Año 1, núm. 6, enero de 2026
ISSN 3122-3583
a fondo
Militarización, seguridad y democracia
Lisa Sánchez
Cuando la seguridad se concibe como guerra, la democracia se vuelve prescindible. Este texto explica por qué la militarización de la seguridad pública no solo ha sido ineficaz para reducir la violencia, sino que ha erosionado derechos, debilitado el Estado de derecho y puesto en riesgo el orden democrático.
Resolver de manera adecuada el problema de violencia e inseguridad es, sin duda, uno de los más grandes retos a la democracia y el Estado de derecho en México y América Latina. La ausencia de seguridad, y sobre todo, la exacerbación de las violencias, no sólo impide el ejercicio de los derechos humanos, sino que mina la gobernabilidad democrática, reduce la participación y entorpece la creación de ciudadanía, además de generar condiciones proclives para el establecimiento de mecanismos de gobernanza criminal o abiertas redes de macrocriminalidad.
La impunidad, por su parte, atenta contra el Estado democrático de derecho e impacta directamente en la percepción de inseguridad y en la confianza ciudadana en la autoridad y los mecanismos legales e institucionales para canalizar la conflictividad y acceder a la justicia. En este sentido, atender el creciente fenómeno de inseguridad y violencia es prioritario. ¿Pero qué pasa cuando las políticas que se ponen en práctica para tal efecto son también parte del problema?
En México, la adopción de políticas de seguridad de carácter reactivo, militarizado y de mano dura para “combatir” este problema ha sido una constante desde 2006 y sus efectos han sido muy negativos. Estas políticas no solo han resultado inefectivas para resolver el problema de criminalidad y violencia que viven las distintas regiones del país, sino que las más de las veces lo han exacerbado y han sumado a él otras crisis, como la de violaciones a los derechos humanos y la de debilidad institucional. Al abordar el problema de la seguridad como uno de mantenimiento del orden y de combate a sus amenazas, las políticas de seguridad que han implementado gobiernos de distinto corte ideológico adoptan un enfoque seguridad nacional que no solo pierde a las personas como centro de la política pública, sino que permite deliberadamente confundir seguridad interna y externa para hacer un uso excesivo de instituciones militares, policiales y penales que aumentan las violencias en contra de la ciudadanía.
Problemas como el perfilamiento racial, las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones ilegales, la desaparición forzada, la criminalización, la erosión de derechos procesales y la ampliación del fuero militar, surgen con la militarización de la seguridad y se suman a los problemas originales de violencia y delincuencia alimentando el ciclo de debilidad institucional, malfuncionamiento de la autoridad y aumento de la arbitrariedad. En el proceso, las relaciones cívico-militares se trastocan y las Fuerzas Armadas aparecen como actores cada vez más preponderantes en la gestión de la seguridad y otras funciones de gobierno, acumulando poder económico y político sin por ello perder la excepcionalidad jurídica con la que funcionan en tanto Fuerzas Armadas e instituciones de seguridad nacional.
La militarización desplaza a las personas del centro de la política de seguridad y prioriza la supervivencia del Estado.
Lo anterior es particularmente problemático por razones de efectividad, pero también de legitimidad democrática, legalidad, uso eficiente de recursos públicos, rendición de cuentas y sujeción a las reglas democráticas de limitación del poder. Pero lo más grave aún es que en nuestro país, la seguridad y el hartazgo de la ciudadanía con las condiciones violencia se están instrumentalizando para permitir regresiones democráticas dentro y fuera de la seguridad so pretexto de acabar con el delito, la corrupción y la impunidad. Ahí está la constitucionalización del carácter militar de la Guardia Nacional, o la autorización, también constitucional, para que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad pública de forma permanente y sin ningún control. Ahí está también el regreso de figuras ya declaradas inconstitucionales, como las operaciones encubiertas o de usuarios simulados que podrán volver a hacer las Fuerzas Armadas o la mal llamada reforma judicial, con sus jueces sin rostro y el reinicio de miles de juicios orales en materia penal.
Pero empecemos por el principio: ¿por qué la militarización de la seguridad pública es problemática? Y sobre todo ¿por qué es en sí misma un riesgo para la democracia? De manera muy resumida, la respuesta es porque —a diferencia de otros enfoques que entienden la seguridad como la salvaguarda de la integridad física y material de las personas, así como de sus comunidades, o como la intervención moderada del Estado en actividades que van desde la prevención del delito hasta la reinserción social de los infractores— esta política que usa a militares en funciones policiales entiende los fenómenos criminales, particularmente los de delincuencia organizada, como amenazas existenciales al Estado y por lo tanto como amenazas a la seguridad nacional.
