Fuente: Imagen creada con IA.
Año 2, núm. 14, septiembre de 2026
ISSN 3122-3583
voces
“El desplazamiento forzado mata el ethos de las comunidades”: Ramón Martínez Coria
Entrevista con Ramón Martínez Coria, antropólogo; fundador y presidente del Foro para el Desarrollo Sustentable, A. C.
Asmara González Rojas y Mauricio Merino*
Del refugio guatemalteco de los años ochenta a las 10 000 personas desplazadas de Tila en 2024, medio siglo de despojo revela una herida que México aún no reconoce plenamente. Cuando un pueblo pierde su territorio, también se rompe su tejido biocultural.
Antropólogo y militante —“un bicho raro”, dice de sí mismo—, Ramón Martínez Coria ha dedicado la vida a estudiar y defender a las comunidades de los pueblos originarios desplazadas de sus territorios. Fundador y presidente del Foro para el Desarrollo Sustentable, conversó con El Diluvio sobre una de las heridas más silenciadas del país. Lo entrevistaron Mauricio Merino (MM) y la editora y antropóloga Asmara González Rojas (AGR); sus respuestas (RMC) recorren medio siglo de despojo, del refugio guatemalteco de los años ochenta a los desplazados de Tila en 2024.
En una comunidad indígena, desplazar no es solo mover personas: es arrancar conocimientos, prácticas y sentido del territorio.
MM: Bienvenido, Ramón, y gracias por aceptar esta conversación. Empiezo por lo más abierto: ¿qué haces y por qué te has puesto a hacer esto?
RMC: Gracias por abrir el espacio, porque estos temas no solo están silenciados: están perseguidos. Yo entré por Ciencias Políticas y Sociología en la UNAM, y cuando hacíamos las investigaciones de egreso trabajábamos la migración en las fronteras de México. Me tocó irme de mojado a Texas y cruzar muchas veces la frontera guatemalteca para saber, literalmente, lo que se siente. Estudiábamos los ciclos estacionales de la gente que bajaba de los altos de Guatemala y de Chiapas a la pizca del café en el Tacaná, el volcán que hace frontera. De pronto el patrón cambió: antes eran puros jóvenes, y empezaron a llegar mujeres y gente mayor. Estábamos viendo el eco de las masacres en Guatemala como el genocidio ixil, apenas reconocido judicialmente en 2022, con una jueza que fue perseguida por lograr la sentencia—. Se formaron campamentos masivos de refugiados en la frontera chiapaneca.
Eso me cambió el destino. Una madrugada me encontré cara a cara con una columna enorme de gente que venía huyendo, dirigida por una viejita que yo pensé que tenía cien años; me cruzó la mirada de tal manera que aquí sigo. Ahí encontré las respuestas existenciales que me mantienen. Conocí el filo de lo que significan el terror, la desposesión total y la sobrevivencia con las uñas. Y me di cuenta de que mi formación en ciencias políticas no me daba los códigos del sentido, así que me fui a la antropología, a la etnología y a las ciencias del lenguaje. Ahora lamento la muerte de mi mentora de toda la vida, Julieta Haidar, que me enseñó la pasión por el sentido de las cosas: traducir los lenguajes ocultos, ver las formas que completan las textualidades.
MM: Lo que me produce es admiración, pero también una mezcla amarga: las razones que te llevaron a esto siguen vigentes, y más potentes. Leí en tus textos cifras altísimas —155 000 reubicados que después se volvieron a ir— y que han cambiado las causas: ya no son solo los fenómenos naturales o los grandes proyectos de desarrolladores a los que les importan un comino los derechos de las comunidades, sino también el narcotráfico, el crimen organizado y las violencias religiosas, ideológicas y políticas. Y te dueles de la inacción de los gobiernos, incluso el de López Obrador. ¿Dónde estamos?
RMC: Es una pregunta de filigrana; voy tocando los temas. El fenómeno siempre ha estado ahí, pero el derecho internacional lo nombró tarde. Irónicamente, el primero que tocó el tema fue el Banco Mundial: sus directrices operacionales, escritas en 1989 y vigentes desde 1990, incluyen tres muy importantes como herramientas de defensa: la de reasentamientos involuntarios, la de poblaciones indígenas —ellos solo reconocen la categoría de población, no la de pueblo”— y la de reparación por la desposesión. Hasta 1998 aparecen los Principios Deng, los principios rectores de los desplazamientos internos de Naciones Unidas; todo esto se cobija en el derecho al refugio, de 1951 y 1967. Pero ese discurso está hecho para quien cruza fronteras internacionales; no reconoce el problema interno dentro de las fronteras. Estoy cuestionando esa construcción semántica del derecho.
