Fuente: Imagen creada con IA.
Año 2, núm. 16, noviembre de 2026
ISSN 3122-3583
a fondo
¿Es México un país innovador?
Teresa García Gasca * y José Luis Solleiro **
México exporta manufacturas de alta tecnología, pero la capacidad de convertir conocimiento en patentes y valor nacional sigue rezagada. El texto revisa el lugar del país en el Índice Global de Innovación, el nearshoring, las patentes y las barreras que enfrentan las PyMEs para innovar.
Introducción: la paradoja del exportador manufacturero
Con un producto interno bruto (PIB) de 2,120 miles de millones de dólares, México es una de las 15 economías más grandes del mundo y un exportador de manufacturas indiscutible. Todos los días se envían a otros países automóviles, autopartes, piezas aeroespaciales de alta precisión, pantallas planas y dispositivos médicos complejos. Sin embargo, detrás de este impresionante escaparate de alta tecnología se esconde una incómoda paradoja: el país arrastra, desde hace décadas, un perfil predominantemente maquilador antes que generador de productos y servicios innovadores. Ensamblamos los productos que se diseñan en otras latitudes, pero aportamos muy poco valor agregado propio. Entonces, surge la pregunta: ¿es nuestro país realmente innovador? La respuesta honesta va más allá del orgullo manufacturero.
La innovación no consiste simplemente en adoptar tecnología ajena o abrir fábricas modernas en el territorio nacional; implica la capacidad de combinar creativamente el conocimiento en respuesta a necesidades sociales o demandas del mercado y esto tiene que ver con ser capaces de conceptualizar, patentar y comercializar soluciones originales a problemas. En México, ello está limitado por dos fallas estructurales: una inversión crónicamente baja en investigación y desarrollo (I+D) —particularmente aguda y dolorosa en el sector empresarial privado— y una desconexión histórica entre los generadores de conocimiento y el tejido industrial. Efectivamente, mientras las universidades y los centros de investigación publican artículos en revistas internacionales, las empresas suelen buscar sus soluciones tecnológicas en el extranjero.
México fabrica productos sofisticados; ¿cuánto del conocimiento y del valor se queda aquí?
Hoy México está ante una oportunidad: el fenómeno de la relocalización de cadenas de suministro, conocido globalmente como nearshoring, ha colocado al país en el centro de los reflectores comerciales. Grandes empresas buscan instalarse cerca de los mercados de consumo norteamericanos, lo que se potencia por la disputa entre Estados Unidos y China. No obstante, si México no aprovecha esta ocasión para transitar de la manufactura básica a la mentefactura, nos quedaremos con los mismos salarios bajos y la misma dependencia de siempre. Aunque los planes gubernamentales para el periodo 2026-2030 (materializados en el Plan México (1) y los programas especiales de soberanía tecnológica) presentan metas muy ambiciosas de contenido nacional, su viabilidad real pende de un hilo. Depende, en última instancia, de un aumento sustantivo de los presupuestos para programas e incentivos gubernamentales, de un verdadero compromiso de financiamiento privado y de una urgente reducción de la carga burocrática que sofoca a los emprendedores.
¿Cómo le va a México en el Índice Global de Innovación (GII)?
Para entender dónde estamos parados, es aconsejable asomarse al Índice Global de Innovación (GII, por sus siglas en inglés), que es un reconocido termómetro internacional que publica anualmente la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés).(2) Los datos más recientes confirman que México se encuentra anclado en la posición 58 a nivel mundial: fuerte manufactura y comercio tecnológico, pero poca capacidad de innovación interna. Si bien nos mantenemos entre los tres primeros lugares de América Latina, junto a Chile y Brasil, la distancia frente a las economías líderes del mundo sigue siendo abismal, y más cuando consideramos que México es la economía número 13.(3)
Al desglosar este indicador, la anatomía del problema mexicano salta a la vista. El índice mide dos grandes vertientes: los inputs (los recursos y condiciones que el país inyecta para que la innovación ocurra, como la infraestructura comercial, la inversión en investigación, las instituciones y el volumen de graduados en ingeniería) y los outputs (los resultados tangibles de ese esfuerzo, expresados en patentes comerciales explotadas, marcas registradas y transferencia tecnológica efectiva hacia la economía real). México califica tradicionalmente mejor en la formación de talento y la apertura de mercados que en los resultados palpables generados por ese talento. Producimos miles de ingenieros cada año, pero carecemos de los canales institucionales y financieros para que esos profesionales generen tecnología y funden empresas innovadoras.
