Fuente: Imagen creada con IA.
Año 1, núm. 12, julio de 2026
ISSN 3122-3583
a fondo
Un trípode para un nuevo consenso
Ciro Murayama *
Sin agenda medioambiental, centralidad del trabajo y pacto fiscal, no habrá nuevo consenso económico posible. Murayama propone un trípode para reconstruir progreso colectivo en el siglo XXI: producir de otra manera, dignificar el empleo y redistribuir con responsabilidad democrática.
El medioambiente, el trabajo y la desigualdad son los tres grandes desafíos que deben ordenar el nuevo pacto económico.
Tres grandes desafíos
La destrucción de los ecosistemas y el avance del cambio climático son la mayor externalidad negativa que la actividad económica ha generado sobre el planeta, a tal grado de generar riesgos para la seguridad y la supervivencia del conjunto de la humanidad, aunque los peligros socioambientales se distribuyan asimétricamente, comprometiendo en primer lugar a las poblaciones más desfavorecidas.
A la vez, el grueso de la población mundial sigue dependiendo del fruto de su trabajo diario para hacerse de su sustento material, por lo que el empleo y su calidad, cada vez más inciertos y volátiles, siguen determinando directamente las condiciones de la existencia del grueso de las y los habitantes del orbe. Un tercer elemento que caracteriza a las sociedades contemporáneas es el aumento de las desigualdades y la extrema concentración de la riqueza en muy pocas personas, hechos que se traducen en una profunda insatisfacción social que desemboca en polarización política y alimenta la ola autoritaria que compromete los avances democráticos en todos los continentes.
Los acuciantes desafíos en materia de: 1) medioambiente, 2) empleo y 3) desigualdad, pueden, debidamente entendidos y enfrentados, constituir tres puntos clave de una agenda de actuación política e intelectual que permita construir un nuevo consenso económico a favor del progreso colectivo. Es lo que identifico como el trípode para un pacto social y democrático, que necesariamente implica definiciones en el terreno económico, para el siglo XXI.
La viabilidad ambiental del planeta
La abundante evidencia científica disponible permite constatar el rápido y drástico incremento de las temperaturas promedio en la superficie de la Tierra, así como la mayor frecuencia e intensidad en los fenómenos meteorológicos extremos que, producto de la alteración de la acción humana sobre los ecosistemas y la biodiversidad, aceleran los riesgos para la población y comprometen tanto el bienestar humano como la propia viabilidad ambiental del planeta. Además, los efectos negativos del deterioro ambiental son un acelerador de las desigualdades sociales al interior de las naciones y entre ellas, al tiempo que profundizan la pobreza y la precariedad de las poblaciones que viven en peores condiciones. No puede haber, en consecuencia, política económica ni agenda de desarrollo que no incluya entre sus objetivos e instrumentos de acción al medioambiente.
Sin embargo, la evidencia científica no ha sido suficiente para modificar patrones de producción, distribución y consumo al interior de los países y en el contexto internacional. Los compromisos multilaterales en la materia, además, viven profundos retrocesos en los últimos años por el auge de gobiernos autoritarios de corte populista que cuestionan los datos sustentados en conocimiento empírico y verificable, a la par que atacan los instrumentos de cooperación internacional en múltiples frentes, el ambiental incluido expresamente, mientras que en el ámbito doméstico se recortan recursos para la investigación y la protección de los recursos naturales y se debilitan o desaparecen las agencias públicas especializadas. No importa si el populismo es de derecha, como en el caso de Donald Trump o Jair Bolsonaro, o pretendidamente de izquierda, como el de Andrés Manuel López Obrador: sus efectos son igual de perniciosos. Por supuesto, el negacionismo autoritario del cambio climático no es neutro desde el punto de vista económico: responde a intereses corporativos e industriales con enorme poder de influencia mediática y política.
