Fuente: Imagen creada con IA.
Año 2, núm. 13, agosto de 2026
ISSN 3122-3583
a fondo
De Goma a Bogotá: tres décadas dentro del ACNUR
Giovanni Lepri *
Treinta años de crisis humanitarias dejan una certeza: proteger a quienes huyen no es caridad, sino una inversión en capacidad humana. Cuando existen derechos, documentos y oportunidades, las personas refugiadas devuelven más de lo que reciben.
Me gusta definirme, con un toque de ironía, como un “millennial” del ACNUR. Mi primer puesto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) empezó en agosto de 1999, en Goma, en el extremo este de la República Democrática del Congo; es decir, en el milenio pasado. Entonces, la bandera de las Naciones Unidas parecía todavía una protección suficiente: su sola presencia transmitía imparcialidad y generaba respeto entre actores en conflicto.
La protección internacional no es caridad: es una obligación jurídica y una apuesta por la capacidad humana de reconstruir, contribuir y pertenecer.
Pocos años después, en agosto de 2003, algo se quebró de manera dramática. El atentado suicida en Bagdad, en el que murieron Sérgio Vieira de Mello y 21 colegas más, fue para muchos de nosotros algo más que una tragedia: fue la señal de que el mundo había cambiado profundamente y, quizá, para siempre.
Casi 30 años después, y pese al costo familiar de los traslados periódicos —particularmente dolorosos cuando se tienen hijos adolescentes—, sigo creyendo en una idea sencilla, pero decisiva: con los instrumentos adecuados, las personas refugiadas y desplazadas no solo reconstruyen sus vidas, sino que enriquecen social, cultural y económicamente a las comunidades que las reciben. Marcos jurídicos sólidos, políticas públicas incluyentes, incentivos adecuados y una narrativa basada en datos, hechos y evidencias son la base de una integración que realmente funcione.
No es caridad, son derechos
Conviene decirlo con claridad: no se trata de caridad. Las personas refugiadas han visto vulnerados derechos humanos fundamentales y la respuesta debe partir de la restitución, el reconocimiento y el goce efectivo de esos derechos. Los Estados han asumido obligaciones legales que no pueden tratar como favores. Hablar de protección internacional es hablar de derechos y obligaciones, no de gestos discrecionales.
Desde la operación de repatriación del Congo a Ruanda en 1999-2000 hasta la respuesta al desplazamiento interno en Colombia en 2001-2003; desde la crisis de Darfur, que viví a ambos lados de la frontera con Chad entre 2004 y 2006, hasta los esfuerzos de integración en Mozambique y la mal llamada “crisis de refugiados” de 2015-2018 en Grecia, he visto repetirse una misma verdad: quienes se ven obligados a huir saben exactamente qué es lo que perdieron y, cuando encuentran las condiciones adecuadas, devuelven mucho más de lo que reciben.
Esa convicción se ha fortalecido, paradójicamente, en los momentos de mayor tensión. Me preocupó, y debo admitir que también me sorprendió, la reacción defensiva de la Unión Europea ante civiles que huían del conflicto en Siria, como si esas personas pusieran en riesgo su estabilidad. La llegada de cientos de miles de personas sirias, afganas e iraquíes a Europa mostró hasta qué punto las diferencias lingüísticas, culturales y religiosas pueden convertirse en barreras reales, pero de ningún modo insuperables, si existe la voluntad y la inversión para derribarlas.
El espejo de la integración de Europa a América Latina
Más recientemente fui representante de ACNUR en México antes de trasladarme a Colombia a comienzos de 2026. México fue una experiencia especialmente reveladora: un país que funciona, al mismo tiempo, como origen, retorno, tránsito y destino. Allí participé activamente en esfuerzos de integración de personas refugiadas y observé también el crecimiento preocupante del desplazamiento interno. El hecho de que muchas personas solicitantes de asilo hablaran español y compartieran tradiciones y costumbres cercanas a las de las comunidades de acogida hizo que la integración fuera menos compleja que en la Europa de unos años atrás.
Sin embargo, el diagnóstico global es severo:
- Hoy, casi 118 millones de personas han sido desplazadas por la violencia en el mundo.
