Fuente: Imagen creada con IA.
Año 2, núm. 16, noviembre de 2026
ISSN 3122-3583
a fondo
Capacidades científicas sin distinciones: por qué México necesita una política que sume y no excluya
Marisol Silva Laya,* Jorge López Portillo** y Bernardo González-Aréchiga***
Las universidades particulares también sostienen investigación, forman especialistas y amplían capacidades científicas en distintas regiones. El texto documenta quiénes integran ese sector, qué producen y por qué una política nacional debería reconocer trayectorias y méritos sin excluir por el régimen jurídico de la institución.
La universidad se ordena a partir del conocimiento. Todas las instituciones de educación superior se proponen transmitirlo; solo algunas han construido las capacidades para generarlo. Cuando eso ocurre, la investigación transforma a la institución: modifica la docencia, sostiene el posgrado, forma comunidades académicas y amplía la vinculación con la sociedad. Esas capacidades importan más que nunca: el conocimiento se ha vuelto un factor estratégico del desarrollo sostenible.
México enfrenta ese escenario desde una posición vulnerable. Destina alrededor del 0.4 % de su producto interno bruto (PIB) a la investigación y desarrollo experimental, frente al 0.62 % del promedio latinoamericano y el 2.5 % de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Tiene una persona investigadora por cada mil integrantes de la población económicamente activa; España supera las siete, Argentina registra tres y Brasil 1.6 personas investigadoras.(1) Su comunidad científica está muy concentrada: según datos registrados en Scopus,(2) 15 instituciones concentran al 68.1 % de los investigadores y el 70.8 % de las publicaciones arbitradas.
En instituciones particulares hay 1 419 integrantes del SNII distribuidos en 27 instituciones
De ahí surge una paradoja difícil de justificar: México necesita ampliar con urgencia su capacidad para generar conocimiento, pero la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI) excluye deliberadamente a un conjunto de instituciones e investigadores del sistema nacional. La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) ha adaptado sus reglamentos internos para mitigar el impacto de las restricciones normativas, pero también ha generado distorsiones adicionales (por ejemplo, la adscripción simultánea a universidades públicas del personal que labora en instituciones particulares).
La discusión no debería plantearse como una oposición entre instituciones públicas y particulares. La pregunta pertinente es otra: ¿puede un país con una comunidad científica reducida desaprovechar capacidades de investigación que tardaron décadas en formarse?
Qué investigación se hace en las universidades particulares
Las instituciones particulares de educación superior constituyen un universo heterogéneo. Son 3 529 y atienden a 2.1 millones de estudiantes; la enorme mayoría se dedica a la enseñanza y la formación profesional.(3) No sería razonable esperar que todas se conviertan en universidades intensivas en investigación, ni ese es el argumento que aquí se defiende. La diferenciación de misiones tampoco es una anomalía mexicana: los sistemas universitarios más desarrollados combinan instituciones de investigación de frontera, instituciones que articulan docencia e investigación en grados variables, e instituciones de vocación profesional, tecnológica o regional.(4) La fortaleza de un sistema no depende de que todas sus instituciones hagan lo mismo, sino de que cada tipo cumpla bien la función que le corresponde.
Conviene entonces salir de las generalidades y precisar de quiénes hablamos. El padrón del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) del segundo trimestre de 2026 acredita en el sector particular a 1 419 personas, distribuidas en apenas 23 universidades y cuatro institutos y hospitales privados dedicados a la investigación en salud. La concentración interna es muy alta: diez instituciones reúnen al 89.7 % de ese personal y solo el Tecnológico de Monterrey concentra el 47.2 %.(5)
Tabla 1. Personal del SNII adscrito a instituciones particulares, segundo trimestre de 2026
Institución | Personas del SNII | % del total |
Tecnológico de Monterrey | 670 | 47.2 |
Universidad Panamericana | 167 | 11.8 |
Universidad Iberoamericana Ciudad de México | 99 | 7 |
Universidad de Monterrey | 86 | 6.1 |
Instituto Tecnológico Autónomo de México | 75 | 5.3 |
Universidad de las Américas Puebla | 49 | 3.5 |
Universidad Anáhuac (México, Cancún y Xalapa) | 35 | 2.5 |
ITESO | 34 | 2.4 |
Universidad La Salle (Ciudad de México) | 33 | 2.3 |
Universidad del Valle de México | 25 | 1.8 |
Otras instituciones particulares | 146 | 10.3 |
Total | 1 419 | 100 |
Fuente: elaboración propia con base en el padrón del SNII, segundo trimestre de 2026.(6)
Nota: la cifra podría subestimar ligeramente al personal del sector particular, pues algunas investigadoras e investigadores se acreditan ante instituciones públicas con las que colaboran con el objetivo de ser reconocidos por el SNII.
