Fuente: Imagen creada con IA.
Año 2, núm. 13, agosto de 2026
ISSN 3122-3583
a fondo
¿Por qué la migración genera tantas divisiones políticas en las sociedades democráticas?
Andrew Selee *
La migración polariza cuando el Estado pierde el control y la ciudadanía pierde confianza. Ni las fronteras abiertas ni las deportaciones masivas ofrecen estabilidad: el desafío es gobernar la movilidad sin renunciar a la democracia.
Pocos temas generan tantas divisiones políticas hoy en las sociedades democracias como la migración. En Estados Unidos hemos visto cambios extremos en las políticas entre la administración Biden, durante la cual millones de personas migrantes de todo el mundo cruzaron la frontera de forma irregular y la administración Trump, que se ha enfocado en deportar a las y los migrantes en situación irregular y en frenar la migración legal.
En la práctica, ninguno de estos dos ejercicios de política pública ha resultado popular entre la población y los virajes entre ellos han generado consecuencias negativas para la economía, las familias migrantes y las comunidades locales.
La ciudadanía no rechaza necesariamente la migración; rechaza la sensación de que nadie la está gobernando.
Pero no es solo en Estados Unidos donde la inmigración se ha convertido en un tema altamente conflictivo y sujeto a cambios súbitos y a menudo imprevisibles. Los principales partidos de oposición en Francia, Alemania y el Reino Unido han basado una parte importante de su ascenso en la oposición a las políticas de inmigración vigentes. Y la política de inmigración se ha convertido en un tema altamente controvertido en otros países democráticos tan diversos como Dinamarca, Países Bajos, Japón, Chile y Sudáfrica. Si bien no se ha visto la misma tensión en México y la mayoría de países latinoamericanos, ha habido brotes de reacciones contra la migración en algunos momentos.
¿Está destinada la migración a convertirse en una nueva línea de fractura que polarice a las sociedades democráticas?
Lo que sí es cierto es que la proporción de población nacida en el extranjero en los países de ingreso alto se ha duplicado desde 1990, pasando de representar el 7.5 al 15.7 % de la población de estos países, en promedio. En Estados Unidos, la proporción de personas migrantes en la población ha aumentado del 9 al 15 % en este periodo, mientras que varios países europeos —entre ellos Alemania, España, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Portugal y el Reino Unido— han experimentado una duplicación o más de la proporción de personas inmigrantes en su población.
En Asia oriental, Corea del Sur y Japón han pasado de tener menos del 1 % de su población nacida en el extranjero a 3 y 4 %, respectivamente: una proporción mucho menor, pero un incremento rápido. En América Latina, Perú, Colombia y Chile también han pasado de menos del 1 % de población nacida en el extranjero al 5, 6 y 8 %, respectivamente, en un lapso aún más corto y el número de personas migrantes viviendo en todos los países de América Latina se duplicó entre 2010 y 2023.
Estos cambios se deben en parte a la mayor facilidad de movilidad en un mundo altamente conectado y, en otra parte, a políticas que han fomentado la migración regular y han sido incapaces de detener la migración irregular. Y también refleja la realidad de desplazamiento masivo dentro de nuevas regiones, como América Latina, el Caribe y Europa, y la demanda laboral en sociedades que se están envejeciendo.
Pero el ritmo del cambio —y la falta de una verdadera planificación en materia de migración en la mayoría de los países— ha generado tensiones importantes que amenazan con fracturar las sociedades democráticas y desencadenar una reacción adversa tanto contra la migración como contra el ideal de que las sociedades modernas pueden prosperar en la diversidad.
Para revertir esto, tenemos que partir de una verdad sencilla: vivimos en un mundo de Estados nación que son, en esencia, organizaciones de membresía. Y necesitamos entender qué tipo de preguntas se hacen las y los ciudadanos —los miembros de estas organizaciones de membresía— sobre quién puede entrar, permanecer y alcanzar la membresía plena. Sea cual sea nuestra opinión sobre la ética de quién debería tener derecho a migrar, la opinión de la ciudadanía en las sociedades de destino será la que tenga la última palabra en estas decisiones, sobre todo en un momento en que la migración es altamente visible y políticamente sensible en sociedades democráticas.
