Fuente: Imagen creada con IA.
Año 2, núm. 15, octubre de 2026
ISSN 3122-3583
entre-mes
Pedro Sánchez, el PSOE y el viejo oficio de gobernar
Jorge Javier Romero *
Pedro Sánchez vuelve a jugar una partida de alto riesgo. El adelanto electoral en España reabre el debate sobre su estilo de gobierno, sus virajes y sus contradicciones, pero también sobre la memoria selectiva de un PSOE, que alguna vez hizo del pragmatismo una herramienta de poder. Más que una defensa del sanchismo, este ensayo plantea una pregunta incómoda: ¿cuánto de oportunismo y cuánto de oficio político exige realmente gobernar?
Pedro Sánchez ha vuelto a hacer una de esas jugadas que explican por qué provoca tanta irritación entre sus adversarios y, de manera quizá más reveladora, entre una parte de sus propios correligionarios: con una legislatura exhausta, una mayoría parlamentaria deshecha, varios casos de corrupción revoloteando alrededor de su entorno y unas encuestas poco propicias, ha decidido adelantar las elecciones al 29 de noviembre y convertir la crisis de la vivienda —que durante meses fue una de las principales acusaciones contra su gobierno— en el terreno de la disputa electoral. El Financial Times, poco sospechoso de entusiasmo por el socialismo español, ha descrito bien al personaje en una nota de su Consejo Editorial dedicada a la noticia del adelanto electoral: Sánchez ha hecho carrera a fuerza de apuestas de alto riesgo, algunas emprendidas cuando media España política ya había redactado su esquela.
Gobernar nunca fue un ejercicio de pureza doctrinal: Felipe González también cambió posiciones, pactó con adversarios y asumió costos políticos cuando las circunstancias lo exigieron
La maniobra tiene mucho de cálculo y bastante de maña. El rechazo parlamentario a dos medidas urgentes en materia de vivienda, las protestas posteriores y la muerte de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años desalojada poco antes de su piso madrileño, le han permitido cambiar en pocos días el eje de una conversación pública dominada hasta entonces por la corrupción, la parálisis legislativa y la crisis de Ceuta. La vivienda preocupa mucho o bastante a ocho de cada diez españoles y una mayoría abrumadora considera legítima una intervención pública fuerte sobre el mercado. Sánchez ha visto la oportunidad y ha decidido explotarla, mientras el PP (Partido Popular), que todavía encabeza las encuestas, tendrá que explicar durante la campaña por qué bloqueó las iniciativas gubernamentales y cómo piensa resolver un problema que afecta sobre todo a jóvenes y clases medias urbanas.(1)
Que la derecha lo deteste carece de misterio. Desde hace años, el repertorio va de traidor a golpista, pasando por tirano, felón, enemigo de España y otras lindezas del españolismo inflamado. Vox ha convertido la hipérbole en programa político y el Partido Popular, demasiado a menudo, ha preferido seguirlo por esa pendiente antes que disputar el centro. Me interesa bastante más la animadversión de una parte del viejo socialismo, porque ahí aparece algo menos obvio: dirigentes que vivieron la larga etapa de Felipe González, con todas sus grandezas y sus miserias, presentan ahora a Sánchez como una anomalía casi vergonzosa en la historia del PSOE (Partido Socialista Obrero Español), como si antes de él el socialismo español hubiera gobernado desde una suerte de limpia torre moral, ajena al oportunismo, a los pactos incómodos, a los virajes programáticos y a las contradicciones propias del ejercicio del poder.
