Fuente: Imagen creada con IA.
Año 2, núm. 14, septiembre de 2026
ISSN 3122-3583
a fondo
La CNTE o la representación usurpada
Jorge Javier Romero Vadillo *
Una organización puede movilizar multitudes y, al mismo tiempo, representar mal a sus bases. La trayectoria de la CNTE muestra cómo el patronazgo convierte demandas colectivas en recursos de intermediación y cómo un movimiento nacido contra el corporativismo puede terminar reproduciendo sus incentivos.
La conversación que Mauricio Merino y yo tuvimos con Jorge Alonso para este mismo número de El Diluvio me hizo recordar un libro suyo que leí hace más de cuarenta años y cuya intuición central, formulada a propósito de uno de aquellos pequeños partidos de la apertura política mexicana, ha envejecido bastante mejor que muchas de las certidumbres teóricas de la época. La tendencia al enmascaramiento de los movimientos políticos: el caso del Partido Socialista de los Trabajadores,(1) publicado unos años después de los acontecimientos que relata, examinaba la facilidad con la que una organización nacida para articular demandas populares acababa por presentarse a sí misma como encarnación de esas demandas, hasta confundir los intereses del aparato, las decisiones de sus dirigentes y las necesidades de su reproducción con la voluntad de unas bases invocadas de manera permanente y escuchadas de forma bastante más episódica. Aquella lectura tiene para mí una resonancia adicional: fui militante y dirigente juvenil del PST y salí expulsado de ese partido en 1981, precisamente después de cuestionar su deriva clientelista. Jorge, que ya había acumulado razones propias para alejarse, abandonó entonces la militancia en un gesto que tuvo también algo de solidaridad. La entrevista con el viejo profesor removió aquella memoria y, con ella, una pregunta que sigue recorriendo la política mexicana: ¿cuánto de lo que hemos llamado movimientos populares ha expresado realmente la organización autónoma de intereses y cuánto ha acabado convertido en apropiación de la voz de aquellos a quienes se dice representar?
El problema rebasa ampliamente la historia del PST y las peculiaridades de aquella izquierda con pies de tierra, retórica revolucionaria y una notable capacidad de acomodo dentro de la apertura administrada por el régimen. Alonso había identificado un mecanismo mucho más general: los intermediarios políticos tienden a presentarse como expresión natural de aquellos a quienes organizan y, cuando consiguen monopolizar la relación de sus bases con el poder, terminan por sustituir la representación de intereses por la reproducción del aparato que los administra. Cuatro décadas después, Brian Palmer-Rubin ha elaborado, con otro instrumental conceptual y a partir también del caso mexicano, una explicación especialmente fértil de ese proceso: la trampa del patronazgo,(2) en la que las organizaciones de los sectores subordinados resuelven sus problemas de supervivencia mediante la intermediación de recursos externos y adquieren fortaleza precisamente a costa de la autonomía de sus miembros.
La capacidad de llenar plazas mide poder; la representación democrática exige autonomía, pluralidad y rendición de cuentas.
La confluencia entre ambas miradas ilumina un rasgo persistente de la política mexicana. El viejo régimen logró organizar a una sociedad intensamente desigual mediante una red escalonada de intermediarios que convertía la representación social en administración de clientelas. Sindicatos; organizaciones campesinas; ligas de colonos; asociaciones de comerciantes; agrupaciones de transportistas, taxistas, boleros, organilleros, voceadores de periódicos y una miríada de gestores adquirían reconocimiento y capacidad negociadora en la medida en que podían disciplinar a sus bases, filtrar sus demandas y transformar necesidades sociales en apoyos políticos. La estabilidad del régimen descansaba en un intrincado arreglo institucional de reciprocidades, protecciones particulares, negociación de la desobediencia de la ley y parcelas de rentas dentro del cual la organización popular quedaba incorporada al Estado a través de dirigentes capaces de administrar beneficios y contener conflictos. La política llegaba a los subordinados como favor organizado antes que como derecho exigible.
El corporativismo priísta produjo así una peculiar forma de inclusión basada en la usurpación de la representación. Los trabajadores estaban representados por sindicatos únicos; los campesinos, por organizaciones reconocidas desde arriba; los maestros, por un sindicato creado bajo el influjo estatal; los colonos populares, por dirigentes capaces de conseguir escrituras, servicios o tolerancia para asentamientos irregulares. La pertenencia organizativa abría las puertas que la condición ciudadana mantenía cerradas. Los líderes recibían cuotas, cargos, recursos, protección y acceso privilegiado a funcionarios; a cambio entregaban paz, votos, movilización y obediencia organizada. Las demandas sociales entraban al sistema domesticadas por quienes vivían de administrarlas.
Palmer-Rubin permite observar con mayor precisión la anatomía de ese arreglo. Una organización construye capacidad interna cuando obtiene de sus propios miembros los recursos que necesita para existir, ofrece servicios, produce información, cobra cuotas, desarrolla conocimientos especializados y formula demandas comunes capaces de modificar las reglas que afectan a sus integrantes. Otra organización puede obtener su capacidad desde fuera mediante subsidios, plazas, programas, permisos, tolerancias administrativas o beneficios discrecionales que un partido o un gobierno pone a disposición de sus dirigentes para que estos los distribuyan entre las bases. Ambas organizaciones pueden movilizar, celebrar asambleas, enarbolar demandas e incluso utilizar un lenguaje radical; sus incentivos, empero, son profundamente distintos.