El que se subraye que hay poderosos intereses económicos contrarios a que prosperen los consensos para mitigar el daño ambiental, no puede dar lugar a la confusión, bastante extendida en distintos círculos, de que la preservación de la naturaleza es necesariamente una batalla contra el capitalismo o contra el crecimiento económico en sí. De hecho, esas posturas más radicales poco contribuyen a la labor de persuasión política y social que es indispensable para que el consenso medioambiental tenga una base social extensa y sólida.
No se trata, en suma, de frenar la producción, la actividad industrial, el comercio o el consumo masivo, lo que en el extremo nos llevaría a condenar a la exclusión de satisfactores materiales básicos a cientos o miles de millones de seres humanos que han vivido privados de los bienes y servicios elementales, sino de modificar, con perspectiva ambiental y a partir de evidencia científica, la manera en que se produce, se distribuye y se consume.
Lo que ocurre en el ámbito de la energía puede brindar un buen ejemplo. Avanzar hacia energías renovables en vez de persistir en la extracción de recursos fósiles para producir más electricidad para la industria, los servicios y los hogares es indispensable. La alternativa no es prescindir de energía, sino de modificar sus fuentes, lo que abre valiosas oportunidades de inversión e innovación que son consustanciales al progreso económico. Lo mismo puede decirse del transporte, para poner menos énfasis en los vehículos privados de uso de energía fósil y extender las redes de transporte público de propulsión eléctrica.
Un tercer campo que puede servir como ejemplo es la producción de alimentos, para disminuir el peso de las actividades ganaderas con mayor impacto medioambiental y reducir a la vez el consumo de cárnicos rojos cuya alta presencia en la dieta humana tiene consecuencias negativas para la salud. De nuevo, no hay que dejar de comer carne ni imponer dietas veganas, sino de alimentarse mejor.
Los anteriores son solo ejemplos para ilustrar que, sin renunciar al crecimiento, a la movilidad y al consumo, es factible imaginar e impulsar patrones de conducta a lo largo de las más variadas cadenas de generación, distribución y consumo de bienes y servicios, que permitan que la necesaria actividad económica se articule de mejor manera con el medioambiente.
A diferencia de los consensos económicos, políticos y sociales de la segunda posguerra que dieron lugar a la edificación de Estados de Bienestar, en la actualidad no es posible imaginar un gran pacto que no incluya expresamente el objetivo de la preservación de la naturaleza. Sin agenda medioambiental no hay agenda de progreso. Un nuevo consenso económico debe tener, como uno de sus pilares, al medioambiente.
No se trata de frenar la producción, sino de transformar la manera en que producimos, distribuimos y consumimos.
Recuperar la centralidad del trabajo
El eslabón que conecta a la economía con la población es el empleo. El bienestar de una sociedad depende directamente de las condiciones de trabajo de sus habitantes o, dicho de otra forma, la calidad de vida está en función de la calidad del empleo.
Una sociedad que tiene empleo precario, informal, inseguro, también tiene unas condiciones de existencia precarias; por ejemplo, sin el acceso a la seguridad social sobre la que descansa el bienestar de las grandes masas de trabajadoras y trabajadores y de sus familias. La precariedad laboral es precariedad existencial.
La construcción de pactos sociales incluyentes siempre involucró el componente del empleo y los derechos asociados a él, aunque la agenda laboral empezó a desplegarse antes, desde las primeras etapas del capitalismo, cuando precisamente nacieron los mercados de trabajo y la compraventa de la fuerza laboral. Más adelante, en el New Deal de Estados Unidos y en los pactos sociales de los Estados de Bienestar europeos fue clave el papel del sindicalismo para permitir una negociación salarial no condicionada exclusivamente por las condiciones asimétricas entre empleador y trabajador, además de que fue importante introducir normas como el salario mínimo, regular las condiciones de trabajo, establecer el seguro de desempleo y desarrollar los sistemas de pensiones contributivas sobre el principio de la solidaridad intra e intergeneracionales.
En los llamados años dorados del capitalismo, la expansión y consolidación de las clases medias no fue solo un fenómeno productivo con la creación masiva de puestos de trabajo y la multiplicación de las posibilidades de consumo a gran escala, sino que también fue resultado de acuerdos políticos: mejores salarios, mayores impuestos a quienes acumulaban más ingreso y riqueza, expansión del salario social —educación pública, transporte público, salud pública en el caso de Europa— que, a su vez, hicieron posible el amplio consenso democrático al seno de esas naciones.