- El número de personas forzadas a huir se ha duplicado en la última década
- Existen por lo menos treinta conflictos activos y las tensiones internas o internacionales siguen resolviéndose, demasiadas veces, por la fuerza.
Cerrar una ruta no elimina la necesidad de protección; solo la desplaza, la invisibiliza o la vuelve más peligrosa.
Si el “no uso” de la violencia fuera un indicador de desarrollo, el balance sería alarmante. Si reuniéramos a toda la población desplazada forzosamente en un solo territorio, este sería el undécimo más poblado del planeta. No hemos logrado prevenir las causas del desplazamiento forzado; al menos debemos mitigar sus consecuencias. El desafío es aún mayor cuando el sistema multilateral y los principios fundantes de las Naciones Unidas son cuestionados como pocas veces en los últimos ochenta años.
Pero antes de seguir, conviene precisar de qué hablamos. ¿Qué tienen en común cientos de miles, o millones, de personas con nacionalidades, costumbres, idiomas e historias tan distintas? Las une haber tomado lo que suelo llamar, de manera provocadora, la “decisión más fácil y dramática”: dejarlo todo para salvar la vida. Si cruzan una frontera internacional, pueden ser reconocidas como refugiadas; si permanecen dentro de su propio país, son desplazadas internas y la responsabilidad principal de su protección recae en el Estado. En ambos casos, lo esencial es lo mismo: no tuvieron una alternativa real. Tuvieron que huir. Allí está la diferencia fundamental entre una persona migrante y una persona refugiada, y de esa diferencia nacen marcos jurídicos totalmente distintos.
Las necesidades humanitarias en las Américas
América Latina y el Caribe no son una excepción a esta tendencia global; al contrario, son una de sus expresiones más claras. La región ha experimentado un crecimiento muy marcado del desplazamiento forzado por la violencia, con un impacto desproporcionado en mujeres, niños, niñas, adolescentes y comunidades étnicas. Las causas son múltiples, simultáneas y se refuerzan entre sí. Ya no hablamos de crisis aisladas, sino de dinámicas regionales de movilidad humana que combinan protección internacional, desplazamiento interno, migración, retorno y, cada vez más, el confinamiento de comunidades enteras que ni siquiera pueden moverse para buscar protección.
Hoy hay casi 23 millones de personas en condición de desplazamiento en la región (cerca del 18 % del total mundial). Además, casi ocho millones de personas originarias de las Américas han salido del continente en búsqueda de protección, principalmente hacia Estados Unidos y Europa. La lista de países expulsores se ha ampliado con los años: Venezuela, Haití, Colombia y Cuba, pero también Honduras, Guatemala, Ecuador, Nicaragua y México, dibujan un panorama poco alentador. En el caso venezolano, además, aún no se observa un retorno significativo, y el deterioro reciente de las condiciones internas podría limitar todavía más los retornos en el corto y mediano plazo.
En los últimos años, también vimos llegar a personas refugiadas y migrantes de otros continentes que, ingresando principalmente por Brasil, seguían su ruta hacia el norte, con Estados Unidos como principal destino. Sin embargo, las políticas restrictivas reforzadas en 2025 y la drástica reducción de la cooperación internacional han alterado esos patrones. Menos personas se desplazan hoy de sur a norte y comienzan a registrarse, de forma cada vez más clara, movimientos inversos.
El Tapón del Darién resume bien esta paradoja. Más de un millón de personas lo cruzaron hacia el norte entre 2022 y 2024; hoy, en cambio, se registran intentos de cruce en sentido contrario, desde Panamá hacia Colombia. El cierre de una ruta no elimina las necesidades de protección: solo las desplaza, las invisibiliza o las vuelve más peligrosas.
Mientras tanto, las causas estructurales del desplazamiento forzado no han sido resueltas o se han agudizado. El control territorial de grupos armados y organizaciones criminales, la extorsión, las amenazas, los homicidios, el reclutamiento forzado de menores y la violencia de género se combinan con la fragilidad institucional y la desigualdad socioeconómica. A esto se suman los desastres naturales como factores agravantes de la crisis.
La integración funciona cuando hay documentos, educación, empleo formal, salud y redes comunitarias: no basta con abrir la puerta.