No estamos, por tanto, ante un universo indiscriminado de miles de instituciones que reclaman apoyos públicos, sino ante un grupo reducido que construyó capacidades científicas y cuyo personal atravesó los mismos procesos de evaluación académica que sus colegas del sector público. Y es un grupo consolidado: 297 personas —el 20.9 %— tienen nivel II, nivel III o la distinción de eméritas, proporción prácticamente idéntica a la del sector público (22.7 %). El reconocimiento no proviene de un régimen de excepción; se obtiene y se renueva mediante evaluación entre pares, con los mismos criterios para todo el país.(7)
Su producción tampoco es marginal ni redundante. El perfil disciplinario complementa al del sistema nacional en lugar de duplicarlo: casi una de cada cinco de estas personas trabaja en ingenierías y desarrollo tecnológico, frente a una de cada diez en el conjunto del padrón; y más de una cuarta parte lo hace en ciencias sociales. Las disciplinas con mayor presencia son ingeniería (191 personas), ciencias económicas (83), administración y negocios (73), ciencias tecnológicas (70), biotecnología (64), ciencias de la vida (63), ciencias jurídicas (58), física (55), matemáticas (50) y pedagogía (43).(8) Entre sus investigadoras e investigadores hay trabajos en inteligencia artificial y ciencia de datos, biotecnología, salud, manufactura avanzada, política fiscal, derechos humanos, arquitectura y ciudad, educación y evaluación de políticas públicas. Buena parte de esa actividad se desarrolla mediante colaboraciones con universidades públicas, centros públicos de investigación, gobiernos, empresas y organizaciones sociales.
Además, hay una dimensión territorial poco advertida. Este personal se encuentra acreditado en 22 entidades federativas: Nuevo León y la Ciudad de México concentran la mayor parte, pero le siguen Jalisco, el Estado de México, Puebla, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Baja California y Yucatán.(9) En varias regiones esa investigación no compite con la capacidad pública; la complementa donde la masa crítica científica es escasa.
La estrategia de investigación de la UDEM busca generar conocimiento que contribuya a atender retos relevantes de la sociedad. Más allá de incrementar la producción científica, busca traducir la investigación en soluciones, conocimientos, capacidades y propuestas útiles para empresas, organizaciones, comunidades y otros actores de nuestro entorno. Para lograrlo, impulsa proyectos estratégicos e interdisciplinarios que conectan las capacidades de investigadores y estudiantes con problemas reales, promoviendo la colaboración con actores externos. Promueve tanto las publicaciones y los productos académicos como la transferencia de conocimiento, la adopción de resultados, el desarrollo de soluciones y el impacto social de la investigación. La UDEM busca consolidar una cultura de la investigación con impacto social. Algunos proyectos emblemáticos son: IA aplicada a salud y psicología; la reconstrucción del tejido social; la investigación social en comunidades vulnerables, y la salud y el bienestar (Universidad de Monterrey, UDEM).
El Plan Estratégico de Investigación 2022-2028 de la UAG articula financiamiento interno y externo con empresas y el gobierno de Jalisco, desarrollo de estudiantes y profesores, productividad y difusión científica, investigación temprana y protección de propiedad intelectual. Su avance se evalúa mediante publicaciones y citas en Scopus, redes internacionales, proyectos financiados, profesores dedicados a la investigación, participación y movilidad estudiantil y periodos sabáticos. Su implementación ha duplicado la productividad científica en los últimos dos años y consolidado un sistema de investigación enfocado en áreas de impacto social: materiales de carbono, rehabilitación y biomecatrónica, inmunopatología y reumatología, biofertilización, genotoxicidad y citotoxicidad, biomarcadores de enfermedades genéticas, biomecánica, vacunas recombinantes, energías renovables y gestión organizacional y productividad, entre otras. Este sistema contribuye a la visión institucional 2035, orientada a posicionar a la UAG entre las 100 mejores universidades de América Latina (Universidad Autónoma de Guadalajara, UAG).