El otro elemento es que el Estado mexicano siempre fue hermético al derecho internacional. En 1979-1984 no existía en la Ley de Población la figura del refugiado. Ante la magnitud de la crisis —para 1983, con Sergio Aguayo, se contabilizaba un cuarto de millón de personas en los campamentos, y al interior de Guatemala estimábamos al menos un millón de desplazados—, México nunca permitió la intervención de Naciones Unidas: creó la Comar, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en espejo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Tuvo que modificar la Ley de Población para reconocer el estatus de refugiado, porque ni a los niños nacidos aquí quería reconocer. Intentó devoluciones forzadas al matadero; los kaibiles guatemaltecos empezaron a secuestrar gente del lado mexicano, en la zona chuj y los lagos de Montebello, y eso militarizó una frontera que antes no lo estaba. Y aun así, seguimos sin el reconocimiento constitucional de los desplazados.
AGR: Esa frontera es, culturalmente, casi la misma de los dos lados: primos hermanos. Pero son historias que no salen a la luz. ¿Qué pasó después con esos refugiados? ¿Se asimilaron, se quedaron, regresaron?
RMC: Hubo de todo. Las grandes concentraciones se movieron hacia el interior y se naturalizaron masivamente, aunque muchos mayores no quisieron tomar la nacionalidad mexicana porque debían renunciar a la propia, y esa generación quedó desprotegida. La Comar trabajó con recursos de la Comisión Europea —su primer proyecto multianual de gran perfil—, y se hicieron dos grandes reacomodos en Campeche y en Quintana Roo. En Bacalar formaron tres poblados; el más grande, Mayabalán, y otro, Cuchumatanes. Pues bien: los nietos de aquellos reasentados guatemaltecos fueron desplazados otra vez, ahora por el crimen organizado local. Están retornados sin garantías, y la historia se repite como un cairel absurdo. Chiapas es un catálogo del desplazamiento forzado.
RMC: El derecho internacional separa dos historias que en México son muy distintas. Una es la del desastre, que ha ido cambiando de apellido: de natural a socioambiental, según cuánta intervención antropogénica haya. Ahí, al menos inicialmente, no subyacía una intención de despojo territorial, y siempre hubo protección civil y se hablaba de damnificados. En cambio, todo el otro gradiente de causas sí tiene como correlato el despojo: la violencia generalizada; el conflicto armado interno —eso hizo Salinas con el zapatismo, negarle el reconocimiento como fuerza beligerante—; la violación de derechos humanos, que solo el Estado puede perpetrar por acción u omisión, como en los megaproyectos; y el crimen organizado, que arrastra secuestros, desapariciones y ejecuciones. Esa es la violencia que el Estado mexicano no reconoce.
El crimen organizado dejó de ser una fuerza externa: se incrustó en empresas, gobiernos y comunidades.
AGR: Veo ahí una clasificación que también sirve para los movimientos sociales: de las guerrillas e insurgencias de los setenta y ochenta —con pueblos indígenas en sus territorios— pasamos a una oleada de conflictos socioambientales, con despojo de territorios y sitios sagrados, del sur al norte —tú has trabajado en Chiapas, pero también con los yaquis y los wixárikas—. Y ahora es una mezcla de todo, con el narcotráfico encima. Colaboramos hace poco en un libro de Carmen Ventura y Araceli Burguete sobre las violencias. ¿Cómo lo ves?
RMC: Hay que asumir que México está en un lugar geoestratégico desde hace siglos: fue la cintura transitable de la ruta Manila-Acapulco, el canal de Panamá de entonces, doscientos años en el centro del comercio global. Tiene riquezas de todo tipo y le falta el agua. Ese saqueo no ha parado, y hoy sabemos mucho más de cómo el crimen organizado que opera aquí se conecta con estructuras que rebasan las fronteras. México es un fractal de cacicazgos, pero todo esto tiene una arquitectura que no es solo local: no le quitaron gratis al país la mitad del territorio. El crimen organizado ya no es el ranchero con su búnker; está en las empresas, en las ciudades, en los tres niveles de gobierno, en los congresos. Es una forma de control colonial, y si no lo entendemos así, nunca vamos a poder pensar cómo enfrentarlo.
MM: Déjame seguir esa lógica. Ha habido muchas violencias, con motivos diferenciados, que desplazaron a cientos de miles de personas ya de suyo sometidas por su condición económica, étnica y cultural. Yo también recuerdo los años ochenta en esa frontera y las cajas de armas que el propio ejército estadounidense llevaba en helicópteros para animar la violencia. Pero la naturaleza del problema ha cambiado. ¿Cómo se ha ido transformando?
