Fuente: Imagen creada con IA.
Año 2, núm. 16, noviembre de 2026
ISSN 3122-3583
entre-mes
Protestas de la generación Z: ¿una juventud desahuciada de su futuro?
Jorge Resina *
¿Qué pasa cuando una generación deja de creer que el esfuerzo puede cambiar su futuro? De Serbia a España, la respuesta se escucha en las calles: las protestas juveniles no hablan solo de identidad generacional, sino de vivienda inaccesible, servicios públicos en deterioro y un contrato social que ya no convence.
Todas las juventudes se parecen, pero cada una se rebela a su manera. Las recientes movilizaciones en países como Serbia, España, Portugal, Italia, Francia o Albania, que siguen a las que sacudieron hace apenas un año Marruecos o Perú, nos sitúan ante lo que podemos caracterizar como un nuevo ciclo de protesta.
La dificultad para emanciparse no solo aplaza proyectos de vida: también vuelve menos creíble la promesa de que el esfuerzo permitirá vivir mejor
En la urgencia por encontrar protagonistas y rostros visibles, se ha bautizado como generación Z a quienes se manifiestan y se ha puesto el foco, principalmente, en sus particularidades culturales: una juventud que no ha conocido un mundo que no sea digital, que presenta nuevas formas de expresión identitaria —desde el fenómeno therian hasta expresiones como “farmear aura”—, muestra una mayor preocupación por la salud mental y el medio ambiente, y exige autenticidad a sus figuras públicas.
En el plano político, se ha insistido en un supuesto giro generacional hacia la extrema derecha, aunque las preferencias de las y los jóvenes distan de ser homogéneas y entre esta población también crece el apoyo a la izquierda. En todo caso, estos rasgos y tendencias no bastan para explicar por qué salen a la calle.
La respuesta exige mirar primero a lo que comparten: una infancia marcada por las consecuencias de la crisis financiera de 2008, una adolescencia atravesada por la pandemia y una entrada en la vida adulta en la que las dificultades de acceso a la vivienda hacen prácticamente imposible emanciparse. Aunque estas experiencias se viven de manera muy desigual según la clase social, todas apuntan a un problema de fondo: el contrato social no solo se incumple, sino que ha dejado de ser creíble. Para comprender el alcance de esta ruptura, conviene detenerse antes en tres grandes fracturas.
Tres fracturas
La primera es la degradación de los servicios públicos. Llevamos años asistiendo a su deterioro generalizado, de la sanidad a la educación, pasando por el transporte. Incluso los mecanismos que tradicionalmente permitían corregir las desigualdades, como el acceso a la universidad, están dejando de funcionar como vías de movilidad social. No es casual que una de las principales críticas de las protestas estudiantiles en Francia apunte a Parcoursup, la plataforma nacional que gestiona la admisión en los estudios superiores y que, según sus críticos, reproduce brechas y segregación. Ni que en Marruecos la sanidad se convirtiera en el eje de las movilizaciones, con un lema que lo resumía todo: “¡Queremos hospitales, no estadios!”, en referencia a las inversiones para preparar al país para la Copa Africana de Naciones y el Mundial de 2030.
La segunda fractura es un coste de vida que se ha vuelto inasumible. El acceso a una vivienda digna se ha convertido en una aspiración casi imposible, y con él se resiente todo lo demás. No poder emanciparse significa seguir viviendo con madres y padres, pero también renunciar a estudiar en otra ciudad y, a medida que pasan los años, aplazar o descartar una vida en pareja o la posibilidad de tener hijos. A ello se suman los efectos de expulsión, como la turistificación o la llegada de residentes con mayor poder adquisitivo que empujan a muchas personas hacia nuevas periferias, lo que rompe el arraigo y erosiona las identidades de barrio.
La tercera fractura, consecuencia de las anteriores, es la falta de horizonte. Para entender su alcance hay que ir más allá de las explicaciones habituales basadas en la frustración de expectativas o la privación relativa. No hablamos ya de aspiraciones insatisfechas, sino de una ausencia casi total de perspectivas de futuro. Se ha perdido la idea de progreso y, con ella, una determinada manera de afrontar el porvenir. Al mismo tiempo, se desmorona la ficción meritocrática del “si te esfuerzas, puedes ascender socialmente”. Una promesa que hoy está rota, como si se les dijera a las y los jóvenes: “Por mucho que te esfuerces, tu situación no va a mejorar”.
No es un accidente
Sería un error leer este deterioro como un efecto mecánico o aceptar sin más el argumento de que el modelo es insostenible. Estamos ante el resultado de décadas de decisiones fiscales por las que se han consolidado estructuras tributarias regresivas, se han multiplicado las exenciones y se ha renunciado a gravar de forma efectiva las grandes fortunas. La falta de recursos ha empujado además a los Estados a endeudarse (países como España, Italia o Francia tienen una deuda pública cercana o superior al 100 % del producto interno bruto), lo que los hace más dependientes de los mercados financieros y más vulnerables, justo cuando se les exige un mayor gasto en seguridad y defensa.