Felipe González ha vuelto a criticarlo con dureza y hasta ha dejado en suspenso si votará por el PSOE; Emiliano García-Page desde hace años ejerce como oposición interior con cargo institucional, y una parte de la vieja guardia socialista parece haber encontrado en el antisanchismo una ocupación para la jubilación. Algunas de sus críticas tienen fundamento; otras obedecen a diferencias políticas reales y respetables; y unas cuantas parecen cargadas de una inquina difícil de separar del hecho elemental de que Sánchez controla un partido que ya no les pertenece. Conviene recordarles, con algo de mala leche pero también con memoria histórica, que gobernar nunca fue tan pulcro como ahora lo evocan.(2)
Hace 34 años publiqué en Nexos un artículo sobre la primera década de gobiernos socialistas en España. Vivía entonces en Madrid y observaba con enorme interés un proceso que, para alguien procedente de la izquierda mexicana, tenía mucho de descubrimiento: un partido socialista había llegado al gobierno después de una larga dictadura, había consolidado una democracia todavía frágil y, en lugar de entregarse a la administración litúrgica de las viejas certezas, había emprendido una profunda modernización económica e institucional. El triunfo de 1982 fue un punto crítico de la transición, porque colocó por primera vez a la izquierda en el gobierno con mayoría absoluta y terminó de normalizar una alternancia que pocos años antes todavía parecía extraordinaria.
Aquel PSOE fue bastante menos idílico de lo que hoy quieren recordar algunos de sus veteranos. González entendió pronto que “no estaba el horno para bollos keynesianos”, como escribí entonces, y aplicó una política de ajuste, contención salarial y reconversión industrial que habría hecho rechinar los dientes a buena parte de la izquierda tradicional; además, cambió la posición socialista sobre la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), a pesar de que el partido había hecho campaña con el famoso “OTAN, de entrada no”, y acabó encabezando la defensa de la permanencia española en la Alianza Atlántica. Aquella voltereta provocó una ruptura importante con intelectuales y militantes, aunque González ganó el referéndum y después volvió a ganar las elecciones.(3)
La política económica terminó enfrentando al gobierno con la Unión General de Trabajadores (UGT), la central sindical históricamente ligada al PSOE, y desembocó en la huelga general de diciembre de 1988; después aparecieron los escándalos de corrupción, las tramas turbias alrededor del poder y una creciente cerrazón de un aparato partidario incapaz de preparar a tiempo su propia renovación. Felipe fue lo suficientemente hábil y mañoso como para mantenerse en la Presidencia del Gobierno hasta 1996 y aun entonces logró perder por poco margen y mantener al PSOE vivo, algo parecido a lo que ahora puede ocurrir con Sánchez en un escenario político harto más complejo. Así que las estampitas de un felipismo prístino, doctrinalmente impecable y gobernado por caballeros que jamás cambiaban de opinión, conviene guardarlas junto a otras devociones domésticas.
La historia real fue bastante más interesante y de enorme relevancia para el devenir español. Los gobiernos socialistas modernizaron un Estado todavía cargado de herencias franquistas, ampliaron y profesionalizaron la sanidad y la seguridad social, emprendieron reformas educativas y condujeron la incorporación a la Comunidad Europea, que acabó por anclar definitivamente a España en el espacio político, económico y cultural del que la dictadura la había mantenido parcialmente apartada. En 1992 escribí que la integración europea podía considerarse, en conjunto, patrimonio histórico del socialismo español, y sigo pensando lo mismo. La democracia nació antes de González y fue producto de un pacto mucho más amplio —Suárez, los reformistas del franquismo, los socialistas, los comunistas, los nacionalismos periféricos y una sociedad harta de su larga excepcionalidad autoritaria—, pero fue durante los gobiernos del PSOE cuando la transición dejó de ser un proceso y se convirtió en normalidad institucional.
Sánchez gobierna otra España. El bipartidismo periclitó después de la crisis de 2008; Podemos rompió por la izquierda el monopolio socialista de ese espacio político; Ciudadanos apareció y desapareció con velocidad de estrella fugaz; Vox convirtió a la ultraderecha en una fuerza parlamentaria relevante por primera vez desde la muerte de Franco; los nacionalismos catalán y vasco adquirieron capacidad de decidir investiduras y el sistema parlamentario se volvió mucho más fragmentado y trabajoso. En 2023, de nuevo desde España, escribí en Sin Embargo que esa fragmentación era una virtud antes que una tara cuando obliga a pactar, porque los sistemas parlamentarios producen gobiernos mediante acuerdos entre fuerzas diferentes, en lugar de regalarle todo el Ejecutivo al candidato que haya conseguido apenas un voto más que el siguiente.
