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Año 2, núm. 16, noviembre de 2026
ISSN 3122-3583
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El financiamiento público a la investigación en México
Brenda Valderrama * y Rafael Bojalil **
El presupuesto para ciencia puede crecer mientras se reducen los fondos y los proyectos disponibles. A partir de series presupuestarias y registros de financiamiento, esta colaboración sigue el rastro del dinero público y plantea qué mecanismos hacen falta para recuperar transparencia y rendición de cuentas.
A la memoria de Roberto Rodríguez Gómez.
Un sistema científico crece y se fortalece mejor si se constituye sobre una infraestructura institucional robusta; los recursos son indispensables, pero sin esa base no darán los éxitos esperados. En México, esa infraestructura se construyó alrededor del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), creado en 1970.(1) Hasta 2001 hubo dos mejoras de fondo: el Sistema Nacional de Investigadores (2) y los fondos para investigación, en 1997.
El gasto federal en ciencia alcanzó un máximo en 2025, pero la distribución entre dependencias cambió
En lo administrativo, el Conacyt dependió originalmente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), desde donde se tomaban las decisiones y se gestionaba su presupuesto. La modernización hacendaria de 2000 le dio un ramo administrativo propio y etiquetó cada partida en tres dimensiones: la funcional (¿para qué se gasta?), la administrativa (¿quién gasta?) y la económica (¿en qué se gasta?). Con ello fue posible seguir por primera vez el presupuesto total del Conacyt y de las demás entidades federales que ejercían recursos para la ciencia.
Después se promulgó la Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT),(3) que transformó la estructura del sistema científico con innovaciones que en su mayoría persistieron hasta su abrogación en 2023 e impulsaron el financiamiento de la investigación.
Un programa integrador del gasto federal en ciencia, tecnología e innovación (CTI)
La LCyT instituyó el programa especial del sector, coordinado por el Conacyt y denominado desde 2008 Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECITI). Este integró en una sola cifra el gasto federal en investigación, desarrollo tecnológico e innovación, desglosado en un anexo del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Ese gasto creció entre 2012 y 2015, cayó entre 2016 y 2021 y volvió a crecer entre 2022 y 2025, año de su máximo histórico (figura 1).
Fuente: elaboración propia con datos de los anexos de CTI del PEF.
Durante sus primeros 16 años, el principal beneficiario del programa fue el Conacyt, con un máximo en 2015. Desde entonces creció la asignación a la SEP, que superó al Conacyt en 2018 y alcanzó su máximo en 2026, cuando recibió el triple de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), heredera del Conacyt desde 2025 (figura 2). En 2026, el PECITI fue sustituido por el Programa Especial de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación 2026-2030.(4)
Aunque en el papel la política científica nacional se determina desde la SECIHTI, el desplome de su presupuesto comparado con el crecimiento del de la SEP la subordinan de facto a esta última, algo que ya habíamos superado como país desde principios de siglo y que compromete la libertad de investigación, ya que no existe transparencia en la forma en que se asignarán esos recursos.
Figura 2. Presupuesto aprobado del PECITI por ramo, 2012-2026 (millones de pesos de 2013)
Fuente: elaboración propia con datos de los anexos de CTI del PEF.
Diversidad de fondos para la investigación
Antes de la LCyT existía un solo fondo, creado en 1997, para proyectos de ciencia básica. A partir de 2002, los fondos se diversificaron y especializaron hasta alcanzar cerca de un centenar. A los institucionales del Conacyt se sumaron los sectoriales, constituidos con secretarías de Estado y otras entidades federales para que cada una identificara y priorizara los problemas de su sector. Con la misma lógica, los fondos mixtos incentivaron la inversión de los gobiernos estatales con aportaciones federales pari passu, en proporciones de 1:1 a 1:3 según el desarrollo de cada entidad, para atender problemas estatales y, en la práctica, también municipales. En 2005 se crearon los fondos regionales, para problemas que afectaban a más de un estado; y los internacionales fomentaron convocatorias conjuntas con agencias extranjeras.
Entre 2019 y 2024 se suspendieron todos los fondos, salvo los institucionales del Conacyt. Frente al sexenio anterior, el número de proyectos de ciencia básica financiados cayó un 25 % y el total de proyectos, más del 77 % (cuadro 1). En 2025 se financiaron 1 000 proyectos de ciencia de frontera y en 2026 solo 242, el mínimo histórico en un año.
