Año 1, núm. 6, enero de 2026
ISSN 3122-3583
a fondo
La captura militar del Estado: presupuesto, funciones y poder sin control
Jorge Javier Romero Vadillo
La militarización en México no es una percepción ni un exceso retórico: es un proceso medible. A partir de datos oficiales, este texto muestra cómo el Estado ha transferido funciones, presupuesto y poder económico a las Fuerzas Armadas, configurando una estructura militar con autonomía, opacidad y escasos contrapesos democráticos.
En México, las Fuerzas Armadas no han sido nunca un actor completamente subordinado al poder civil. Aunque durante décadas su presencia se mantuvo contenida dentro de los márgenes del discurso institucional, su papel político nunca desapareció del todo. En años recientes, esa influencia dejó de operar tras bambalinas y se convirtió en presencia directa y expansiva. A nombre de la seguridad, y sin necesidad de una reforma pública estructural ni de un consenso nacional, se les ha encomendado la construcción de aeropuertos, la operación de aduanas, el reparto de libros escolares y la administración de obras prioritarias. Esta expansión responde a una lógica de acumulación de poder sin contrapesos, sostenida por recursos extraordinarios y ausencia sistemática de rendición de cuentas.
La militarización se ejerce ya como forma de gobierno. El discurso oficial (con aceptación de la oposición) la respalda sin espacio para el cuestionamiento. El Ejecutivo ha entregado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y a la secretaría de Marina funciones civiles, control de empresas estatales, manejo de fideicomisos, contratos, convenios y recursos millonarios. Esta transferencia concentrada de poder ha desmontado instituciones civiles, ha debilitado los mecanismos de vigilancia democrática y reforzado una estructura de privilegios protegida por la opacidad. Se trata de una auténtica usurpación militar del Estado civil mexicano.
Desde 2006, cuando Felipe Calderón inauguró la llamada “guerra contra el narcotráfico”, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad se convirtió en norma. La excepción se volvió política pública. Enrique Peña Nieto continuó la misma línea. Con Andrés Manuel López Obrador, el proceso se profundizó. No se trató solo de mantener la presencia militar en las calles, sino de reconfigurar su papel: de garantes del orden a actores clave del desarrollo nacional.
Mediante reformas legales, decretos presidenciales, convenios institucionales y prácticas presupuestarias discrecionales, el Estado transfirió 291 funciones civiles a las Fuerzas Armadas entre 2006 y 2023. Ocho de cada diez de estas transferencias beneficiaron a la Defensa. En paralelo, se aprobaron 87 iniciativas legislativas con el mismo propósito. En este periodo, también se crearon quince empresas bajo control militar, responsables de obras como el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles o la nueva aerolínea estatal.
Este reportaje se construye a partir de datos oficiales, documentos públicos y dos investigaciones fundamentales: el Inventario nacional de lo militarizado, elaborado por el Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y México Unido contra la Delincuencia (2023), y el informe El negocio de la militarización: opacidad, poder y dinero, publicado por México Unido contra la Delincuencia (2024). Ambos trabajos documentan una transformación estructural del Estado: las Fuerzas Armadas ya no operan como instituciones subordinadas al poder civil. Actúan con lógica propia, concentran recursos extraordinarios, operan bajo un régimen de opacidad sistemática y expanden su poder sin controles democráticos.
La pregunta ya no es si México está militarizado. Lo está. La cuestión es cuánto de ese proceso se ha vuelto negocio, quién lo paga, quién se beneficia y por qué, en un país democrático, resulta cada vez más difícil saberlo.
- La expansión militar en cifras
La militarización no solo se expresa en narrativas políticas o en operativos desplegados por las calles. Está documentada en números, decretos, presupuestos y estructuras. Su dimensión es medible. Desde 2006 hasta 2023, el Estado ha ejecutado 291 transferencias de funciones civiles a las Fuerzas Armadas. Estas transferencias se han realizado por medio de reformas legales, convenios institucionales, acuerdos administrativos y decretos presidenciales. No se trata de tareas marginales. Incluyen la construcción de obras públicas, la administración de aduanas y aeropuertos, la vigilancia ambiental, la distribución de vacunas, la impresión de libros escolares, la operación del Tren Maya, entre muchas otras.