Afortunadamente, ya sabemos bastante sobre lo que quieren las y los ciudadanos en estas sociedades si estamos dispuestos a examinar la evidencia. Y lo que quieren es un conjunto de políticas equilibradas que permitan la llegada de personas de otras partes del mundo de forma controlada, dando prioridad a quienes más contribuyen a la economía y que transforme sus comunidades en un paso gradual. Los contornos concretos del ritmo y del tipo de políticas que funcionan en las distintas sociedades varían de país en país. Y en cada sociedad existen diferencias legítimas de opinión acerca de cuáles son las políticas y el ritmo adecuados. Pero los rasgos básicos de lo que desean las sociedades son, en realidad, bastante similares de un país a otro, según lo que sabemos a partir de las encuestas de opinión pública.
Estados nación y las cinco C
Pocos cambios en la historia de la humanidad han sido tan importantes como el surgimiento del Estado-nación por medio del cual organizamos nuestra vida política, económica y social en torno a una empresa colectiva que va más allá de nuestras familias, clanes e identidades étnicas, tribales y religiosas. El surgimiento del Estado nación, principalmente durante los últimos dos siglos, ha sido un proceso complejo, conflictivo y ampliamente debatido, pero ha servido, en mayor o menor medida, para construir naciones claramente definidas en las que las personas comparten cierto sentido de identidad nacional y están dispuestas a contribuir al bien colectivo como resultado de ese sentido de identidad compartida. Y los logros asociados con el Estado nación distan mucho de ser triviales: defensa común, Estado de derecho, educación pública, mejor salud, menor mortalidad infantil, mejor infraestructura, un crecimiento económico significativo y una serie de innovaciones científicas que han incrementado la productividad y mejorado nuestra calidad de vida.
Cabe señalar que la consolidación del Estado nación es desigual entre los distintos países y regiones del mundo, y que muchas sociedades han intentado suprimir otras fuentes de identidad y pertenencia que siguen siendo importantes para muchas personas en su afán por alcanzar una identidad nacional única. La mayoría de los Estados nación siguen lidiando con estas contradicciones y muchos países —si no la mayoría— reconocen algún grado de diversidad interna, aunque estos debates son a veces controversiales. Pero hoy en día, estos debates sobre pertenencia y diversidad tienden a darse en el marco del Estado nación que se ha vuelto la forma privilegiada para organizar nuestra seguridad común, nuestras leyes, la provisión de bienes públicos y la producción económica en todo el mundo.
En contraste con esto, la mayoría de las tradiciones religiosas del mundo —y muchos marcos éticos— sostienen que todos los seres humanos son iguales, con independencia de su lugar o condición de nacimiento. En las últimas décadas, este reconocimiento de la igualdad en la diversidad se ha incrementado de forma significativa y muchas personas reconocen una especie de interdependencia universal con otros que viven al otro lado de las fronteras internacionales. No obstante, aunque a veces seamos universalistas en nuestras convicciones morales, seguimos siendo principalmente nacionalistas en nuestra vida cotidiana.
En otras palabras, en las decisiones diarias que tomamos, sentimos una obligación especial hacia quienes forman parte del mismo Estado nación —nuestra principal organización de membresía— y nos preocupamos por nuestro bien común y nuestro progreso compartido. El impulso moral hacia el universalismo puede permitirnos ser personas empáticas y, en ocasiones, ampliar nuestro horizonte más allá del bienestar de nuestras y nuestros propios conciudadanos, a menudo de una manera que hace del mundo un lugar mejor, pero en general estamos más centrados en si las cosas mejoran en nuestro propio país.
Entonces, ¿qué tipo de preguntas se hacen las ciudadanas y los ciudadanos, como miembros de una organización de membresía, sobre la admisión de nuevas personas en sus países? Como en cualquier organización de membresía, quieren saber cuál es el proceso para admitir a nuevas personas, qué aportarán esos nuevos miembros y cómo cambiará la composición de su organización.
More in Common, una organización con sede en el Reino Unido que ha realizado algunas de las mejores encuestas de opinión pública sobre migración en múltiples países, ha generado un esquema sencillo(1) para entender estas decisiones, las cuales llaman “las cinco C”: contribución, compasión, control, comunidad y capacidad de gestión.
