Fuente: Imagen creada con IA.
Año 2, núm. 16, noviembre de 2026
ISSN 3122-3583
a fondo
Los Centros Públicos de Investigación en México: dilemas de financiamiento público y recursos propios
Tonatiuh Guillén López *
Veinticuatro Centros Públicos enfrentan el deterioro acumulado de sus presupuestos y la reducción de recursos propios tras la desaparición de fideicomisos. El análisis compara asignaciones, cambios reales y diferencias entre instituciones para preguntar qué capacidad científica puede sostenerse con menos margen de decisión.
Desde su origen mismo como nación independiente y hasta la fecha, el Estado mexicano ha reconocido la relevancia de las ciencias como función pública estratégica, promoviendo el establecimiento de instituciones especializadas. Evidentemente, las concepciones y políticas han variado en forma y herramientas a lo largo de dos siglos. Vale la pena recordar que desde 1824 la Constitución establecía como facultad del Congreso general “promover la ilustración […] estableciendo colegios de marina, artillería e ingenieros […] erigiendo establecimientos que enseñen las ciencias naturales y exactas, políticas y morales, nobles artes y lenguas”. En esencia, esa histórica responsabilidad del Estado se ha sostenido, cruzando por muy diferentes épocas, hasta llegar a la etapa contemporánea en donde las políticas e instituciones científicas son un componente imprescindible del desarrollo nacional.
Entre 2016 y 2025, los centros analizados perdieron 21% de su presupuesto real
A lo largo del siglo XIX y buena parte del XX, por ejemplo, fueron creadas entidades especializadas en distintas materias, como el Observatorio Astronómico Nacional (1878), el Instituto Médico Nacional (1888), el Consejo Nacional de la Educación Superior y la Investigación Científica (1935) y el Instituto Nacional de la Investigación Científica (1950). Una trayectoria adicional, del todo relevante, ha sido la evolución de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional, entre las de mayor dimensión y repercusión científica, cultural y técnica.
Por estas vías, el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico gradualmente se convirtieron en políticas de Estado continuas, enfocadas hacia la formación de instituciones especializadas en diferentes campos del conocimiento. La etapa moderna comenzó con la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en 1970. Tiempo después, esta fase se consolidó con la aprobación de un marco jurídico que paulatinamente avanzó en reconocer la naturaleza especializada de la actividad y de sus instituciones.
El paso decisivo fue aportado por la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica (1999), al determinar la integración de mecanismos de financiamiento ad hoc, como los fondos y fideicomisos de investigación. Un paso adicional maduró con la Ley de Ciencia y Tecnología (2002) mediante la formación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y la integración de fondos sectoriales y mixtos para el financiamiento de las actividades científicas. Además —cuestión fundamental— esta ley definió la figura de los Centros Públicos de Investigación (CPI) como instituciones especializadas en la investigación científica y tecnológica de alto nivel, y responsables también de la formación de nuevos cuadros especializados. Las instituciones actualmente reconocidas como CPI tuvieron orígenes diversos, tiempos distintos, especialidades diferentes y estructuras orgánicas también particulares. No obstante, el piso común fueron los principios de excelencia en la realización de sus tareas sustantivas y en su dinámica. Su integración en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología fue, así, un paso sin mayor complejidad.
En esencia, hasta esa etapa de principios del milenio, el criterio orientador de la política y de sus instituciones fue especializar la actividad científica y tecnológica mediante entidades con alto nivel de calidad en la investigación, formación docente, divulgación científica e impacto social. Para lograrlo, fue esencial contar con un marco regulatorio específico —que no puede ser genérico a la administración pública federal ni estatal—, disponiendo además de herramientas de financiamiento público y capacidad para generar recursos propios. Un rasgo imprescindible es que su diseño institucional correspondiera a la naturaleza especializada de sus actividades sustantivas. Entre otros elementos, ese diseño comprendía: órganos de gobierno interinstitucionales; procedimientos colegiados y estrictos en la evaluación de su desempeño; reglas colegiadas y de excelencia para el nombramiento de titulares; extensión de estos criterios para el ingreso, promoción y permanencia del personal científico; la misma regla para las decisiones sobre agendas de investigación, formación docente y, en general, para todas sus funciones.
