Año 1, núm. 3, octubre de 2025
a fondo
De la guerra contra el narco al mando del Estado: militarización y colapso democrático
Jorge Javier Romero Vadillo
La militarización progresiva fue posible debido a la ausencia de voluntad política para redefinir el papel de los militares en el nuevo régimen y a la iniciativa de los propios mandos castrenses, que encontraron una oportunidad para ampliar su influencia en la conducción del Estado.
1. Un régimen democrático inconcluso ante el poder militar
La democratización mexicana desmontó el régimen autoritario de partido hegemónico y permitió la competencia electoral efectiva; sin embargo, la transición no incluyó una transformación equivalente en el ámbito del poder militar. En lugar de subordinar a las Fuerzas Armadas al nuevo orden constitucional, como ocurrió en otras transiciones democráticas, en México se dio por resuelto un problema que nunca se abordó. La estructura militar quedó intacta, sin que se establecieran mecanismos efectivos de control civil sobre su funcionamiento, su presupuesto o sus ámbitos de intervención.
El acuerdo político de 1996 se centró en la creación de condiciones de equidad electoral y en la renovación de los órganos de representación, pero dejó fuera del debate el papel de los militares en el nuevo régimen. Las Fuerzas Armadas aprovecharon ese vacío. Conservaron su autonomía operativa y presupuestal, y evitaron someterse a la deliberación pública. Supieron adaptarse al nuevo entorno institucional sin renunciar a los privilegios construidos durante el régimen autoritario.
El fin del presidencialismo autoritario no fue acompañado por la construcción de instituciones civiles eficaces en materia de seguridad pública. Ante la fragmentación de las redes de control territorial que durante décadas gestionó el PRI, emergieron mercados de violencia donde el Estado perdió capacidad de intermediación. Los gobiernos civiles, carentes de diagnósticos claros y sin proyectos institucionales de largo plazo, dejaron que el Ejército ocupara espacios antes reservados a autoridades civiles.
Los gobiernos democráticos claudicaron en la tarea de construir policías profesionales con mando civil. Más allá del esfuerzo parcial que representó la creación de la Policía Federal, las estructuras locales de seguridad continuaron funcionando bajo lógicas clientelares, sin controles, sin estándares y con un reclutamiento marcado por el favoritismo. Lo mismo ocurrió con las procuradurías: las reformas para dotarlas de autonomía o capacidad investigadora fueron lentas, incompletas o abiertamente saboteadas. La ausencia de voluntad para romper con el sistema de botín impidió avanzar hacia un Estado meritocrático y profesional. Esa incapacidad facilitó que las Fuerzas Armadas se presentaran como la única opción operativa para enfrentar la violencia, aunque no estuvieran diseñadas ni entrenadas para ello.
Los gobiernos civiles, carentes de diagnósticos claros, dejaron que el Ejército ocupara espacios antes reservados a autoridades civiles.
La decisión de desplegar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública no obedeció a un diseño estratégico; respondió a la lógica reactiva de administraciones incapaces de articular una política pública funcional frente al crecimiento del crimen organizado. La militarización progresiva fue posible gracias a la ausencia de voluntad política para redefinir el papel de los militares en el nuevo régimen y a la iniciativa de los propios mandos castrenses, que encontraron en el nuevo entorno una oportunidad para ampliar su influencia en la conducción del Estado.
2. La guerra contra las drogas: 2006-2024
El 11 de diciembre de 2006, apenas unos días después de asumir la presidencia, Felipe Calderón desplegó más de 6 000 efectivos militares en el estado de Michoacán para iniciar formalmente su estrategia de combate frontal al crimen organizado. Con ese acto simbólico y operativo se dio comienzo a una guerra interior no declarada jurídicamente, pero profundamente disruptiva en términos institucionales y sociales. La decisión se tomó sin diagnóstico claro, sin respaldo legal suficiente y sin una visión de largo plazo. Fue una declaración de fuerza dirigida más al escenario político que al problema estructural del narcotráfico.