La estrategia de investigación del Tec de Monterrey ha definido áreas y líneas de investigación de alto impacto, alineando a los investigadores con métricas internacionales de desempeño académico. Opera a través de seis escuelas nacionales, tres institutos interdisciplinarios y varios centros de investigación. Impulsa la toma de decisiones basada en evidencia mediante información, apoyos financieros e inteligencia institucional, priorizando la investigación interdisciplinaria y la coautoría internacional como indicadores de calidad científica. El análisis comparativo internacional ha guiado la adopción de metas de productividad, impacto y visibilidad investigadora. Paralelamente, la vinculación con instituciones, agencias de financiamiento y redes de colaboración internacional ha orientado la investigación a resultados medibles, de relevancia social y con posicionamiento competitivo en el ecosistema científico internacional. Ejemplo de proyectos estratégicos son obesidad, manufactura y materiales, y el futuro de la educación (Tecnológico de Monterrey).
La investigación que impulsa la Ibero se fundamenta en un firme compromiso social y una rigurosa excelencia académica. Bajo el distintivo sello Ibero, su comunidad científica articula la calidad, la pertinencia y la incidencia social para dar respuesta a los problemas más urgentes del país. Esto se materializa en líneas prioritarias y proyectos de gran impacto —como los derechos humanos, la sustentabilidad urbana a través de la agroecología, la medición crítica del bienestar social y la salud; la educación para la justicia social y la interculturalidad, la innovación tecnológica para la salud y el bienestar, la salud y nutrición materno-infantil orientada a reducir las brechas desde el inicio de la vida, entre otros—, generando conocimiento ético y humanístico orientado a la dignidad humana y al desarrollo sostenible (Universidad Iberoamericana Ciudad de México).
Ese trabajo tiene, además, una consecuencia para las aulas. Cuando una institución investiga, el estudiantado se acerca a preguntas abiertas para las que todavía no hay respuesta en un libro de texto, aprende a trabajar con evidencia y encuentra programas de posgrado sostenidos por comunidades académicas reales. El círculo entre investigación y docencia explica por qué este debate no es gremial: afecta la formación de las próximas generaciones de científicas y científicos mexicanos.
Sostener esa actividad tiene un costo institucional que las propias universidades asumen. Implica reducir cargas docentes para liberar tiempo de investigación, financiar laboratorios, bibliotecas y repositorios, crear oficinas de investigación y de propiedad intelectual, sostener programas de posgrado y, durante los años en que estuvo vigente el convenio con el entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), comprometer una inversión institucional equivalente al monto anual que recibía su personal adscrito al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).(10) La capacidad científica creada dentro de una universidad particular no es un activo privado: forma parte, orgánicamente, de la capacidad científica de México.
Diez instituciones concentran 89.7 % de ese personal; el Tecnológico de Monterrey reúne 47.2 %
Una trayectoria que se revirtió
Durante casi dos décadas los instrumentos nacionales acompañaron esa construcción. El reconocimiento del SNI fortaleció trayectorias individuales y dio a las instituciones un incentivo claro para invertir: entre 2012 y 2022 la proporción de integrantes del Sistema adscritos a instituciones particulares pasó del 4.78 % al 6.57 %, hasta sumar 2 409 personas en un padrón nacional de 36 685.(11)
El proceso se revirtió a partir de 2019: reducción de apoyos a proyectos, convenios no renovados y cambios reglamentarios en 2021 y 2022. La LGHCTI consolidó ese giro: su artículo 39 estableció una prelación desfavorable para el estudiantado de posgrado de instituciones particulares y su artículo 41 negó el pago de estímulos económicos a su personal investigador.(12) Varias universidades, junto con investigadoras, investigadores y estudiantes, debieron recurrir al amparo para reclamar esos actos. El posgrado siguió una ruta paralela: tras la reclasificación del Sistema Nacional de Posgrados, la mayoría de los programas de instituciones particulares quedó fuera de la condición de elegibilidad para becas, lo que restringió la libertad de las y los estudiantes para decidir qué y dónde estudiar con apoyo público.
El contraste entre padrones es elocuente. Las 1 419 personas del segundo trimestre de 2026 representan el 2.96 % de un sistema nacional que ya suma 48 000 integrantes.(13) Son 990 menos que en 2022 —el 41 % de su tamaño— mientras el conjunto del padrón crecía el 31 %. La participación relativa del sector particular cayó del 6.57 % al 2.96 %, por debajo del nivel que tenía a comienzos de la década pasada.
