ocurre cuando una frontera se abre no para recibir, sino para presionar? Ceuta reveló que el movimiento de miles de personas puede convertirse en un arma geopolítica y que el miedo a la inmigración sirve para erosionar Schengen, los derechos y la solidaridad europea.
Lo que sucedió en días pasados en Ceuta se ha presentado como una nueva crisis migratoria. No lo fue. Interpretarlo en esos términos supone aceptar, desde el inicio, el marco mental que ha hecho posible que un episodio como este produzca el efecto político que buscaba.
La frontera fue el escenario; el verdadero objetivo fue político: convertir el movimiento de personas en un mecanismo de presión contra España y la Unión Europea.
Entonces, lo que ocurrió fue, ante todo, una operación de presión política en la que se utilizaron a miles de personas como instrumento para poner a prueba la capacidad de respuesta de España y, por extensión, de la Unión Europea, en sus fronteras exteriores.
Los hechos son conocidos. En apenas 24 horas, más de 50 000 personas (según las cifras oficiales) accedieron a la ciudad autónoma de Ceuta desde Marruecos. Para comprender la magnitud de lo sucedido conviene recordar que Ceuta es un enclave español situado en el norte de África, con apenas unos 20 km2 de superficie y aproximadamente 80 000 habitantes. La llegada repentina de una población equivalente a más de la mitad de sus residentes provocó una situación de enorme tensión, desbordando los servicios públicos y las capacidades de acogida de la ciudad, incluido el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).
La mayoría de estas personas llegó inicialmente por mar, bordeando los espigones que separan ambos territorios. Posteriormente, muchas otras cruzaron también por el paso fronterizo del Tarajal, después de que las autoridades marroquíes dejaran de ejercer un control efectivo sobre la frontera. El balance humano fue dramático: alrededor de noventa personas perdieron la vida durante los intentos de alcanzar territorio español.
Sin embargo, el dato más relevante para comprender lo sucedido apenas ha ocupado espacio en el debate público. En cuestión de horas, la inmensa mayoría de quienes habían llegado a Ceuta regresó a Marruecos: unos 48 300, según fuentes oficiales españolas. Ese hecho, por sí solo, debería hacernos cuestionar la idea de que estábamos ante una crisis migratoria en sentido estricto.
Migrar implica, por lo general, una decisión con recorrido, abandonar el lugar de origen, asumir importantes costes personales y económicos y tratar de construir una vida en otro país. Lo ocurrido en Ceuta no responde mayoritariamente a ese patrón. Es cierto que algunas de las personas que cruzaron afirmaban haberse desplazado desde distintos puntos de Marruecos tras la difusión, mediante redes sociales, de mensajes que aseguraban que la frontera estaba abierta y que entrar en España permitiría obtener documentación o permanecer en Europa. Pero el comportamiento observado —el retorno casi inmediato de decenas de miles de personas— sugiere que, para una parte muy significativa de quienes cruzaron, el objetivo no era iniciar un proyecto migratorio estable, sino aprovechar una oportunidad excepcional creada por la apertura de facto de la frontera.
Es probable que todavía permanezcan en Ceuta algunas personas que sí pretendían iniciar un proyecto migratorio y que esperen a que disminuya la atención mediática para intentar continuar su camino, pero constituyen una minoría. Las cifras de retorno indican que el fenómeno no puede explicarse principalmente como un movimiento migratorio. Si queremos entender qué ocurrió realmente en Ceuta, debemos dejar de mirar únicamente a quienes cruzaron la frontera y empezar a preguntarnos quién creó las condiciones para que lo hicieran y, principalmente, quién se benefició políticamente de que ese movimiento fuera interpretado, casi de inmediato, como una nueva “crisis migratoria”.
La primera conclusión que parece difícil discutir es que un episodio de esta magnitud difícilmente puede producirse de manera espontánea. La entrada de más de 50 000 personas en apenas 24 horas no responde a una suma de decisiones individuales desconectadas entre sí. Exige, como mínimo, la existencia de condiciones excepcionales que permitieron que decenas de miles de personas llegaran hasta la frontera y la cruzaran prácticamente sin obstáculos.
