Fuente: Imagen creada con IA.
Año 2, núm. 13, agosto de 2026
ISSN 3122-3583
a fondo
Cuando el desastre natural se encuentra con el autoritarismo
María Gabriela Trompetero *
El terremoto derribó edificios, pero también dejó al descubierto las ruinas del Estado: comunidades excavando con sus manos, familias buscando respuestas y una diáspora obligada a sostener desde lejos al país que las instituciones abandonaron.
Nací en Caracas en 1988. Recuerdo las devastadoras imágenes del terremoto de Cariaco de 1997 y crecí escuchando, como tantos caraqueños, los relatos del aterrador terremoto de Caracas de 1967. Venezuela se ubica sobre el límite entre las placas del Caribe y Suramericana, por ello, la posibilidad de un gran terremoto estuvo siempre presente. Crecí sabiendo que la pregunta no era si ocurriría, sino cuándo.
Los terremotos son naturales; las catástrofes humanas se construyen cuando la prevención, la ciencia y las instituciones son sustituidas por el abandono.
Con los años dejé de temer únicamente al terremoto. Empecé a temer el país en el que ocurriría.
Los terremotos son fenómenos naturales. La magnitud de los desastres, en cambio, es el resultado del encuentro entre una amenaza natural y las vulnerabilidades de una sociedad. Depende tanto del movimiento de las placas tectónicas como de la capacidad de un Estado para reducir riesgos, proteger a su población y responder con eficacia cuando ocurre una emergencia.
El 24 de junio esa pesadilla se hizo realidad. Dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron Venezuela y afectaron con mayor intensidad a los estados de La Guaira, Distrito Capital, Aragua, Carabobo y Miranda. Al 23 de julio, según cifras oficiales,(1) el balance ascendía a 5 398 personas fallecidas, 16 740 heridas, 6 462 rescatadas, más de 128 324 familias atendidas, mientras que 23 335 personas permanecen en 107 campamentos transitorios. Además, 856 edificios resultaron afectados, de los cuales 190 colapsaron por completo.
Cuando el Estado no llega
Las cifras son devastadoras, pero cuentan solo una parte de la historia. Hay una escena que se repite en decenas de entrevistas a sobrevivientes. En muchos casos, quienes removieron los escombros no fueron equipos especializados, sino vecinos, padres, hermanos y amigos. “Fuimos nosotros quienes sacamos a nuestros familiares”. “Esperamos días antes de que llegara ayuda”. “Solo teníamos nuestras manos”. En muchas de las zonas más afectadas, la respuesta estatal tardó más de 72 horas. Hasta la llegada de la ayuda internacional, fueron las propias comunidades quienes sostuvieron las primeras horas de la emergencia: improvisaron herramientas, organizaron cadenas humanas, habilitaron centros de acopio y rescataron a sus muertos y heridos. A más de un mes de la tragedia, aún hay familias buscando a sus seres queridos entre los escombros con sus propias manos y recursos.
Las imágenes también mostraron otra dimensión del desastre. Mientras cientos de personas buscaban desesperadamente a sus familiares, periodistas denunciaban restricciones para documentar la magnitud de la tragedia y la ciudadanía reportaba casos de saqueos por parte de cuerpos de seguridad. En los regímenes autoritarios, las instituciones de seguridad suelen estar diseñadas prioritariamente para preservar el poder político. El terremoto evidenció hasta qué punto esa lógica también condiciona la capacidad del Estado para proteger a su propia población durante una catástrofe natural.
La tragedia tampoco golpeó a un país cualquiera. Llegó en medio de una emergencia humanitaria compleja que Venezuela arrastra desde hace más de una década. Los venezolanos aprendimos hace años a organizar campañas de recaudación para costear medicamentos, cirugías o tratamientos que el sistema público dejó de garantizar. Después del terremoto, esas mismas plataformas también recolectan dinero para prótesis para personas amputadas, para familias que lo perdieron todo y, en algunos casos, el alquiler de maquinaria pesada para recuperar de entre los escombros los cuerpos de quienes, ese día feriado, estaban reunidos viendo el juego Brasil-Escocia del Mundial de fútbol.