Sánchez ha gobernado ocho años sin mayoría parlamentaria propia. Llegó en 2018 mediante una moción de censura contra Mariano Rajoy, después reunió coaliciones cambiantes y volvió a formar gobierno en 2023 a pesar de haber quedado por detrás del PP, porque Feijóo fue incapaz de articular una mayoría y él sí la consiguió. El Financial Times recuerda ahora esa precariedad como una de las claves de su trayectoria y la usa, con razón, para explicar tanto su extraordinaria capacidad negociadora como algunos de sus excesos tácticos.
Sánchez ha convertido la fragilidad parlamentaria en método de gobierno: negociar, ceder y modificar posiciones han sido parte central de su supervivencia política durante ocho años
Ahí está uno de los rasgos que más exasperan a sus críticos socialistas: Sánchez cambia de posición. Lo hizo con la coalición con Podemos, con los indultos, con la amnistía y con varias otras cuestiones en las que antes había afirmado exactamente lo contrario. Puede reprochársele falta de escrúpulo táctico y, en algunas ocasiones, una explicación pública francamente insuficiente sobre los motivos del viraje; pero la política democrática, especialmente la parlamentaria, consiste también en alterar preferencias ante nuevas correlaciones de fuerzas. González lo sabía perfectamente cuando pasó del rechazo a la OTAN a defender con entusiasmo la permanencia.
El mejor ejemplo de esa mezcla de oportunismo y eficacia es Cataluña. En 2017, España vivió su crisis territorial más grave desde la aprobación de la Constitución, pero sería demasiado cómodo repartir las responsabilidades en partes iguales. El independentismo catalán convirtió una reivindicación política legítima en una aventura unilateral, jurídicamente insostenible y estratégicamente disparatada; el gobierno de Mariano Rajoy respondió con una cerrazón de una torpeza monumental. En lugar de aislar políticamente a los secesionistas y abrir una salida negociada dentro del marco constitucional, decidió convertir el referéndum ilegal por la independencia del 1 de octubre en una exhibición de fuerza del Estado: la Policía Nacional y la Guardia Civil entraron en colegios electorales, retiraron urnas y cargaron contra ciudadanos que protegían las mesas o acudían a votar. Después, Amnistía Internacional y Human Rights Watch documentaron el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza contra manifestantes, en buena medida pacíficos, con centenares de heridos.(4)
Fue una demostración de autoridad jurídicamente amparada en órdenes judiciales y políticamente desastrosa. Rajoy consiguió regalarle al independentismo las imágenes que necesitaba: policías golpeando votantes, ancianos arrastrados fuera de colegios y ciudadanos enfrentados a agentes enviados por Madrid. El secesionismo, que había llegado al referéndum con una estrategia unilateral sin reconocimiento internacional y con una sociedad catalana profundamente dividida, obtuvo de pronto la iconografía de una represión. El gobierno central transformó un problema político grave, pero todavía manejable, en una crisis de legitimidad que multiplicó el agravio y radicalizó posiciones. En 2023, en otro de mis artículos de Sin Embargo ya había señalado que aquella gestión contribuyó a exacerbar el conflicto; visto con la distancia de casi una década, cuesta encontrar una respuesta más eficaz para alimentar aquello que se pretendía contener.
Sánchez tomó otro camino. Entendió algo elemental que Rajoy había preferido ignorar: Cataluña no iba a volver a la normalidad a porrazos ni mediante una interminable judicialización del conflicto y con buena parte de sus políticos en prisión. Podía exigirse el cumplimiento de la ley y al mismo tiempo reconstruir la política. Por eso optó primero por los indultos, después por el diálogo y finalmente por la amnistía, discutible jurídicamente —aunque finalmente avalada por el Tribunal Constitucional y no impugnada por la justicia europea—, muy costosa políticamente y presentada con una dosis excesiva de cinismo justificativo; a pesar de todo eso, produjo resultados. El propio Financial Times, que la juzga como un arreglo partidista y controvertido, reconoce que contribuyó a la distensión en Cataluña.