De esas 291 transferencias, ocho de cada diez beneficiaron directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional. La institución castrense absorbió presupuestos, funciones y personal civil en áreas que históricamente pertenecían al aparato administrativo ordinario del Estado. Marina, por su parte, recibió una proporción menor pero creciente, en especial vinculada a tareas de vigilancia costera, puertos y migración.
La militarización se expresa en cifras concretas: funciones transferidas, presupuestos crecientes y empresas bajo control castrense.
El Congreso de la Unión ha acompañado este proceso. Entre 2006 y 2023, se presentaron 87 iniciativas legislativas orientadas a ampliar las competencias de las Fuerzas Armadas en funciones que no están contempladas en el diseño constitucional. El 77 % de esas iniciativas fueron presentadas entre 2018 y 2023, es decir, durante el actual sexenio. De todas las fuerzas políticas, el partido con mayor número de propuestas de corte militarizante ha sido Morena, con el 46 % del total. Las reformas han tocado los márgenes de la Constitución y han consolidado el marco legal necesario para mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el año 2028.
A partir de decretos presidenciales, el Ejecutivo también ha creado un aparato empresarial militar paralelo. Entre 2020 y 2023, se fundaron 15 empresas públicas controladas directamente por las Fuerzas Armadas, entre ellas Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica, a cargo del Tren Maya, y la Aerolínea del Estado Mexicano, administrada por Defensa. Ninguna de estas empresas se somete a los controles convencionales de transparencia ni se rige por las leyes ordinarias del sector público federal. Operan como entes opacos, con autonomía financiera y con protección política total.
El crecimiento presupuestal es otra dimensión del fenómeno. En 2024, Defensa y Marina recibieron en conjunto 3.7 % del total del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Para 2025, esta proporción se mantiene. El PEF 2025 asigna a las Fuerzas Armadas casi 259,000 millones de pesos, una cifra que supera el presupuesto destinado a sectores como Medio Ambiente, Cultura, Ciencia o Trabajo. De ese total, Defensa concentra 75 %, mientras que Marina y la Guardia Nacional se reparten el resto. Buena parte de ese dinero no está destinado a seguridad pública, sino a funciones como construcción de infraestructura o administración logística. La asignación aprobada para 2025 representa un incremento acumulado superior al 60 % respecto de 2019, en términos reales.
Para 2026, el Congreso aprobó 170,753 millones de pesos para la Defensa, lo que representa un incremento del 7.88 % respecto al año anterior. Si se suman los presupuestos de la Marina y la Guardia Nacional, el gasto total asignado a las Fuerzas Armadas supera los 260,000 millones de pesos en el último año de la actual administración. A esa cantidad debe agregarse el sobreejercicio sistemático. Entre 2019 y 2023, Defensa y Marina gastaron más de 153,000 millones de pesos por encima de lo aprobado sin enfrentar consecuencias administrativas ni controles externos efectivos. Esa práctica se repite año con año.
Los números confirman un patrón. Las Fuerzas Armadas no actúan como un cuerpo más del Estado. Operan como un actor con privilegios, con respaldo político, con autonomía presupuestaria y con protección legal. Su crecimiento no se debe a una evaluación técnica ni a resultados medibles. Se construye desde el poder, con recursos del erario y sin vigilancia pública.
- Poder sin contrapesos: convenios, decretos y legislaciones
La militarización del país se ha construido por acumulación, mediante una serie de actos administrativos, decisiones ejecutivas, acuerdos legislativos y mecanismos paralelos. Ningún poder del Estado ha funcionado como contrapeso. El Congreso ha legislado a favor. El Ejecutivo ha concentrado funciones. Los gobiernos estatales y municipales han transferido responsabilidades sin resistencia. El resultado es un andamiaje jurídico y político diseñado para expandir, proteger y blindar el poder militar.
Reformas, decretos y convenios: arquitectura de la discrecionalidad
Entre 2006 y 2023, el gobierno federal transfirió funciones o presupuesto civil a las Fuerzas Armadas en al menos 291 ocasiones. Los mecanismos son variados: reformas constitucionales, leyes secundarias, decretos presidenciales, convenios interinstitucionales, contratos administrativos, acuerdos ejecutivos. En conjunto, producen una estructura legal funcional a la militarización, sin que se haya presentado un plan integral ni un diagnóstico que lo justifique.