El resultado es un modelo que desintegra. Por un lado, la riqueza se concentra en cada vez menos manos, hasta el punto de que las personas multimillonarias acumulan hoy patrimonios sin precedentes. Por otro, se produce un desplazamiento hacia el mercado en ámbitos como la sanidad y la educación, de ahí que, en paralelo, veamos multiplicarse las compañías sanitarias y las universidades privadas hacia las que se desplaza la población que ya no encuentra cabida en el sistema público. Quien puede pagar, sale; quien no, se queda en un sistema cada vez más precario.
El caso de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años desahuciada, muestra que el conflicto no enfrenta necesariamente a jóvenes y mayores, sino a quienes viven de las rentas y quienes las pagan
Pero estas decisiones no solo han recortado recursos. Su continuidad durante décadas ha contribuido a configurar un sentido común que estrecha el abanico de lo políticamente posible. No se trata solo de impotencia política ni de que las élites actuales sean peores que las anteriores, sino también de una orientación política mantenida en el tiempo que ha terminado por dificultar la formulación e, incluso la imaginación de alternativas.
En este contexto se han perfilado, por lo general, dos salidas. La tecnocrática, propia de los partidos tradicionales de centroizquierda y centroderecha, que apela a la responsabilidad para explicar por qué no hay alternativa. Y la populista de extrema derecha, que promete reventar el sistema con su versión más radical en los libertarios que proponen directamente suprimir el Estado. Por caminos opuestos, ambas terminan alimentando una misma percepción: lo público ya no es la respuesta.
Un contrato que ya no se cree
Esa pérdida de confianza en lo público nos devuelve al problema de fondo: el contrato social ha dejado de ser creíble. Ese contrato nunca se cumplió del todo y conviene no caer en la nostalgia de una edad dorada que no existió, pero durante décadas funcionó como una promesa compartida. Precisamente porque se había generalizado la idea de que existía un pacto, su incumplimiento podía traducirse en demandas: quien protestaba lo hacía para exigir lo que se le debía. Hoy, en cambio, ya no se confía en que pueda cumplirse. Se cuestiona su viabilidad e incluso su necesidad.
Ese desgaste está ligado al abandono de las políticas de carácter universalista. Lo universal no solo sirve para abordar problemas estructurales y corregir desigualdades, sino que también promueve valores sociales y crea sentido de comunidad. Cuando los servicios dejan de concebirse como derechos compartidos, también se debilitan los vínculos colectivos que permiten defenderlos. Y cuando las instituciones dejan de ser interlocutores creíbles, el descontento no siempre adopta la forma de una reivindicación y puede buscar otros cauces.
Para muchas y muchos jóvenes, todo esto se traduce en una sensación generalizada de injusticia al percibir que los sacrificios recaen siempre sobre ellas y ellos, y el sistema no responde. Lo que debía ser un proyecto colectivo empieza a percibirse como una estafa. Las salidas a ese malestar son diversas. Puede alimentar movilizaciones contra la corrupción, como en Serbia o Albania, donde el rechazo no se dirige únicamente contra determinados dirigentes, sino también contra las prácticas y estructuras que permiten reproducirla. En otros casos, puede contribuir al auge de esa extrema derecha que convierte el deterioro de los servicios públicos en un argumento contra el propio Estado y extiende la idea de que lo público, simplemente, no funciona.
Hay además un segundo efecto, menos visible. Ante la falta de valores sociales compartidos y de un horizonte común, el mercado se ha convertido en una de las principales vías de integración. Si las posibilidades de realización personal y de pertenencia social dependen cada vez más del consumo, pero ese consumo resulta a la vez más inaccesible, lo normal es que aparezca la frustración. Las redes sociales no hacen sino intensificarla, con una exposición continua a estilos de vida aspiracionales que quienes los contemplan saben que difícilmente podrán alcanzar.
Un malestar, dos lógicas
Es a la luz de estas contradicciones como podemos interpretar las movilizaciones de las últimas semanas. Ante ellas se repiten las preguntas de siempre: ¿quiénes son los líderes?, ¿cuál es su demanda concreta?, ¿cómo se organizan? La dificultad para responder tiene que ver, en parte, con que seguimos utilizando categorías viejas y buscando explicaciones en marcos ya sobrepasados, pero también con la propia complejidad de unas protestas en las que se cruzan distintas lógicas. Entre ellas destacan dos, al menos por su visibilidad.