Quedan muchas preguntas por responder. Será necesario esclarecer si los servicios de inteligencia españoles disponían de información previa sobre lo que estaba ocurriendo, cuál fue la valoración realizada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y si el gobierno fue advertido de los riesgos que se estaban acumulando. Algunas informaciones periodísticas sostienen que existían indicios previos que no fueron suficientemente atendidos. Otras lo desmienten. El tiempo y las investigaciones deberían aclararlo.
Lo que parece mucho más difícil de sostener es que un movimiento de estas características pudiera haberse producido sin la participación, activa o pasiva, de las autoridades marroquíes. Aunque Rabat ha rechazado tajantemente cualquier implicación, resulta complicado imaginar que decenas de miles de personas pudieran concentrarse, desplazarse hasta la frontera y cruzarla en tan poco tiempo sin una relajación deliberada de los controles fronterizos. La cuestión, por tanto, no es tanto si Marruecos permitió, por activa o por pasiva, lo ocurrido, sino por qué.
Nombrar lo ocurrido como “crisis migratoria” activó un relato de invasión e inseguridad que terminó favoreciendo a la extrema derecha europea.
Las hipótesis son numerosas. Algunas voces interpretan este episodio como una respuesta al acercamiento del gobierno español a Argelia con el objetivo de reforzar la seguridad energética mediante el suministro de gas. Otros apuntan a la reciente tramitación parlamentaria de una iniciativa para facilitar el acceso a la nacionalidad española a las personas nacidas en el Sahara Occidental antes de 1973.
También se ha sugerido que Rabat pretendía reforzar su alineamiento con la administración Trump e Israel, penalizando a uno de los gobiernos europeos que con mayor contundencia ha criticado el genocidio en Gaza. Hasta algunas voces lo vinculan con la voluntad de Marruecos de desprestigiar a España para poder celebrar la final del Mundial de 2030 en su territorio. El propio gobierno español apuntó a la existencia de redes mafiosas y de rumores malintencionados vinculados a una reciente sentencia del Tribunal Supremo que limitaba las devoluciones inmediatas por vía marítima en Ceuta al considerar que, en esos supuestos, no existía un obstáculo físico que justificara las conocidas como “devoluciones en caliente”. Ninguna de estas explicaciones puede darse hoy por demostrada. Todas ayudan a formular preguntas; ninguna permite responder con certeza por qué Marruecos decidió jugar esta mano.
Sin embargo, aunque las causas permanezcan abiertas a la interpretación, las consecuencias son mucho más visibles. Y observar quién ha obtenido rédito político de lo sucedido permite comprender mejor la dimensión del episodio. El movimiento MAGA (Make America Great Again), con Donald Trump en la cabeza, utilizó inmediatamente las imágenes de Ceuta para desacreditar el modelo español de gestión migratoria. La oposición interna también aprovechó la situación para criticar la falta de firmeza del gobierno y, de paso, la iniciativa de regularización extraordinaria. Pero quizá quien mayor provecho político ha obtenido haya sido la extrema derecha europea.
Las imágenes de Ceuta fueron rápidamente incorporadas a un relato construido durante años: el de una Europa sometida a una invasión migratoria permanente y unas fronteras incapaces de proteger a su ciudadanía. No es casual que el episodio se describiera casi unánimemente como una “crisis migratoria” y no, por ejemplo, como una movilización masiva de ciudadanas y ciudadanos marroquíes o una crisis diplomática provocada por la instrumentalización de población civil.
Las palabras importan porque activan marcos mentales previamente construidos. Si los titulares hubieran anunciado que “50 000 turistas llegan en un solo día a Ceuta”, probablemente la reacción emocional habría sido muy distinta. No porque los hechos fueran diferentes, sino porque el término “inmigración” lleva años asociándose en el debate público europeo a ideas de amenaza, invasión e inseguridad.