RMC: Yo me he dedicado a estudiar el impacto del desplazamiento forzado en las comunidades indígenas, que es distinto al de otras poblaciones por los saberes y prácticas bioculturales. Los paradigmas de los que venimos Asmara y yo separaban naturaleza y cultura; eso cambió. Las culturas étnicas no son algo folclórico; son una urdimbre de conocimiento profundo y ancestral con su territorio. Los guarijíos, con quienes trabajé 10 años —hay un libro testimonial con Armando Haro, de El Colegio de Sonora—, son la última cultura adaptada a la selva baja caducifolia más al norte del continente; casi no tienen maíz, siembran en pedacitos de humedad, pero se comen todo el monte todo el año, y su farmacopea es enorme. Por eso, cuando hay desplazamiento forzado en una comunidad indígena, muere su ethos sociocultural. Lo vivimos de forma dramática en Ocosingo.
En 2001 pudimos intervenir con los desplazados del conflicto del 94, que estaban sin atender. Hicimos el conteo con el Centro de Derechos Humanos —con Marina Patricia y con Blanca Martínez, que en paz descansen—: 155 000 desplazados verificados caso por caso. Resolvimos el 90 % en tres años y el otro 10 % nos llevó otros 10. Pero, ¿qué significa resolver cuando ya te destruyeron la vida? El desplazado muere en términos psicológicos; a nadie se le borra esa vivencia. Es distinto si hay retorno: en comunidad indígena con retorno, la vida vuelve a brotar. Los pueblos choles de Tila y Salto de Agua, desplazados en el 94 por la violencia paramilitar de Paz y Justicia, lograron el retorno en su mayoría; pero los de Ocosingo, gente de la ARIC —la Asociación Rural de Interés Colectivo— desplazada por los zapatistas, no van a regresar nunca. Ya nacieron dos generaciones, y cuando esos niños se hicieron adultos nos pidieron ayuda para decirles a sus papás: “los desplazados son ustedes; nosotros ya nacimos aquí”.
AGR: Me gustaría que nos platiques más del norte. Lo biocultural se ve con los huicholes y la defensa de Wirikuta, su sitio sagrado de peregrinación, que ha sido un tema internacional. Y pienso en los cucapás, a quienes prohibieron la pesca —de la que vivían— y luego acusaron de afectar a la vaquita marina. Se acaba su economía local y se los expulsa.
RMC: Los cucapás son un pueblo pesquero del delta del Colorado, la sequedad más seca de Norteamérica, donde la lluvia se evapora antes de tocar el suelo. En 1992, Salinas hizo carambola: puso en venta los ejidos, permitió privatizar la propiedad social y separó el derecho agrario del ambiental. Al decretarse áreas protegidas hubo una afectación de nuevo tipo, y lo de la vaquita no tenía que ver con el aprovechamiento artesanal cucapá. Cuando se le arranca a un pueblo una práctica productiva existencial, hay un concepto —de Michael Cernea, del Banco Mundial, con Scott Robinson y Ted Downing— que es el desplazamiento productivo: a las comunidades indígenas les quitas una tuerca y se cae la silla. A los guarijíos les inundaron con una presa el ombligo de sus lugares sagrados y ni siquiera se reconoció. En el norte también hay novedades: los rarámuri nunca fueron sujetos de reparto agrario, pero la organización CONTEC, de Chihuahua, le ganó un juicio a un hotelero extranjero que quería poner funiculares, y así se dotó por primera vez de tierras a una comunidad rarámuri por resolución judicial. El Foro forma parte de una red, Personas en Situación de Desplazamiento Forzado y Organizaciones Acompañantes, con gente de nueve estados.
MM: Toda esta historia es de desamparo y de violencia permanente; en el fondo es extractivismo, sacarles todo a sus tierras por encima de la gente. Pero, ¿dónde está el movimiento social? ¿Qué capacidad hay? Desespera un poco, la verdad.
RMC: Es la parte más espinosa. Hasta 1992, los movimientos campesinos habían tomado formas muy diversas: frente al Estado corporativo y a la Confederación Nacional Campesina (CNC), había organizaciones agarradas de las figuras agrarias —ejidos, uniones de ejidos, uniones de uniones—, formas poderosas que las reformas de Salinas guillotinaron al cortarles el soporte jurídico. Y, con ironía, las dos últimas administraciones han seguido dilapidando lo que quedaba; con el argumento de dar el dinero directo a la gente y no querer mediaciones están criminalizando la organización y persiguiendo liderazgos y defensores, en un tono autoritario que me preocupa muchísimo. Todavía operan a gran escala la UNORCA —Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas— y La Vía Campesina, actualizando sus formas.
La autorreferencia permite que las víctimas se registren, reconozcan su dimensión colectiva y disputen el retorno forzado.
