Fuente: Imagen creada con IA.
Año 1, núm. 12, julio de 2026
ISSN 3122-3583
a fondo
El fin del consenso neoliberal y los nuevos consensos
Vidal Llerenas *
El Consenso de Washington perdió capacidad para organizar la economía global, pero el reemplazo aún está en disputa. El autor examina en este texto la Declaración de Berlín y el Consenso de Londres como intentos de construir un capitalismo compatible con democracia, equidad, innovación, bienestar y Estado eficaz.
Martin Wolf, el economista y articulista británico que ha pasado de posiciones francamente promotoras de la globalización a señalar el costo del descontento económico para la democracia, se confiesa liberal en lo económico, pero admite que la situación se ha complicado: la economía no se ha desarrollado conforme a lo esperado, se han generado fenómenos de desindustrialización no planeados en ciertos países y la democracia no ha lidiado bien con esos cambios.
Afirma que se requiere de otro tipo de políticas y de intervenciones estatales. En realidad, a raíz de la crisis de 2008 y sus consecuencias se detonó el debate del fin del consenso neoliberal. James Bradford DeLong dice que esa crisis es el fin de la utopía occidental, del siglo largo que duró de 1970 a 2010: el fin de una trayectoria de progreso acumulativo.
La narrativa neoliberal ya no es viable porque la apertura extrema no resolvió desigualdad, desindustrialización ni malestar democrático.
Branko Milanović define al neoliberalismo como una tendencia impulsada por dos ideas principales: lo cosmopolita y la competencia. Lo primero implica que una persona que enfrenta las condiciones económicas óptimas —seguridad en la propiedad privada, libre comercio, impuestos bajos y Estado de derecho— puede alcanzar la prosperidad. Eso requiere competencia sin importar las fronteras: un mundo uniforme en el que todos hacen uso de sus habilidades, esfuerzos y competencias para generar ingresos.
En realidad, apunta Milanović, la competencia generó crecimiento: el producto per cápita global, ajustado por poder de compra, más que se duplicó —pasó de 7,700 a 17,000 USD entre 1980 y 2021. Ahora, esto sucedió fundamentalmente en países de Asia que no siguieron recetas neoliberales, como China y la India. Otros, como Brasil y México, lograron estabilidad, aunque no crecimiento. En los países desarrollados se generó riqueza, pero se concentró en el decil de mayores ingresos; en el resto de los deciles el ingreso creció menos que en periodos anteriores.
En la globalización, con la competencia libre, quienes ganaron fueron las personas de altos ingresos, lo que generó tensiones en los Estados nacionales y, por tanto, que ganen políticamente las posturas en contra de la apertura o las radicales. Mientras que a la mayoría de los países emergentes, incluso a los que tienen economías sofisticadas como México y Brasil, no se les cumplió la promesa del crecimiento, a las y los trabajadores de las naciones occidentales tampoco se les materializó la promesa de obtener mejores empleos que reemplazaran a los que perdieron por tener importaciones de productos más baratos. Eso se evidenció en la crisis de 2008, cuya factura la pagaron las personas menos beneficiadas, lo que generó descontento y polarización política.
El punto es que la narrativa neoliberal ya no es viable, porque ahora se exigen políticas nacionales que son contradictorias con la idea de la apertura comercial extrema. El Consenso de Washington, promercado y liberalización económica a ultranza, ya no es posible. Eso no significa que estamos ante el fin del capitalismo, pero sí en un mundo con mayores barreras al comercio y a la movilidad de las personas. Lo que se ha tratado de articular son propuestas —en las que personalmente coincido— para reformar el capitalismo y hacerlo más aceptable para las sociedades democráticas. Se han tratado de construir alternativas que hagan compatible el mercado con la democracia.
Una de esas alternativas es la Declaración de Berlín, firmada por un grupo de 50 intelectuales. En la lista se encuentran la mayoría de las y los autores que han cuestionado el paradigma neoliberal y ofrecen nuevos enfoques y narrativas. El manifiesto lo encabezan personalidades como Dani Rodrik, Branko Milanović, Mariana Mazzucato, Adam Tooze, Thomas Piketty, Gabriel Zucman, Isabella Weber y Mark Blyth. Se propone una agenda para recuperar la confianza de la población respecto a la democracia, deteriorada por una globalización mal manejada, por los cambios tecnológicos tan radicales, el cambio climático, la excesiva confianza en los mercados de autorregularse y las políticas de desmantelamiento del Estado. Se parte de que los mercados, por sí solos, no van a detener el cambio climático ni mejorar la distribución del ingreso.
