Fuente: Imagen creada con IA.
Año 1, núm. 12, julio de 2026
ISSN 3122-3583
a fondo
La democracia liberal y la urgente necesidad de innovar
Edna Jaime *
La crisis de las democracias liberales no puede explicarse solo por la polarización o el avance de liderazgos autoritarios. También responde a una fractura económica más profunda: la pérdida de una promesa creíble de progreso compartido.
Algo importante se está moviendo debajo de la crisis de las democracias liberales. No es solo la polarización ni tampoco los liderazgos autoritarios o la fragilidad de los partidos. Todo eso es real, por supuesto, pero creo que hay una explicación más profunda: la democracia liberal perdió parte de su capacidad para ofrecer una promesa creíble de progreso.
La democracia liberal no descansa únicamente sobre elecciones e instituciones: también necesita ofrecer expectativas razonables de futuro.
Desde hace tiempo observo con preocupación el deterioro de las democracias liberales. Lo hago como politóloga, pero también como ciudadana. He dedicado buena parte de mi vida profesional a estudiar instituciones, rendición de cuentas y límites al poder. Durante años pensé que entendía razonablemente bien las amenazas que enfrentaban las democracias. Hoy ya no estoy tan segura.
Sabemos bastante sobre los mecanismos por medio de los cuales las democracias se erosionan. La literatura sobre retroceso democrático ha crecido de manera extraordinaria en los últimos años. Y conforme leo esa literatura, converso con colegas, observo lo que ocurre en distintas partes del mundo y me da la impresión de que algo importante sigue faltando en la conversación.
Mi intuición es que estamos intentando explicar un fenómeno profundamente político sin prestar suficiente atención a algunas de sus causas económicas.
No me refiero únicamente a la desigualdad, que ciertamente explica parte de la historia, sino a algo más amplio: a la relación entre el modelo económico que construimos durante las últimas décadas y la legitimidad de las democracias liberales.
Esta es una reflexión que puede resultarme difícil porque no provengo de una tradición que vea con sospecha a los mercados. Al contrario. Creo en la capacidad de las personas para emprender, innovar y crear riqueza. Y que los mercados, cuando funcionan adecuadamente, son mecanismos insustituibles para coordinar información, generar prosperidad y expandir opciones de vida. Buena parte del progreso material que ha experimentado la humanidad durante las últimas décadas sería difícil de explicar sin ellos.
Por eso mismo me parece importante tomar en serio algunas preguntas que hace apenas unos años habrían parecido innecesarias:
¿Y si parte de la crisis de legitimidad que atraviesan las democracias liberales estuviera relacionada con las limitaciones del arreglo económico que las acompañó durante las últimas décadas?
¿Y si el problema no fuera el mercado, sino nuestra incapacidad para construir instituciones capaces de distribuir más ampliamente las oportunidades que genera?
¿Y si la defensa de la democracia liberal exigiera algo más que proteger elecciones, tribunales y organismos autónomos?
Son muchas más las preguntas que tengo, que las respuestas que puedo ofrecer.
Porque durante mucho tiempo asumimos que la apertura económica y el crecimiento terminarían fortaleciendo las bases sociales de la democracia. Existían razones para pensar así. La globalización produjo una expansión económica sin precedentes y permitió que millones de personas salieran de la pobreza. La innovación tecnológica ha transformado industrias enteras y mejorado la vida de muchos.
El problema no es el mercado, sino la incapacidad de construir instituciones que distribuyan mejor las oportunidades que genera.
Pero mientras observábamos esos avances también comenzaron a presentarse señales de tensión. En muchas democracias desarrolladas la movilidad social empezó a frenarse. La riqueza se concentró con mayor intensidad. Sectores importantes de la población comenzaron a experimentar una sensación persistente de vulnerabilidad económica. No necesariamente eran los más pobres. Muchas veces eran ciudadanas y ciudadanos que seguían teniendo empleo e incluso ingresos relativamente estables. Lo que parecía debilitarse era algo más difícil de medir: la confianza en que el futuro sería mejor que el presente.
Las democracias liberales no descansan únicamente sobre procedimientos; necesitan también una cierta promesa de progreso. Cuando esa expectativa se erosiona, las consecuencias terminan expresándose políticamente.
Un trabajo reciente de Eli G. Rau y Susan Stokes(1) resulta especialmente relevante. Su argumento no es que la desigualdad explique todo, sino que ayuda a crear condiciones propicias para la erosión democrática. Cuando la desigualdad se vuelve persistente, cuando grandes grupos sociales sienten que las reglas del juego favorecen sistemáticamente a otros, la confianza institucional se deteriora. La política se vuelve más vulnerable a la polarización y a los liderazgos que prometen corregir agravios debilitando límites al poder.
