Fuente: Imagen creada con IA.
Año 1, núm. 11, junio de 2026
ISSN 3122-3583
entre-mes
Entre la injerencia externa y la captura interna: repensando la soberanía nacional en México
Alejandro Anaya Muñoz *
¿Qué soberanía puede defender un Estado que ya no gobierna plenamente su territorio? Mientras México denuncia las amenazas de intervención extranjera, el crimen organizado captura instituciones, impone decisiones y disputa el control del país desde dentro. El desafío no es solo impedir que otros entren, sino recuperar al Estado.
El concepto de soberanía implica la facultad de un actor de tomar e implementar decisiones sin injerencias no consensuadas, ilegales o arbitrarias de un tercero. En este sentido, cuando se habla de soberanía nacional se hace referencia al ejercicio de una nación de gobernarse a sí misma de manera mayormente autónoma o independiente.
Las naciones, por otro lado, depositan el ejercicio de su soberanía en su corolario contemporáneo: los Estados. Por su parte, en términos prácticos, los Estados toman forma y actúan mediante un conjunto de instituciones concretas, que conforman los llamados poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los distintos ámbitos de autoridad (en el caso de las federaciones: municipal, estatal y federal). De esta manera, la soberanía nacional es custodiada y ejercida por las instituciones del Estado. En contextos no democráticos o autoritarios, esta equiparación entre la soberanía nacional y la del Estado se vuelve sin duda problemática, pero mantengámosla como supuesto analítico, para efectos de la reflexión que sigue.
Un Estado débil difícilmente puede ejercer su soberanía o salvaguardar la soberanía nacional de manera efectiva.
Normalmente, los discursos políticos o las discusiones públicas sobre la soberanía nacional en México se centran en su dimensión externa; es decir, la que se relaciona con la no intervención de un Estado en los asuntos internos de otro. En efecto, el principio de soberanía y no intervención en los asuntos internos de otros Estados está en el corazón del sistema internacional westfaliano y, sin duda, de la política exterior de México. Sin embargo, la soberanía nacional —y, por lo tanto, la estatal— tiene también una dimensión interna, que tiene que ver con la capacidad de las instituciones del Estado de tomar e implementar sus decisiones de manera mayormente autónoma o independiente, sin injerencias, imposiciones o condicionamientos por parte de grupos de poder interno que no han sido electos o no tienen atribuciones para participar de manera legítima en el ejercicio de gobierno. Por supuesto, en cualquier sociedad existen grupos de interés legítimos —sindicatos, iglesias, grupos empresariales, organizaciones de la sociedad civil, etcétera— que ejercen cierto nivel de influencia sobre las instituciones del Estado.
Esto no tiene por qué entenderse como una injerencia en el ejercicio de la soberanía estatal, si se lleva a cabo dentro del marco de lo legal y sin que merme de manera efectiva y significativa la capacidad última de las instituciones del Estado de gobernar. No obstante, si no se cumplen estas condiciones, sí se puede generar un problema práctico en el ejercicio de la soberanía. En el contexto actual de México, organizaciones criminales ejercen el control efectivo sobre distintos territorios o ámbitos de la vida pública y privada del país. Mediante una mezcla compleja entre corrupción y coerción, a menudo, dichas organizaciones criminales determinan las decisiones y acciones de las instituciones del Estado de manera ilegal, significativa y hasta sistemática, disminuyendo profundamente la habilidad de estas para tomar e implementar decisiones autónomas. Es así que en el México de hoy cualquier reflexión sobre la soberanía debe tener muy en cuenta su dimensión interna.
Efectivamente, la soberanía nacional es un principio consagrado en el derecho internacional. Asimismo, las instituciones del Estado son las únicas legalmente facultadas para gobernar; sin embargo, al final del día —desde una perspectiva operativa y pragmática—, su ejercicio es una cuestión principalmente de capacidades de las instituciones del Estado. Es decir, más allá de la teoría jurídica o la retórica, un Estado podrá realmente ejercer la soberanía en cuanto tenga las capacidades económicas, políticas y de fuerza pública necesarias para impedir la injerencia de terceros, sean otros Estados o sean poderes fácticos internos, en su proceso de toma e implementación de decisiones.
Un Estado con capacidades institucionales sólidas tendrá mejores condiciones para resistir las presiones o las acciones injerencistas de otro Estado, y podrá también —en el ámbito interno— ejercer de manera efectiva el monopolio en el uso de la fuerza y garantizar el Estado de derecho dentro de su territorio. Un Estado con escasas capacidades no podrá hacer bien ni una cosa ni la otra. En otras palabras, un Estado débil difícilmente podrá ejercer su soberanía —o salvaguardar la soberanía nacional— de manera efectiva.
El papel de las capacidades en el ejercicio de la soberanía nacional pone sobre la mesa una reflexión sobre la debilidad del Estado mexicano en la actualidad, a la luz de las presiones o imposiciones —en ámbitos como la migración, el comercio y la seguridad— por parte del gobierno de Estados Unidos y también de las organizaciones criminales que operan en el país. Sin embargo, en esta ocasión quiero centrar mi atención en la compleja interacción entre las dimensiones externa e interna de la soberanía nacional.
El principal desafío para México no es únicamente resistir las presiones externas, sino recuperar a las instituciones y los territorios capturados por las organizaciones criminales.
Es evidente que durante las últimas décadas, el Estado mexicano no ha podido controlar el persistente aumento del poder —económico, político, de uso de la fuerza y hasta sociocultural— de las organizaciones criminales transnacionales que tienen su origen y operan en el territorio nacional. Mediante la corrupción y la coerción, la influencia de estas organizaciones sobre las instituciones del Estado se ha hecho más amplia y profunda.