Para subir puestos en este ranking global y transformar el panorama, no basta con desearlo; se requiere atacar deficiencias profundas. Necesitamos mejorar radicalmente la calidad de nuestras instituciones, dotar de certeza jurídica a las inversiones tecnológicas a largo plazo y elevar sustancialmente el porcentaje del PIB destinado a la ciencia y la tecnología, una cifra que en México ha venido disminuyendo en la presente década y se sitúa por debajo del 0.3 %, mientras que la media de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) supera el 2.7 %. (4)
Sin embargo, en medio del panorama inercial, brilla un caso de estudio sumamente revelador. Recientemente, la Ciudad de México logró colarse de manera inédita en el prestigioso Top 100 de clústeres de innovación del mundo, situándose en la posición 79.(5) A primera vista, la noticia parecería un motivo de celebración nacional absoluta, un indicador de que el ecosistema por fin está madurando; pero al examinar el logro con una lupa analítica, descubrimos una realidad agridulce. El ingreso de la capital a este selecto grupo se sostiene principalmente en el inmenso volumen de publicaciones académicas generadas por instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) o el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), sumado al registro de patentes comerciales.
Pero, ¿quién registra esas patentes? En su inmensa mayoría, no son inventores mexicanos ni micro, pequeñas y medianas empresas (PyMEs) locales; son principalmente corporativos multinacionales (farmacéuticas, automotrices, firmas de tecnología) que tienen oficinas o laboratorios en la capital y aprovechan el talento local para aplicar innovaciones cuyas ganancias terminan migrando hacia sus países de origen. Para 2025, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) anunció la cifra histórica de patentes concedidas a personas inventoras nacionales: 988, pero de un total de 10 840, lo que significa que apenas el 9 % de las invenciones pertenecen a talento mexicano.
Es un clúster de innovación real, sí, pero con un beneficio económico marcadamente extranjero. Además, es necesario considerar que una patente concedida significa solo la protección del conocimiento pero, si no es explotada, no tendrá impacto real en el mercado.
¿Innovan nuestras empresas? La problemática de los sectores productivos
Para comprender por qué pocas innovaciones propias florecen en territorio mexicano, es necesario comprender los dolores y carencias de nuestros sectores productivos. El primer gran obstáculo es lo que los economistas denominan la trampa de la maquila. Los sectores industriales más dinámicos, ricos y globalizados del país —como el automotriz, el aeroespacial y el electrónico— operan bajo una lógica de fragmentación global. Las fases más lucrativas del proceso de innovación (la investigación básica, el diseño conceptual, la arquitectura del software, la fabricación de las máquinas especiales y el desarrollo de nuevos materiales) se ejecutan celosamente en los centros de comando de Detroit, Stuttgart, Tokio, Shenzhen o Silicon Valley. A México se le asigna la tarea de la manufactura y el ensamble avanzado: procesos eficientes y de alta calidad, sin duda, pero que dejan márgenes de ganancia más estrechos y la agudización de la dependencia tecnológica de esas industrias. Somos la mano de obra calificada del mundo, pero pocas veces la mente creativa detrás de la innovación.
En el otro extremo del espectro productivo se encuentran las PyMEs, que constituyen la columna vertebral de la economía nacional al representar más del 98 % de las unidades económicas y generar la gran mayoría del empleo. Para la mayoría de estas empresas, innovar no es una opción de crecimiento; es un lujo impensable debido a tres grandes barreras de entrada:
- Falta crónica de acceso al crédito y capital de riesgo. La banca tradicional mexicana es profundamente conservadora. Prefiere financiar el consumo o bienes raíces antes que apostar por un desarrollo tecnológico que tiene riesgo y carece de garantías tangibles. Los fondos de capital de riesgo para etapas tempranas son escasos y sumamente selectivos, lo que deja a las startups tecnológicas locales a merced de una gran sequía financiera.