Cuadro 1. Proyectos financiados y montos por periodo
| Periodo | Modalidad | Núm. de proyectos | Monto (millones de pesos) |
| 2012-2018 | Todos los fondos | 10 177 | 45 300 |
| 2012-2018 | Solo ciencia básica | 3 064 | 4 435 |
| 2019-2024 | Fronteras de la ciencia | 2 300 | 3 800 |
| 2025-2026 | Ciencia de frontera | 1 242 | 1 734 |
Fuentes: Libros Blancos de la Secretaría de Energía y del Conacyt 2012-2018; resultados de las convocatorias 2019-2026.
El texto reporta una caída superior a 77 % en el total de proyectos financiados frente al sexenio anterior
Fondos asentados en fideicomisos
La LCyT permitió al gobierno federal asentar los fondos en fideicomisos y ese fue el gran cambio para la investigación en México. Un fideicomiso es un contrato por el cual una persona física o moral transfiere bienes o derechos a una institución financiera, por lo general un banco, para que los administre con un fin específico. En este caso, el gobierno federal, por medio del Conacyt, transfirió los recursos de los fondos a instituciones financieras públicas o privadas.
Las decisiones recaían en un comité técnico administrativo presidido por la entidad responsable del fondo, con el Conacyt como secretario técnico. La entidad responsable gestionaba los recursos y seguía los proyectos hasta su conclusión administrativa; el Conacyt conducía la evaluación técnica hasta su cierre. Entre ambos diseñaban las convocatorias y sus mecanismos de aprobación, ministración, evaluación y liberación de los proyectos. La Secretaría de la Función Pública y las contralorías estatales y municipales vigilaban su operación de manera permanente.
La virtud de los fideicomisos fue asegurar los recursos de los proyectos aprobados y entregarlos de forma ordenada, oportuna y, en su caso, multianual. Su extinción en 2020 (5) retiró los saldos disponibles (22 689 millones de pesos en los 98 fideicomisos del Conacyt al cierre de 2019, según Núñez González (6)) y acabó con la certeza en la asignación, que desde entonces depende del presupuesto de cada año. Además, el tiempo efectivo para ejercer los recursos se redujo a cuatro meses (de julio a octubre), cuando las actividades se comprometen para 12.
Metas claras en el compromiso presupuestario
La reforma de 2004 a la LCyT fijó un gasto nacional en investigación y desarrollo experimental no menor al 1 % del producto interno bruto (PIB) (3, artículo 9º bis). Para alcanzarlo se esperaba la concurrencia de recursos públicos y privados. El presupuesto federal para ciencia se ha mantenido por debajo del 0.5 % del PIB (el 0.44 % en 2024), y no todo se destina a investigación y desarrollo experimental.(7) Tampoco sería sano que la meta dependiera solo del gobierno, y por ello se diseñaron incentivos a la inversión privada.
El único incentivo que persiste es el estímulo fiscal a la investigación y el desarrollo de tecnología, que ha tenido varias versiones; la vigente (8) se dirige a empresas grandes. Para las medianas y pequeñas hubo incentivos a la coinversión en proyectos de innovación, con o sin vinculación con instituciones de educación superior (IES) o centros públicos de investigación (CPI): el Programa de Estímulos a la Innovación del Conacyt, PROINNOVA y FINNOVA de la Secretaría de Economía y, entre 2012 y 2018, algunas convocatorias del Instituto Nacional del Emprendedor. Todos se cancelaron en 2019.
La verificación de la meta nacional de inversión dependía de la Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico (ESIDET), que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) levantó seis veces entre 2006 y 2017 y que medía el gasto público y el privado.(9) Con ella se documentó que la participación de las empresas en el gasto en investigación y desarrollo experimental (GIDE) ha sido variable y a lo sumo ha llegado a un tercio; el informe oficial más reciente la ubica en el 18 %, frente al 77 % del gobierno.(10)
La desaparición de las convocatorias y que el estímulo fiscal no condicione su otorgamiento a la vinculación con IES y CPI redujeron al mínimo su colaboración con el sector privado.