El uso de decretos presidenciales ha sido particularmente instrumental en este proceso. Mediante ellos se han asignado proyectos de infraestructura a Defensa y Marina, se han creado empresas públicas bajo mando militar y se han delegado responsabilidades que antes correspondían a instituciones civiles. Estos decretos se emiten sin debate parlamentario, sin consulta pública y con efectos inmediatos. Han servido para evitar deliberaciones en el Congreso, incluso cuando el partido gobernante cuenta con mayoría.
A nivel legislativo, se han presentado 87 iniciativas para transferir funciones civiles a las Fuerzas Armadas. De estas, el 77 % se concentró en las dos últimas legislaturas, coincidiendo con la administración de Andrés Manuel López Obrador. La mayoría proviene de Morena, que ha impulsado el 46 % de las iniciativas con impacto militarizante. Las reformas aprobadas han ampliado las facultades del Ejército en seguridad pública, han prorrogado su participación hasta 2028 y han modificado leyes orgánicas para permitirle operar como constructor, administrador y operador de servicios civiles.
El Convenio Interinstitucional es otro de los instrumentos clave. Aunque existen disposiciones legales que regulan su uso, los convenios firmados por Defensa y Marina con dependencias civiles o gobiernos subnacionales han servido para transferir recursos, proyectos, infraestructura, logística y funciones de forma directa. Entre 2018 y 2022, se firmaron convenios por más de 22,736 millones de pesos provenientes de instituciones federales. A esa cantidad se suman 1,612 millones de pesos transferidos desde gobiernos estatales y municipales.
Los convenios operan como contratos de prestación de servicios disfrazados de cooperación institucional. El Ejército construye hospitales, distribuye medicamentos, levanta aduanas, coordina reforestaciones o ejecuta obras hidráulicas, y a cambio recibe dinero, terrenos, maquinaria y beneficios logísticos. La legalidad del mecanismo nunca se discute. El contenido de los convenios rara vez se hace público.
Defensa: el nodo central de las transferencias
La Defensa es el actor más beneficiado por el entramado legal y presupuestario de la militarización. De las transferencias de funciones registradas, el 80 % tuvo como destino directo esta institución. No solo ha absorbido funciones de seguridad pública, también ha ocupado espacios que antes eran gestionados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Secretaría de Salud (SS), la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y otras dependencias federales.
La concentración de funciones le ha permitido a la Defensa administrar proyectos multimillonarios sin rendir cuentas a las instancias civiles. Su participación en obras como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Corredor Interoceánico del Istmo o la nueva aerolínea estatal, le garantiza acceso directo a recursos y contratos. Además, mantiene el control de fideicomisos, terrenos federales, activos estratégicos y empresas estatales sin reportar resultados ni justificar su desempeño.
La lógica de “Ejército constructor” o “Ejército operador” ha sido impuesta desde el Ejecutivo como garantía de eficiencia y honestidad, sin datos que lo respalden. Al operar como contratista y ejecutor simultáneamente, Defensa no enfrenta supervisión externa. Es juez y parte en cada obra que controla.
Desde 2006, la excepción se convirtió en política pública sostenida por decretos, reformas y convenios.
Estados y municipios: cooptación presupuestaria y subordinación funcional
La expansión militar no ha sido impuesta por la federación contra los estados. Al contrario, los gobiernos estatales y municipales han sido actores activos en el proceso, muchas veces por conveniencia política o incapacidad operativa. Según el Inventario Nacional de lo Militarizado, el 49.6 % de las transferencias registradas provienen de gobiernos estatales, mientras que el 1.9 % involucra a municipios directamente.
La mayoría de los estados ha firmado convenios con Defensa o Marina. Los más activos han sido Nuevo León, Tamaulipas y la Ciudad de México, entidades con alta concentración de recursos y proyectos estratégicos. En estos casos, las autoridades civiles ceden funciones a cambio de respaldo logístico, protección territorial o acceso acelerado a obras públicas. El Ejército construye, administra y se instala sin resistencia local.
Los estados transfieren sobre todo tareas de seguridad pública. La federación, en cambio, cede funciones civiles en sentido amplio. Siete de cada diez convenios federales involucran tareas que no están relacionadas con la seguridad, como la construcción de escuelas, la reforestación o la operación de almacenes logísticos. La cooptación institucional se convierte en dependencia estructural. La capacidad de las autoridades civiles para recuperar el control se debilita cada año.
Ningún poder ha detenido este proceso. Ninguna institución ha impuesto límites. La arquitectura legal de la militarización se ha construido paso a paso, por omisión, por decisión política o por rendición anticipada. El poder militar se instala donde el poder civil abdica.