- Baja adopción digital y escasa vinculación. Una inmensa cantidad de PyMEs mexicanas opera todavía con procesos analógicos o sistemas digitales obsoletos. Tampoco conocen qué investigaciones se realizan en las universidades de sus propios estados ni saben cómo vincularse con los centros de investigación pública para resolver problemas técnicos concretos. Los programas públicos para impulsar esa vinculación desaparecieron en la administración anterior.
- Visión a corto plazo por presiones de supervivencia. En un entorno económico volátil, marcado por la informalidad, la competencia desleal y burocracias asfixiantes, el dueño de una PyME promedio gasta gran parte de su energía en lograr que el negocio sobreviva el próximo mes o pague la siguiente nómina. Pensar en una estrategia de I+D a cinco años es una quimera cuando el presente inmediato es una lucha diaria.
El país ocupa el lugar 58 en el Índice Global de Innovación, pese a ser una de las economías más grandes.
A este panorama empresarial se añade una profunda brecha regional que divide geográficamente al país. Mientras que los estados del norte y del Bajío (como Nuevo León, Querétaro, Chihuahua o Jalisco) han logrado consolidar corredores industriales dinámicos, clústeres tecnológicos florecientes y una incipiente cultura de la innovación impulsada por la cercanía con Estados Unidos, la gran mayoría de los estados del sur y sureste permanece dolorosamente marginada. En regiones como Chiapas, Oaxaca o Guerrero, los circuitos de innovación tecnológica son prácticamente inexistentes. Sus economías siguen ancladas en actividades primarias o de servicios de muy bajo valor, ensanchando una brecha social y económica que debilita la cohesión de toda la nación.
La apuesta oficial: el Programa Nacional de Innovación 2026-2030
Frente a estos desafíos, la administración pública federal ha puesto sobre la mesa el Programa Especial en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (PEMHCTI 2026-2030),(6) cobijado bajo las directrices económicas y los incentivos fiscales del denominado Plan México. Se trata de una hoja de ruta que busca, al menos en el papel, impulsar el avance hacia un modelo de desarrollo distinto.
El Programa articula su narrativa en torno a un concepto central: la soberanía tecnológica. La meta declarada es reducir la histórica dependencia que el país mantiene del extranjero en áreas críticas y estratégicas, como la producción de semiconductores (aprovechando los planes de relocalización norteamericanos), la autosuficiencia en el sector salud (mediante el desarrollo local de vacunas y medicamentos esenciales), el impulso a la electromovilidad y la transición hacia energías limpias. La narrativa oficial sostiene que México no puede considerarse una nación plenamente independiente si depende de su inserción subordinada a las cadenas de suministro internacionales.
Sin embargo, cuando se pasa de la retórica al análisis técnico de los instrumentos de la política, el optimismo se debilita notablemente. El Programa adolece de contradicciones profundas en su diseño operativo. La debilidad más evidente radica en sus mecanismos de financiamiento, los cuales se presentan extremadamente débiles, dispersos y carentes de un presupuesto público sustancial que los respalde. En lugar de diseñar fondos semilla audaces o robustecer la banca de desarrollo para que comparta el riesgo tecnológico con los empresarios, los presupuestos son precarios y las reglas de operación propuestas son complejas y cargadas de condicionantes ideológicas que dificultan el acceso a los recursos necesarios para innovar.
Asimismo, existe un alarmante descuido de otros instrumentos clave de la política pública de innovación. Los incentivos fiscales dirigidos a las empresas que invierten en I+D se han vuelto laberínticos y de difícil acceso para las PyMEs, beneficiando casi exclusivamente a los grandes consorcios corporativos que cuentan con equipos de contadores y abogados para tramitarlos. Tampoco se observan estrategias efectivas de compras gubernamentales innovadoras —un instrumento que países como Corea del Sur o Estados Unidos han utilizado con éxito rotundo, donde el Estado se convierte en el primer cliente de las tecnologías desarrolladas por emprendedores locales—. Al ignorar estas herramientas, el PEMHCTI y el Plan México corren el grave riesgo de convertirse en un catálogo de buenas intenciones, pero carente de las palancas económicas reales que se necesitan para mover la pesada maquinaria productiva nacional.