Un segundo indicador refuerza la lectura. Las candidaturas, puerta de entrada al sistema, representan el 26.9 % del padrón en el sector público y solo el 19.2 % en las instituciones particulares. Lo interrumpido no fue únicamente la permanencia de quienes ya investigaban; frenó también la incorporación de generaciones nuevas: precisamente el punto que el diagnóstico nacional identifica como más frágil.
Estas cifras exigen prudencia. Los movimientos entre padrones no se explican por una sola disposición normativa: hubo cambios de adscripción, jubilaciones, salidas del sistema y ajustes en los criterios de registro. Pero la magnitud y la dirección del cambio son suficientemente claras como para justificar la evaluación rigurosa y la eliminación de las prácticas discriminatorias. No se trata de un agravio sectorial aislado. ProCienciaMx (14) sitúa esta exclusión dentro de un debilitamiento general de las capacidades científicas del país, junto con la insuficiencia financiera, el deterioro de la infraestructura, la precarización laboral y el abandono en la formación de personas jóvenes.
Cuando la naturaleza jurídica sustituye a la evaluación académica
Las instituciones públicas y las particulares difieren en propiedad, gobierno y financiamiento, y es legítimo que la política pública reconozca esas diferencias. Lo difícil de sostener es que de esas diferencias pueda deducirse la calidad o el valor social de la investigación que allí se produce.
La investigación universitaria tiene una característica fundamental: sus beneficios desbordan ampliamente a la institución donde se genera. Una investigación sobre diabetes no pierde utilidad social porque se realice en una universidad particular; una investigación sobre pobreza no adquiere automáticamente mayor calidad porque se desarrolle en una institución pública. Lo mismo ocurre con una innovación educativa, una patente, un protocolo clínico o una propuesta para enfrentar el cambio climático.
El conocimiento científico es un bien público por sus posibilidades de circulación, apropiación y utilización social. Y la investigación universitaria es, además, el principal motor científico de la región: en América Latina alrededor de tres cuartas partes de quienes investigan trabajan en instituciones de educación superior, una proporción muy superior a la europea, que revela tanto la fortaleza de las universidades como la debilidad de otros actores.(15)
Por eso la naturaleza jurídica de una universidad no debería convertirse en un sustituto de la evaluación científica. Lo relevante para una política pública es saber qué conocimiento se produce, con qué calidad, para qué problemas, con qué capacidades y con qué posibilidades de beneficio social.
Esta perspectiva es consistente con el reconocimiento constitucional del derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia. Desde 2019 el artículo 3º constitucional lo establece, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales lo reconoce en su artículo 15. La Constitución no distingue entre quiénes pueden dedicarse a la ciencia.
Una política que evalúa por mérito puede sumar capacidades hoy dispersas y complementarias
Al interpretar ese derecho, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales pidió a los Estados eliminar las leyes, políticas y prácticas que limiten injustificadamente el acceso de personas o grupos determinados a los bienes, servicios e información relacionados con la ciencia. Una restricción fundada en el tipo de institución donde alguien trabaja, y no en el mérito de lo que hace, se ajusta a esa descripción.
Esto no significa que toda institución particular tenga un derecho automático a recibir recursos públicos. Los recursos son limitados y deben asignarse mediante reglas transparentes, competencia, evaluación y rendición de cuentas. Precisamente por eso, la alternativa a la exclusión no es el privilegio: es la evaluación.
Los apoyos pueden y deben condicionarse a la calidad científica acreditada por pares, la relevancia de los proyectos, la formación de talento, la existencia de capacidades institucionales verificables, la colaboración interinstitucional, la transparencia en el ejercicio de los recursos y el impacto social esperado. Lo que no es defendible —ni técnica ni jurídicamente— es utilizar la naturaleza jurídica de la institución como sustituto de esos criterios.
Una política que sume capacidades
El Programa Sectorial de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación 2025-2030 abre una posibilidad para reconsiderar esta trayectoria. Reconoce problemas de fondo —baja inversión, infraestructura insuficiente, debilidad del posgrado y escasa articulación entre academia, gobiernos, empresas y sociedad— e incorpora a instituciones públicas y particulares en las redes de colaboración que considera necesarias.(16) El punto de encuentro existe.