El resultado inmediato fue una escalada inédita de violencia. La tasa de homicidios dolosos, que en 2007 era de 8 por cada 100 000 habitantes, se triplicó en solo cuatro años: para 2011 alcanzaba los 24 por cada 100 000. Desde entonces, ha oscilado entre reducciones marginales y nuevos repuntes, hasta alcanzar, en 2024, más de 26 homicidios por cada 100 000 habitantes. La correlación entre el despliegue militar masivo y el incremento de la violencia letal ha sido ampliamente documentada, tanto por organismos de derechos humanos como por investigaciones académicas (Pérez Correa y Romero Vadillo, 2017; Atuesta, 2022).
Estudios como los de Laura Atuesta han mostrado que los operativos militares han tenido una consecuencia sistemática: aumentos significativos en la violencia letal en las regiones intervenidas. A través del análisis de datos desagregados, Atuesta demuestra que los municipios con presencia militar sostenida experimentaron aumentos notables en homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados (Atuesta, 2022). Además, destaca que las Fuerzas Armadas han utilizado la fuerza letal de manera desproporcionada en comparación con las corporaciones civiles, con una persistente negativa a transparentar el uso de la fuerza o a someterse a mecanismos de rendición de cuentas.
Por su parte, Catalina Pérez Correa ha documentado el alarmante índice de letalidad del Ejército –es decir, la proporción entre civiles muertos y civiles heridos en enfrentamientos armados–, que revela patrones de ejecución más que de contención. Mientras que en una fuerza policial profesional se esperaría que los operativos prioricen la detención y la reducción de daños, las cifras del Ejército muestran una sistemática preferencia por la eliminación de objetivos, sin mecanismos posteriores de verificación ni judicialización (Pérez Correa y Romero Vadillo, 2017).
Esta violencia institucionalizada se ha ejercido bajo la cobertura de una política de prohibición de drogas que ha servido como coartada para justificar la intervención militar en tareas de seguridad pública. La criminalización del comercio de sustancias ilícitas no solo ha fracasado en disminuir el consumo o la producción, sino que además ha creado un mercado violento e incontrolado donde el uso de la fuerza se vuelve la única herramienta disponible para un Estado desprovisto de alternativas institucionales eficaces (Atuesta, 2022).
Desde el inicio del despliegue castrense, los gobiernos federales –incluidos Peña Nieto, López Obrador y ahora Sheinbaum– no solo no revirtieron la estrategia, sino que la profundizaron. La creación de la Guardia Nacional, presentada como una solución civil, terminó siendo una forma de institucionalizar y ampliar el dominio militar sobre la seguridad pública. La estructura, el mando y la doctrina operativa de la nueva corporación reproducen los vicios del Ejército: opacidad, verticalidad, ausencia de control externo y letalidad elevada.
Las reformas para dotar a las procuradurías de autonomía o capacidad investigadora fueron lentas, incompletas o abiertamente saboteadas.
A lo largo de casi dos décadas, la militarización del combate al narcotráfico no ha logrado contener la violencia, pero sí ha transformado el equilibrio institucional del país. Las Fuerzas Armadas no solo controlan vastas zonas del territorio en términos operativos, sino que también se han convertido en actores políticos de facto, con poder presupuestal, capacidad logística, contratos de obra pública y control territorial. La estrategia de guerra convirtió a las fuerzas armadas en un poder autónomo e impune dentro del Estado mexicano (Pérez Correa y Romero Vadillo, 2017).
El alarmante índice de letalidad del Ejército, que revela patrones de ejecución más que de contención, ha sido ampliamente documentado (Treviño et al. 2022). Mientras que en una fuerza policial profesional se esperaría que los operativos prioricen la detención y la reducción de daños, las cifras del Ejército muestran una sistemática preferencia por la eliminación de objetivos, sin mecanismos posteriores de verificación ni judicialización.