¿Realmente llegaremos a ser potencia científica? Viabilidad del programa
Al evaluar fríamente la viabilidad del PEMHCTI con las bases actuales de las que dispone el país, la conclusión obliga a un escepticismo constructivo. Con el diseño presupuestal y operativo vigente, el Plan es, en gran medida, inviable para lograr la transformación estructural que promete. No se puede lograr la soberanía tecnológica por decreto mientras la inversión en ciencia y tecnología se mantiene en niveles de supervivencia y el sector privado percibe un entorno de desconfianza o falta de reglas claras.
Existen, sin duda, algunos factores a favor que podrían dotar de viabilidad parcial a ciertos objetivos. El dinamismo que inyectaría el nearshoring es una fuerza económica que puede impulsar la tecnificación de ciertos sectores. Si el gobierno logra coordinar de manera inteligente los nuevos Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (7) y condiciona la llegada de las grandes inversiones extranjeras a programas reales de transferencia de tecnología y capacitación de ingenieros locales, se podrían encender pequeños motores regionales de innovación de gran valía. Pero concretar esto depende de construir infraestructura moderna, formar personal calificado, ofrecer seguridad jurídica y facilitar la inversión, todo lo cual depende de políticas públicas eficaces.
Por otro lado, los riesgos de fracaso son mayúsculos. El principal es la persistencia de una burocracia institucional lenta y desconfiada del sector privado, que mira la ganancia comercial de la ciencia con recelo en lugar de considerarla como un motor de bienestar. Si los centros públicos de investigación siguen asfixiados por recortes presupuestales y si los investigadores locales se ven atrapados en el papeleo en lugar de estar en los laboratorios, el ecosistema continuará deteriorándose. El riesgo final es la profundización de la fuga de cerebros en la que los jóvenes mexicanos más brillantes sigan encontrando en los ecosistemas de Europa, Asia o Estados Unidos el cobijo financiero y la libertad creativa que su propio país les regatea.
¿Hay perspectivas?
¿Tenemos salidas posibles ante este laberinto? Por supuesto que sí. El estancamiento no es un destino manifiesto, sino la consecuencia de decisiones políticas y empresariales postergadas. Para trazar una ruta de mejora real y sostenible hacia el futuro, es indispensable implementar un catálogo de acciones urgentes, audaces y pragmáticas:
Financiamiento público-privado: es urgente crear un Fondo Nacional de Investigación Tecnológica, un modelo donde por cada peso que el sector privado invierta en desarrollar una tecnología mexicana para resolver un problema nacional, el Estado aporte otro peso a fondo perdido, compartiendo genuinamente el riesgo de la innovación. Asimismo, se debe transformar radicalmente la banca de desarrollo (como Nacional Financiera) para que actúe como un verdadero fondo de capital de riesgo para startups y PyMEs de base tecnológica, evaluando los proyectos por su viabilidad científica y comercial, y no por sus garantías inmobiliarias. También es indispensable establecer estrategias de compra pública de innovación.
El nearshoring abre una ventana: aprovecharla requiere inversión, certidumbre y menos trabas para innovar.
Simplificación y reducción de la burocracia: innovar en México debe dejar de ser una odisea administrativa. Esto implica el rediseño de políticas y procedimientos institucionales en agencias gubernamentales, universidades y centros de investigación para lograr que las decisiones se tomen rápidamente y los procesos para la firma de convenios y la ejecución de recursos se realicen de forma expedita. Se requieren verdaderas oficinas de transferencia ejecutivas que apoyen la inventiva con especialistas en propiedad industrial, abogados, expertos de mercado, ingenieros de escalamiento, especialistas regulatorios, expertos financieros y venture builders.
Incentivos fiscales automáticos y pro PyME: se deben rediseñar los estímulos fiscales para que sean de aplicación automática y directa en la declaración de impuestos de cualquier empresa que compruebe gastos en investigación o en la contratación de doctores y maestros en ciencias. Estos incentivos deben tener un enfoque preferencial para las PyMEs, eliminando las barreras de entrada burocráticas que hoy los hacen exclusivos de los grandes corporativos.