Aprovecharlo no significa volver al esquema anterior, sino construir mejores mecanismos. Una nueva política podría partir de seis principios: reconocer todas las capacidades científicas existentes, sin importar su régimen jurídico; asignar apoyos con criterios de mérito, pertinencia y evaluación por pares; exigir compromisos verificables de corresponsabilidad institucional; ofrecer seguridad jurídica y evitar la imposición de requerimientos adicionales a los investigadores de universidades particulares; fomentar la expansión del posgrado; y promover redes que integren universidades públicas y particulares, centros públicos de investigación, gobiernos, empresas y organizaciones sociales.
Los grandes problemas nacionales —cambio climático, enfermedades emergentes, desigualdad, transición energética— no respetan fronteras institucionales: demandan equipos multidisciplinarios y capacidades distribuidas. México no necesita que todas sus universidades investiguen; necesita que las que pueden hacerlo desarrollen esa capacidad, que otras la construyan cuando su misión lo justifique y que el Estado premie la calidad y el impacto social.
Cuando se debilita la capacidad de investigación de una universidad particular no se afecta a un sector: se reduce una parte —aunque pequeña— de la capacidad científica del país. Y reconstruirla no se limita a emitir un decreto. Formar una comunidad científica toma décadas: doctorados, laboratorios, bibliotecas, posgrados consolidados, redes internacionales y generaciones sucesivas de jóvenes dispuestas a investigar. Desmontarla es mucho más rápido: entre 2022 y 2026 se perdieron casi mil personas que el país había tardado 20 años en incorporar.
El debate sobre las instituciones particulares no es sobre quién merece un privilegio, sino sobre qué capacidades necesita México y qué políticas pueden multiplicarlas. La política científica necesita seleccionar, evaluar y priorizar. Lo que no necesita es excluir talento por su domicilio institucional.
El conocimiento que beneficia a la sociedad es un bien público: la tarea de una política científica nacional consiste en producir más y mejor conocimiento y ponerlo al servicio del país, venga de donde venga.
Al cerrar estas reflexiones reconocemos que, a pesar de las limitaciones expuestas, México cuenta con recursos humanos y una infraestructura instalada que no son despreciables. Esta plataforma debe ser fortalecida e incrementada para emprender una trayectoria ascendente en materia de ciencia, humanidades tecnología e innovación. Aún es tiempo de construir una política moderna y de largo plazo en esta materia con carácter prioritario y estratégico para impulsar un mayor desarrollo y bienestar social.
* Investigadora de la Universidad Iberoamericana.
** Investigador titular del Instituto de Ecología, A. C.
*** Secretario general de FIMPES.
Referencias
(1) RICYT. Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Interamericana e Iberoamericana. (2026). https://www.ricyt.org/
(2) Elsevier. (2026). Scopus: producción científica 2018-2023. Scopus. https://www.scopus.com
(3) Programa Nacional de Educación Superior 2026-2030. (DOF, 2026).
(4) Canales Sánchez, A. (2022). El desafío de la investigación en las universidades. Rasgos y expectativas. IBERO, 73.
(5) Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. (2026). Padrón de beneficiarios del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII): segundo trimestre de 2026 [conjunto de datos]. Gobierno de México.
(6) Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. (2026). Padrón de beneficiarios del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII): segundo trimestre de 2026 [conjunto de datos].
(7) Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. (2026). Padrón de beneficiarios del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII): segundo trimestre de 2026 [conjunto de datos].
(8) Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. (2026). Padrón de beneficiarios del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII): segundo trimestre de 2026 [conjunto de datos].
(9) Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. (2026). Padrón de beneficiarios del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII): segundo trimestre de 2026 [conjunto de datos].
(10) Silva Laya, M. (2024). Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación para fomentar el desarrollo sostenible. En J. L. Calva (coord.), Educación, ciencia, tecnología e innovación (70-83). Fontamara/Consejo Nacional de Universitario.
(11) Silva Laya, M. (2024). Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación para fomentar el desarrollo sostenible.
(12) Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. (DOF, 8 de mayo de 2023).
(13) Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. (2026). Padrón de beneficiarios del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII): segundo trimestre de 2026 [conjunto de datos].
(14) ProCienciaMx. (2026, 10 de mayo). La falta de apoyo económico, la legislación deficiente y los obstáculos burocráticos erosionan a la ciencia mexicana. [Comunicado]..
(15) Canales Sánchez, A. (2022). El desafío de la investigación en las universidades. Rasgos y expectativas.
(16) Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación 2025-2030. (DOF, 17 de septiembre de 2025).
