Fuente: Imagen creada con IA.
Año 2, núm. 13, agosto de 2026
ISSN 3122-3583
entre-mes
Ceuta: la frontera como arma
Paulo Hidalgo
La frontera volvió a hablar. En apenas unas horas, decenas de miles de personas cruzaron hacia Ceuta y pusieron sobre la mesa una sospecha recurrente: que Marruecos ha convertido el control migratorio en una herramienta de influencia política sobre España.
Sesenta mil personas cruzaron en pocas horas hacia Ceuta a finales de julio de 2026, en el episodio de presión migratoria más severo registrado en la frontera hispano-marroquí desde el incidente de 2021. La mayoría llegó a nado, bordeando los espigones de El Tarajal y Benzú; algunos también lo intentaron por la frontera terrestre de Melilla. Casi la mitad regresó voluntariamente a Marruecos en los días siguientes, mientras Madrid y Rabat coordinaban las devoluciones y el gobierno español calificaba lo ocurrido como una agresión directa a su soberanía territorial.
"La cuestión no es cuántos cruzaron, sino por qué lo hicieron todos al mismo tiempo."
Los números por sí solos ya cuentan una historia, pero la pregunta que interesa no es cuántos cruzaron, sino por qué cruzaron todos a la vez. Y ahí la explicación oficial —que atribuye la avalancha a las redes de tráfico de personas— convence poco a los analistas, porque un movimiento de esa magnitud, concentrado en un margen de horas, no ocurre sin que Marruecos decida, en algún momento, mirar hacia otro lado.
La coincidencia entre la crisis y el viaje que Pedro Sánchez realizó a Argelia apenas diez días antes ha reabierto un debate que reaparece cada cierto tiempo en la relación bilateral: hasta qué punto Marruecos utiliza el control de sus fronteras como palanca de presión diplomática sobre España. El propio Ministerio de Asuntos Exteriores salió a desmentir cualquier vínculo entre ambos hechos, insistiendo en que la relación con Rabat atraviesa uno de sus mejores momentos. Pero el precedente de 2021 pesa. Entonces, cerca de diez mil personas cruzaron la frontera en apenas unas horas después de que Marruecos relajara sus controles fronterizos, en represalia directa por la acogida humanitaria que España había dado al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Rabat interpretó aquel gesto como una afrenta, y la frontera se convirtió, de la noche a la mañana, en un instrumento de castigo.
Cada vez que Rabat afloja o endurece el control fronterizo, España recuerda hasta qué punto depende de su vecino para gestionar la frontera sur de Europa.
Cinco años después, el guion se repite con una variable añadida: Argelia. El acercamiento reciente de Sánchez a Argel —a la que el propio presidente volvió a describir como socio estratégico y país amigo— incomoda a un Marruecos que observa con recelo cualquier gesto español hacia su rival regional, sobre todo en el contexto del litigio por el Sáhara Occidental. Nadie ha probado una relación causal directa entre ambos episodios, y el gobierno la rechaza de plano. Pero en la diplomacia de la frontera sur las pruebas documentales importan menos que las señales, y la señal, en este caso, es que decenas de miles de personas se movilizaron simultáneamente justo cuando España coqueteaba con el otro polo de la rivalidad magrebí.
Hay, sin embargo, una lectura más estructural detrás de todo esto, y es la que de verdad debería inquietarnos. La raíz del problema está en que la Unión Europea decidió, hace años, externalizar la gestión de sus fronteras a terceros países, y España se volvió, en los hechos, dependiente de la voluntad de un vecino en una materia que debería ser plenamente soberana. Marruecos lo sabe, y modula el flujo migratorio según le convenga: lo contiene cuando necesita mostrarse un socio confiable en materia antiterrorista o en el reconocimiento de su soberanía sobre el Sáhara; lo libera cuando quiere recordarle a Madrid quién sostiene, en última instancia, la valla.
El problema de fondo no es Ceuta ni Melilla: es una política europea que externalizó sus fronteras y quedó expuesta a presiones ajenas.
¿Puede sostenerse una política migratoria —y, por extensión, una política exterior entera— sobre esa dependencia? La experiencia de los últimos cinco años sugiere que no, al menos no sin pagar costos periódicos y predecibles: cada cierto tiempo la frontera se abre, España improvisa un dispositivo de emergencia, se cruzan acusaciones y reproches, y todo vuelve, en apariencia, a la normalidad, hasta la próxima vez que a Rabat le convenga recordar su capacidad de presión. El problema de fondo no es Ceuta ni Melilla: es que Europa entera decidió tercerizar su frontera sur, y ahora paga, episodio tras episodio, el precio de esa decisión.