Reforma constitucional de 2024: legalización del modelo militar
En 2024, el Congreso aprobó una serie de reformas constitucionales que consolidaron el control militar sobre la seguridad pública y ampliaron el marco de acción de las Fuerzas Armadas más allá de lo que permitía la redacción histórica de la Constitución. La modificación más significativa fue la reforma al artículo 21, que formalizó la adscripción de la Guardia Nacional a la Defensa nacional, eliminando cualquier ambigüedad sobre su naturaleza civil.
Desde su creación en 2019, la Guardia Nacional operaba con personal, mando, entrenamiento y estructura militar, en evidente violación de la Constitución, aunque en el papel dependía de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Con la reforma de 2024, ese vínculo quedó roto. La Guardia Nacional fue militarizada de forma plena, tanto en lo operativo como en lo administrativo y presupuestal. Su carácter civil quedó anulado por vía constitucional.
En paralelo, la reforma al artículo 129 abrió un nuevo terreno de intervención para las Fuerzas Armadas. Hasta entonces, ese artículo establecía que, en tiempos de paz, el Ejército debía mantenerse en sus cuarteles y no realizar funciones distintas a las estrictamente militares. La nueva redacción flexibilizó esa restricción, permitiendo que las Fuerzas Armadas participen en una gama más amplia de tareas civiles “cuando lo disponga el Ejecutivo federal en atención al interés público”. Este cambio diluye los límites constitucionales entre lo militar y lo civil, y otorga al presidente un margen casi absoluto para decidir las funciones de las instituciones castrenses.
Estas reformas no surgieron de un proceso técnico ni de un consenso plural. Fueron impulsadas desde el Poder Ejecutivo y aprobadas con apoyo mayoritario de Morena y sus aliados, sin atender las advertencias de especialistas, organismos de derechos humanos ni organismos internacionales. Con su entrada en vigor, el proyecto de militarización adquirió rango constitucional, blindando legalmente lo que durante años se había instrumentado por decreto.
El nuevo marco legal convierte a las Fuerzas Armadas en actor permanente del poder civil, con base legal para operar en seguridad pública, infraestructura, protección ambiental, migración, aduanas, aeropuertos y cualquier otra función que se considere de “interés público”. La militarización ya no requiere de excepciones. Ha sido normalizada en el núcleo mismo del orden constitucional.
III. El poder económico de las Fuerzas Armadas
La expansión militar en México no se sostiene únicamente con respaldo político o discurso institucional. Se construye desde los recursos. Las Fuerzas Armadas disponen de un poder económico que supera al de muchas secretarías civiles. Defensa y Marina no solo reciben cada año presupuestos crecientes; también acceden a flujos paralelos de financiamiento mediante sobreejercicios, fideicomisos, convenios y empresas públicas, sin los controles ordinarios de rendición de cuentas.
Sobreejercicio sistemático: gastar más sin consecuencias
Entre 2019 y 2023, Defensa y Marina sobreejercieron más de 153,000 millones de pesos por encima de lo aprobado en el PEF. Este comportamiento se ha vuelto regla. El gasto adicional no se explica por emergencias imprevistas ni por ajustes transparentes. Se gasta más porque se puede. Las ampliaciones líquidas se autorizan sin que medie justificación técnica, sin evaluación de impacto, sin revisión de resultados. Mientras otras dependencias enfrentan recortes, las Fuerzas Armadas amplían su margen de operación sin límites institucionales. El sobreejercicio se ha normalizado y nadie lo audita de manera efectiva.
En paralelo, se observa una reasignación discrecional de recursos dentro del presupuesto. En el caso de Defensa, el 40 % del gasto final no corresponde al destino original aprobado. En Marina, el porcentaje asciende al 30 %. Esos fondos no se utilizan para mejorar capacidades militares en sentido estricto, sino para cubrir prestaciones internas, operar tareas civiles o financiar proyectos logísticos asignados por decreto.
Fideicomisos: la caja negra de la opacidad militar
El andamiaje económico de las Fuerzas Armadas se sostiene también en estructuras que escapan al escrutinio público. Los fideicomisos militares constituyen uno de los mecanismos más opacos del sistema presupuestario mexicano. Aunque el gobierno federal promovió la eliminación de fideicomisos por razones de transparencia y austeridad, Defensa fue la excepción y mantuvo el control de fondos fiduciarios con un monto disponible de al menos 69,000 millones de pesos.