La primera es una lógica de clase, en la que reaparecen elementos clásicos del movimiento obrero, aunque reformulados. Esto plantea, además, otra pregunta: ¿estamos asistiendo al fin de la ilusión de la clase media? La adscripción de clase tiene mucho de autopercepción y, a medida que la situación objetiva se aleja de la percepción subjetiva, se debilita la pertenencia a esa categoría socialmente deseable. En paralelo, aparecen síntomas de cierto orgullo de pertenecer a las clases populares, que se expresa también en la recuperación de sus símbolos y repertorios de movilización.
Cuando las instituciones dejan de ser interlocutoras creíbles, el malestar puede convertirse en protesta, buscar otras formas de expresión o alimentar salidas autoritarias
En las protestas de los últimos meses han vuelto a verse banderas rojas y a escucharse cánticos del movimiento obrero. En Madrid, por ejemplo, durante el velatorio frente al piso de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años desahuciada y fallecida poco después, se cantó “Santa Bárbara bendita”, el himno de los mineros asturianos. Se recuperan también herramientas propias del mundo del trabajo, ahora aplicadas a la vivienda, como el sindicalismo, con organizaciones como el Sindicato de Inquilinas o el Sindicato de Vivienda de Carabanchel o la convocatoria de una huelga general, como la del 11 de noviembre, en España.
El caso de Maricarmen permite, además, cuestionar el supuesto enfrentamiento entre jóvenes y boomers. Su desahucio desencadenó una nueva acampada en la Puerta del Sol de Madrid, quince años después del 15M, con la recuperación de un repertorio de protesta que también se ha extendido a otras ciudades. Maricarmen se convertía así en símbolo de una movilización protagonizada en buena medida por jóvenes. Más que una brecha generacional, aquí aparece una división de clase que separa a quienes viven de las rentas de quienes las pagan, tengan la edad que tengan. En el fondo, estas movilizaciones buscan todavía rehacer el contrato social. Reclaman derechos porque aún reconocen un interlocutor al cual exigirlos.
La segunda lógica, más difícil de definir, expresa una ruptura más profunda con el sistema. A diferencia de la anterior, aquí el malestar no siempre se traduce en reivindicaciones concretas ni responde a una estrategia política reconocible. En determinados casos se articula mediante redes digitales y llamamientos anónimos difundidos por Telegram o canales similares, como sucede con Blocus, y tiene en los saqueos una de sus expresiones más visibles.
Sería fácil interpretar estas acciones como una simple manifestación de nihilismo, pero conviene leerlas a la luz de lo anterior. Si el consumo se ha convertido en una de las principales vías de reconocimiento y pertenencia social, al tiempo que resulta cada vez más inaccesible, el saqueo puede entenderse también como una forma de apropiarse de aquello que se les niega. Hay, además, otra dimensión. Cuando se pierde la confianza en que las demandas puedan ser atendidas, la frustración puede expresarse sin esperar una respuesta. Esta lógica no pide que se cumpla la promesa: la da por rota.
El riesgo de no entender
El riesgo, por tanto, es presentar estas movilizaciones como algo caótico, orientado a la desestabilización, y centrar la atención en sus expresiones más violentas. Esta lectura suele traer consigo una nueva oleada de criminalización de la protesta, en la que se endurecen, más si cabe, los discursos securitarios, se anuncia otra vuelta de tuerca a la normativa vigente y, sobre todo, se elude cualquier explicación sobre las causas del malestar.
En su lugar, se buscan chivos expiatorios. Las personas migrantes se convierten en el blanco más fácil de las iras alentadas por la extrema derecha. Un ejemplo de ello son las interpretaciones de los disturbios en Francia, donde se ha estigmatizado especialmente a las y los jóvenes de origen magrebí, a quienes se responsabiliza de su propia exclusión por su supuesta incapacidad para integrarse y aceptar los valores de la República francesa, como si el problema estuviera en ellas y ellos, y no en las condiciones sociales que alimentan su descontento.
Otra forma de eludir esas causas consiste en negar a las y los jóvenes su capacidad de agencia, al atribuir las movilizaciones a la manipulación mediante las redes sociales o a su instrumentalización por determinados partidos políticos. En ambos casos, se desatienden las causas de las protestas y se niega la existencia de un conflicto social que no puede explicarse únicamente por sus expresiones más visibles.
Más allá de las etiquetas generacionales, estas protestas revelan fracturas que tienen menos que ver con la edad que con la clase social y con un contrato que ha dejado de ser creíble. Lo que queda claro es que la juventud ha encontrado de nuevo en la calle un espacio común y, principalmente, un lugar de pertenencia: justo lo que el mercado prometía y no puede darle.
* Profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid. Es codirector del Grupo de Investigación Movilización, Contienda Política y Cambio Social (Movicon) e investigador del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI).