El manifiesto propone reorientar las políticas y las instituciones de los objetivos actuales —que privilegian alcanzar la eficiencia económica sobre todo lo demás— para enfocarse en ampliar la distribución de los beneficios y la creación de empleos de calidad. También plantea desarrollar políticas para apoyar nuevas industrias, generar la innovación y la creación de riqueza para sectores amplios de la población.
Los nuevos consensos buscan reformar el capitalismo, no abolirlo: hacerlo compatible con democracia, inclusión y bienestar.
Además, se trata de una política industrial que se enfoque menos en los subsidios y los préstamos, y más en ayudar a los que invierten e innovan para lograr metas como la reducción de emisiones. Se pide diseñar una nueva globalización que pueda balancear y compensar las ventajas del comercio frente a la necesidad de proteger a las personas de menores ingresos y coordinar políticas contra el cambio climático.
Igualmente, se demanda reducir las desigualdades de ingreso y riqueza que se refuerzan por las herencias de las grandes fortunas y el sistema financiero actual, para introducir impuestos a los altos ingresos, a la riqueza y con instrumentos que aseguren un piso parejo para todos; rediseñar las políticas ambientales para generar incentivos poderosos con el fin de reducir las emisiones de carbono y realizar fuertes inversiones en infraestructura ambiental; asegurarse de que las naciones menos desarrolladas tengan los recursos financieros y tecnológicos necesarios para realizar la transición energética y mitigar y adaptarse al cambio climático, y establecer un balance entre el mercado y la acción colectiva por medio de un Estado innovador y efectivo, además de reducir el poder de los mercados con alta concentración.
Se trata de un consenso que hace mucho más sentido que el anterior, el de Washington, y que es condición necesaria para salvar a nuestras democracias.
Un grupo similar de economistas, que exponen sus ideas en el texto editado por Tim Besley, Irene Bucelli y Andrés Velasco titulado Consenso de Londres,(1) han tratado de construir otro consenso que sustituya al de Washington. Por cierto, este nuevo consenso no pretende ser exclusivamente progresista, porque también tiene el propósito de ofrecer un marco conceptual que puede servir tanto a las opciones socialdemócratas como a las del centro liberal, tan carentes ambas de ideas y propuestas económicas alternativas. No pretende ser una receta ni una lista de reformas como el Consenso de Washington, pero sí una hoja de ruta que tiene que ser interpretada en su contexto para alcanzar crecimiento inclusivo en los países sin las rigideces ultraliberales del Consenso de Washington.
Un punto del Consenso de Londres es que el ingreso no es lo único importante, también lo es el bienestar. Los mercados son eficientes y se deben fortalecer, pero no consideran los efectos redistributivos ni las externalidades —como las ambientales—, por lo que es necesario intervenir a priori e incluso delinear su estructura y crear nuevos mercados. Se debe evitar que desde su diseño los mercados y las instituciones económicas generen niveles altos de desigualdad difíciles de ajustar después vía impuestos. Eso —reducir la desigualdad por la vía fiscal— es posible y necesario, pero complejo y siempre limitado, especialmente con las multinacionales y billonarios. Además, no todo se puede compensar con transferencias: también cuenta el trabajo y la dignidad de las personas, lo que requiere generar empleo de calidad y capacidades en las personas para ocuparlos.
La segunda es que el crecimiento importa, pero también dónde y cómo se genera. En realidad, el crecimiento per cápita es el dato fundamental a considerar y tiene que estar relacionado con indicadores de desarrollo humano. Para generar crecimiento no basta —como el Consenso de Washington establece— que el mercado sea eficiente, que la economía funcione con los precios correctos, con mayor inversión. Se deben establecer las condiciones para generar innovación y limitar las rentas de las empresas por lo que ya han desarrollado en tecnología, para generar más innovación futura por parte de más y nuevos actores. Eso requiere también de políticas e instituciones de competencia eficaces. El crecimiento no solamente se puede alcanzar con mayor inversión y mercados eficientes, sino también con innovación.
El Estado vuelve al centro, no como aparato burocrático, sino como actor estratégico para innovación, resiliencia y redistribución.