La triple hélice: universidad-empresa-gobierno: se necesita reformar los criterios de evaluación del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII). Un científico no debería ser evaluado únicamente por la cantidad de artículos que publica, sino por su capacidad para transferir ese conocimiento al mercado, fundar empresas de base tecnológica (spin-offs) o resolver problemas críticos de la industria local. Las universidades públicas deben contar con oficinas de transferencia de tecnología profesionales y comerciales, no burocráticas. Por su parte, las empresas deberían acercarse a las instituciones generadoras de conocimientos para propiciar proyectos conjuntos, los cuales pueden fomentarse mediante recursos complementarios aportados por el gobierno. Se trata de tener voluntad para que las hélices verdaderamente se entrelacen.
Establecer nuevos indicadores y métricas: no quedarse únicamente en el número de patentes concedidas como hasta ahora, sino avanzar hacia la transferencia tecnológica y la comercialización.
Conclusión: ¿a quién le toca mover el motor?
La innovación no es un fenómeno mágico que brota de la nada ni un lujo reservado exclusivamente para los países ricos; es, por el contrario, la herramienta indispensable que convierte a los países en sociedades prósperas. México se encuentra en un momento propicio para aprovechar su ventaja geográfica y comercial, pero eso implica entender que dicha ventaja será efímera si seguimos compitiendo únicamente con base en salarios bajos, energía barata y facilidades logísticas de ensamble.
¿A quién le toca hacer la tarea? La responsabilidad es compartida e inaplazable:
Al gobierno federal le toca asumir un rol de facilitador y estratega audaz. Debe abandonar la visión asistencialista o centralista de la ciencia y entender que la soberanía tecnológica se construye financiando laboratorios y proyectos, desburocratizando trámites, aliándose con el sector privado y creando un terreno de juego fértil y predecible para la inversión.
A las y los empresarios les corresponde sacudirse de una vez por todas la mentalidad rentista y de corto plazo. Deben comprender que comprar tecnología empaquetada en el extranjero los condena a ser siempre actores secundarios en las cadenas globales. Invertir en la generación de innovación propia es la única vacuna real contra la obsolescencia comercial.
A las universidades y centros de investigación les toca derribar los muros de su torre de marfil. Deben mirar hacia las necesidades del mercado, de las PyMEs de sus comunidades y de la sociedad, abrazando el emprendimiento tecnológico con audacia, eficiencia y sin prejuicios ideológicos.
El marco temporal del Programa Nacional de Innovación concluye en 2030. De las acciones coordinadas que comencemos a ejecutar hoy dependerá que esa fecha marque la transición a un México innovador o simplemente sea el recordatorio de otra oportunidad histórica que vimos pasar de largo desde la línea de ensamble.
* Profesora-investigadora de la Facultad de Ciencias Naturales y exrectora de la Universidad Autónoma de Querétaro.
** Investigador del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Referencias
(1) Gobierno de México. (s. f.). Plan México. https://www.planmexico.gob.mx/
(2) OMPI (WIPO). (s. f.). Global Innovation Index 2025,
https://www.wipo.int/web-publications/global-innovation-index-2025/en/index.html
(3) Gobierno de México. (s. f.). Posición de México en el mundo,
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/43882/MEX_Ficha_resumen.pdf
(4) Banco Mundial. (s. f.). Gasto en investigación y desarrollo (% del PIB). https://datos.bancomundial.org/indicador/GB.XPD.RSDV.GD.ZS
(5) Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. (2025, 3 de septiembre). La CDMX ingresa al ranking de los 100 clústeres de innovación a nivel mundial de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). https://www.gob.mx/impi/prensa/la-cdmx-ingresa-al-ranking-de-los-100-clusteres-de-innovacion-a-nivel-mundial-de-la-organizacion-mundial-de-la-propiedad-intelectual-ompi
(6) Programa Especial en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación 2026-2030. (DOF, 18 de mayo de 2026). https://sidof.segob.gob.mx/notas/5787691
(7) Secretaría de Economía. (2026, 16 de octubre). Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar. https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/polos-de-desarrollo-economico-para-el-bienestar