Las personas quieren saber qué proceso existe para admitir a las personas migrantes; qué pueden aportar estas a la sociedad; si hay algunas que deberían ser admitidas por motivos de solidaridad, obligación o empatía y cómo cambiarán estas personas la naturaleza de la sociedad. Y, para integrar todo esto, quieren saber si el gobierno tiene la capacidad de gestión para cumplir lo que se ha acordado.
Vale la pena analizar cada una de estas cinco dimensiones y las implicaciones que tiene para la formulación de políticas de migración en distintas sociedades.
Las políticas pendulares dañan la economía, separan familias y convierten la migración en combustible electoral.
Las tres primeras C: contribución, compasión y control
La ciudadanía quiere saber, por encima de todo, qué contribución harán los nuevos miembros de la comunidad. Como veremos más adelante, es posible hacer algunas excepciones para personas a las que desean admitir por otros motivos —afinidades históricas, religiosas o étnicas especiales o empatía y solidaridad con sus circunstancias particulares—, pero no debería sorprendernos que las y los ciudadanos quieran basar la mayor parte de los criterios de admisión de nuevos miembros en características que consideran propicias para su propia sociedad. Al fin y al cabo, sus obligaciones principales son con sus conciudadanas y conciudadanos.
La ciudadanía tiende a mostrar mayor consenso en torno a la admisión de migrantes con un nivel de preparación elevada, un hallazgo que se mantiene en múltiples países, pero en muchos casos también reconocen la importancia de las y los migrantes en sectores que crecen rápidamente, como el sector salud, o en sectores de los que la población nativa ha salido en gran medida, como la agricultura. Aun así, se fijan primero, y sobre todo, en las capacidades y competencias que aportan las y los inmigrantes y en cómo estas benefician a la economía de su sociedad.
Sorprendentemente, muy pocos países orientan sus políticas de inmigración de esta manera. Canadá, Australia y Nueva Zelanda son las excepciones, donde las políticas favorecen a personas migrantes seleccionadas explícitamente por su capacidad de contribuir al bienestar del país. Aunque las admisiones se inclinan hacia quienes tienen mayores habilidades, estos países reservan algunos cupos para migrantes en sectores que están creciendo o presentan una demanda persistente. Para ocupaciones verdaderamente estacionales, como la agricultura y el turismo, tienden a recurrir a la migración temporal, a veces con vías hacia la permanencia después de varios años. Es cierto que no siempre es claro cuáles deben ser prioridades económicas y no hay sistemas de selección perfectos, pero el hecho de hacer el intento liga la migración al interés económico nacional.
Resulta aleccionador que Australia, Canadá y Nueva Zelanda tengan, al mismo tiempo, las mayores proporciones de migrantes en su población entre las democracias de ingreso alto —alrededor de 32, 22 y 30 %, respectivamente— y, por lo general, las tasas más altas de aprobación de las políticas de inmigración. Esto no significa que no existan debates públicos sobre inmigración ni que nunca haya reacciones adversas frente a políticas concretas, sino que, hasta ahora, la política migratoria no ha dividido profundamente a estas sociedades, pese a algunos problemas de ajuste y errores ocasionales de política. Y quizá no sea casual que Japón y Corea del Sur, que han ampliado recientemente sus políticas migratorias, hayan seguido el ejemplo de estos países al basar sus políticas principalmente en las habilidades necesarias en la economía.
Estados Unidos es el único país en el mundo desarrollado en que basa la mayor parte de su sistema migratorio sobre vínculos familiares, no por motivos laborales. Más de dos tercios de todas las admisiones permanentes cada año son de familiares de migrantes que ya viven en el país. En la Unión Europea, alrededor del 40 % de las y los migrantes son admitidos por parentesco, a pesar de un mayor énfasis en lo laboral en teoría, decisiones que tienen menos que ver con la planeación intencional que con la inercia histórica de las leyes existentes.
Es cierto que la mayoría de los países democráticos también prevén la admisión de migrantes que huyen de la persecución, la guerra o el colapso del orden en sus propias sociedades. La empatía, la solidaridad y el sentido de justicia influyen en estas decisiones de admitir a quienes necesitan protección humanitaria, lo que en el marco de More in Common se denominaría la dimensión de la compasión. En general, cuando las cifras son previsibles y están vinculadas a afinidades regionales existentes o a prioridades de política exterior y de seguridad nacional, las admisiones por protección humanitaria gozan de un amplio respaldo.