La primera puede sostener demandas programáticas porque su supervivencia depende principalmente de su capacidad para representar intereses compartidos. La segunda encuentra una fuente de poder mucho más inmediata en la intermediación. El afiliado descubre que pertenecer a ella facilita el acceso a un beneficio; el dirigente confirma que repartir recursos conserva mejor la lealtad que una incierta batalla por modificar reglas generales; el funcionario descubre las ventajas de negociar con alguien capaz de entregar contingentes, votos o tranquilidad territorial. Todos actúan racionalmente dentro de los incentivos existentes y el resultado agregado es perverso: los sectores populares reciben cosas y pierden voz. El patronazgo proporciona así el mecanismo material del enmascaramiento descrito por Alonso.
La democratización mexicana alteró profundamente las reglas de acceso al poder, pero avanzó mucho menos en el desmantelamiento de esas redes de intermediación. La competencia electoral rompió el monopolio priísta y permitió que organizaciones, caciques y dirigentes cambiaran de patrocinador, elevaran el precio de sus apoyos o negociaran con varios partidos a la vez. La pluralidad abrió el reparto sin transformar necesariamente la lógica que lo organizaba. El resultado fue, con frecuencia, un pluralismo de intermediarios antes que un pluralismo de intereses; un mercado competitivo de clientelas donde el PAN (Partido Acción Nacional), el PRI (Partido Revolucionario Institucional), el PRD (Partido de la Revolución Democrática) y, más tarde, Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) aprendieron a negociar con actores capaces de movilizar sectores sociales sin exigirles demasiadas explicaciones acerca de la calidad de la representación que ejercían. México pasó del monopolio de la representación capturada a la competencia entre capturadores.
El patronazgo entrega beneficios particulares mientras debilita la voz programática de quienes dice representar.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ofrece quizá el ejemplo más acabado de esa trayectoria. Su origen estuvo marcado por una inconformidad genuina frente a una de las expresiones más acabadas del corporativismo priísta. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de Carlos Jonguitud Barrios administraba plazas, promociones, adscripciones, comisiones y cuotas mediante una densa red de lealtades personales, cacicazgos seccionales y disciplinas burocráticas. Durante los años de plomo de la crisis económica, cuando la inflación devoró los salarios magisteriales y el sindicalismo independiente había sido derrotado casi por completo, la CNTE ocupó un espacio de resistencia que pocas organizaciones fueron capaces de sostener. Su radicalidad tuvo entonces raíces sociales evidentes y su enfrentamiento con el aparato oficial expresó una demanda democratizadora difícil de descalificar.
La historia produjo después una de esas ironías que abundan en la política mexicana. La organización nacida para combatir el aparato corporativo terminó administrando parcelas cada vez más amplias de ese mismo aparato. La caída de Jonguitud y el ascenso de Elba Esther Gordillo abrieron, a partir de 1989, un nuevo arreglo: allí donde la Coordinadora tenía mayoría obtuvo el control efectivo de las estructuras sindicales y, con ellas, las cuerdas de control clientelista sobre la carrera de los profesores. Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero se convirtieron gradualmente en territorios donde la disidencia administraba recursos, plazas, promociones, comisiones y capacidad de interlocución presupuestal. Los dirigentes cambiaron. Las reglas del juego permanecieron. Las redes clientelares encontraron nuevos administradores.
Aquella transformación modificó los incentivos de la propia CNTE. El aparato que había combatido desde fuera resultaba extraordinariamente útil una vez conquistado. La organización obtuvo una base material para su reproducción y convirtió la radicalidad en tecnología negociadora. Bloqueos, plantones, suspensión de actividades y ocupaciones adquirieron eficacia porque elevaban de manera deliberada el costo de ignorar a sus dirigentes; la afectación de terceros se incorporó al cálculo estratégico y la capacidad para paralizar ciudades se transformó en un activo político. El chantaje permanente dejó de ser una expresión coyuntural de protesta y se convirtió en un repertorio institucionalizado de negociación.
El éxito de ese repertorio demuestra la fortaleza de la organización; dice bastante menos acerca de la calidad de la representación que ejerce sobre los maestros. Cuatro décadas de movilización han producido una formidable capacidad de veto, mientras la agenda destinada a mejorar la formación docente, dignificar el trabajo profesional, elevar las capacidades pedagógicas, reducir el rezago de las escuelas rurales o enfrentar la extraordinaria desigualdad educativa de las regiones donde la Coordinadora tiene mayor presencia ocupa un lugar más que secundario. La defensa de las condiciones institucionales que sostienen al aparato ha resultado mucho más consistente que la construcción de una política educativa orientada por los intereses profesionales de sus propios afiliados. La organización terminó representando, sobre todo, las condiciones de su propia reproducción.