El movimiento indígena, en cambio, está muy manoseado y mitificado. No se logró como tal hasta que apareció, en 1989, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como discurso político —eso lo aprendí de Asmara—: era la única referencia de que los pueblos eran sujetos de derechos. Curiosamente, fueron los pueblos árticos, los inuit, quienes lo pusieron en perspectiva de movimiento internacional. Aquí, primero hubo que luchar contra el indigenismo que inventaron los antropólogos: el corporativismo cardenista fue la herramienta de control colonial interno durante todo el siglo XX. Gonzalo Aguirre Beltrán, tan celebrado, inventó el primer proyecto del Instituto Nacional Indigenista (INI): mandar enfermeras a reclutar a parteras y sobadores para “llevarles la higiene a los indios”.
Ese indigenismo se actualizó con Fox, poniendo “a los indios al frente de los indios” —ahí estuvo Marcos Matías y luego el huipil de Xóchitl Gálvez—, y le quitaron al instituto las competencias de procuración de justicia y el presupuesto, dejándole solo el desarrollo, pero conservando el paradigma integracionista: integrar a los indios a la nación, como si no fueran naciones. El Convenio 169 entró a la Constitución en 1992, cuando Salinas tuvo que honrar el compromiso multilateral y reconoció a los pueblos como sujetos de derecho en el artículo 4º. Cuando el gobernante quiere borrarte la memoria, hay que dudar de todo: hoy se dice que por primera vez se reconoce a los pueblos en la Constitución y no es cierto. Faltaba la ley reglamentaria, que siempre se pospuso, porque reconocer a la comunidad indígena como cuarto piso de jurisdicción del Estado significaba autonomía y libre determinación. Vino el 94, la faramalla y la ruptura del diálogo de San Andrés, la contrarreforma que borró el artículo 4º y escribió el 2º —poniendo a los pueblos como de interés público y no como sujetos de derecho público—, y la reforma de 2024, que les devuelve el estatus de sujeto colectivo pero no reconoce ni territorios, ni libre determinación ni autonomía. La propuesta de ley general que se ventila hoy tiene 256 artículos y es un costal de papas donde cayó todo lo que no saben acomodar.
MM: Y del otro lado, ¿qué hay? Porque todo esto viene del Estado, de los grupos violentos, de los que matan, roban y extraen. ¿Qué hay de resistencia?
RMC: Identifico al menos cinco estrategias de resistencia, desiguales y combinadas en cada rincón del país. La primera es la negociación política: en Michoacán, por ejemplo, el observatorio de seguridad humana de Apatzingán media y articula. Pero para negociar con alguien, primero tienes que reconocerlo, y el gobierno federal no lo hace. En los estados donde las cosas son descomunales —Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas— hay leyes locales o protocolos; Chiapas fue el primero, y participé en ello; Oaxaca, el último. El gobierno federal no reconoce y hay razones: el Tren Maya implicó a las fuerzas armadas en la violencia que desplazó a cientos de comunidades mayas, y mientras estén implicadas, menos quieren reconocer. Y está el tabú de Hacienda: si el gobierno admitiera que existen cientos de miles de desplazados sin atención, la escala presupuestal sería inconmensurable.
MM: Esto me duele sinceramente, porque recuerdo el éxodo de Andrés Manuel al Zócalo, a inicios de los noventa, defendiendo a los pueblos de Tabasco desplazados por la expansión petrolera. Fue una de las banderas que lo hicieron líder. Y mira lo que pasó con el Tren Maya.
RMC: Es una parábola perversa. La gente cambia, pero hay umbrales éticos. Déjame cerrar con lo más importante: las víctimas. Siempre somos los terceros quienes describimos al otro; incluso los organismos multilaterales invirtieron en la caracterización y registro del fenómeno —en la Sierra Tarahumara tardaron dos años, con consultores, y no lo lograron—. Pero en Tila, en junio de 2024, entraron drones y hombres armados a cuatro de las siete localidades del ejido, y la gente huyó de madrugada. Tengo imágenes en tiempo real de personas corriendo por sus vidas y pidiéndonos ayuda desde el celular. En 72 horas registramos a 10 000 desplazados, porque pusimos una herramienta digital confidencial y anónima en manos de las propias víctimas. Con eso evitamos el retorno forzado que el gobierno del estado quería imponer, y la gente se reconoció cuando vio su propia escala colectiva en las gráficas: “aquí estoy yo”. Eso es lo que reivindicamos: la autorreferencia de las víctimas. Porque el desplazamiento no es un delito codificado; y por eso, para el gobierno federal, las víctimas de desplazamiento no existen. En un espacio como este habría que invitar a las voces de las víctimas para que lo cuenten en primera persona.
AGR: Muchas gracias, Ramón, por tu tiempo y por tu trabajo en un tema tan complicado y tan necesario.
RMC: Gracias a ustedes por abrir la escucha. Estos espacios son imprescindibles: no basta con que las víctimas quieran hablar; falta que los oídos se abran.
* Directora editorial y director general de El Diluvio.
