Fuente: Imagen creada con IA.
Año 2, núm. 15, octubre de 2026
ISSN 3122-3583
voces
La discapacidad es la última en llegar
Entrevista con Katia D’Artigues
Jesús Rodríguez Zepeda
El Conadis permanece en la ley, pero carece de titular desde 2018, señala Katia D’Artigues. La periodista contrasta una mayor conciencia sobre discapacidad con políticas debilitadas: una pensión no reemplaza transporte, escuelas ni servicios accesibles. También invita a revisar palabras y representaciones que perpetúan barreras.
Katia D’Artigues es periodista; fundadora y presidenta de Yo También, organización dedicada a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad; y madre de Alan, un joven con discapacidad cuya historia ha hecho pública desde hace años como forma de sensibilizar a otras familias. Fue también, durante una década, integrante de la asamblea consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y cuenta entre sus causas la fundación de la Red de Investigación sobre Discriminación (Rindis). En esta conversación con El Diluvio, hace un balance de los 25 años transcurridos desde que la cláusula antidiscriminatoria se incorporó en el artículo 1º de la Constitución, en 2001; y advierte sobre el retroceso institucional que atraviesa, en particular, la agenda de discapacidad.
Una pensión no convierte una ciudad inaccesible en una ciudad justa
D’Artigues empieza por una revelación personal. Se volvió activista de los derechos de las personas con discapacidad, cuenta, antes de reconocer su propia discapacidad: una discapacidad psicosocial, la que viven quienes han sido o son pacientes psiquiátricos. Tiene depresión clínica severa, resistente durante años a los medicamentos, y decidió hacerlo público porque es, dice, una de las discapacidades que más estigma cargan: “todavía parece que si vas al psiquiatra es como si no fuera un doctor, como si no fuera un tema de salud mental”. Advierte que esa condición, lejos de ser marginal, será pronto la principal causa de discapacidad en el mundo.
Sobre el balance institucional, D’Artigues distingue dos planos. Por un lado, un avance en la conciencia social: cree que la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) ha ayudado a visibilizar que todas las personas han sufrido discriminación alguna vez y que quizá también la han ejercido. Por el otro, un retroceso institucional que juzga severo. En el momento de esta conversación, el Conapred lleva tres meses sin titular. Y en el tema de la discapacidad la situación es más antigua: desde 2018 no hay titular en el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), la institución que costó años de trabajo consolidar. La discapacidad, dice D’Artigues, siempre entra tarde a estas discusiones: la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 no la menciona entre los motivos prohibidos de discriminación, y la Convención Internacional de la ONU dedicada a ella —promovida, recuerda, por Gilberto Rincón Gallardo— no llegaría sino hasta 2008, la última de las grandes convenciones antidiscriminatorias.
El Conadis, describe D’Artigues, sigue existiendo solo en el papel. Conserva su presupuesto —30 millones de pesos, dice, una cifra menor para un país pero suficiente para sostener una institución—, pero no tiene titular, ni asamblea, ni consejo, ni política pública alguna. En el último informe de gobierno, la presidenta Sheinbaum reportó por escrito que el Conadis, en ese estado, ya elaboró un borrador del Plan Nacional para el Desarrollo de la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2027-2030, del que no existe copia pública en ningún lado. “Yo digo que es como un zombi, ¿no? En octubre de Halloween. No tiene titular, no traza políticas públicas”, resume. Advierte, además, contra la idea de que las transferencias económicas directas —como la pensión bimestral para personas con discapacidad— puedan sustituir a esa política pública ausente: permiten sobrevivir, dice, pero no cambian el transporte, la escuela ni el acceso a servicios. Con ironía, añade que buena parte de la población sigue viendo esas pensiones como una deuda personal con quien gobierna en turno, antes que como un derecho ya conquistado.