3. Militarización y regresión democrática (2018-2024)
El discurso de López Obrador durante su campaña presidencial anunciaba un giro de fondo en materia de seguridad pública. Prometía retirar al Ejército de las calles, desmilitarizar la lucha contra el crimen organizado y fortalecer las policías civiles. Sin embargo, al llegar al poder, dio un giro radical: no solo mantuvo a las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad, sino que también expandió su influencia a niveles sin precedente en la historia reciente.
La creación de la Guardia Nacional en 2019 consolidó este viraje. Aunque fue presentada como un cuerpo civil, su estructura operativa, su formación y su despliegue quedaron bajo control militar. El mando fue conferido a generales en activo desde su nacimiento, y en septiembre de 2022 se emitió un decreto que formalizó su transferencia orgánica a la Secretaría de la Defensa Nacional. A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el traspaso, en los hechos el control castrense nunca se modificó (Romero Vadillo, 2023).
Este proceso ha sido documentado por múltiples investigaciones que advierten del riesgo que representa la acumulación de poder operativo, presupuestal y político en manos de una institución opaca, jerárquica y no sujeta a mecanismos democráticos de rendición de cuentas. A través de la Guardia Nacional, el Ejército mantiene presencia territorial permanente, opera sin controles civiles efectivos y goza de una narrativa de legitimidad reforzada por el propio discurso presidencial.
La expansión del poder militar tampoco se limitó al ámbito de la seguridad pública. Desde 2018, el gobierno federal ha confiado al Ejército la administración de aeropuertos, aduanas, empresas estatales, programas sociales, distribución de vacunas y hasta megaproyectos como el Tren Maya. Dichas funciones exceden por mucho cualquier noción de defensa nacional y reflejan la conversión del estamento castrense en un operador general del Estado (Romero Vadillo, 2023).
Desde 2006 se desarrolló una escalada inédita de violencia. La tasa de homicidios dolosos se triplicó: para 2011 alcanzaba los 24 por cada 100 000 habitantes.
Este modelo no solo representa una anomalía dentro de un régimen democrático. Marca una regresión institucional. La transferencia de tareas civiles a mandos militares consolida una estructura de poder que opera fuera de los cauces constitucionales, con una creciente autonomía presupuestal y sin mecanismos de deliberación pública. La lógica del mando vertical y la opacidad se han normalizado como forma de gobierno.
Claudia Sheinbaum ha respaldado esta estrategia. En sus intervenciones públicas ha reiterado su confianza en las Fuerzas Armadas y ha defendido su presencia en las calles como garantía de seguridad y eficacia. No hay, en su propuesta de gobierno, indicios de que se buscará recuperar el control civil de la seguridad pública ni limitar el poder político del Ejército.
4. La militarización como amenaza a la democracia constitucional
La militarización del Estado mexicano es hoy uno de los ejes del nuevo régimen. No es una herencia inercial ni una respuesta improvisada a la violencia criminal. Es un dispositivo deliberado para reorganizar el poder político bajo una lógica autoritaria, con las Fuerzas Armadas como actores centrales. La concentración de funciones estratégicas en manos del Ejército rompe con el principio republicano de subordinación de lo militar a lo civil. Al instalar a las instituciones castrenses en el centro del aparato estatal, la Cuarta Transformación desmontó uno de los pilares fundamentales de una democracia constitucional funcional.
Las Fuerzas Armadas ya no son instrumentos operativos del gobierno. Se han convertido en actores deliberantes con voz propia en la definición de políticas, acceso privilegiado a recursos públicos y capacidad para imponer decisiones. Su poder se sostiene en una red de privilegios institucionales: control territorial, opacidad informativa, autonomía operativa y participación directa en la economía pública.