Pero la crisis económica de los años setenta, con la presencia de una persistente inflación —motivada en un principio por el choque de los precios del petróleo al alza— que causó incrementos salariales que después conducían a nuevas espirales de precios, dio pie a que el trabajo y su remuneración se vieran —y así se puso el énfasis en las escuelas de economía— básicamente como un costo de la producción y no como un componente indispensable de la demanda agregada. Además, claro está, de entenderse como el nutriente indispensable del bienestar colectivo y de la cohesión social.
La revolución conservadora que tomó auge a partir de los años ochenta significó un profundo desmantelamiento de los acuerdos en materia de trabajo. Los sindicatos y la regulación del empleo pasaron a verse como obstáculos para el buen funcionamiento de los mercados, los salarios como costos que era preciso minimizar. El éxito de esa estrategia basada en una visión microeconómica de las relaciones laborales permitió abatir y externalizar costos, pues avanzó la flexibilidad laboral que favoreció el despido y el ajuste de plantillas vía la contratación temporal y el uso de estratagemas como el outsourcing y las y los falsos trabajadores independientes para ocultar relaciones de trabajo subordinado. La otra cara de esa estrategia fue la pauperización de las condiciones de vida de trabajadoras y trabajadores, el aumento de la desigualdad y la pérdida de la cohesión social.
A ello hay que sumar condiciones de cambio estructural en la economía que, de la mano de la globalización y el avance tecnológico, han desplazado el empleo y disminuido el uso intensivo del factor trabajo en las actividades industriales de más valor agregado. Pero el empleo sigue siendo necesario e irremplazable en múltiples actividades del sector servicios, donde se concentra el grueso de la generación del producto de las naciones.
En países como México, la preeminencia de las políticas asociadas al Consenso de Washington en materia laboral se materializó en una política de férrea contención salarial en aras de la estabilidad de precios. Los bajos salarios incluso se entendieron como una ventaja competitiva en los mercados internacionales. En términos reales ello tuvo consecuencia sobre la anemia de la demanda agregada, a la par que prolongó la existencia de elevados niveles de pobreza y desigualdad. La alta concentración del ingreso en México tiene efectos negativos directos sobre el crecimiento de la economía, generando un círculo vicioso entre estancamiento y persistencia de la informalidad que, a su vez, afecta la recaudación fiscal y excluye a más de la mitad de las y los trabajadores y sus familias del acceso a la seguridad social.
En el plano internacional, los años recientes de crecimiento acelerado de las fortunas de los dueños de las empresas tecnológicas y de los accionistas, mientras se mantienen contenidos los salarios y pierden poder adquisitivo las remuneraciones de los empleos de menor calificación y más extendidos, ha hecho que cambie la distribución factorial del producto en las economías, esto es, que las ganancias del capital representen cada vez mayor parte del producto interno bruto (PIB) en detrimento de lo que significa la masa salarial. La polarización, la insatisfacción social y la ruptura de los consensos democráticos no se explican sin estos cambios ocurridos en la esfera económica.
En las naciones con mayor desigualdad y menor peso de los salarios, como es el caso de México, la retribución al capital representa un 70 % del producto y solo un 30 % los salarios. En las naciones industrializadas se da casi una situación inversa: dos terceras partes de la riqueza generada van a la retribución de la población trabajadora y un tercio al capital.
Si del trabajo depende la calidad de vida de la población, el empleo no puede ser ignorado en una nueva agenda económica. Recuperar el diálogo social entre empresariado y población trabajadora, combatir la explotación y la precarización, evidenciar que la mejora de los salarios mínimos no es sinónimo de inflación y de aumento del desempleo, tienen que ser tareas obligadas de toda propuesta económica que se pretenda progresista.