Recursos suficientes y transparentes
La disputa por los recursos públicos es universal, y la ciencia suele quedar subordinada a necesidades más generales o inmediatas. México no es la excepción. La asignación al PECITI creció a un ritmo ligeramente superior a la inflación, pero no ha alcanzado el 2 % del gasto neto total del presupuesto federal (1.6 % en 2024) ni siquiera durante la pandemia, cuando otros países invirtieron fuertemente en vacunas y pruebas diagnósticas.(11)
Ese comportamiento refleja una débil confianza de las autoridades en el retorno de la inversión en ciencia. El Sincrotrón Mexicano, impulsado por la comunidad científica, no había recibido en 2020 recursos públicos para iniciar su construcción a pesar de estar inscrito en el Presupuesto de Egresos de la Federación.(12)
Mientras el presupuesto del PECITI aumenta, los recursos de las convocatorias de investigación, reducidas a la de ciencia de frontera, han caído. La SEP, gran ganadora del aumento, concentra el 66 % del total, y no es posible seguir el destino de esos recursos.
Sin trazabilidad del presupuesto, no basta con saber cuánto se aprobó: hay que saber a quién llegó y para qué
El rastro del dinero
La dificultad para conocer el destino del gasto no se limita a una secretaría. En 2014, más de 2 000 millones de pesos que debían destinarse a la investigación en energía no llegaron a los fondos previstos: de los 6 801 millones del derecho sobre hidrocarburos que correspondían a los fondos del Conacyt y de la Secretaría de Energía, llegaron solamente 4 798 millones. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que la Secretaría de Hacienda no tenía información sobre los 2 003 millones restantes.(13) México ha acumulado leyes de transparencia y, aun así, no es posible seguir el dinero destinado a la ciencia desde el presupuesto hasta el proyecto que financió y el resultado que produjo.
La transparencia de los fideicomisos
La primera ley federal de transparencia (2002) obligó a publicar quiénes recibían los recursos públicos, pero no a revelar la información de los fideicomisos, el régimen de los fondos de investigación, al amparo del secreto fiduciario. La reforma constitucional de 2014 y la Ley General de Transparencia de 2015 buscaron cerrar ese hueco: el secreto fiduciario dejó de ser oponible cuando se trata de dinero público. Sin embargo, en 2019 la ASF constató que el sistema de Hacienda para controlar y transparentar los fideicomisos no se actualizaba desde 2005.(14)
La extinción y el rastro del dinero
El gobierno federal justificó la extinción de los fondos para investigación por su opacidad. Las cifras que sustentaron la decisión, difundidas en conferencias de prensa, no provenían de una auditoría publicada. Abusando del tema, desde el propio Conacyt se montó una acusación penal contra exintegrantes del Consejo y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que terminó con resoluciones judiciales de exoneración: los hechos no constituían delito.(15) En contraposición, la extinción redujo la capacidad de rastrear el dinero. La ASF documentó que, en el Conacyt del sexenio pasado, 1 031.8 millones de pesos de 35 fondos mixtos (el 20.4 % del monto revisado) quedaron reservados sin formalizar (16) y que no existía un inventario confiable de 925 proyectos de los fondos institucionales: 113 de ellos, con 239.1 millones entregados, no figuraban en las bases de datos.(17) Del conjunto de fideicomisos públicos extintos, 67.6 mil millones de pesos pasaron a la Tesorería de la Federación sin información pública sobre los programas que financiaron.(18)
Certidumbre en la medición del gasto
Transparentar el financiamiento también exige medirlo. El indicador internacional es el GIDE como proporción del PIB. México alcanzó su máximo en 2010 (el 0.47 %) y la estimación más reciente, de 2024, es del 0.25 %, la más baja desde 1996.(19) Esa cifra es una estimación: como la ESIDET no se levanta desde 2017, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dejó de publicar datos de México a partir de 2018.(20) La serie oficial tampoco ha sido estable: el informe del Conacyt de 2017 reportó el 0.48 % para ese año, y la edición siguiente reconoció que se había contado el pago completo de las becas de posgrado, contra la definición internacional, y recalculó la serie;(21) la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) registró el 0.32 % para 2017.
El Programa Sectorial de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación 2025-2030 mide otra cosa: el presupuesto federal aprobado para ciencia, que suma rubros de muchas dependencias y no considera su ejercicio. Ese indicador subió del 0.38 % del PIB en 2018 al 0.44 % en 2024, con una meta del 0.53 % para 2030;(22) en el mismo periodo, el GIDE estimado bajó del 0.30 % al 0.25 %. Con dos indicadores que se mueven en direcciones opuestas, y con la ausencia de transparencia, la información pública no permite saber si a la investigación llegan más o menos recursos.