Tal como he documentado en La usurpación militar del Estado civil, el Ejército y la Marina asumieron tareas clave de la administración pública que exceden cualquier concepción tradicional de defensa nacional. Entre las funciones que les han sido cedidas están:
- La construcción y operación de aeropuertos como el Felipe Ángeles y los de Tulum, Chetumal y Palenque.
- La administración de aduanas, puertos y aeródromos civiles.
- La construcción y operación del Tren Maya.
- La distribución de medicamentos y vacunas.
- La edificación de cuarteles escolares y caminos rurales.
- El despliegue de sucursales del Banco del Bienestar.
- La vigilancia de ductos de Pemex.
- El control migratorio en las fronteras.
- La ejecución de programas sociales en zonas militarizadas.
Estas tareas se han transferido sin mecanismos de control externo ni fiscalización ciudadana. Los militares manejan presupuestos paralelos, fideicomisos cerrados, empresas públicas y obras multimillonarias, todo al margen de los procedimientos civiles y democráticos. En lugar de fortalecer a las instituciones civiles, el gobierno trasladó su debilidad al poder militar, consolidándolo como eje operativo de su modelo político.
En este diseño de restauración autoritaria, el Ejército ocupa un lugar privilegiado. Participa de las decisiones, negocia directamente con el Ejecutivo y obtiene beneficios materiales que consolidan su posición como socio estratégico del régimen. Ya no se trata simplemente de obedecer órdenes, sino de influir en el rumbo del Estado. El nuevo pacto de poder se sostiene sobre la alianza entre el mando político y el poder castrense.
La subordinación constitucional del poder armado ha sido cancelada en los hechos. La opacidad, el fuero, la ausencia de controles judiciales y parlamentarios convierten a las Fuerzas Armadas en un poder autónomo dentro del Estado. Su rol deliberante, su poder económico y su capacidad territorial las colocan fuera del alcance de los mecanismos democráticos.
El avance de la militarización erosiona los equilibrios institucionales y debilita de raíz la posibilidad de un régimen democrático.
El avance de esta militarización no solo erosiona los equilibrios institucionales. Debilita de raíz la posibilidad misma de un régimen democrático. La concentración de funciones estratégicas en actores armados sin control civil efectivo clausura los márgenes de deliberación, desactiva la vigilancia ciudadana y normaliza la excepcionalidad como forma de gobierno.
La democracia constitucional exige el sometimiento de todos los poderes a la ley, la transparencia en el ejercicio de la autoridad y la separación tajante entre funciones militares y civiles. Nada de eso es posible en un Estado gobernado por mandos armados. La militarización se ha convertido en uno de los principales factores de disolución del proyecto democrático mexicano.
Referencias
- Atuesta, L. H. (2022). Deadly force and denial: The military’s legacy in Mexico’s “war on drugs”. The International Journal of Human Rights, 26(5), 768-787.
- Madrazo Lajous, A., Calzada Olvera, R., y Romero Vadillo, J. J. (2018). La “guerra contra las drogas”: Análisis de los combates de las fuerzas públicas, 2006-2011. Política y Gobierno, 29(1), 3-42.
- Pérez Correa, C., y Romero Vadillo, J. J. (2017). Las fuerzas armadas y la seguridad en México: Balance de una década de guerra contra el crimen organizado. Foreign Affairs Latinoamérica, 17(2), 58-65.
- Romero Vadillo, J. J. (2024). La usurpación militar del Estado civil. En R. Becerra (Coord.), El daño está hecho (pp. [xx–xx] ). Grano de Sal.
- Romero Vadillo, J. J. (2023). Itinerario de la militarización. En P. Barrera (Coord.), Desmilitarizar a México. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?. Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM.
- Treviño Rangel, J., Bejarano Romero, R., Atuesta, L. H., y Velázquez Moreno, S. (2022). La letalidad del Ejército mexicano (Cuadernos de Trabajo núm. 39). Programa de Política de Drogas-CIDE.