Autores como Dani Rodrik o Daron Acemoglu han abordado distintos aspectos de este problema. Aunque sus diagnósticos difieren, ambos parecen coincidir en algo fundamental: las tensiones que observamos hoy no pueden entenderse únicamente desde la política. Existen procesos económicos de largo plazo que están alterando la forma en que la ciudadanía percibe la legitimidad de las instituciones.
Durante mucho tiempo asumimos que bastaba con generar crecimiento. Que las ganancias derivadas de ese crecimiento terminarían distribuyéndose de maneras políticamente sostenibles. Hoy sabemos que las cosas son más complejas.
Sabemos que una economía puede crecer mientras amplios sectores sienten que las oportunidades se alejan de ellos; que la innovación puede generar enormes beneficios y al mismo tiempo producir perdedores muy visibles. Y que la concentración económica puede terminar convirtiéndose en concentración política. Cuando la ciudadanía advierte que las reglas favorecen sistemáticamente a ciertos grupos, la confianza en las instituciones comienza a deteriorarse.
Frente a esto, podemos regresar a la incansable discusión entre Estado y mercado. Discusión que no me parece particularmente útil para abordar el problema. Quizá porque la experiencia muestra que las sociedades más exitosas suelen combinar ambos elementos de maneras mucho más sofisticadas de lo que sugieren nuestras discusiones ideológicas.
La pregunta relevante no es cuánto Estado o cuánto mercado. La pregunta es qué capacidades institucionales necesitamos para que una economía abierta siga siendo compatible con una democracia liberal. Y aquí es donde mis lecturas recientes me han llevado a reflexiones que estoy intentando ordenar.
Tengo la impresión de que las democracias liberales enfrentan un desafío semejante al que enfrentaron hace un siglo. Entonces, la industrialización, la urbanización y los conflictos sociales obligaron a construir nuevas instituciones. El Estado de bienestar fue, en muchos sentidos, una innovación política destinada a preservar sociedades abiertas.
Defender la democracia exige innovar en la forma de organizar prosperidad, movilidad social y legitimidad política.
Mi sentimiento es que estamos en un momento similar por lo que corresponde al desafío. No porque debamos replicar las respuestas del pasado, esas pueden ya no ser válidas. Las instituciones construidas durante el siglo XX respondían a problemas del siglo XX. Nosotros enfrentamos desafíos distintos: economías digitales, inteligencia artificial, nuevas formas de concentración económica, mercados laborales más fragmentados, capitales extraordinariamente móviles y transformaciones tecnológicas que avanzan más rápido que nuestra capacidad regulatoria.
Tal vez la discusión más urgente para quienes seguimos creyendo en la democracia liberal no sea cómo defender el modelo económico vigente, sino cómo renovarlo. Hablo de innovar institucionalmente.
Necesitamos Estados más capaces para proteger la competencia, impedir capturas, invertir en capacidades humanas y garantizar reglas parejas. Pero también necesitamos mercados más abiertos y menos concentrados. Debemos diseñar instituciones y soluciones públicas que distribuyan oportunidades antes de que intenten corregir desigualdades. Sistemas educativos capaces de acompañar trayectorias laborales cada vez más cambiantes. También mecanismos que permitan que la innovación tecnológica se traduzca en beneficios para más personas.
Nadie tiene una hoja de ruta. Pero cada vez estoy más convencida de que la supervivencia de las democracias liberales dependerá en buena medida de nuestra capacidad para formular estas preguntas. Y de responderlas con creatividad. Para mí la clave consiste en innovar no solo en el ámbito económico, donde la innovación ocurre todos los días, sino en el ámbito público, donde resulta más necesario y es más difícil.
Porque si algo muestran los procesos de retroceso democrático que observamos en distintas partes del mundo es que la democracia liberal no puede sostenerse únicamente sobre principios normativos; necesita bases materiales. Que las y los ciudadanos perciban que las reglas del juego, con todas sus imperfecciones, siguen ofreciendo oportunidades reales para construir una vida digna.
Tal vez la gran tarea intelectual y política de las próximas décadas consista precisamente en eso: imaginar una nueva generación de instituciones e innovaciones públicas capaces de reconciliar libertad, prosperidad económica y democracia liberal.
La verdad es que no estoy segura de cómo luce ese modelo. Pero empiezo a pensar que encontrarlo será una de las discusiones más importantes de nuestro tiempo.
* Politóloga por el ITAM, fundadora de México Evalúa y decana de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey.
Referencias
- Rau, Eli G. y Stokes, Susan. (2025). Income Inequality and the Erosion of Democracy in the Twenty-First Century. Proceedings de la National Academy of Sciences, 122(1).