En América Latina, la admisión de personas desplazadas ha sido particularmente importante, sobre todo por la llegada de más de seis millones de venezolanos, además de medio millón de haitianos y 300 000 nicaragüenses desde 2010. Asimismo, en Europa, la decisión de recibir a personas ucranianas huyendo de la guerra ha abierto las puertas a más de cinco millones de ellos. Pero en estos casos, la solidaridad regional y las coincidencias en política exterior ayudaron a allanar el proceso de toma de decisión. Y también ayudó mucho la decisión de usar formas de protección temporal en muchos de los países en vez de refugio, que permitió que se pudiera reconocer a grupos más amplios y darles la posibilidad de empezar a trabajar de inmediato para que contribuyeran a las economías locales, en vez de depender de la ayuda externa. El apoyo no dependió solo de la compasión, sino también de la contribución.
Cuando poblaciones migrantes han llegado de lugares más distantes y en números grandes, como pasó en Estados Unidos bajo la administración Biden y en Europa en años recientes, con la percepción de que muchos de los que están pidiendo refugio están llegando más bien por razones de superación económica, se ha generado un rechazo generalizado a la migración y al refugio, algo que ahora pone en peligro el sistema internacional de protección humanitaria. El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración Trump, ha sido el primero de los países desarrollados que ha abandonado el principio del refugio casi por completo, pero es posible que no sea el último. El reto es encontrar nuevos mecanismos(2) que fomenten la protección regional con esquemas a veces ágiles y flexibles y mayor énfasis en la integración laboral, así como vías de reasentamiento a países más lejanos, que son claras y predecibles.
Esto es porque la llegada masiva de personas de lugares distantes que buscan refugio en la frontera toca la tercera dimensión de las cinco C: la del control, que es absolutamente esencial para que las y los ciudadanos estén de acuerdo con las políticas migratorias. Esto es especialmente cierto en los países democráticos, ya que su ciudadanía quiere saber que existe un proceso acordado para las decisiones sobre quienes entran. Las encuestas de More in Common y decenas de otros sondeos en múltiples países demuestran que la falta de control es el factor más importante en minar el apoyo a la migración en países democráticos de destino. Si los Estados nación son sociedades de membresía, no debería sorprendernos que las y los ciudadanos quieran reglas claras y coherentes sobre quién puede incorporarse a su sociedad.
También hay que reconocer que existe una interacción real entre las decisiones sobre las políticas de migración legal y el control fronterizo. La creación de canales para que lleguen personas migrantes de forma regular puede aliviar la presión sobre las fronteras y generar una cooperación significativa con los países de origen y tránsito. El gobierno español, por ejemplo, tiene programas de migración regular con Marruecos, Senegal y Mauritania para canalizar la migración por vías regulares e incentivar la cooperación de los gobiernos de esos países en mantener cierto nivel de control sobre la migración irregular. La administración Biden intentó hacer algo similar, en cooperación con el gobierno mexicano, hacia finales de su gestión, con resultados positivos, aunque fue demasiado tarde para tener el efecto político que buscaban.
Aunque el control es absolutamente esencial para mantener la confianza pública en la migración, la forma en que se ejerce también importa. En las sociedades democráticas, los ciudadanos se preocupan mucho por la manera en que actúan sus gobiernos y que esto siga siendo coherente con los valores democráticos. Si Biden recibió bajas calificaciones de los ciudadanos estadounidenses por no lograr controlar la frontera, Trump también ha recibido bajas calificaciones en materia migratoria por una estrategia de control migratorio que es arbitraria y muchas veces está dirigida contra migrantes bien integrados en las comunidades locales. Y esto nos lleva a considerar la cuarta y más complicada dimensión del esquema: la comunidad.
La C más compleja de todas: comunidad
Si los Estados nación son organizaciones de membresía, no debería sorprendernos que diferentes sociedades y diferentes grupos dentro de estas sociedades estén abiertos a ritmos muy diferentes de cambio en el tamaño y el carácter de la comunidad, y que a veces tengan preferencias sobre quién quieren que se incorpore a la sociedad nacional.