La tercera es que el gobierno tiene que intervenir en la economía no solamente con paquetes fiscales que promuevan la demanda agregada para evitar recesiones, sino también para evitar otro tipo de riesgos. Principalmente se deben reducir los riesgos relacionados con los mercados financieros, lo que requiere de regulación e intervenciones oportunas que eviten crisis y que orienten a los mercados e instituciones financieras a fortalecer a la economía real y no solo a la especulación. Se necesita del diseño y del financiamiento de un Estado de bienestar que reduzca los riesgos relacionados con fenómenos como la pérdida de empleo, la salud o la vejez. Además, el Estado tiene también que invertir en infraestructura y reducir en la población otros riesgos, como los relacionados con el cambio climático. El Estado debe asumir un papel de asegurador de última instancia ante choques sistémicos.
La cuarta es no asumir que por arreglar los problemas económicos se van a resolver los que tienen que ver con la política. En el Consenso de Washington se daba por hecho que si se alcanzaban los objetivos económicos se generarían las instituciones democráticas, sin advertir los riesgos políticos de las medidas recomendadas. De hecho, el crecimiento de las opciones políticas autoritarias y radicales tiene que ver con los efectos de los choques económicos relacionados con políticas de austeridad, las comerciales extremas y la desregulación. La política debe producir buenas políticas públicas con instituciones democráticas que rindan cuentas, apoyadas por coaliciones amplias y que promuevan la cohesión social. Eso también requiere de desarrollar en las personas capacidades y competencias productivas laborales relevantes, con políticas educativas orientadas a ese propósito, lograr empleos de calidad con buenos salarios e intervenciones en el mercado laboral que incrementen los salarios y mejoren las condiciones laborales.
El quinto es que se requiere capacidad institucional. Construir mercados, hacer cumplir contratos, incrementar las bases fiscales, ofrecer servicios básicos y promover la innovación requiere de capacidad estatal. Eso es particularmente importante si se implementan políticas industriales y de competencia. Se percibe el riesgo de que el Estado tenga una capacidad limitada de acción similar a una organización de la sociedad civil (OSC); se llama a revocar la tendencia actual de “miniaturizar” el Estado.
El tema tributario se debe considerar como parte del contrato social, no solamente como un asunto técnico que optimice la recaudación y reduzca las posibles distorsiones sobre la economía, sino uno enfocado principalmente en fortalecer la capacidad estatal y en redistribuir el ingreso. Los sistemas de bienestar se deben diseñar para limitar la informalidad y otras posibles distorsiones, y también para que sirvan para tener resiliencia ante fenómenos como las pandemias, el cambio climático e incluso posibles crisis financieras. Las políticas públicas deben contribuir a la democracia, empoderar y dar voz a las y los trabajadores y a la ciudadanía en el espacio público, pero también en las empresas, promover la equidad de género y reconocer la importancia de las identidades y la democracia local. La inclusión política y social no puede estar apartada de la económica.
En realidad, el Consenso de Londres se diferencia del de Washington en varios principios. Uno es que, si bien mantiene el foco en la estabilidad y el control de la inflación, también reivindica el uso de instrumentos fiscales como mecanismos de política anticíclicos, se pronuncia por el control de capitales, la regulación financiera, la idea del Estado como asegurador de última instancia y la política cambiaria para apoyar las exportaciones y el crecimiento. En el nuevo consenso se mantienen las políticas de apertura comercial como motor de crecimiento —no se propone la economía cerrada—, pero con medidas para compensar los efectos de posibles choques comerciales, el desarrollo de tecnología para los sectores exportadores y un manejo inteligente de flujos de capitales, de las políticas monetarias y de las tasas de interés en el contexto comercial.
Otra diferencia entre ambos consensos es que el de Londres parte de que se requiere de políticas desarrollistas del lado de la oferta: políticas industriales, de generación y absorción de tecnología y de formación de competencias laborales dirigidas a generar crecimiento, a la inclusión, a la transición verde y al desarrollo regional. Se propone balancear la inversión pública con la privada en infraestructura con un enfoque ambiental, regular y gobernar los nuevos fenómenos tecnológicos como la inteligencia artificial y construir resiliencia cibernética. Se trata de más Estado, porque es necesario para distribuir, pero también para asegurar, para ofrecer estabilidad y generar crecimiento, con mercados que funcionen bajo el supuesto de que varios de estos tienen que ser regulados, intervenidos e incluso creados para generar más crecimiento, para evitar desigualdad extrema e incluso para que de verdad funcionen.
* Economista, analista financiero, consultor en ámbitos del sector público y privado. Director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
Referencias
- Besley, T., Bucelli, I. y Velasco, A. (eds.). Consenso de Londres. [Datos editoriales no especificados por el autor].