Las universidades públicas
Las universidades públicas reciben subsidios federales y recursos para investigación, y la fiscalización sobre ellas ha crecido: en la Cuenta Pública 2024, la ASF revisó cerca de 100 universidades y encontró posibles irregularidades por 2 404 millones de pesos.(23)
La Estafa Maestra mostró el límite de ese control. En 2013 y 2014, once dependencias federales entregaron 7 670 millones de pesos a ocho instituciones públicas de educación superior mediante convenios que evitaban la licitación. Las instituciones cobraron cerca de 1 000 millones de comisión y subcontrataron a 186 empresas, 128 de las cuales no debían recibir recursos públicos; 3 433 millones quedaron sin rastro.(24) Dos años antes, Roberto Rodríguez Gómez (25) había documentado más de 45 000 millones de pesos en contratos de Pemex con IES y se había preguntado si esa vinculación se estaba convirtiendo en triangulación de fondos.
La Ley de Adquisiciones de 2025 redujo al 30 % la parte de esos convenios que puede subcontratarse, y su reglamento obliga a publicarlos en un plazo de 15 días hábiles.(26)
La revisión de las negativas de información
Hasta marzo de 2025, las negativas de información podían impugnarse ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, organismo autónomo que la reforma constitucional de diciembre de 2024 extinguió. Desde entonces, las revisa Transparencia para el Pueblo, órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, es decir, del Poder Ejecutivo.(27) Las universidades autónomas, a las que la nueva ley no asignó garante, crearon los suyos: la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en 2025. En ambos casos, el árbitro y la institución vigilada pertenecen a la misma estructura.
Las propuestas de reforma
La iniciativa de ley general que el senador José Alberto Galarza Villaseñor, de Movimiento Ciudadano, presentó en 2021 retoma una propuesta de la Red ProCienciaMX sometida a consulta abierta. Incluye la transparencia y la rendición de cuentas entre sus principios rectores y pide que el acceso a los recursos se realice “de manera transparente, equitativa y con carácter multianual”.(28)
El anteproyecto de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (REDNACECYT) prevé un sistema de información en datos abiertos y la evaluación previa y posterior de fondos, programas y proyectos, y condiciona la validez de las reglas de operación de los fondos a su inscripción en ese sistema. También propone restituir los fondos en fideicomiso, sujetos a control y auditoría, la misma fórmula de la ley de 2002.(29) Cualquiera que sea el instrumento multianual que sustituya a los fideicomisos, debe publicar sus saldos, proyectos y resultados.
Condiciones para seguir el dinero
Tres condiciones permitirían rastrear el financiamiento público a la investigación:
- Un registro público, en datos abiertos, de cada proyecto financiado con recursos federales: convocatoria, evaluación, monto entregado, gasto y producto. La Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación vigente exige inscribirse en el Sistema Nacional de Información para recibir apoyos y publicar las bases de datos de la investigación financiada;(30) se deben añadir la evaluación, el monto y el gasto, incluidos los recursos que ejercen las universidades.
- Una medición confiable del gasto en investigación: la ESIDET levantada de nuevo y el reporte del gasto ejercido junto al aprobado.
- Un árbitro independiente de la dependencia o la institución para transparentar la información.
La transparencia en el gasto y en la asignación de recursos figuraba entre las líneas con las que Roberto Rodríguez Gómez preparaba este trabajo. Sin esas condiciones, el rastro del dinero de la ciencia en México seguirá dependiendo de las auditorías posteriores y del periodismo de investigación.
* Investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM.
** Profesor-investigador de la UAM Xochimilco.
Referencias
(1) Ley que crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. (DOF, 29 de diciembre de 1970).
(2) Acuerdo por el que se establece el Sistema Nacional de Investigadores. (DOF, 26 de julio de 1984).
(3) Ley de Ciencia y Tecnología. (DOF, 5 de junio de 2002; reforma del 1 de septiembre de 2004). [Abrogada]
(4) Programa Especial de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación 2026-2030. (DOF, 18 de mayo de 2026).
(5) Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de diversas leyes, entre ellas la Ley de Ciencia y Tecnología. (DOF, 6 de noviembre de 2020).