Nueve años después del desastre de 2017, el independentismo ha perdido fuerza, el socialista Salvador Illa gobierna la Generalitat, Junts está bastante más débil que entonces y el Tribunal Supremo ha levantado la orden de detención contra Carles Puigdemont —el president de la Generalitat que hizo la efímera declaración unilateral de independencia y se marchó escondido al exilio a Bélgica— después de que los tribunales admitieran la aplicación de la amnistía. El conflicto catalán no ha desaparecido, desde luego, pero ha dejado de ocupar el centro de la política española y de amenazar cotidianamente la convivencia territorial. Quien quiera considerar la amnistía como una claudicación puede hacerlo; quien sostenga que la estrategia fracasó tiene ya un problema con los hechos.(5)
La pandemia ofrece otro caso en el que la memoria selectiva ha hecho estragos. España recibió uno de los golpes económicos y sanitarios más duros de Europa; hubo improvisaciones, descoordinación con las comunidades autónomas y errores graves en los primeros meses. Además, cualquier balance serio debe incluir el enorme costo humano de las residencias de mayores —sobre todo en las de Madrid, responsabilidad de la Comunidad Autónoma, presidida por Isabel Díaz Ayuso, una de las políticas más estridentes del PP, cada vez más cercana al discurso ultra de Vox— y la precariedad de un sistema sanitario que llegó exhausto después de años de restricciones. La respuesta económica posterior, sin embargo, protegió el empleo y las empresas mediante los ERTE, los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, un mecanismo que permitió suspender contratos o reducir jornadas de manera temporal, con apoyo público a los trabajadores, en lugar de destruir definitivamente los puestos de trabajo; mientras la vacunación avanzó con rapidez y la recuperación fue apoyada por una utilización amplia de los fondos europeos.
España salió de la pandemia con una economía bastante más robusta de lo que pronosticaban quienes anunciaban una catástrofe permanente. La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) calcula que el PIB (producto interno bruto) creció el 2.8 % en 2025 y prevé el 2.2 % para 2026, con una demanda interna fuerte, creación de empleo e inversión sostenida en parte por los proyectos financiados por la Unión Europea. Sigue habiendo problemas serios de productividad, desempleo y salarios, y la inflación energética ha vuelto a presionar este año, pero el relato de un país económicamente arruinado por el sanchismo requiere una imaginación considerable.(6)
La política migratoria también merece un juicio menos histérico que el habitual en la Europa actual. España ha absorbido durante estos años una inmigración muy importante, indispensable para una sociedad envejecida y para un mercado de trabajo necesitado de mano de obra, sin sumarse del todo al giro xenófobo que se ha extendido por buena parte del continente. Eso ha contribuido al crecimiento, aunque también ha intensificado la presión sobre la vivienda y los servicios públicos. La respuesta seria exige más capacidad estatal, más vivienda, más escuelas y mejores servicios; echarle la culpa al inmigrante de todas las insuficiencias es más barato electoralmente, lo que suele ser una de las razones por las que la ultraderecha lo hace con tanto entusiasmo.
La crisis de Ceuta, enclave español en el norte de África y una de las fronteras exteriores de la Unión Europea, ha mostrado, por desgracia, que una política migratoria relativamente abierta tampoco garantiza una buena gestión. La entrada de decenas de miles de personas a finales de julio provocó una crisis humanitaria gravísima, con muertos, miles de personas sin alojamiento adecuado, dificultades para solicitar asilo y una descoordinación notable entre el gobierno central y las autoridades locales. Human Rights Watch denunció condiciones de acogida indignas y procedimientos insuficientes para identificar a quienes necesitaban protección internacional.(7) Además, investigaciones posteriores han revelado que desde Ceuta habían llegado avisos previos a Madrid sobre el riesgo de una entrada masiva y que la reacción fue tardía. Ese episodio se carga a la cuenta de Sánchez y de su gobierno, aunque ahora se haya conseguido reducir significativamente la presión mediante retornos a Marruecos y a pesar de los fuertes indicios de que se trató de una operación orquestada desde el propio gobierno marroquí para satisfacer a Trump, que ha puesto a Sánchez en la mira, tanto por su política migratoria como por su posición frente a Netanyahu en el conflicto de Palestina.