El financiamiento público de los CPI se incrementó progresivamente durante el periodo de 2002 hasta 2016. Además, la operación de los fondos de investigación (con formato de fideicomisos) les permitió generar y administrar recursos propios, con lo que potenciaron sus capacidades en todos los rubros, incluida la inversión en equipo y obra pública, por ejemplo. Desde la perspectiva financiera, esta etapa se caracterizó por la consolidación operativa del sistema de Centros, incluyendo personal científico y técnico, programas docentes e importante infraestructura. Sin embargo, en 2016 comenzó un declive en el presupuesto federal asignado al conjunto de Centros, el cual se fue acentuando progresivamente hasta 2025.
Una recuperación nominal no siempre alcanza para compensar el deterioro acumulado
Entre 2016 y 2025, el presupuesto de los Centros experimentó un deterioro del 21 % en términos reales.(1) En algunos casos la pérdida fue extrema, del 45.3 %, como ocurrió en el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica (CIDETEQ). En otros, el deterioro fue menos agudo, del 11.9 %, como fue el caso del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT).
El declive en el financiamiento federal de los Centros Públicos de Investigación se agudizó decisivamente en 2019, con la Ley Federal de Austeridad Republicana y las medidas presupuestales que limitaron plazas, gasto operativo y servicios. La etapa previa de expansión y consolidación encontró aquí un límite crítico y dio paso a un periodo de crecientes restricciones. La curva regresiva fue intensificada por el decreto de extinción de fideicomisos, publicado en noviembre de 2020. Para los Centros Públicos terminaba una exitosa etapa de financiamiento que tuvo como eje, en particular, a los Fondos de Investigación Científica y Tecnológica. Al decretarse su extinción, fue eliminada una eficaz herramienta que había sido central para la obtención de recursos propios y, sobre todo, para materializar la autonomía administrativa de los Centros.
Si desde 1970 el propósito central de la política de Estado había consistido en impulsar entidades científicas de alto nivel, que contaran con un marco legislativo y normas que reconocieran su naturaleza especializada, a partir de 2023 esa tendencia se invirtió. Al declive presupuestal y a la extinción de fideicomisos se sumó un nuevo marco jurídico centralizador que acotó la autonomía “técnica, operativa y administrativa” de los Centros para convertirla en autonomía “técnica y de gestión”. Además, se sujetó la agenda de los Centros al programa sectorial establecido desde el órgano directivo central: el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt). La nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (2023) configuró un marco disruptivo para la tendencia previa de los Centros e incluso repercutió en su estructura y dinámica internas.
Es necesario destacar que, para los Centros, desde su origen la autonomía no ha implicado promover una agenda distante de los grandes asuntos nacionales. Lo que en esencia reivindica es un diseño institucional, de gestión, obtención de recursos, procedimientos y cumplimiento de tareas sustantivas regidos por instancias, criterios y mecanismos académicos especializados, lo cual separa su dinámica de las organizaciones burocráticas tradicionales. Su naturaleza especializada les permite mejorar continuamente su eficacia y contribución al desarrollo nacional. A contracorriente de este propósito, la agenda de investigación de los Centros terminó, en gran medida, centralizada en el Conahcyt y con las disposiciones de la nueva ley. Además de acotarse la autonomía previa, se impusieron procedimientos centralizados en la designación de titulares, así como modificaciones en los órganos internos colegiados, definidos con reducidas capacidades y carácter meramente consultivo.
En resumen, a partir de 2023, una nueva y restringida etapa institucional se abrió para los CPI, paralela a la limitación de recursos del presupuesto federal y ahora sin las herramientas previas para la obtención y gestión de financiamiento propio (las cuales, por cierto, disponían de mecanismos de supervisión y control muy eficaces). Adicionalmente, en noviembre de 2024, mediante una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, fue creada la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), que sustituyó al Conahcyt, aunque preservó el modelo centralizado de gestión del sistema de Centros. El aspecto positivo es un incremento presupuestal, aunque modesto, previsto para 2027.
El presupuesto federal asignado a los Centros, hasta 2025, había acumulado una importante disminución en términos reales. El correspondiente a 2026 y el programado para 2027 no logran recuperar los niveles previos a 2017. Sin embargo, en cifras nominales, cabe destacar que el presupuesto asignado a los 24 CPI pasa de 7 227.4 millones de pesos en 2026 a 7 944.0 millones en el proyecto 2027, es decir, un aumento de 716.6 millones (el 9.9 %), lo cual parcialmente rectifica la tendencia declinante.