La reforma educativa de 2013 tocó precisamente ese nervio del viejo arreglo. Su diseño acumuló errores, su puesta en práctica tuvo momentos de arrogancia tecnocrática y el servicio profesional docente pudo haberse construido con más incentivos positivos y mucha mayor participación de los profesores; aun así, desplazaba decisiones fundamentales de la carrera magisterial desde la negociación sindical hacia reglas generales, evaluaciones externas y procedimientos formalmente impersonales. Amenazaba, por ello, una de las fuentes históricas del poder de las dirigencias: la capacidad de convertir la vida profesional del maestro en una relación de dependencia política. La resistencia de la CNTE adquirió una racionalidad perfectamente comprensible. Estaba en juego una parcela de rentas, un mecanismo de control y una fuente fundamental de su capacidad organizativa.
Cuando acceder a un derecho depende de un intermediario, la organización gana control y sus integrantes pierden autonomía.
La autodenominada transformación entendió pronto el valor político de esa resistencia. Andrés Manuel López Obrador convirtió a la reforma educativa en una condensación simbólica de todos los agravios del llamado periodo neoliberal, legitimó durante años los métodos de presión de la Coordinadora y, una vez en el poder, desmontó buena parte del arreglo que pretendía profesionalizar la carrera docente. La coalición misoneísta encontró allí uno de sus integrantes más coherentes: una organización cuyo poder había sido erosionado por reglas impersonales y que halló en la nueva mayoría la oportunidad para recuperar el valor de sus antiguos activos de intermediación. Quien vive de representar cautivamente tiene razones poderosas para resistirse a cualquier institución que vuelva autónomos a sus representados.
El caso de la CNTE permite distinguir, además, tres cosas que el lenguaje político mexicano suele amalgamar con demasiada facilidad: movilización, organización y representación. Una organización puede movilizar mucho y representar mal; puede llenar plazas, bloquear carreteras, celebrar asambleas interminables y exhibir una liturgia pretendidamente democrática, mientras concentra recursos, disciplina y disidencias y reduce las alternativas de sus integrantes. La mitología de la reserva moral organizada, tan cara para una parte de la izquierda mexicana, ha confundido durante décadas la capacidad de poner gente en la calle con la existencia de representación democrática. La primera mide poder; la segunda exige autonomía, pluralidad interna, transparencia, capacidad de salida y la posibilidad efectiva de que los representados contradigan a quienes hablan en su nombre.
Jorge Alonso vio muy pronto el peligro de que una organización acabara por enmascarar al movimiento que decía expresar. Palmer-Rubin ha mostrado cómo el patronazgo puede convertir esa apropiación de la voz en un equilibrio estable, porque los beneficios particulares fortalecen al intermediario al mismo tiempo que debilitan la capacidad programática de sus bases. La historia política mexicana ofrece el terreno institucional donde ambos mecanismos han prosperado: un orden de acceso limitado acostumbrado a incorporar a los sectores subordinados mediante protecciones particulares, intermediarios reconocidos y representaciones cautivas.
La ironía final consiste en que la lógica del patronazgo acaba por emanciparse incluso de sus patrocinadores. Morena creyó durante años que la CNTE formaba parte natural de su constelación de aliados, legitimó sus métodos de presión, hizo suyos muchos de sus agravios y contribuyó a devolverle las parcelas de poder que la reforma educativa había intentado reducir. La Coordinadora aprendió, sin embargo, una lección bastante más antigua que esa alianza circunstancial: el chantaje funciona precisamente cuando el interlocutor tiene algo que perder. Una organización cuya fortaleza depende de elevar los costos de quien se resiste a sus demandas carece de razones para moderarse cuando cambia el ocupante de Palacio Nacional; al contrario, un gobierno que durante años justificó bloqueos, plantones y amenazas de parálisis descubre ahora que la supuesta afinidad ideológica vale bastante menos que la capacidad de imponer costos. La CNTE trata al gobierno de Morena como trató a los anteriores porque su estrategia de reproducción depende de hacerlo. El aliado de ayer se convierte así en rehén de los incentivos que ayudó a restaurar: otra vieja historia, aceda, de la política mexicana.
Escapar de esa trampa exige que las organizaciones dejen de ser indispensables para obtener aquello que debería corresponder como derecho, precisamente para que puedan volverse indispensables en aquello para lo que sirve una organización democrática: agregar intereses, producir voz, construir conocimiento y disputar políticas públicas. La democracia mexicana consiguió desmontar con bastante éxito el monopolio de quienes hablaban por todos. Fracasó, en cambio, en lograr que los intereses subordinados pudieran expresarse de manera programática y convirtieran su voz en nuevas reglas y nuevas políticas, más allá del reparto dadivoso de un Estado patrimonialista.
* Director de El Diluvio.
Referencias
(1) Alonso, J. (1985). La tendencia al enmascaramiento de los movimientos políticos: el caso del Partido Socialista de los Trabajadores. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.
(2) Palmer-Rubin, B. (2022). Evading the patronage trap: Interest representation in Mexico. University of Michigan Press.