(6) Núñez González, L. (2020, 6 de abril). Barrer a los fideicomisos y llevarse de paso a la ciencia. Nexos. https://educacion.nexos.com.mx/barrer-a-los-fideicomisos-y-llevarse-de-paso-a-la-ciencia/
(7) Programa Sectorial de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación 2025-2030. (DOF, 17 de septiembre de 2025).
(8) Ley del Impuesto sobre la Renta. (DOF, Adición del 30 de noviembre de 2016), artículo 202.
(9) INEGI. (s. f.). Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico (ESIDET) 2017. https://www.inegi.org.mx/programas/esidet/2017/
(10) Canales, A. (2022, 19 de mayo). La ESIDET y los recursos privados para investigación. Campus Milenio. https://suplementocampus.com/la-esidet-y-los-recursos-privados-para-investigacion/
(11) Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024. (DOF, 25 de noviembre de 2023); y Programa Sectorial de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación 2025-2030. (DOF, 17 de septiembre de 2025).
(12) Vazquez, A. (2020, 29 de noviembre). ¿Qué ha pasado con la construcción del sincrotrón en Hidalgo? Investigación y Desarrollo. https://invdes.com.mx/politica-cyt-i/que-ha-pasado-con-la-construccion-del-sincrotron-en-hidalgo-2/
(13) Auditoría Superior de la Federación. (2015). Auditoría 14-1-3890X-02-0433: Administración y operación de fondos CONACYT. Cuenta Pública 2014.
(14) Auditoría Superior de la Federación. (2019). Fideicomisos públicos sin estructura orgánica (Estudio 1722).
(15) Espino, M. (2024, 2 de mayo). Tribunal confirma absolución del exdirector del Conacyt y 11 científicos por peculado y delincuencia organizada. El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/tribunal-confirma-absolucion-del-exdirector-del-conacyt-y-11-cientificos-por-peculado-y-delincuencia-organizada/
(16) Auditoría Superior de la Federación. (2021). Auditoría 2020-1-3890X-19-0408-2021: Concentración de los recursos de los Fondos Mixtos en la TESOFE. Cuenta Pública 2020.
(17) Auditoría Superior de la Federación. (2022). Auditoría 2021-1-3890X-19-0092-2022: Gestión financiera y extinción de los fondos institucionales. Cuenta Pública 2021.
(18) México Evalúa. (2021, 10 de agosto). Fideicomisos públicos y la huella del daño: junio 2021. https://numerosdeerario.mexicoevalua.org/2021/08/10/numeros-de-erario-junio-de-2021/
(19) World Bank. (2026). Research and development expenditure (% of GDP) [datos del Instituto de Estadística de la UNESCO; actualización del 13-07-2026]. https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS
(20) OECD. (2026). Main Science and Technology Indicators [edición de marzo de 2026]. https://stats.oecd.org/wbos/fileview2.aspx?IDFile=58d4a7cd-e15d-449f-8012-7cff548b52c5
(21) Conacyt. (2018). Informe general del estado de la ciencia, la tecnología y la innovación. México 2018. https://sisnai.secihti.mx/wp-content/uploads/Normatividad/Informes%20Conahcyt/01%20Informe%20general/Informe%20general%202018/Informe%20general%202018.pdf
(22) Programa Sectorial de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación 2025-2030. (DOF, 17 de septiembre de 2025).
(23) IMCO. (2026, 13 de mayo). Irregularidades en el gasto de educación superior. https://imco.org.mx/irregularidades-en-el-gasto-de-educacion-superior/
(24) Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. (2017). La Estafa Maestra. https://panel.grupoanimal.mx/especiales/estafa-maestra/; y Rodríguez Gómez, R. (2019). Autonomía universitaria y rendición de cuentas. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 24(82), 879-895.
(25) Rodríguez Gómez, R. (2015, 20 de abril). Pemex y las universidades ¿De la vinculación a la triangulación? Educación Futura. https://www.educacionfutura.org/pemex-y-las-universidades-de-la-vinculacion-a-la-triangulacion/
(26) Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. (DOF, 16 de abril de 2025).
(27) Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (DOF, 20 de marzo de 2025).
(28) Galarza Villaseñor, J. A. (2021). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Ciencia y Tecnología y se expide la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Senado de la República, LXIV Legislatura.
(29) Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (2021). Propuesta de Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación.
(30) Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. (DOF, 8 de mayo de 2023).