A continuación se presenta el escenario correspondiente al presupuesto asignado recientemente y, de forma adicional, un balance general sobre la trayectoria de los fondos de investigación hasta antes de ser suprimidos.
Cuadro 1. Presupuesto de los Centros Públicos de Investigación: 2026, proyecto 2027 y deterioro real acumulado 2016-2025 (millones de pesos)
Centro | 2026 | 2027 | Variación nominal | Variación real | Deterioro 2016-2025 |
CICY | 308.5 | 354.8 | +15.0 % | +11.4 % | Medio |
CIAD | 475.3 | 540.8 | +13.8 % | +10.3 % | Bajo |
CIBNOR | 526.1 | 597.5 | +13.6 % | +10.1 % | Bajo |
CIO | 207.1 | 234 | +13 % | +9.5 % | Medio |
CICESE | 620.4 | 700.5 | +12.9 % | +9.4 % | Bajo |
CIATEJ | 226.6 | 255.5 | +12.8 % | +9.3 % | Bajo |
IPICYT | 165.5 | 186.2 | +12.5 % | +9 % | Bajo |
Instituto Mora | 219.6 | 246.9 | +12.4 % | +8.9 % | Bajo |
CIDETEQ | 129.2 | 145.2 | +12.4 % | +8.9 % | Alto |
CIDESI | 357.2 | 400.8 | +12.2 % | +8.7 % | Alto |
INAOE | 411.8 | 459.8 | +11.6 % | +8.2 % | Medio |
CIQA | 218.6 | 243.9 | +11.6 % | +8.1 % | Medio |
COLSAN | 135.2 | 150.7 | +11.4 % | +8 % | Medio |
CIESAS | 354.4 | 388.3 | +9.6 % | +6.2 % | Medio |
ECOSUR | 441.2 | 480.5 | +8.9 % | +5.5 % | Medio |
INECOL | 357.7 | 380.8 | +6.4 % | +3.1 % | Medio |
CIATEQ | 326.2 | 343 | +5.1 % | +1.9 % | Medio |
Centro Geo | 87.4 | 91.8 | +5.1 % | +1.8 % | Bajo |
COLMICH | 167.3 | 175.8 | +5.1 % | +1.8 % | Medio |
COLEF | 385.3 | 404.7 | +5.1 % | +1.8 % | Bajo |
CIDE | 432.7 | 454.5 | +5 % | +1.8 % | Medio |
CIMAT | 212.6 | 223.3 | +5 % | +1.8 % | Alto |
CIMAV | 244.1 | 256.4 | +5 % | +1.8 % | Medio |
CIATEC | 217.2 | 228.1 | +5 % | +1.8 % | Alto |
Fuente: elaboración propia con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026 y PPEF 2027 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); Ramo 38, millones de pesos; deflactor 2027/2026: 3.2 %; columna de Deterioro 2016-2025: (1); rangos: Bajo: menor al 20 %, Medio: entre el 20 % y el 35 %, alto: mayor al 35 %.
Siglas: CIAD, Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo; CIATEC, Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas; CIATEJ, Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco; CIATEQ, Centro de Tecnología Avanzada; CIBNOR, Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste; CICESE, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada; CICY, Centro de Investigación Científica de Yucatán; CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económicas; CIDESI, Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial; CIDETEQ, Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica; CIESAS, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social; CIMAT, Centro de Investigación en Matemáticas; CIMAV, Centro de Investigación en Materiales Avanzados; CIO, Centro de Investigaciones en Óptica; CIQA, Centro de Investigación en Química Aplicada; Centro Geo, Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial; COLEF, El Colegio de la Frontera Norte; COLMICH, El Colegio de Michoacán; COLSAN, El Colegio de San Luis; ECOSUR, El Colegio de la Frontera Sur; INAOE, Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica; INECOL, Instituto de Ecología; IPICYT, Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica; Instituto Mora, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.
¿Qué pierde una región cuando su centro de investigación deja de contar con recursos propios?