Para este tipo de seguridad, el objetivo principal ya no es cuidar a las personas sino garantizar la integridad y supervivencia del Estado, así como de sus instituciones, eliminando las amenazas que lo afectan. Bajo esta lógica, las amenazas se perciben como extremas —porque lo que está en juego es la seguridad nacional y el Estado mismo— y en consecuencia se autoriza la adopción de medidas extraordinarias como el despliegue militar, que opera con tácticas de guerra cuyo objetivo es la eliminación del enemigo, y la aprobación de regímenes de excepción para la persecución de estos delitos, donde el actuar de las fuerzas del orden encuentra poderes ampliados y la ciudadanía derechos restringidos. En suma, la ciudadanía deja de ser el centro de estas políticas y por lo tanto otras acciones necesarias para garantizar la convivencia pacífica, la seguridad y la justicia se relegan. Es el caso de la prevención, la investigación y sanción del delito, la reparación del daño, así como la reinserción social de las y los infractores.
El enfoque de seguridad nacional justifica medidas excepcionales que restringen derechos y amplían la arbitrariedad.
Es cierto que este tipo de políticas no son nuevas y que la región latinoamericana las vio implementarse con fuerza durante las décadas de los sesenta y los setenta, cuando la doctrina de seguridad nacional se implementó en varios países y sirvió para impulsar lo mismo estrategias de contrainsurgencia que golpes de Estado y dictaduras militares. Es cierto también que, aunque ese enfoque fue duramente cuestionado durante la transición a la democracia, el retorno a una seguridad civil y democrática duró poco en nuestros países dada la instrumentalización de la lucha contra el terrorismo y la nueva expansión de un paradigma que conceptualizó la seguridad nuevamente en términos de amenazas, ahora bajo la forma de la delincuencia organizada transnacional. Hoy en día, sin embargo, no solo vemos un retorno hacia conceptualizaciones de la seguridad que la entienden en clave de amenaza, sino que claman por una entrada de los ejércitos a la esfera civil en un proceso de clara militarización de la seguridad pública y el gobierno civil.
A grandes rasgos, este proceso de militarización de la seguridad pública se puede entender como el aumento progresivo de la presencia, poder y facultades de las Fuerzas Armadas respecto a funciones de seguridad pública propias de las autoridades civiles, que puede incluir uno o varios de los siguientes elementos: el llamado a la participación e injerencia del Ejército en tareas policiales; la subordinación de las fuerzas policiales a la autoridad castrense; el nombramiento de oficiales militares en puestos clave de la conducción de la seguridad pública; y la incorporación de características militares a la estructura, organización y cultura de las agencias de seguridad pública. En México suceden todos a la vez.
La militarización de la seguridad pública se ha justificado en nuestro país argumentando la existencia de nuevas amenazas a la seguridad nacional —incluyendo la seguridad interior— que requieren de la intervención directa de Fuerzas Armadas o fuerzas militarizadas para hacer frente a problemas que rebasan la capacidad civil. Normalmente, esta se autoriza argumentando contextos o coyunturas excepcionales que ameritan dicho despliegue, aunque nunca se definan objetivos o límites geográfico-temporales que permitan identificar cuándo dicha excepcionalidad termina. Por si fuera poco, la participación militar se autoriza por la vía de instrumentos poco fiscalizables como los acuerdos de colaboración o los decretos presidenciales no reglamentados, y normalmente se acompaña de facultades aumentadas para desempeñar tareas abiertamente inconvencionales —porque lamentablemente hoy nuestra constitución ya lo permite todo— como la vigilancia, el patrullaje, la investigación del delito, las detenciones y la ampliación del fuero militar.
La presencia militar permanente distorsiona las relaciones cívico-militares y debilita la autoridad civil.
A diferencia de otros procesos de militarización, como los que describimos anteriormente para el resto de América Latina, el llamado de los militares a participar de la seguridad pública se ha dado en México por voluntad de los gobiernos civiles —aunque nunca exenta de cabildeo militar— y sucede lo mismo en gobiernos que se autoproclaman de izquierda, centro o derecha. La ineficacia de esta política la hemos visto y sufrido en carne propia. Los homicidios subieron, las organizaciones criminales se multiplicaron, sucedió la inevitable diversificación con el consecuente aumento de la victimización de las personas y las comunidades, y el excesivo uso de la fuerza por parte de militares y criminales derivó en el aumento de la desaparición, las ejecuciones extrajudiciales, el aumento de la letalidad de las fuerzas del orden y la impunidad. Evidencia hay de sobra, pero por razones de espacio y objetivo no la citaré en estas líneas para poder concentrarme sobre los impactos de la militarización sobre la democracia y el Estado de derecho. Sobre eso se ha escrito menos.
