Fuente: Imagen creada con IA.
Año 2, núm. 13, agosto de 2026
ISSN 3122-3583
a fondo
El costo humano del endurecimiento migratorio
Eunice Rendón *
Cuando detener y deportar se convierte en cuota, la ley deja de buscar riesgos y empieza a perseguir apariencias. El crecimiento acelerado del ICE multiplica detenciones, opacidad y muertes, mientras normaliza el racismo como política pública.
Desde su primera campaña presidencial, Donald Trump convirtió la migración en una herramienta política. Durante su primer gobierno la utilizó para movilizar a su base electoral, presionar a México y justificar medidas como la amenaza de imponer aranceles. En su segundo mandato ha profundizado esa estrategia y la ha vinculado con la seguridad, el narcotráfico, el fentanilo y el comercio. Su articulación le permite ampliar la presión sobre México y presentar prácticamente cualquier asunto bilateral como una amenaza para Estados Unidos.
Una agencia medida por arrestos termina sustituyendo la investigación por perfil racial y sospecha generalizada.
Esta lógica, aunada a su promesa de deportar a un millón de personas cada año, ha transformado de manera profunda al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En el último año, la agencia duplicó su personal operativo, al pasar de aproximadamente 10 000 a 22 000 agentes y oficiales. La contratación acelerada incorporó a cerca de 12 000 personas, en algunos casos con revisiones de antecedentes todavía inconclusas y requisitos flexibilizados. Al mismo tiempo, la formación básica fue reducida de 72 a 42 días, eliminando más de 240 horas de preparación en materias como uso de la fuerza, conducción, armas y fundamentos legales. Aunque el gobierno anunció posteriormente una ampliación del entrenamiento, miles de nuevos elementos ya habían sido desplegados bajo un esquema de formación exprés.
También cambiaron las prioridades. En lugar de concentrar los recursos en personas que representan un riesgo real o que han cometido delitos graves, el principal incentivo institucional pasó a ser numérico: detener y deportar a más personas. La consecuencia es que la población bajo custodia del ICE alcanzó niveles históricos, con alrededor de 73 000 personas detenidas. Cerca del 70 % no tiene una condena penal y, entre quienes sí cuentan con antecedentes, muchas y muchos fueron sancionados por faltas menores, incluidas infracciones de tránsito.
Más agentes, menos capacitación y menor rendición de cuentas forman una combinación institucionalmente explosiva.
Cuando el éxito de una agencia se mide principalmente por el volumen de arrestos, aumenta el riesgo de que el perfil racial sustituya a la investigación y de que la apariencia, el idioma o el lugar de trabajo se conviertan en motivos suficientes de sospecha. En distintos operativos se ha denunciado la detención de personas sin verificar previamente su situación migratoria, el ingreso a espacios privados con fundamentos jurídicos cuestionables y el uso excesivo de la fuerza. A ello se suma la presencia de agentes enmascarados, sin identificación visible y, con frecuencia, sin cámaras corporales, lo que dificulta esclarecer responsabilidades y alimenta una percepción de impunidad. En el caso de Lorenzo Salgado, por ejemplo, la ausencia de imágenes de una cámara corporal ha impedido contrastar plenamente la versión oficial con la de los testigos.
Quien ya sostenía posiciones racistas o xenófobas encuentra hoy permiso político para expresarlas y actuar en consecuencia. El discurso de odio deja de permanecer en los márgenes, gana visibilidad y profundiza la polarización, la discriminación y el riesgo de agresiones. Hace apenas unas semanas, cientos de integrantes enmascarados de Patriot Front, una organización supremacista blanca y antiinmigrante, marcharon por Washington durante las celebraciones del 4 de julio con banderas confederadas y consignas para “recuperar” Estados Unidos. En distintas ciudades también han aparecido carteles con mensajes como “deporten a los invasores”. Paralelamente, la llamada Mass Deportation Coalition, integrada por más de cien organizaciones, celebró un encuentro en un crucero por el río Potomac para fortalecer una agenda abierta de deportaciones masivas. No son hechos desconectados: una política gubernamental basada en la estigmatización puede legitimar y dar mayor espacio público a movimientos extremistas.
El abuso contra las personas migrantes no se queda en la frontera: erosiona el Estado de derecho de toda la sociedad.
El costo humano ya es inocultable. Durante el segundo mandato de Donald Trump han muerto 54 personas bajo custodia del ICE o durante operativos migratorios, la cifra más alta de las últimas dos décadas. Entre ellas hay 17 mexicanos: 14 fallecieron mientras permanecían detenidos y tres durante acciones de la autoridad.
Ante este escenario, la decisión de México de pasar de las notas diplomáticas a las acciones legales ante tribunales estadounidenses era necesaria y urgente. Han sido precisamente las cortes de ese país las que han logrado frenar algunas de las medidas antimigratorias más controvertidas de Trump. Así ocurrió recientemente con la ciudadanía por nacimiento, cuando la Suprema Corte detuvo la orden ejecutiva que pretendía restringir este derecho al considerarla contraria a la Constitución.
Estados Unidos tiene derecho a aplicar sus leyes migratorias, pero ninguna facultad estatal es absoluta. Duplicar el número de agentes del ICE, acelerar su capacitación, fijar metas crecientes de detención y permitir que operen en condiciones que dificultan la rendición de cuentas genera una combinación peligrosa. Sus consecuencias recaen primero sobre las personas migrantes, pero terminan afectando a toda la sociedad: debilitan el Estado de derecho, normalizan el abuso y amplían el espacio para el racismo, la xenofobia y la polarización social.
* Directora Ejecutiva de Agenda Migrante.