Sobre el presupuesto asignado a los Centros, en principio, destaca que no se trata de una distribución homogénea considerando el incremento porcentual, como puede apreciarse en la información anexa. En 2027, entre el Centro que más incrementa su presupuesto y el que menos lo hace existe una diferencia de magnitud considerable. Mientras el CICY mejora en 15 %, el CIATEC, al igual que CIDE, CIMAT y CIMAV, únicamente incrementan en 5 %. Estas diferencias en la distribución presupuestal, particularmente para los casos de CIMAT y CIATEC, profundizan su deterioro financiero que hasta 2025 había acumulado una pérdida de alrededor del 40 %, en términos reales, desde 2016. Es decir, permanece estancado el presupuesto de ambos Centros y, paralelamente, aumentan las desigualdades dentro del conjunto de Centros, en comparación con el grupo que percibe mayores asignaciones porcentuales. Desde esta perspectiva, los desequilibrios en la asignación presupuestal no son asunto menor, pues particularmente acentúan limitaciones operativas para los Centros que ya arrastraban presupuestos sin incremento significativo.
Partiendo del deterioro presupuestal real acumulado entre 2016 y 2025, revisando la columna correspondiente, si proyectamos la misma distribución para 2027 se esperaría que los Centros con mayor pérdida presupuestal quedarían en una situación similar en 2027; y a la inversa, los Centros que menos deterioro acumularon mantendrían esa misma posición relativa. Pero no es exactamente así la distribución programada. Por ejemplo, CIMAV, que tuvo un deterioro medio, ahora está ubicado entre los Centros que menor incremento presupuestal recibirán. Otro caso interesante es COLEF, que tuvo un deterioro acumulado bajo, pero en 2027 se ubica en el grupo con menor asignación, invirtiendo su posición relativa en el conjunto. El panorama contrario puede observarse entre los Centros que habían tenido un deterioro medio, pero ahora se ubican entre los de mayor incremento porcentual, como es el caso de CIO y CICY. Otros casos que destacan por su cambio presupuestal son CIDETEQ y CIDESI, que habían sufrido un deterioro alto, pero ahora se ubican entre los que mejoran sustancialmente en el presupuesto de 2027.
Las razones de la distribución presupuestal entre el conjunto de Centros, así como sus modificaciones relativas a lo largo del tiempo, son una cuestión fundamental y, por lo pronto, no evidente. Dicho en términos coloquiales, a veces les va bien y otras no tan bien, en el comparativo entre Centros. Cabe considerar en este panorama, adicionalmente, que tanto el presupuesto de 2026 como el de 2027 son susceptibles de cambios importantes en el gasto final ejercido debido a subejercicios o por recortes decididos por las autoridades hacendarias, lo cual no es excepcional.
Por otra parte, como se refirió antes, hasta 2021 los Centros Públicos de Investigación tuvieron un potente mecanismo para la obtención y gestión de recursos adicionales a los asignados por el presupuesto federal: los Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. A partir de su creación legal en 1999, los fondos se convirtieron progresivamente en un recurso sustancial para el financiamiento de los Centros y de sus actividades; fueron esenciales para su consolidación en todas las áreas, incluyendo inversión en infraestructura de todo tipo. Al recorrer su evolución durante el último periodo de su vigencia, entre 2014 y 2021, es evidente que adquirieron una relevancia excepcional para cada centro y para el conjunto del sistema.
Durante el periodo considerado, los fondos movilizaron más de 9 000 millones de pesos en conjunto, considerando en esta cifra la suma de ingresos, egresos y rendimientos, lo cual es prueba de su enorme capacidad operativa. En 2020 puede apreciarse cómo se contrajeron una vez instruida su extinción por el decreto presidencial, para finalmente entregar sus remanentes a la Tesorería de la Federación (TESOFE) en 2021. Entre todos los Centros, destaca la magnitud del Fondo del CIDE, que explica prácticamente la mitad del total movilizado por los Centros.