También la vivienda constituye una falla de fondo. El Financial Times acierta cuando señala la contradicción entre el Sánchez que ahora se presenta como defensor de los inquilinos y el hecho bastante elemental de que la escasez y los precios se agravaron durante sus ocho años en La Moncloa. El problema tiene muchas causas —turismo, pisos de uso temporal, inmigración, inversión, restricciones a la construcción, lentitud urbanística, competencias autonómicas y un parque público raquítico—, pero ocho años de gobierno eran suficientes para haber avanzado bastante más.
El 29 de noviembre no se decidirá únicamente el futuro de Pedro Sánchez; también estará en juego si España mantiene su resistencia al avance de una derecha europea cada vez más nacionalista, xenófoba y hostil a la pluralidad
Los escándalos de corrupción que han afectado a personas cercanas al presidente tampoco se evaporan invocando la presunción de inocencia. Esa garantía rige para los tribunales, pero la responsabilidad política tiene otras reglas. Un gobierno que llegó al poder mediante una moción de censura apoyada precisamente en la corrupción del PP debió ser particularmente escrupuloso cuando las sospechas se aproximaban a su círculo. Sánchez ha tendido a minimizar demasiado esos episodios y a refugiarlos en el relato general del acoso de la derecha, un recurso que pierde eficacia cuando se usa para todo.
Con ese balance, la decisión de adelantar las elecciones parece bastante menos extravagante de lo que pretenden sus detractores. La legislatura había llegado prácticamente a término político: Junts había retirado su apoyo, las iniciativas importantes naufragaban y el gobierno dependía cada vez más del decreto. Incluso el Financial Times considera saludable que España pueda elegir un nuevo Parlamento antes de prolongar durante meses un Ejecutivo convertido en zombi. Sánchez ha decidido jugarse la continuidad cuando todavía tiene alguna posibilidad de reconstruir una mayoría, antes que esperar a que el desgaste lo deje sin ninguna.
El 29 de noviembre puede perder. De hecho, hoy parece más probable una mayoría del PP con Vox que una nueva investidura socialista, aunque las campañas electorales españolas de los últimos años aconsejan cierta prudencia con los vaticinios. Sánchez ha demostrado una notable capacidad para encontrar las debilidades de adversarios que con frecuencia colaboran generosamente con él: Feijóo sigue atado a una ultraderecha cuya presencia en el gobierno espanta a sectores importantes del electorado, mientras Vox hace todo lo posible por recordarle a la España urbana, joven y plural qué clase de país quisiera restaurar.(8)
Cuando escribí en 1992 sobre los diez primeros años de Felipe González, concluía que, con todas sus contradicciones, “la era de la integración de España a Europa” sería patrimonio socialista. Treinta y cuatro años después, el PSOE vuelve a enfrentarse a una elección en la que se discute bastante más que la permanencia de un dirigente. En una Europa donde la socialdemocracia retrocede y la ultraderecha ha dejado de ser un espantajo marginal para convertirse en fuerza de gobierno, España sigue siendo uno de los pocos países grandes donde una izquierda reformista conserva una capacidad real de competir por el poder.
Sánchez dista mucho de ser un dirigente impecable. Ha gobernado con un oportunismo considerable, ha abusado en ocasiones de la polarización, ha explicado mal varios de sus cambios de posición, arrastra un fracaso evidente en vivienda y ha gestionado muy mal la crisis reciente de Ceuta; además, por mantener cohesionada una coalición incómoda, ha tragado con varias de las ocurrencias legislativas de la neoizquierda identitaria, entre ellas la desastrosa ley del solo sí es sí, cuya defectuosa técnica jurídica obligó a revisar centenares de condenas por delitos sexuales y le puso en bandeja a la derecha uno de sus mejores argumentos contra el gobierno. A ello se sumaron otras batallas simbólicas, muchas veces planteadas con una mezcla de maximalismo moral y torpeza política, que quizá satisficieron a sectores de sus socios de coalición, pero contribuyeron a alejar al PSOE de una parte de su electorado socialdemócrata más tradicional y facilitaron a la derecha la caricatura de un gobierno entregado a las obsesiones culturales de una minoría. Sin embargo, Sánchez ha mantenido durante ocho años gobiernos parlamentariamente endebles, desactivado en buena medida el conflicto catalán, atravesado la pandemia sin desmontar el Estado de bienestar, presidido una recuperación económica sólida y sostenido una política de inmigración bastante más sensata que la moda xenófoba europea.