Por medio de estos fideicomisos, las Fuerzas Armadas mueven dinero con reglas propias. Entre los casos documentados, destaca el uso del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar, con el cual se financiaron más de 8,200 millones de pesos en 40 proyectos. Una parte significativa de ese monto se destinó a la adquisición de 6 509 vehículos de lujo, con un gasto total de 8,132 millones de pesos, cifra siete veces mayor al presupuesto autorizado para la Dirección General de Transportes Militares en 2023. El gasto se justificó como inversión en movilidad táctica, pero no hubo evaluación pública sobre su pertinencia ni sobre los procesos de compra.
Defensa concentra la mayor parte de las funciones civiles transferidas por el Estado.
Empresas militares: infraestructura y negocios bajo control castrense
Desde 2020, las Fuerzas Armadas administran una red empresarial pública sin precedentes. Antes de ese año, no existía una sola empresa de participación estatal mayoritaria (EPEM) controlada por instituciones militares. Para 2023, Defensa y Marina ya concentraban 30 empresas, de las cuales diez fueron creadas directamente y el resto transferidas desde otras dependencias. Estas empresas no rinden cuentas de manera directa ante el Congreso, no publican balances detallados y operan bajo la lógica de la rentabilidad, sin compartir las ganancias con el erario general.
- Consecuencias estructurales
El crecimiento económico y administrativo de las Fuerzas Armadas ocurre sin mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Las Fuerzas Armadas no explican ni argumentan. Actúan. La crítica no altera su posición. Las razones les resultan irrelevantes porque el poder ya fue entregado. La legitimidad no se disputa en el terreno público, se administra desde la estructura que ocupan. La deliberación estorba cuando una institución es intocable. La democracia cede cuando una fuerza del Estado opera sin control civil, sin vigilancia externa, sin obligación de responder. Si durante la época clásica del PRI la crítica a las Fuerzas Armadas era inaceptable en los medios de comunicación, ahora simplemente resulta irrelevante frente a la imparable marcha militar.
- Una ciudadanía sin ojos
El poder se fortalece cuando deja de ser visible. La militarización en México ha sido acompañada por un proceso sostenido de ocultamiento institucional, donde la transparencia deja de ser un principio administrativo para convertirse en una amenaza política. El acceso a la información no ha disminuido por descuido: ha sido bloqueado con método. La opacidad funciona como política de Estado, y las Fuerzas Armadas operan en su centro.
La opacidad como política de Estado
La concentración de funciones en Defensa y Marina ha ido acompañada por un blindaje sistemático de su información. Los contratos firmados por las Fuerzas Armadas, los convenios interinstitucionales, los fideicomisos, las adquisiciones y las operaciones empresariales se clasifican como asuntos de seguridad nacional o interés estratégico. Esa etiqueta permite reservar datos por tiempo indefinido, sin evaluación técnica, sin revisión ciudadana, sin supervisión judicial. La seguridad nacional se ha convertido en un pretexto permanente para negar la transparencia.
Entre 2019 y 2023, el número de solicitudes de acceso a la información dirigidas a Defensa se multiplicó. También aumentó el número de respuestas clasificadas o declaradas inexistentes. Cualquier rastro documental sobre el uso del presupuesto militar, sobre los convenios firmados con estados y municipios, o sobre la operación de empresas castrenses enfrenta un muro institucional. Ese muro no se alza solo desde el Ejército: es sostenido por las dependencias civiles encargadas de controlar su actuación.
Las Fuerzas Armadas como caja negra
La administración militar no sigue los mismos estándares de rendición de cuentas que el resto del gobierno. Sus fideicomisos no se auditan públicamente. Sus compras se realizan sin licitación. Sus informes no se discuten en comisiones parlamentarias abiertas. Sus empresas no publican balances. No existen reglas claras sobre cómo gastan, qué prioridades fijan o qué criterios usan para definir sus inversiones. Se ha construido un modelo operativo que se financia con dinero público, pero que funciona con lógica privada.
Esta caja negra no responde solo a una cultura institucional del Ejército. Es el resultado de una decisión política sostenida: proteger a las Fuerzas Armadas del escrutinio público. Esa protección no implica neutralidad. Da cobertura para que el poder militar administre recursos, territorio y funciones sin explicar su uso, sin mostrar resultados, sin enfrentar consecuencias.