Quizá esa sea una de las imágenes más dolorosas que deja esta tragedia en Venezuela: incluso recuperar el cuerpo de un ser querido depende, muchas veces, de la organización ciudadana y no de la capacidad del Estado.
Durante más de dos décadas, el país ha experimentado un profundo deterioro institucional. La erosión del Estado no comenzó con edificios desplomados, sino mucho antes: con instituciones convertidas en instrumentos de control político, presupuestos desviados, obras públicas inconclusas, hospitales sin insumos, servicios básicos colapsados y uno de los mayores desplazamientos forzados en la historia contemporánea.
La sociedad civil y la diáspora venezolana han tenido que financiar rescates, medicinas y maquinaria: una solidaridad admirable que denuncia el fracaso del Estado.
La gestión de la información ilustra bien esta realidad. En un país donde acceder a datos públicos confiables ha sido difícil durante los últimos años, una de las mayores incógnitas sigue siendo el número de personas desaparecidas. El gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez no ha publicado un registro oficial, mientras distintos medios sitúan las estimaciones entre 10 000 y 50 000 personas desaparecidas.(2) Más allá de cuál sea la cifra definitiva, la ausencia de información fiable constituye un problema en sí mismo. En una emergencia, los datos también salvan vidas: permiten orientar las labores de búsqueda, distribuir ayuda humanitaria, planificar la reconstrucción y ofrecer respuestas a miles de familias que aún desconocen el destino de sus seres queridos.
En ese contexto, un terremoto no golpea únicamente infraestructuras, golpea una sociedad que ya llegaba profundamente golpeada.
Una tragedia anunciada
Nunca le tuve miedo únicamente al terremoto. Le tenía miedo a un terremoto en un país donde el conocimiento científico fue progresivamente subordinado a la lógica política. En 2005, una misión de expertos japoneses advirtió(3) sobre la alta vulnerabilidad sísmica de Caracas y formuló una serie de recomendaciones para reducir el impacto de un eventual terremoto y minimizar la pérdida de vidas humanas. Dos décadas después, aquellas recomendaciones habían quedado prácticamente relegadas al olvido. La tragedia no solo confirmó el riesgo geológico; también evidenció el costo de desatender durante años la evidencia científica.
La Guaira, el mismo estado que en 1999 sufrió el deslave de Vargas, una de las peores catástrofes naturales de la historia de América Latina, volvió a convertirse en escenario de una tragedia que pudo haber encontrado al país mejor preparado.
Durante los días posteriores al terremoto observé que muchos jóvenes desconocían incluso que Venezuela es un país sísmico. Ese desconocimiento también es una consecuencia del deterioro institucional. Cuando el Estado deja de invertir en prevención, educación y gestión del riesgo, no solo se deterioran la infraestructura y la capacidad de respuesta: también se pierde la memoria colectiva. Y cuando una sociedad olvida los riesgos que enfrenta, queda inevitablemente más expuesta a repetir sus tragedias.
Cuando la sociedad civil sustituye al Estado
Venezolanas y venezolanos en todo el mundo han organizado campañas de recaudación desde universidades, iglesias, asociaciones de personas migrantes y pequeños negocios. Personas que también enfrentan dificultades económicas encontraron tiempo para clasificar medicamentos, crear plataformas digitales de información, coordinar envíos, traducir información, recaudar fondos, brindar apoyo emocional e incluso viajar a las zonas afectadas para colaborar directamente en las labores de asistencia.
Esa solidaridad es profundamente conmovedora. Pero también revela una paradoja dolorosa: la diáspora y la sociedad civil venezolana han terminado asumiendo responsabilidades que, en cualquier democracia con instituciones sólidas, corresponderían al Estado.
No deberíamos normalizar que sea la ciudadanía, dentro y fuera de Venezuela, quien financie tratamientos médicos, alquile maquinaria para remover escombros o suministre alimentos e insumos de emergencia. Tampoco deberíamos aceptar que la respuesta humanitaria dependa, una y otra vez, de redes informales de voluntariado dispersas por el mundo.