Revirtamos la narrativa: la migración como motor de desarrollo
Frente a este panorama, una de las amenazas más insidiosas es la narrativa tóxica y xenófoba que prefiere fabricar un enemigo antes que mirar los datos. Recuerdo que, cuando trabajaba en Italia, solía buscar durante mis conferencias a la persona de mayor edad en el público y le preguntaba si pensaba que las y los refugiados venían a quitarles el trabajo a sus hijos e hijas. En realidad, venían a contribuir al pago de su pensión. Acto seguido, mostraba los datos sobre la brecha entre las contribuciones de las personas trabajadoras activas y el costo de las pensiones.
Esto no solo se aplica para Europa. En América Latina, los países ya no son tan jóvenes como se cree: necesitan mano de obra, capital humano e innovación. El crecimiento demográfico en la región, aunque sigue siendo positivo, se ha desacelerado de manera marcada en las últimas décadas.
Recuerdo unas palabras que compartí durante mi primera participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara:
Así como al abrir un libro nos mueve la curiosidad por descubrir la historia que contienen sus páginas, lo mismo debería ocurrir cuando encontramos a una persona refugiada. Detrás de cada historia hay experiencias extraordinarias de resiliencia, pérdida, aprendizaje y superación. La ignorancia es la mejor amiga de la xenofobia; por eso, el conocimiento debe caminar siempre junto a la empatía y la inclusión.
Las soluciones exigen diálogo y cooperación estrecha entre los países de origen, tránsito y destino, además de políticas incluyentes que garanticen el acceso a sistemas de asilo justos y eficaces. El principio rector del Pacto Mundial sobre Refugiados de 2018 es claro: la respuesta debe ser una responsabilidad compartida entre Estados y un compromiso de toda la sociedad. Dado que enfrentamos movimientos mixtos en los que refugiados y migrantes se desplazan juntos, las políticas deben ser integrales o estarán condenadas al fracaso.
Una apuesta por el potencial humano
Hace pocos meses me fui de México, un país donde, gracias a un esfuerzo integral, logramos integrar a más de 50.000 personas refugiadas. Mi mayor satisfacción fue verlas volver a sonreír y a creer en su futuro. También lo fue constatar que los estudiantes refugiados becados se ubicaban, casi sin excepción, entre los mejores de sus cursos. En 2025, el premio Nansen regional —el máximo galardón para quienes trabajan por las y los refugiados— fue otorgado a un representante del sector privado por su compromiso con la inclusión laboral.
Hace poco, en un evento en Cali, un empresario que colabora con la iniciativa del ACNUR “Juntos por la Inclusión” resumió nuestra visión con una frase: “Hacer el bien, hacerlo bien y que, al mismo tiempo, fuera un negocio”. Esta frase, simple y poderosa, resume una intuición que deberíamos tomar más en serio: las políticas incluyentes generan un gana-gana-gana, favoreciendo a las personas refugiadas, a las empresas y a la sociedad en su conjunto.
La integración no es una concesión, sino una inversión social. Cuando las personas refugiadas acceden a documentación, educación, empleo formal, servicios financieros, salud y redes comunitarias, su aporte deja de ser una posibilidad teórica y se vuelve tangible. Por eso los factores habilitantes importan tanto: no basta con abrir una puerta, hay que asegurar que puedan cruzarla y permanecer de pie del otro lado.
Estamos en un momento crítico. Los mecanismos de cooperación regional se han debilitado de manera preocupante. La combinación de una mayor necesidad de protección, menos vías legales de acceso y una menor cooperación multilateral aumenta los riesgos para las personas vulnerables y erosiona la capacidad de respuesta de los Estados.
Por eso hay que despojarnos de las etiquetas y mirar el rostro humano detrás de las estadísticas: mujeres, hombres, niñas, niños, talentos, aspiraciones y sueños. Si toda la población desplazada formara un solo país, probablemente sería uno más pacífico, empático y productivo que muchos de los actuales. Al final, esa es la lección más valiosa: la protección internacional no es solo una respuesta a la vulnerabilidad; es, sobre todo, una apuesta por la capacidad humana de reconstruir, contribuir y pertenecer.
* Representante de ACNUR en Colombia.