Obstáculos para el periodismo y la investigación
Los mecanismos de opacidad institucional tienen consecuencias directas sobre el trabajo periodístico y de investigación. En los últimos años, diversas solicitudes de acceso a información relacionadas con contratos, compras o convenios militares han sido respondidas con clasificaciones arbitrarias, invocando riesgos generales y sin sustento documental. Las investigaciones independientes enfrentan hostilidad burocrática, silencio administrativo o negativas sistemáticas.
Los reportajes que han logrado documentar corrupción, privilegios o sobreejercicio presupuestal dentro de las Fuerzas Armadas han sido posibles gracias al litigio, a filtraciones o a errores administrativos. No existen condiciones institucionales para hacer periodismo sobre el poder militar sin enfrentar obstáculos excepcionales. La ciudadanía está más lejos de saber en qué se gasta el dinero público cuando ese dinero pasa por el uniforme.
La desaparición del INAI y el apagón informativo
La desaparición funcional del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) selló este proceso. El bloqueo deliberado para impedir que el pleno sesionara, sumado a los ataques desde el Ejecutivo, cerró uno de los últimos canales institucionales para obtener información sobre las Fuerzas Armadas. Las solicitudes acumuladas no se resolvieron. Las controversias no se procesaron. Las respuestas negativas no fueron impugnadas.
El apagón informativo tiene efectos profundos. Sin el INAI, no es posible acceder a contratos firmados por Defensa con estados, municipios o dependencias civiles. No se puede conocer el destino de los fideicomisos, el monto real de las obras ejecutadas por empresas castrenses o los términos de adquisición de vehículos, terrenos o equipo. Sin esa información, la crítica se vuelve intuición, y el análisis pierde fuerza probatoria. La ciudadanía queda a ciegas frente al poder que más crece.
Ese silencio no es casual. En un país donde el Ejército construye aeropuertos, opera aduanas, controla el transporte ferroviario, administra empresas, reparte libros de texto y construye hospitales, la ausencia de transparencia convierte al poder militar en una estructura inalcanzable. No por su fuerza, sino por su invisibilidad.
- Conclusión
La militarización en México ya no opera como táctica de seguridad ni como respuesta a la violencia. Funciona como estructura de poder, pero sobre todo como modelo económico sostenido por recursos públicos, protegido por el discurso oficial y blindado frente al escrutinio civil. La entrega de funciones, empresas, presupuestos y territorios a las Fuerzas Armadas no solo transforma la administración del Estado: produce beneficios, concentra contratos, asegura control y consolida privilegios. Todo esto se sostiene bajo una arquitectura institucional diseñada para no rendir cuentas.
El negocio de la militarización no podría operar sin opacidad estructural. No se trata únicamente de ocultar cifras. Se trata de cerrar el acceso al dato, impedir la trazabilidad del gasto, suspender el deber de explicación, bloquear la evaluación y neutralizar a quienes investigan. La transparencia ha dejado de ser un principio rector de la vida pública. Es tratada como una amenaza.
La desaparición operativa del INAI selló este modelo. El Estado renunció a garantizar el acceso a la información, justo cuando más necesario se volvió. Con el INAI paralizado, los datos sobre convenios, fideicomisos, contratos, sobreejercicios y empresas militares dejaron de estar disponibles para la ciudadanía, el periodismo y la investigación académica. Se cerró la vía institucional para documentar, comprobar, denunciar y exigir.
La militarización no se detendrá por sí sola. Tiene lógica, recursos, respaldo político y cobertura legal. Mientras no existan mecanismos civiles efectivos de fiscalización, el poder militar seguirá creciendo sin contrapesos. Lo que se juega no es solo el control de funciones administrativas. Está en disputa el carácter democrático del Estado.
Recuperar la transparencia no es un fetiche técnico. Es una tarea urgente para restituir el control civil sobre las Fuerzas Armadas y romper la estructura de opacidad que sostiene su expansión. Sin acceso a la información, no hay posibilidad de investigar. Sin investigación, no hay rendición de cuentas. Sin rendición de cuentas, la ciudadanía queda excluida del gobierno de lo público.
Frente a un Ejército que construye, vigila, contrata, recauda, decide y calla, el silencio institucional sólo puede sostenerse como política de Estado. Interrumpir ese silencio es una obligación democrática.