En este contexto, la capacidad de las instituciones del Estado de operar de manera soberana —es decir, libres de la injerencia de terceros— no es uniforme, lo que la asemeja a una especie de queso gruyere, al tener múltiples huecos, donde es visible que las instituciones del Estado realmente no gobiernan o lo hacen siguiendo las decisiones o los intereses de las organizaciones criminales. Este, me parece, es el principal reto a la soberanía nacional en el México de hoy.
Por otro lado, si ese déficit en el ejercicio de la soberanía nacional tiene como una de sus principales causas la falta de capacidades de las instituciones del Estado —siendo la falta de voluntad de la clase política otra de las variables clave—, alguien podría argumentar que la participación de un tercer Estado con más capacidades y voluntad en el combate al crimen organizado en México debería ser considerada como una alternativa digna de consideración. Por supuesto, si se hablara de una estrategia integral para el fortalecimiento de las instituciones mexicanas de seguridad y administración e impartición de justicia, en los ámbitos federal, estatal y municipal, que además se diera en el marco de un modelo de cooperación internacional soberanamente aceptado y definido en sus alcances por el propio Estado mexicano, se diluiría en buena medida una potencial tensión entre dicha participación extranjera y el ejercicio de la soberanía nacional. Sin embargo, si se tratara de una estrategia basada en operaciones por parte de fuerzas armadas extranjeras para abatir a capos del narcotráfico o para sustraer de manera ilegal a políticos corruptos, que además se llevara a cabo de manera impuesta o forzada, en contra de la voluntad de las instituciones del Estado mexicano, se activaría de inmediato una clara tensión entre las dimensiones externa e interna de la soberanía nacional.
En teoría, podría darse el escenario de que el uso directo de la fuerza por parte de un gobierno extranjero en territorio mexicano mermara las capacidades de grupos del crimen organizado y, aunque socavara la soberanía nacional en su dimensión externa, tuviera un impacto positivo en las condiciones para su ejercicio en el ámbito interno. ¿Cuántas voces dentro de México han abogado recientemente por que el gobierno de Estados Unidos actúe directamente en dicho país, sin importar el aval de nuestro gobierno, para detener o abatir líderes de organizaciones criminales que no solamente distribuyen drogas en el país vecino, sino que también lo hacen en el nuestro, al mismo tiempo que extorsionan, explotan, ejecutan y desaparecen mexicanas y mexicanos? Estas voces le dan más peso o valor a la dimensión interna de la soberanía nacional. En otras palabras, parecen estar dispuestas a sacrificar la soberanía, en su dimensión externa, a cambio de vivir en un contexto de mayor seguridad interna.
Una postura de este tipo puede parecer atractiva e incluso tener cierta lógica para algunas personas, pero tiene dos problemas prácticos de fondo: por un lado, asume que la estrategia de detener o asesinar líderes del crimen organizado funcionará y realmente disminuirá el poder y las capacidades de las organizaciones criminales; por otro lado, descuenta posibles injerencias violentas, ilegales y arbitrarias en el futuro, en otro tipo de casos o ámbitos de la vida pública de México.
La solución de fondo no pasa por abatir capos, sino por fortalecer las policías civiles, las fiscalías y los tribunales en los tres ámbitos de gobierno.
El problema que enfrentamos en materia del poder excesivo y la espiral de violencia que generan las organizaciones del crimen organizado es mucho más complejo. Tras cortar la cabeza a una estructura criminal surgirá otra o, lo que es peor, otras cabezas más en su lugar. La estrategia de decapitación en un contexto de debilidad institucional puede generar fragmentación, competencia interna y reconfiguración organizacional violenta.
Más allá de las decapitaciones y su efecto mediático, la solución de fondo pasa necesariamente por el fortalecimiento y blindaje de las fuerzas policiales civiles en los tres ámbitos de gobierno y, principalmente, de todo el aparato de administración e impartición de justicia (fiscalías y juzgados). La verdadera salvaguarda de la soberanía nacional tiene que ver, fundamentalmente, con mayores competencias de las instituciones del Estado; en concreto, con más y mejores capacidades para investigar los delitos y sancionar con efectividad a las y los responsables.
Por otro lado, una intervención por parte de fuerzas armadas del gobierno de Estados Unidos abriría un peligroso boquete en la soberanía nacional, en su dimensión externa. ¿Qué podría seguir, en el futuro, después de la ejecución de un capo del narcotráfico o incluso de la abducción de un político corrupto? ¿Qué otra demanda, en qué otro ámbito de la vida política o económica del país, sería la siguiente? Estoy seguro de que esa es una puerta que, en el contexto actual de la política internacional, no nos conviene abrir.
Desde una perspectiva teórica, este ensayo visibiliza las posibles tensiones entre las dimensiones externa e interna de la soberanía nacional. Desde el ángulo del análisis de la coyuntura actual de nuestro país, enfatiza que la recuperación de las instituciones del Estado, capturadas por los grupos criminales internos —en distintos territorios y ámbitos clave de la vida pública nacional—, es el verdadero reto a la soberanía nacional que enfrenta México.
La solución de este desafío pasa por el fortalecimiento del aparato completo de seguridad pública y administración e impartición de justicia. Un esquema de cooperación internacional integral, de largo plazo, con recursos suficientes y consensuado entre ambas naciones podría sin duda ayudar y no significar una tensión entre las dimensiones externa e interna de la soberanía nacional. Una intervención por parte de fuerzas armadas de Estados Unidos violenta, ilegal y no aceptada por el Estado mexicano no solucionaría nuestros problemas en materia de soberanía en su dimensión interna y abriría una caja de pandora en su dimensión externa. Independientemente de las tensiones entre estas dimensiones, el reto actual para México es eminentemente interno y nos compete primordialmente a las y los mexicanos.
* Vicerrector académico de la Universidad Iberoamericana.
