Fuente: Imagen creada con IA.
Año 2, núm. 14, septiembre de 2026
ISSN 3122-3583
a fondo
Movimientos sociales, sociedad civil y resistencia popular en un tiempo populista
Alberto J. Olvera *
El populismo reclama representar a un pueblo único y convierte la autonomía social en amenaza. Entre el corporativismo, el crimen organizado y el colapso de las mediaciones políticas, los movimientos atraviesan una etapa defensiva; aun así, nuevas resistencias abren rendijas en regímenes que confunden la movilización oficial con el respaldo ciudadano.
El sábado 6 de diciembre de 2025, el gobierno de Claudia Sheinbaum organizó un gran mitin en el zócalo capitalino. No hubo barreras protectoras del Palacio Nacional, que habían sido levantadas antes del 15 de noviembre para evitar que en su gran manifestación los activistas prodemocráticos dañaran el Palacio. Tampoco se presentaron los provocadores del llamado Bloque Negro, quienes curiosamente solo aparecen en las marchas de la oposición social y política para provocar violencia, caos y deslegitimar la protesta. La concentración oficial, en apariencia celebratoria de “siete años de gobierno de la 4T [Cuarta Transformación]”, se planteó en realidad como un desagravio a la presidenta, quien se consideró insultada por las manifestaciones prodemocráticas del 15 de noviembre de ese año y por el alud de protestas sociales en todo el país.
Una concentración organizada desde el poder puede llenar una plaza sin demostrar apoyo ciudadano autónomo.
Las muchas movilizaciones de 2025 disputaron la narrativa populista del pueblo unitario, que no puede ser convocado más que por su líder. La gran concentración oficial fue en realidad un autoengaño. Una movilización abiertamente corporativa, organizada desde el poder para el poder, no puede considerarse una muestra de apoyo a la autoridad. Como en los mejores tiempos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), los sindicatos del sector público —en especial el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), algunas centrales obreras que se pensaban extintas, como la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), o sindicatos fantasmas, como el de Electricistas— aportaron el grueso de los contingentes y llenaron con sus banderas la plancha del Zócalo. Los gobernadores aportaron su cuota de acarreados, la mayoría empleados públicos estatales obligados a acudir al mitin. Esta vez lo que los priístas llamaban las fuerzas vivas reclamaron sus espacios físicos y simbólicos para demostrarle a la presidenta que de ellos no puede prescindir.
Sirva esta narración para entender que la movilización y la protesta social implican una disputa por el sentido de la política. Los movimientos sociales, las resistencias populares y la acción de lo que llamamos sociedad civil adquieren diferentes significados dependiendo del contexto histórico. Lejos quedaron los días en que los movimientos sociales eran vistos como actores destinados a empujar cambios históricos. Hoy sabemos que no es posible adjudicar a ningún actor social específico un protagonismo histórico ni una identidad definida. Las ciencias sociales han evolucionado mucho en los últimos 40 años en esta materia. Las primeras teorías de los movimientos sociales, como las de Alain Touraine o Charles Tilly, consideraban que las protestas de la clase obrera o, en Estados Unidos, del movimiento por los derechos civiles expresaban disputas que se consideraban históricas por poner en cuestión los cimientos simbólicos del orden social. La clase obrera estaba predestinada, según el marxismo, a cambiar el modo de producción, por su sola inserción estratégica en el proceso productivo.
Sabemos desde hace décadas que lo anterior es incorrecto y que no hay ninguna clase ni grupo social que esté predestinado por la historia a ejercer una función revolucionaria. Sin embargo, ciertos movimientos sociales pueden modificar, si no un orden social completo, sí un orden simbólico-cultural, de tal forma que los parámetros de lo que se considera públicamente como actor social legítimo pueden ser modificados. En efecto, hay movimientos o grupos que logran hacer escuchar su voz y se convierten en actores de lo público, saliendo del espacio de la marginación. Tal fue el caso, históricamente hablando, del antes aludido movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, de los movimientos feministas y ecologistas, así como de las protestas y resistencias indígenas y populares en diversas partes del mundo. Ahora bien, los movimientos sociales pueden ser muy diversos y tener implicaciones distintas en cada contexto histórico. La movilización social abre nuevas coyunturas históricas y redefine el mapa de los actores sociales que legítimamente pueden reclamar la validez de sus demandas y obligar a los actores políticos a atender sus peticiones de inclusión.