Cuadro 2. Fondos de investigación científica de los Centros Públicos de Investigación: movimientos totales (ingresos, egresos, rendimientos), 2014-2021 (millones de pesos)
Centro | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (TESOFE) | Total 2014-2021 |
CIDE | 673 | 534.3 | 504.9 | 480.1 | 614.6 | 687.4 | 477.8 | 253.5 | 4 225.6 |
COLEF | 60.8 | 102.9 | 63.7 | 37.9 | 41.9 | 53.5 | 41 | 57.1 | 458.7 |
CIATEC | 68.9 | 73.4 | 104.3 | 117.2 | 104.2 | 90 | 17 | 36.7 | 611.7 |
CICESE | 74.7 | 60.8 | 35.9 | 23.2 | 49.9 | 47.2 | 41.9 | 26.6 | 360.2 |
CIMAV | 80 | 118.9 | 95.9 | 76.2 | 47.6 | 33.7 | 13.3 | 16.3 | 481.7 |
COLMICH | 1 | 3.9 | 4.3 | 0.9 | 3.7 | 1.1 | 0.9 | 13.4 | 29.1 |
CIDESI | 94.3 | 121.6 | 108 | 78.6 | 143 | 112.5 | 60.4 | 5.9 | 724.4 |
CIMAT | 39.9 | 18.1 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 4.4 | 0.3 | 5.6 | 76 |
CIESAS | 7.1 | 21.1 | 12.7 | 10.8 | 5.5 | 4 | 1.4 | 5.6 | 68.3 |
Instituto Mora | 3 | 4.8 | 9.4 | 0.4 | 0.4 | 3.1 | 0.3 | 4.9 | 26.3 |
ECOSUR | 3.6 | 7 | 10.9 | 14 | 17.8 | 17.3 | 5.4 | 4.2 | 80.2 |
CIDETEQ | 16.9 | 27.5 | 15.7 | 26.5 | 17.2 | 13.9 | 31.6 | 1.8 | 151 |
INECOL | 113.7 | 27.4 | 21.2 | 20.5 | 17.7 | 13.6 | (22.7) | 1.2 | 192.6 |
CICY | 0.7 | 4 | 4.2 | 6 | 5.2 | 5.1 | 3.1 | 1.2 | 29.6 |
COLSAN | 3.3 | 4.8 | 2.8 | 1.1 | 2.1 | 1.9 | 1 | 1 | 18 |
CIBNOR | 7.4 | 13.7 | 12.6 | 13.3 | 4.4 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 54 |
CIO | 16.8 | 15 | 10.1 | 4.4 | 5.2 | 3.5 | 7.9 | 0.8 | 63.7 |
CIAD | 92.4 | 51.6 | 21.1 | 7.5 | 2 | 16.1 | 16.5 | 0 | 207.2 |
INAOE | 16.6 | 1.3 | 2.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 20.4 |
CIQA | 30.1 | 31.3 | 75 | 4.1 | 9.2 | 3.8 | 10.2 | n. d. | 163.7 |
CIATEQ | 42.4 | 37 | 10.4 | 0.4 | 0.4 | 9.6 | 5.4 | n. d. | 105.6 |
CIATEJ | 62.7 | 37.4 | 41.9 | 50.5 | 37.6 | 43.1 | 21.1 | n. d. | 294.5 |
Centro Geo | 0.4 | 0.7 | 3.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | n. d. | 5.3 |
IPICYT | 21.7 | 35.8 | 438.6 | 88.1 | 28.3 | 1.5 | 10.6 | n. d. | 624.6 |
Total Centros | 1 531.3 | 1 354.3 | 1 613.4 | 1 064.3 | 1 159.5 | 1 168.2 | 744.6 | 436.9 | 9 072.3 |
Fuente: elaboración propia con datos de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, ejercicios 2014 a 2020, tomo III, anexos: Información sobre fideicomisos, mandatos y análogos que no son entidades; y Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2021, tomo III, anexos, documento de resumen, apartado II, Avance en materia de extinción de fideicomisos (https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/). n. d.: no disponible.
La extinción de los fondos de investigación simboliza con intensidad el término de una etapa en el diseño institucional de los Centros Públicos de Investigación. No abarca todos los cambios que han experimentado los CPI, pero sí condensa la pérdida de autonomía administrativa y de capacidad de gestión. Un nuevo modelo institucional —todavía avanzando entre amplias incertidumbres— se encuentra en evolución para los Centros y para su estructura de financiamiento. La historia de los Centros, su inercia como entidades generadoras de conocimiento y tecnología en todos los campos, seguramente persistirá como una fuerza capaz de generar (y necesitar) recursos propios y presupuestales. El gran dilema descansa en su campo de acción, en los grados de libertad y, en esencia, en su actual intersección más densa con entidades burocráticas que tienen dificultad para comprender e impulsar su futuro y para reconocer su naturaleza especializada. Las alternativas al dilema están en curso. Veremos.
* Investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM.
Referencias
- Guillén López, T. (2026, 5 de junio). Evolución presupuestal del sector ciencia y tecnología en México. Nexos. https://www.nexos.com.mx/95434-2/