Y esa es precisamente una de las claves del episodio. La operación no solo vulneró una frontera; también activó un imaginario político cuidadosamente alimentado durante años. La securitización de la inmigración (es decir, su presentación sistemática como un problema de seguridad más que como un fenómeno social, económico o humanitario) ha convertido cualquier movimiento de personas en una oportunidad para intensificar la polarización política. En ese contexto, el miedo deja de ser una consecuencia de los hechos y pasa a ser uno de sus principales objetivos. La presión sobre la frontera buscaba generar una presión aún mayor sobre el debate político europeo y normalizar la toma de medidas extraordinarias.
En este sentido, la primera reacción fue la de Giorgia Meloni, periodista y política conservadora italiana, reclamando la suspensión de Schengen.(1) No fue una reacción casual. Se sumó rápidamente Polonia, poniendo su modelo de gestión de fronteras como un éxito y también Dinamarca, que a pesar de tener un régimen de excepción (opt-out) respecto al Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia de la Unión Europea, insiste regularmente en la necesidad de endurecer la política migratoria en este continente.
Tampoco es desconocido que estos gobiernos, o bien están especialmente alineados con la actual administración estadounidense o dependen, en buena medida, de la relación con Washington para garantizar cuestiones tan sensibles como su propia integridad nacional (léase la guerra de Ucrania o las declaraciones sobre Groenlandia).
Sin embargo, la petición de suspender Schengen no respondía ni a una mayor eficacia en el control de las fronteras ni a una necesidad técnica. Italia comparte con España la condición de principal frontera marítima exterior de la Unión Europea y, sin embargo, sus resultados en materia de gestión migratoria son peores que los españoles, pese a mantener un discurso mucho más contundente, habiendo impulsado iniciativas tan controvertidas como el traslado de personas a centros en Albania para tramitar allí sus solicitudes de protección internacional. Y a pesar de sus declaraciones, la situación de vulneración de derechos en las fronteras polacas ha sido objeto de reiteradas llamadas de atención de organismos internacionales de protección de los derechos humanos.
Cuando una excepción fronteriza se vuelve una respuesta habitual, no solo se erosiona Schengen: también retroceden la solidaridad, la confianza y los derechos compartidos.
Tampoco existía una necesidad jurídica para cuestionar Schengen. El espacio de libre circulación nunca ha significado la desaparición absoluta de los controles fronterizos. El propio Código de Fronteras Schengen prevé la posibilidad de restablecer temporalmente controles en las fronteras interiores cuando concurran circunstancias excepcionales. Además, Ceuta mantiene desde hace décadas un régimen singular dentro del propio espacio Schengen: quienes salen de la ciudad hacia la península están sometidos a controles documentales, una excepción permanente diseñada precisamente para responder a la singularidad geográfica de Ceuta y Melilla. Es decir, el ordenamiento europeo ya dispone de instrumentos específicos para gestionar situaciones de presión sobre las fronteras sin necesidad de cuestionar la libre circulación como principio general.
El gobierno español calificó lo sucedido en Ceuta como una vulneración de la integridad territorial de España. Si aceptamos esa manifestación, resulta sorprendente que la reacción inmediata de algunos socios europeos no fuera expresar solidaridad con un estado miembro cuya frontera exterior había sido objeto de una operación de presión, sino reclamar más controles y cuestionar Schengen.
El que, ante un ataque a una frontera exterior de la Unión, la primera respuesta sea reforzar las fronteras interiores, dice mucho de hasta qué punto se ha debilitado la lógica de solidaridad que hizo posible la construcción europea. Y lo más preocupante: que las primeras declaraciones sobre “la suspensión de Schengen” es la rapidez con la que ese planteamiento encontró eco en otros Estados miembros.