Para empezar, los Estados nación tienen historias de construcción estatal distintas que han generado patrones diferentes(3) para la inclusión de nuevos miembros. Los países en los que la inmigración ha desempeñado históricamente un papel central en la construcción del Estado —incluida la mayoría de los países del hemisferio occidental, como México, Estados Unidos, Canadá, además de Australia y Nueva Zelanda— tienden a articular identidades nacionales basadas más en principios cívicos que en rasgos culturales compartidos.
En otros países, que forjaron sus Estados nación entre poblaciones que hablaban la misma lengua y compartían rasgos culturales comunes —como Japón, Corea del Sur, Alemania, Italia y los países Nórdicos—, el ideal de nación tiene mucho más que ver con rasgos comunes. Sin embargo, algunos de estos países, como Alemania y Suecia, han buscado de forma deliberada avanzar hacia un modelo multicultural de ciudadanía a pesar de su construcción histórica basada en cultura e historia común.
Existe también un tercer grupo de Estados nación que agrupan a varias comunidades con tradiciones lingüísticas y culturales diferentes, lo que los convierte en países “multiculturales de origen”, tales como Bélgica, Suiza, España, Malasia, Sudáfrica y el Reino Unido. Aunque podría pensarse que estos países multiculturales están naturalmente predispuestos a aceptar a nuevas personas migrantes —y en ocasiones así ocurre—, las negociaciones permanentes sobre la identidad nacional entre grupos culturales y lingüísticos preexistentes plantean desafíos singulares cuando se trata de insertar a nuevos grupos en el entramado social.
La integración funciona mejor cuando combina control, contribución, comunidad, compasión y ciudadanía.
Por último, muchos Estados nación se inscriben en regiones donde existen identidades supranacionales compartidas, lo que ha llevado a una cierta atenuación de las fronteras entre países de la misma región. Los 29 países europeos que integran el espacio Schengen han ido más lejos al permitir la libre circulación de ciudadanas y ciudadanos de todos estos Estados, incluyendo el derecho a residir, trabajar y recibir prestaciones públicas en otros países miembros.
Existen también acuerdos de movilidad en partes del Caribe, América del Sur y África que, aunque suelen ser menos comprensivos, permiten cierto grado de movilidad sin pasaporte y, en muchos casos, la posibilidad de residir temporalmente en los países vecinos. Paralelamente, países como Alemania, Portugal, España y Corea del Sur han establecido regímenes de visado especiales y vías facilitadas hacia la ciudadanía para personas que pueden acreditar vínculos de ascendencia con estos países o proceden de contextos lingüística y culturalmente próximos. En el caso español, esto beneficia sobre todo a las y los ciudadanos de países latinoamericanos.
También es cierto que, dentro de cada sociedad, algunos grupos de ciudadanas y ciudadanos se muestran mucho más abiertos al cambio rápido que otros y la división más marcada suele situarse entre las grandes áreas metropolitanas —donde los cambios son frecuentes y los vínculos comunitarios menos densos— y las ciudades pequeñas y zonas rurales, donde las relaciones sociales suelen ser más densas y existe una preferencia por cambios graduales. Así que las decisiones sobre el ritmo de la migración necesitan tener en cuenta también estas diferencias subnacionales de preferencias.
En muchos países, los municipios y comunidades locales desempeñan un papel desproporcionado en la integración de las personas migrantes por medio de los servicios públicos y la convivencia diaria en espacios compartidos. Es justamente este sentido de pertenencia local que ha permitido que el gobierno español siga una iniciativa de regularización de las personas indocumentadas en ese país, la mayoría de las cuales ya son parte esencial de sus comunidades locales y es por eso también que surja la resistencia al control migratorio de la administración Trump que atenta contra personas que son percibidas como vecinas en la comunidad y ya no como extranjeras.
Pero en las comunidades, las y los ciudadanos a veces tienen sus preferencias y afinidades para ciertos grupos que comparten origen étnico, idioma o cultura, lo cual puede generar resultados incluyentes o discriminatorios, dependiendo del contexto. La regularización de personas migrantes indocumentadas en España se basa, en parte, en la afinidad que tienen las y los españoles para migrantes latinoamericanos, que son la mayoría. La recepción más o menos abierta a poblaciones desplazadas de Venezuela en Sudamérica, de Ucrania en Europa y de Siria en Turquía, se deben también a percepciones de afinidad y cercanía cultural o religiosa. Pero también lo opuesto es cierto y muchas veces las comunidades son menos abiertas, sobre todo al inicio, a quienes no se perciben como similares. Aquí los esfuerzos por garantizar la igualdad de trato y la plena extensión de derechos a todas las personas son cruciales en las sociedades democráticas.