La forma en que nombramos a estas movilizaciones sociales es en sí misma un motivo de disputa, no solo teórica, sino política. En los años cincuenta del siglo pasado las protestas iniciales del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos eran vistas como una especie de desviación de un orden considerado más o menos perfecto. En otros países, las movilizaciones obreras podían ser consideradas como insurgencias revolucionarias y atentados contra un orden autoritario que no admitía cuestionamientos. Los movimientos indígenas eran pensados como una expresión de un tiempo pasado, como una resistencia a la modernización inevitable. Un concepto que emergió en los años ochenta del siglo pasado, el de sociedad civil, ayudó a quitarle la carga negativa a la movilización social, a reconocer la pluralidad de intereses e identidades que se expresan públicamente en el espacio social, y a otorgarle un nombre neutral a luchas que de otra manera parecerían ser revolucionarias o contrarrevolucionarias.
La democracia electoral solo se profundiza cuando reconoce la pluralidad de actores y demandas que nacen desde la sociedad.
La idea de sociedad civil emergió precisamente como un modo de nombrar la resistencia contra las dictaduras comunistas en Europa del Este y contra las dictaduras militares en América del Sur y en diversos países de Asia y África. El calificativo civil subrayaba la diferenciación de los movimientos y protestas sociales respecto de la esfera política. Los autores que estudiaron a la sociedad civil en esta fase de la historia subrayaron el carácter posrevolucionario, plural y constitutivo de una política que no pretendía tomar el poder, es decir, su carácter autolimitado, pues no pretendían ocupar el espacio de los partidos políticos. La sociedad civil así concebida permitía pensar desde una perspectiva liberal las protestas populares, los movimientos sociales de clases medias, las asociaciones de profesionales y de todo tipo de grupos religiosos y culturales, e incluso las acciones de resistencia de pueblos indígenas, barrios y pueblos: se trataba de formas legítimas de la acción colectiva que no resultaban antipolíticas, sino que creaban otro espacio de la política, la civil, y que en ese sentido constituían una innovación democrática, una forma válida de luchar por los derechos de la ciudadanía.
A la vuelta de los años, nos encontramos hoy en una época de franco retroceso democrático en el mundo entero, después de casi cuatro décadas en las que se produjo una sorprendente ola democratizadora a escala global que permitió la llegada al poder de partidos y movimientos de izquierda e instauró la competencia electoral como única vía válida para acceder al poder. Cabe preguntarse si las ideas antes expresadas acerca de la sociedad civil mantienen validez y siguen siendo capaces de expresar el propósito y el sentido de la protesta social contemporánea. La idea de sociedad civil ayudó a entender la lucha por la democracia desde la sociedad, es decir, desde un espacio que no era el de la política formal. Estas luchas abrieron el espacio de la política en una forma indirecta; y si tuvieron éxito fue porque lograron encontrar, en diversas formas y en distintos tiempos, algún tipo de mediación política, es decir, actores e instituciones que trasladaron al espacio político formal las demandas que emergían desde lo social.
Las oleadas democratizadoras tuvieron un éxito relativo porque abrieron el campo político no por meras negociaciones de elite entre los actores políticos, sino porque estos reconocieron la fuerza y la legitimidad de las luchas sociales. La democracia electoral nunca fue solo electoral, sino que incluyó también algún tipo de democratización de lo social, es decir, la inclusión y el reconocimiento de diversos actores sociales.