A los adversarios de derecha se les puede entender que todo ello les importe un comino: quieren derrotarlo y para eso están. Resulta más curioso que algunos socialistas, después de haber vivido en primera persona los virajes, componendas y costos del felipismo, hayan decidido juzgar a Sánchez con una vara que jamás aplicaron a su propia historia. Tal vez la distancia haya embellecido aquellos años o quizá exista entre ciertos veteranos del PSOE una dificultad bastante humana para aceptar que el partido continúa sin pedirles permiso.
Felipe González entendió en los años ochenta que una izquierda útil debía gobernar el país existente, con sus restricciones, sus aliados incómodos y sus oportunidades, aunque para hacerlo tuviera que abandonar varios dogmas muy queridos. Sánchez ha hecho algo parecido en condiciones institucionales mucho más adversas y con bastante menos elegancia. Ahora ha decidido jugarse otra vez el pellejo político, con esa mezcla de cálculo, audacia y temeridad que lo ha acompañado desde que recuperó la secretaría general de un PSOE que también entonces lo daba por muerto.
Hasta ahora, Sánchez ha salido demasiadas veces de situaciones que parecían terminales como para despacharlo con la suficiencia de quienes llevan años anunciando su entierro político. Pero el 29 de noviembre se jugará bastante más que su continuidad en La Moncloa. La elección española llegará en medio de un avance sostenido de la ultraderecha europea: Alternativa por Alemania acaba de ganar en Sajonia-Anhalt y sigue creciendo, mientras Francia se encamina a unas presidenciales de 2027 con el Reagrupamiento Nacional en una posición central y con un clima político cada vez más favorable a las opciones populistas y nacionalistas.(9)
España había sido hasta ahora una de las excepciones relativas a esa deriva. Vox creció, desde luego, pero quedó fuera del gobierno nacional, mientras el PSOE consiguió mantener una mayoría parlamentaria precaria alrededor de una coalición heterogénea. Esa excepción puede terminar en noviembre. Las encuestas actuales sitúan a Vox alrededor del 18 % y muestran a la derecha con capacidad de formar mayoría, de modo que el problema para el PP no será solo ganar las elecciones, sino también qué precio tendrá que pagar para gobernar y hasta qué punto quedará en manos de Santiago Abascal para formar gobierno.(10)
Ahí reside buena parte de lo que está en juego. La derecha democrática española tiene todo el derecho a volver al poder; lo inquietante sería que para hacerlo tuviera que entregar a Vox una parte sustantiva de la agenda, precisamente cuando la ultraderecha gana terreno en Alemania, Italia, Francia y otros países europeos. El 29 de noviembre dirá, desde luego, si Sánchez conserva todavía ese oficio político que tantas veces le ha permitido sobrevivir a sus propios errores y a los vaticinios de sus adversarios; pero también dirá si España continúa resistiendo, con todas sus contradicciones, la corriente que empuja a buena parte de Europa hacia una derecha cada vez más nacionalista, xenófoba y hostil a la pluralidad. Ese me parece un final bastante más importante que saber si Pedro Sánchez vuelve a salirse con la suya.
* Profesor-investigador de la UAM-Xochimilco.
Referencias
(1) Reuters. (2026, 8 de octubre). Evicted Spanish octogenarian Maricarmen Abascal, heart of Spain’s housing protests, has died.
(2) Reuters. (2026, 5 de octubre). What to know about Spain’s November snap election.
(3) Jorge Javier Romero (1992, 1 de diciembre). España: Diez años del PSOE. Nexos. https://www.nexos.com.mx/espana-diez-anos-del-psoe/
(4) Amnistía Internacional. (2017, octubre). Spain: Excessive use of force by National Police and Civil Guard in Catalonia.