En muchas sociedades hay debates recurrentes sobre la calidad de la integración de las y los migrantes. En Europa, las controversias sobre la capacidad de integración de personas migrantes musulmanas y africanas son particularmente intensas; sin embargo, estos dos grupos, tienen patrones de integración especialmente exitosos en Estados Unidos y Canadá.
Y al revés, se han producido debates sobre la integración de personas migrantes latinoamericanas, en Estados Unidos, mientras que en España, Italia y Portugal las y los latinoamericanos son los migrantes preferidos. Esta diferencia se explica, en gran parte, por la geografía y por las políticas migratorias, no por las y los migrantes mismos. En Estados Unidos, las personas inmigrantes africanas y musulmanas tienden a llegar con visas de trabajo, mientras que en buena parte de Europa entran como solicitantes de refugio o de forma irregular. En el caso de las y los latinoamericanos, el patrón es el inverso, con muchos migrantes latinoamericanos que han llegado de forma irregular en Estados Unidos, pero casi todos con visa en Europa.
Muchos de los temores sobre las y los migrantes también se centran en el crimen, lo cual parece ser una preocupación legítima, si bien exagerada, en algunos países europeos, pero en las Américas, incluyendo los países latinoamericanos, Estados Unidos y Canadá, las personas migrantes tienden a ser menos propensas al crimen que las y los nativos. Hay mucho que no sabemos aún sobre patrones de integración en contextos distintos, pero es muy probable que sean las condiciones del país de destino y no de las personas migrantes mismas, que determinan muchos de estos resultados.
Sin embargo, para diseñar mejores políticas migratorias que refuercen la cohesión social dentro de las comunidades es importante tomar en cuenta estas realidades, así como las preferencias de diferentes segmentos de la sociedad para el cambio, para no generar rechazo a la población migrante.
La última C: capacidad de gestión
Vivimos en un mundo altamente móvil, debido a las desigualdades entre países, las crisis de desplazamiento y los cambios demográficos, y con las crecientes facilidades para conocer lo que pasa en otros lados del mundo y de planear una ruta hacia allá, las presiones migratorias irán en aumento. La pregunta entonces es si podemos manejar esas presiones mediante políticas que responden a las preferencias de la ciudadanía de los países de destino y que reconocen las dimensiones claves para la formulación de sus preferencias.
Irónicamente, hasta ahora la migración ha sido un tema secundario en la política pública y hay pocos gobiernos que han dedicado mucha atención a generar políticas, leyes e instituciones que buscan manejar la migración de forma proactiva. Pero ahora vivimos en un mundo en que las elecciones se pueden ganar o perder por las decisiones sobre migración, así que le compete a la clase política empezar a darle la prioridad al tema que merece. Y esto requiere no solamente generar políticas sensatas, sino también la capacidad de gestión para implementarlas bien, la quinta dimensión del esquema.
A final de cuentas, las y los ciudadanos quieren saber que las decisiones sobre quien puede entrar al país y algún día ser admitida o admitido como miembro pleno —ciudadano con derechos y obligaciones— se toman mediante un sistema que funciona en la práctica. En un mundo en que la movilidad internacional va a seguir siendo un tema visible e importante, tener la capacidad de gestionar adecuadamente las decisiones de política pública será indispensable.
* Presidente del Migration Policy Institute (MPI).
Referencias
(1) More in Common. (s/f). Europe Talks Migration. https://www.moreincommon.com/europe-talks-migration/
(2) Migration Policy Institute (MPI). (2024). The End of Asylum? Evolving the Protection System to Meet 21st Century Challenges. https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/mpi-beyond-territorial-asylum-final-report-2024_final.pdf
(3) Brubaker, Rogers. (1992). Citizenship and Nationhood in France and Germany. Harvard University Press. https://www.hup.harvard.edu/books/9780674131781