Ciertamente, esta es una lucha que produjo resultados extremadamente desiguales país por país, dependiendo de las circunstancias concretas de cada uno. En Estados Unidos, la lucha por los derechos civiles creó un ambiente de inclusión para la población afroamericana, históricamente excluida de todos los derechos de la ciudadanía, y la etapa siguiente de esta lucha fue el reconocimiento de la existencia de preferencias sexuales distintas que tenían derecho a ser vividas en lo público, sin sanciones morales ni políticas. En otros países, por ejemplo Colombia, estas luchas no lograron abrir el espacio político, que siguió siendo dominado por elites oligárquicas que competían democráticamente por el poder, pero que cerraban por completo el espacio a cualquier expresión de izquierda, en gran medida debido a la equiparación entre protesta social y guerrilla que en ese país hermano continuó siendo una realidad hasta bien entrada la segunda década de nuestro siglo. Apenas en 2022, Gustavo Petro se convirtió en el primer presidente de izquierda, aupado de manera indirecta por una movilización social histórica (2019-2021): el estallido social.
El mundo experimenta ahora una situación inédita, derivada de un cambio económico, social y cultural extraordinariamente rápido que ha dado lugar a la virtual desaparición de lo público de identidades antes centrales, como la obrera. Movimientos cuya importancia se ha reconocido y normalizado, como el feminista y el ecologista, que lograron triunfos legislativos y culturales importantísimos en la fase democratizadora, parecen estar hoy en retirada ante el avance, al parecer imparable, de un nuevo conservadurismo social y de un capitalismo salvaje de nuevo cuño que ha terminado de debilitar cualquier noción de soberanía nacional. Un nuevo imperialismo extractivo y depredador, que porta nuevas formas de exclusión, centralmente de la creciente población migrante en los países europeos y en Estados Unidos, se impone a escala global.
Los regímenes que fabrican una imagen de apoyo pueden implosionar antes de advertir la fragilidad de sus cimientos.
Simultáneamente, en nuestra región las experiencias progresistas en América del Sur agotaron sus potenciales democratizadores. El progresismo fue, en parte, dirigido por líderes populistas autoritarios; y en otra, por partidos políticos socialdemócratas establecidos. En todos los casos, la continuidad de la dependencia del modelo primario-exportador se convirtió, de una ventaja al principio, en un gigantesco límite para la consolidación de regímenes que basaron su legitimidad en la redistribución de las rentas extraordinarias obtenidas en la primera década del siglo. El progresismo fue, ante todo, un mecanismo de distribución social de rentas (mientras las hubo) que fue incapaz de generar cambios económicos estructurales. Pero a lo que el populismo pleno sí condujo fue a la anulación de la autonomía de la sociedad civil, es decir, a la supresión de su libertad, en menor o mayor escala según el caso.
En México ni siquiera hubo un buen tiempo económico como en el Cono Sur. El tardío populismo local tuvo que aceptar la inevitabilidad de una integración subordinada a la economía estadounidense y una debilidad fiscal heredada. Sin embargo, creó un espacio (insostenible a largo plazo) para generar nuevas formas de subsidios a los pobres que garantizaron a corto y mediano plazos la lealtad de millones de personas (ante todo personas mayores). La lógica populista de la polarización fue desarrollada discursivamente, como en cualquier país con regímenes populistas, y la centralización del poder en un líder que reclama encarnar al pueblo condujo a un gobierno sin contrapesos y que poco a poco destruyó la escasa institucionalidad estatal, vaciando a un Estado de suyo precario de cualquier anclaje legal y/o institucional. A su vez, cualquier atisbo de autonomía de lo social fue considerada antitética al reclamo simbólico de la unidad líder-pueblo. La sociedad civil es por definición para el populismo un refugio de los enemigos del pueblo, un disfraz de fuerzas hostiles a la unidad de la nación y a la misión histórica del líder.