Cuando la situación en Ceuta ya empezaba a reconducirse, 22 estados miembros remitieron una carta a la Comisión Europea. Lo llamativo de la carta es que aprovecharan el episodio para cuestionar decisiones que pertenecen al ámbito de la soberanía política española (como la sentencia del Tribunal Supremo o el proceso extraordinario de regularización) y ofrecieran como respuesta una limitación de un derecho compartido como es la libre circulación. Es decir, un episodio de presión geopolítica contra una frontera exterior de la Unión terminaba utilizándose para cuestionar decisiones adoptadas por un Estado miembro y para poner en duda uno de los principales logros del proceso de integración europea. Esto último resulta especialmente significativo porque la propia carta reconoce que no se habían producido movimientos secundarios no autorizados hacia el resto de Europa; en otras palabras, el supuesto riesgo para Schengen que había dominado el debate político no se había materializado.
Lo sucedido se convirtió así en una oportunidad política. No para resolver la crisis concreta, sino para reforzar un relato según el cual la inmigración constituye una amenaza existencial para Europa y la libre circulación se ha convertido en un lujo que ya no podemos permitirnos. Ese desplazamiento no es inocente. La libre circulación constituye uno de los símbolos más visibles y valorados de la integración europea. Cuestionar Schengen supone cuestionar mucho más que un régimen jurídico de fronteras: significa erosionar la confianza mutua entre los Estados miembros, debilitar el principio de solidaridad sobre el que descansa la gestión de las fronteras exteriores y transmitir la idea de que, cuando la Unión Europea es puesta a prueba, cada Estado debe volver a protegerse por sí solo.
Y ahí reside una de las paradojas más relevantes del momento político europeo. Durante décadas, buena parte de la extrema derecha fue explícitamente antieuropea. Defendía abandonar la Unión, recuperar plenamente las fronteras nacionales o incluso salir del euro. Hoy ese discurso resulta mucho menos rentable electoralmente. La mayoría de la ciudadanía europea aprecia los beneficios tangibles de la integración: viajar sin controles fronterizos, estudiar y trabajar en cualquier Estado miembro o disfrutar de un espacio común de derechos y libertades. Atacar frontalmente ese proyecto ha tenido (o tenía) un recorrido político limitado.
La estrategia cambió. Ya no se cuestionaba directamente la existencia de la Unión Europea, sino, uno tras otro, los elementos que la hacen posible. La inmigración se convirtió en el argumento que permite erosionar progresivamente Schengen, justificar restricciones a la libre circulación, debilitar la protección de los derechos fundamentales y sustituir la lógica de la solidaridad europea por la del repliegue nacional. No se trata de desmontar la Unión Europea de un solo golpe, sino de vaciarla lentamente de contenido. Ceuta ilustra perfectamente ese mecanismo. Lo que comenzó como una operación de presión ejercida por un tercer Estado terminó transformándose, casi de inmediato, en un argumento para cuestionar algunos de los principales logros de la integración europea.
Ese es, probablemente, el mayor éxito de quienes utilizan la inmigración como arma política: conseguir que un debate mal explicado sirva para normalizar medidas extraordinarias, reforzar la polarización del debate público y presentar como inevitables restricciones que hace apenas unos años habrían resultado impensables.
Porque Schengen no desaparece de un día para otro. Se erosiona lentamente, cada vez que una excepción deja de entenderse como excepcional y empieza a percibirse como la respuesta natural ante cualquier episodio de presión migratoria. Y ese proceso de erosión no debilita únicamente la libre circulación; debilita la propia idea de la Unión Europea como un espacio compartido de derechos, confianza y solidaridad.
* Profesora asociada del Grupo Interdisciplinario de Investigación sobre Inmigración de la Universitat Pompeu Fabra en Barcelona (GRITIM-UPF).
Referencias
- Nota del editor: el espacio Schengen es un área de libre circulación que une a 29 países europeos. En esta zona se suprimen los controles en las fronteras comunes y se aplican normas de viaje y visados compartidos, funcionando como un solo territorio para el tránsito de personas. Se creó en 1985 por el Acuerdo de Schengen y empezó a funcionar en 1995 para suprimir las fronteras comunes entre los países integrantes y establecer controles compartidos en los países europeos que son parte del acuerdo.
