Fuente: Imagen creada con IA.
Año 2, núm. 13, agosto de 2026
ISSN 3122-3583
a fondo
Europa se blinda, América Latina se resigna: la misma crisis, dos fracasos distintos
Paulo Hidalgo *
Europa encierra y deporta; América Latina abandona a la informalidad. Dos respuestas opuestas producen el mismo resultado: millones de personas trabajan, consumen y sostienen economías sin que el Estado consiga integrarlas.
En junio, el Parlamento Europeo aprobó con 418 votos a favor el nuevo Reglamento de Retorno: centros de deportación fuera de la Unión, detenciones de hasta dos años para quienes se nieguen a salir, facultades ampliadas para registrar viviendas y confiscar pertenencias.
El endurecimiento europeo no detiene la movilidad: la empuja hacia rutas más largas y letales.
El primer ministro griego, Kyriákos Mitsotákis, anunció que espera tener los primeros acuerdos con terceros países firmados este año, operativos en 2027. En Francia, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, propone restringir durante tres años buena parte de la inmigración legal, alegando que el país llegó “al límite de su capacidad de integración”.
Ninguna de estas situaciones ocurre en los márgenes del debate europeo. Ocurren en su centro, con gobiernos que hace una década se hubieran definido como moderados.
Los números, sin embargo, cuentan una historia distinta a la que el endurecimiento normativo sugiere. Las llegadas irregulares a la Unión Europea cayeron de manera sostenida desde el pico de 2015; en lo que va de 2026 se registran poco más de 24 000, una fracción de lo que fue la crisis migratoria de hace una década. El cerrojo, en otras palabras, se cierra sobre un problema que ya se había reducido antes de que el cerrojo existiera.
Un informe del Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias, publicado este año,(1) ofrece la explicación más incómoda para quienes diseñan estas normas: el endurecimiento de controles no reduce la movilidad desde África, solo la redirige hacia rutas alternativas, generalmente más largas y más peligrosas. Europa no está resolviendo el fenómeno que dice combatir; lo está haciendo más letal.
La informalidad latinoamericana y la deportación europea son dos maneras de negar una realidad que ya está dentro de sus fronteras.
América Latina exhibe un problema simétrico, aunque de signo distinto. Mientras Europa criminaliza la llegada, la región ha dejado que la permanencia se resuelva sola, en la informalidad. Casi siete millones de personas venezolanas viven hoy en países latinoamericanos —2.8 millones en Colombia; 1.6 millones en Perú; cifras menores pero significativas en Brasil, Chile y Ecuador—, en su mayoría individuos entre 18 y 39 años, con niveles educativos que en varios países superan el promedio de la población local.
Es, en términos demográficos, exactamente el tipo de migración que cualquier país envejecido debería estar peleándose por recibir. No obstante, el 82 % de esa población trabaja en la informalidad. La Organización Internacional para las Migraciones calcula que los hogares venezolanos aportan más de 10,600 millones de USD anuales a las economías receptoras, casi todo mediante el consumo, casi nada con el empleo formal o de los impuestos que ese empleo generaría.
Ahí está la diferencia de fondo entre los dos fracasos. Europa tiene el aparato estatal para regularizar, pero elige no hacerlo por cálculo político: el endurecimiento migratorio es hoy uno de los pocos consensos que cruza de la derecha tradicional a gobiernos que se definen a sí mismos como de centro.
América Latina, en cambio, muchas veces carece de esa capacidad institucional aunque quisiera regularizar o la tiene, pero no logra sostenerla en el tiempo frente a la magnitud del fenómeno. El resultado práctico es parecido: personas que trabajan, pero no tributan; que consumen, pero no acceden a protección social; que sostienen economías enteras sin aparecer en ninguna estadística oficial de empleo. La informalidad latinoamericana y la deportación europea son, en ese sentido, dos formas distintas de no resolver lo mismo: cómo integrar a millones de personas que ya están ahí, trabajando, consumiendo, pagando arriendo, sin que ningún marco legal las reconozca plenamente.
La regularización sostenida no es indulgencia: es capacidad estatal aplicada a una población que ya contribuye.
La comparación entre países latinoamericanos también desmiente la idea de que la precariedad es un destino inevitable. Cuando la OIM analiza qué políticas migratorias funcionan mejor en la región, la respuesta no es sorprendente, pero sí incómoda para quienes prefieren el discurso de mano dura: los procesos de regularización flexibles y sostenidos reducen la informalidad de manera consistente, mientras que las medidas restrictivas la profundizan.
Brasil, con su estrategia de interiorización, ha logrado mejores resultados de integración que países que optaron por narrativas centradas en seguridad y control fronterizo. No es una fórmula misteriosa; es simplemente la diferencia entre tratar la migración como un problema de orden público y tratarla como un problema de gestión estatal.
Lo que Europa y América Latina comparten, más allá de sus enfoques distintos, es la misma negativa a admitir que la migración del siglo XXI no se puede administrar con las herramientas del siglo pasado. Los estados europeos envejecen y necesitan personas trabajadoras extranjeras en salud, construcción y agricultura, y al mismo tiempo construyen centros de deportación fuera de sus fronteras. Los Estados latinoamericanos reciben una población migrante joven y calificada que podría revertir el vaciamiento demográfico de sus zonas rurales y la dejan atrapada en la economía informal por falta de voluntad o de capacidad administrativa.
En ambos casos, el costo de no resolver el problema no lo paga el Estado que fracasa en diseñar la política correcta. Lo paga la persona que cruza el Mediterráneo por una ruta más riesgosa porque la anterior se cerró o la que trabaja diez horas en un empleo informal en Bogotá o Santiago sin ninguna protección detrás. Los datos están ahí, disponibles, y dicen lo mismo desde hace años. La pregunta de qué hacer con ellos sigue sin tener, en ningún continente, una respuesta que alguien esté dispuesto a sostener más allá del próximo ciclo electoral.
* Politólogo y doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesor de la Universidad de Talca, campus Santiago.
Referencias
(1) Véase: International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) (2026). Migration Outlook 2026: Pan-Africa. https://www.icmpd.org/file/download/67490/file/ICMPD%20Migration%20Outlook%202026%20Pan-Africa.pdf