El Conadis existe en el papel; la inclusión se decide en la calle
Para D’Artigues la discapacidad no es un asunto de minorías. Con base en el Censo de Población y Vivienda de 2020, recuerda que el 16.5 % de la población mexicana —más de 20 millones de personas— vive con alguna discapacidad, y que la discapacidad se vive en familia: multiplicar esa cifra por cuatro integrantes de un hogar arroja unos 80 millones de personas directamente afectadas en un país de entre 120 y 130 millones. “Todos vamos hacia la discapacidad”, dice, recordando que la mitad de las personas mayores adquiere alguna discapacidad por la edad. Atribuye buena parte del rechazo cultural a la palabra misma —una “losa del pipila” que nadie quiere cargar— y a su representación en la cultura popular: la villana de telenovela con un ojo perdido, la protagonista ciega que recupera la vista justo antes de poder casarse.
Esa misma lógica opera en el lenguaje cotidiano y en el humor. D’Artigues señala el uso corriente de la discapacidad como insulto o como adjetivo descalificador —“un gobierno autista”, “un diálogo de sordos”—; y recuerda discusiones sostenidas con caricaturistas, entre ellos José Hernández y Paco Calderón, sobre el recurso de dibujar a figuras de poder con rasgos de discapacidad para ridiculizarlas. El argumento de que el humor debe burlarse siempre de los poderosos le parece insuficiente: no se vale, dice, ni siquiera en el humor, usar como arma una condición que de por sí coloca a alguien en desventaja; distingue eso de la comedia que hacen hoy varios cómicos con discapacidad sobre su propia vida, que no es burlarse de ellos sino reírse con ellos.
Sobre la acusación de que este cuidado del lenguaje sería una forma de exceso o de corrección política, D’Artigues —periodista y defensora de la libertad de expresión— responde con una distinción: cuidar las palabras no es imponerlas, es una invitación a la reflexión. Cita a Álex Grijelmo —“las palabras son los embriones de las ideas”— para explicar por qué le importa el lenguaje sobre discapacidad tanto como en su momento importó erradicar de los periódicos mexicanos los términos despectivos contra personas homosexuales, un cambio que costó movilizaciones y que hoy resultaría impensable revertir en medios formales.
La discapacidad llega tarde a la agenda, aunque puede atravesar cualquier vida
Preguntada por el desafío de comunicar estas agendas en el entorno digital, donde percibe que los discursos más primitivos y las posturas de extrema derecha parecen más carismáticas, D’Artigues hace una autocrítica: durante años, dice, quienes trabajaban en estos temas hablaron en un lenguaje académico, dirigido a una élite ya convencida, sin traducirlo a historias sencillas y cercanas. Hace falta, insiste, contar más historias, porque eso —antes que los datos o los argumentos técnicos— es lo que ha explicado el mundo a los seres humanos desde siempre.
Llevada al plano internacional, D’Artigues distingue la situación mexicana de la estadounidense: en México no existe, dice, una guerra declarada contra la agenda de igualdad y no discriminación, aunque sí hay una lectura oficial que considera incompleta y unilateral. En Estados Unidos, en cambio, la segunda toma de posesión de Donald Trump marcó un ataque frontal a las políticas de diversidad, equidad e inclusión, acusadas de discriminar y de malgastar recursos públicos. Advierte sobre el riesgo de que ese discurso encuentre réplicas abiertas en otros países de América Latina y celebra, con ironía, la costumbre reciente de seguir defendiendo lo mismo con otras palabras cuando las originales se vuelven blanco de ataque.
La conversación cierra con una nota de resistencia: “Todo cambia en todo momento, todo el tiempo”, dice D’Artigues, apelando a su propia filosofía budista frente al desmantelamiento de políticas e instituciones; hay que seguir sembrando, incluso en tiempos de sequía, porque alguna de esas semillas crecerá. Reivindica el capital moral y político acumulado en México durante estos 25 años —del que se asume, con modestia, como una de las mayores contribuyentes— como la reserva que permitirá sostener el vendaval que hoy sopla desde fuera y desde dentro.