No se trata de plantear una suerte de cooperativismo extendido para dar la centralidad que requiere el trabajo y su remuneración en todo pacto económico y social: basta con insistir que la ocupación en el mercado laboral debe permitir a las familias de los trabajadores vivir fuera de condiciones de pobreza, por lo que el salario mínimo ha de costear el acceso a una canasta básica de bienes y servicios; y asumir que una economía de mercado puede funcionar de manera adecuada sin que los dueños del capital se hagan de más de una tercera parte del producto nacional.
No puede haber un renovado consenso social si no es, también, un consenso en materia laboral.
Un nuevo consenso democrático exige fiscalidad suficiente, empleo digno y una política económica compatible con la vida del planeta.
Todo pacto social es fiscal
El economista francés Thomas Piketty ha hecho una importante labor de pedagogía para explicar que la desigualdad, lejos de ser una fatalidad, es una realidad que distintas naciones han disminuido de forma drástica gracias precisamente a acuerdos políticos que se basan en instrumentos fiscales que, en esta época de reconcentración de la riqueza y debilitamiento de los Estados de Bienestar, también están en entredicho.
En su libro Nature, Culture, and Inequality. A Comparative and Historical Perspective,(1) Piketty recrea que hace un siglo, después de la Primera Guerra Mundial y antes de la crisis de 1929, en las principales naciones de Europa había un “Estado guardián” de la seguridad, concentrando sus actividades en el mantenimiento del orden público y en resguardar la propiedad privada, para lo que financiaba a policías y jueces, además de que velaba por la integridad frente a agresiones externas soportando la capacidad de defensa militar, todo lo cual financiaba con una recaudación que se acercaba al 20 % del PIB. En ese tiempo el gasto en educación era mínimo, así como en salud o en seguridad social y pensiones.
Pero el profundo impacto de la Segunda Guerra provocó un cambio en la visión y en la misión del Estado, dejando de ser solo guardián para volverse social. El Estado de Bienestar fue una respuesta política a los peligros bélicos que habían asolado a Europa. El objetivo de ofrecer seguridad material a las grandes masas de trabajadoras y trabajadores desposeídos estuvo en el cimiento del nuevo consenso. La idea fue que, colectivamente, por medio del Estado, se generara protección frente a los riesgos consustanciales a la existencia —la enfermedad, la vejez, la viudedad, la orfandad, la discapacidad— y al funcionamiento de las economías de mercado —el desempleo—, al tiempo que se extendían las garantías que hacían efectivos los derechos sociales, fundamentalmente a la educación y la salud, y se fortalecía así el salario social —de nuevo mediante el transporte público, la educación pública para las y los hijos, la salud para todos los integrantes de las familias—. Estos acuerdos generaron las sociedades donde mejor se han combinado las aspiraciones ilustradas de la libertad y la equidad.
Pero ello fue posible por medio del fortalecimiento de las capacidades estatales para garantizar los derechos sociales y para intervenir en las fases depresivas del ciclo económico; es decir, incrementando de forma notable la recaudación fiscal que, en sí misma, se convirtió también en un instrumento de reducción de las desigualdades producidas por el mercado. Piketty recuerda que la recaudación fiscal como porcentaje del PIB pasó rápidamente al 30 % y luego al 40 % y que en la actualidad se sitúa en el 47 %.
El consenso económico para el siglo XXI debe proponerse revertir el debilitamiento de las capacidades estatales. Ello implica necesariamente enfrentar las presiones de las grandes empresas tecnológicas contrarias al pago de impuestos y la insistencia de gravar progresivamente a las personas contribuyentes, sobre todo en escenarios de alta concentración del ingreso, como el de México.
Sin pacto fiscal no hay pacto social efectivo. La seguridad básica para la supervivencia de las democracias es la seguridad social. Un renovado pacto político en materia económica es el único antídoto que ha demostrado ser efectivo contra el autoritarismo.
* Economista, análista político, catedrático de la UNAM y Director del Centro de Estudios Mexicanos UNAM – España.
Referencias
- Piketty, T. (2024). Nature, Culture, and Inequality. A Comparative and Historical Perspective.