La reconstrucción no comenzará al retirar los escombros, sino cuando Venezuela recupere instituciones capaces de proteger a su población antes de la próxima emergencia.
Sin embargo, eso es exactamente lo que ha ocurrido durante años. Cada apagón, cada inundación, cada epidemia, cada episodio de represión política y ahora el terremoto reactivan las mismas redes de apoyo, fortalecidas tras más de dos décadas de crisis. Son redes admirables, construidas con enorme generosidad, pero existen precisamente porque las instituciones dejaron de cumplir la función para la que fueron creadas.
Paradójicamente, esa capacidad de organización constituye una de las mayores fortalezas de la sociedad venezolana. Después de más de dos décadas de crisis, la ciudadanía ha desarrollado formas extraordinarias de cooperación y ayuda mutua. Pero la resiliencia nunca debería convertirse en una excusa para normalizar el abandono estatal.
Más de ocho millones de venezolanas y venezolanos viven hoy fuera del país. Eso significa que miles de familias enfrentaron el terremoto separadas por las fronteras, mientras sus allegados morían, resultaban heridos o perdían sus hogares. Sobrinos intentaban coordinar el rescate de sus tías desde Leipzig o Bogotá; primas organizaban campañas de recaudación desde Ciudad de México; hijos seguían desesperadamente las noticias desde Madrid, esperando una llamada que confirmara que sus padres seguían con vida.
La diáspora no solo envía remesas. También sostiene redes de cuidado, moviliza recursos, organiza ayuda y vive con la angustia de intentar proteger a los suyos desde miles de kilómetros de distancia.
Ese quizá sea uno de los rasgos más singulares de esta tragedia. En una emergencia, la distancia no reduce el tejido social. Millones de personas venezolanas vivieron el terremoto lejos de casa, pero no al margen de él. La diáspora se convirtió, una vez más, en un actor humanitario indispensable porque el Estado dejó de cumplir esa función.
La verdadera reconstrucción
Reconstruir no consiste únicamente en levantar edificios. Implica recuperar instituciones confiables, restablecer la independencia técnica de los organismos públicos, respetar el conocimiento científico, invertir en prevención y garantizar que el Estado vuelva a proteger a su ciudadanía.
Sin embargo, ese horizonte parece hoy lejano. Resulta difícil imaginar una reconstrucción efectiva bajo un gobierno interino e ilegítimo que representa la continuidad del aparato autoritario construido durante más de dos décadas y que hoy cuenta con el respaldo de la administración Trump. La recuperación de Venezuela exige mucho más que recursos económicos o ayuda internacional: requiere una transición política capaz de reconstruir las instituciones, devolver la autonomía a los organismos técnicos y recuperar la confianza ciudadana.
Esa sigue siendo, ante todo, una tarea de las y los venezolanos, pero también interpela a una comunidad internacional que no puede dar por concluido su compromiso con la democracia venezolana mientras persistan las condiciones que transformaron un fenómeno natural en una catástrofe humana de dimensiones históricas. Porque la verdadera reconstrucción de Venezuela no comenzará cuando se retiren los últimos escombros, sino cuando el país vuelva a contar con un Estado capaz de proteger a su población antes, durante y después de la próxima emergencia.
* Docente e investigadora en movilidad humana, Universidad de Bielefeld.
Referencias
(1) Euronews (23 de julio de 2026). El terremoto de Venezuela suma 52 muertos más y el balance sube a 5.398 fallecidos. https://es.euronews.com/2026/07/23/el-terremoto-de-venezuela-suma-52-muertos-mas-y-el-balance-sube-a-5398-fallecidos
(2) DW (2026). Terremotos en Venezuela: tras la cifra de fallecidos. https://www.dw.com/es/terremotos-en-venezuela-tras-la-cifra-de-fallecidos/a-78020060
(3) Japan International Cooperation Agency (JICA) (2005). Estudio sobre el Plan Básico de Prevención de Desastres en el Distrito Metropolitano de Caracas en la República Bolivariana de Venezuela. https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/11789229_01.pdf