Como mencionamos anteriormente, la inseguridad, la violencia y las políticas que se implementan para hacerle frente están minando la democracia y el Estado de derecho. Sobre el primer fenómeno dijimos que el riesgo está en el establecimiento de mecanismos de gobernanza criminal, por encima de la gobernabilidad democrática y mencionamos los efectos que tiene sobre la confianza ciudadana en la autoridad y la democracia como forma de gobiernos. Pero sobre el segundo, no hemos sido lo suficientemente concisos.
La inseguridad se instrumentaliza para legitimar regresiones democráticas.
Veamos algunos de los efectos que la militarización tiene sobre el funcionamiento democrático de nuestros países:
- La militarización deforma la propia función de seguridad pública, que se confunde con seguridad nacional y propicia el abandono de los principios democráticos que deberían regirla —como la participación, la regulación del uso de la fuerza, la legalidad de las detenciones— aumentando la arbitrariedad, la opacidad, la victimización, la violación de derechos humanos y la impunidad.
- La militarización también provoca que los militares adquieran vez más funciones y competencias distintas a sus misiones constitucionales y con ello que se adjudiquen más presupuestos y autonomías en detrimento de la capacidad y la calidad del gobierno civil y el Estado de derecho. Esto es particularmente importante para la estabilidad democrática dado que dichos espacios de autonomía debilitan la esfera pública y el ordenamiento jurídico que rige al resto de las y los ciudadanos. Además, la participación militar en la gestión pública mina la necesaria transparencia y rendición de cuentas del gobierno y debilita la preeminencia de los cargos electos en los procesos de toma de decisiones, que son desplazados por la estructura vertical de mando propia de la organización castrense.
- La militarización además debilita el Estado de derecho porque en muchos países se logra violando la ley y debilitando la vigencia del orden constitucional. Por ejemplo, al permitir, de jure o de facto que los militares realicen labores ajenas a la disciplina militar dentro de un orden constitucional que lo impide, este se viola y con cada acto de autoridad, el Estado de derecho pierde vigencia.
- La militarización trastoca las relaciones cívico-militares en detrimento de la autoridad civil. Al permitir que las Fuerzas Armadas negocien acuerdos bilaterales con otras dependencias u órdenes de gobierno en los que las partes deben cooperar y los civiles ceder el mando y la conducción de acciones —incluso de su competencia—, se subvierte el principio de subordinación y se relega a un segundo plano la autoridad del gobierno legalmente constituido y democráticamente electo.
- La militarización permite que las Fuerzas Armadas mantengan su marco jurídico y evadan muchas de las obligaciones aplicables al resto de la administración pública —pudiendo, por ejemplo, clasificar toda su información como confidencial por motivos de seguridad nacional—. Esto crea condiciones de excepción en favor de los militares donde éstos pueden gozar de impunidad, eludir controles e incumplir con sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.
- La militarización promueve el empoderamiento económico y político de las Fuerzas Armadas.
- La militarización afecta el diseño y funcionamiento del Estado: la militarización del gobierno civil constituye una herramienta efectiva para centralizar el poder sin los inconvenientes de negociaciones políticas o la obligación de cumplir con obligaciones legales que se han establecido para las autoridades civiles (como transparencia, rendición de cuentas).
En conclusión, la militarización de la seguridad pública y de las funciones del gobierno civil es extremadamente peligrosa porque aumenta el poder de una fuerza armada, centraliza el poder, socava la autoridad de las autoridades civiles y democráticamente elegidas, y deforma funciones gubernamentales importantes como la seguridad pública. Además, socava el Estado de derecho y cambia la naturaleza del propio Estado y el funcionamiento de las instituciones democráticas.
De ahí que debamos ser conscientes de la magnitud del problema y reconocer, de una vez por todas, que la militarización ya no es un problema de seguridad sino de democracia porque las Fuerzas Armadas hoy administran una cantidad de funciones gubernamentales sin sujetarse a los controles democráticos que al menos en los libros aplican para los civiles, y encima, como su nombre lo dice, están armadas.