Los movimientos sociales de todo tipo enfrentan un panorama muy negativo en tales contextos. En México no es un accidente, sino consecuencia de la implantación de un régimen populista, que los movimientos de familiares de víctimas de desaparición forzada y las organizaciones de defensa de derechos humanos sean ignorados y, peor, combatidos por el régimen. No es raro, sino lógico que el movimiento feminista sea visto como contrincante cultural, en la medida en que rechaza un orden patriarcal, machista y simbólicamente violento como el populismo. No debe extrañarnos que los movimientos ecologistas sean considerados opositores de un régimen que intenta recuperar la tradición desarrollista y tiene poco interés y menos respeto por la naturaleza y sus defensores. No sorprende que el régimen se vea confrontado por múltiples resistencias de pueblos indígenas que rechazan megaproyectos de infraestructura, minería y agricultura depredadores en todo el país. Menos virulentas, pero más frecuentes, son las protestas casi diarias de ciudadanos inconformes con la falta de maestros, médicos y medicinas; secuestros de jóvenes; detenciones arbitrarias; falta de cumplimiento de promesas de obras; falta de agua potable y de electricidad; y desatención a inundaciones, incendios y accidentes industriales. La precariedad, la corrupción, la ineficiencia y la falta de institucionalidad del gobierno son, desde siempre, fuente inagotable de resistencias sociales.
Para un observador foráneo, los países de América Latina son un caldero hirviendo. La magnitud sorprendente de las movilizaciones y protestas haría pensar en la inminencia de cambios políticos importantes. En efecto, suceden algunos de importancia histórica, como los estallidos sociales de Chile y Colombia en 2019-2021, que abrieron la puerta del poder político a una izquierda emergente y antes sometida. El chavismo no habría sobrevivido al intento de golpe de Estado de una derecha radical en Venezuela en 2002 de no haber mediado una inesperada resistencia popular masiva. Hay muchos ejemplos más, pero en general se ha normalizado una relación entre el Estado y la sociedad que reconoce la fragmentación simultánea de lo social y del poder estatal. Se ha establecido una relación basada en el particularismo y el clientelismo en diversas modalidades. Hace ya 25 años, el antropólogo indio Partha Chatterjee denominaba a la protesta popular generalizada, pero dispersa, como sociedad política, en el sentido de que los sectores populares carecen de mediaciones políticas e institucionales para expresar sus demandas. Sus acciones son directamente políticas, es decir, expresiones de su micropoder, por lo cual su repertorio de acción se funda en toma de calles, carreteras y edificios públicos, y marchas intempestivas. En los casos más radicales, podríamos hablar de un poder dual, como llamaba René Zavaleta Mercado a la acción autónoma de pueblos indígenas y campesinos en Bolivia hace 40 años, lo que les permitía resistir las imposiciones de un Estado débil. Chatterjee habla de una sociedad débil que resiste como puede; Zavaleta Mercado de una sociedad fuerte por la persistencia de identidades y organización tradicionales.
En América Latina se observa un mapa complejo y rápidamente cambiante de todo tipo de movilizaciones civiles y resistencias nuevas y viejas, la mayor parte de las veces en condiciones de precariedad social, política y organizativa. El populismo rampante es un enemigo de los movimientos sociales y de una sociedad civil autónomos. Vivimos una fase defensiva de lo social en la que la combinación del autoritarismo político, el crimen organizado empoderado y el colapso de las mediaciones partidarias debilita las posibilidades de influencia de la sociedad civil en la vida pública. Habrá una larga fase de acumulación de fuerzas antes de que los ciudadanos puedan alcanzar condiciones de libertad y desarrollar capacidades de autoorganización que permitan resistir el autoritarismo populista en sus diversas versiones. Pero el proceso está en marcha. Un régimen que se autoengaña creando la imagen de un apoyo popular que es muy relativo tiene altas probabilidades de implosionar antes de darse cuenta de la debilidad de sus cimientos. Los sujetos sociales usan rendijas impredecibles para protestar ante regímenes autoritarios.
* Investigador Emérito del SNII, profesor jubilado de la Universidad Veracruzana.
