Fuente: Imagen creada con IA.
Año 2, núm. 15, octubre de 2026
ISSN 3122-3583
voces
La batalla contra la desigualdad en México
Entrevista con Ricardo Bucio
Mauricio Merino
México reconoce la igualdad en su Constitución, pero sus trámites, presupuestos e instituciones aún distribuyen derechos de manera desigual. En esta conversación, Ricardo Bucio reconstruye conquistas obtenidas en tribunales y muestra cómo una escuela, una ventanilla o una política que solo entrega dinero pueden mantener intactas las barreras.
Ricardo Bucio no fundó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred); ese mérito le corresponde a Gilberto Rincón Gallardo. Pero cuando Bucio tomó la presidencia del organismo, en plena crisis, lo refundó y le dio la proyección nacional que llegó a tener. Después fundó, ahora sí como creador, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), y hoy preside el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi). En un número de El Diluvio dedicado a la discriminación, su testimonio era indispensable. Esta es la conversación que sostuvimos con él.
El derecho puede estar escrito y seguir perdido entre ventanillas
Para Bucio, el punto de partida es institucional. Este año se cumplieron 25 años de que la cláusula antidiscriminatoria se inscribió en el artículo 1º de la Constitución, reforzada diez años después por la reforma constitucional en derechos humanos de 2011 y sostenida, desde 2003, por el propio Conapred. Esa cláusula obligó a construir una ley reglamentaria y, con ella, una institución que antes no existía. Antes hubo, dice Bucio, una negación de Estado: en 1996, cinco años antes de la reforma, México se presentó ante el Comité de Naciones Unidas contra la Discriminación Racial a declarar que en el país no había discriminación, sino apenas desigualdades de otro tipo.
“Partíamos de la idea de que México era un solo Estado nacional mestizo, con una sola religión, con una sola visión política; un país sin discapacidad, sin diversidad sexual, con una sola lengua”, recuerda Bucio. Ese país, añade, no existía: las lenguas indígenas apenas empezaban a reconocerse como lenguas nacionales y no había siquiera lengua de señas mexicana reconocida.
El reconocimiento llegó por otra vía, la internacional. En los años ochenta y noventa se hizo evidente en todo el planeta que los derechos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos había proclamado como universales desde 1948(1) no llegaban por igual a todas las personas: grupos étnicos, poblaciones afrodescendientes, mujeres, niñas y niños, personas con discapacidad y personas con una orientación o identidad sexual no heteronormada quedaban sistemáticamente atrás. De ese reconocimiento nacieron instrumentos como la Convención sobre los Derechos del Niño,(2) la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, (3) la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (4) y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.(5) “Como muy bien dice nuestro gurú Jesús Rodríguez Zepeda, las cláusulas antidiscriminatorias en todas las democracias constitucionales son las mismas: protegen a los mismos grupos de población”, resume Bucio.
México venía, además, de su propio contexto: en 1994 estalló el levantamiento zapatista; ya existían el Instituto Nacional Indigenista, el entonces Instituto Nacional de Protección a la Infancia —precursor del actual DIF, que no debe confundirse con el actual Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas— y el propio DIF. Parecía una contradicción flagrante: el Estado reconocía la cláusula antidiscriminatoria, pero seguía operando de forma fragmentaria, atendiendo un grupo discriminado a la vez en lugar de reconocer la discriminación como un hecho estructural. Bucio coincide: en los primeros años del Conapred, con Gilberto Rincón Gallardo al frente, el trabajo se concentró en la discapacidad y la diversidad sexual, siguiendo la misma lógica de avanzar grupo por grupo, “porque es más fácil y es más evidente la discriminación cuando la puedes visualizar en un grupo específico”.
Esa misma semana se cumplieron también 25 años de la Declaración de Durban,(6) la conferencia mundial contra el racismo en la que Gilberto Rincón Gallardo —entonces al frente de la Comisión de Estudios contra la Discriminación, antes de que existiera el Conapred— propuso que se redactara una convención de los derechos de las personas con discapacidad. La propuesta prosperó: la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad(7) es, recuerda Bucio, el único tratado internacional de derechos humanos que ha propuesto México ante la ONU, y Rincón Gallardo es casi su padre.
El avance, sin embargo, fue siempre desigual. Bucio recuerda que en 2011, diez años después de la reforma constitucional, se modificó el apartado de trabajo doméstico de la Ley Federal del Trabajo para establecer que las trabajadoras del hogar debían tener una jornada de descanso de ocho horas al día y podían trabajar hasta seis días a la semana —hasta 72 horas semanales—, cuando otros grupos laborales ya tenían jornadas reguladas de 40 u 48 horas. El entonces secretario del ramo defendió la medida como una mejora: antes no había ningún límite. “Es cierto —dice Bucio—, pero ya existía un límite laboral… y aquí hasta 72 horas. No tenemos el mismo valor ante la ley.”
No se compra inclusión con una transferencia si faltan escuela, salud y servicios
Ese mismo grupo, el de las trabajadoras del hogar, es para Bucio el ejemplo más claro de discriminación interseccional: “son mujeres casi todas, indígenas la mayoría, morenas la mayoría, con poca educación escolarizada, en condiciones de pobreza, migrantes”. La Encuesta Nacional sobre Discriminación, ENADIS,(8) que Bucio impulsó y que ya cuenta con ediciones en 2005, 2010, 2017 y 2022, ha documentado esa acumulación de condiciones y también, dice, el fenómeno inverso: casos donde la discriminación golpea con la misma fuerza sin que exista interseccionalidad alguna. Pone el ejemplo de un niño en edad preescolar al que una escuela de San Pedro Garza García le impidió continuar sus estudios al descubrir que era hijo de un matrimonio homoparental: “Son varones, ambos son blancos, con una situación educativa y socioeconómica alta —dice Bucio—, pero para el niño, la negación de la educación y de la socialización va al corazón de sus derechos”.
La lista de conquistas legales que Bucio repasa es larga, y todas, subraya, se ganaron a golpe de sentencias. Después de que el matrimonio igualitario se aprobara en la Ciudad de México, el expresidente Felipe Calderón promovió una acción de inconstitucionalidad en su contra; la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no solo la desechó, sino que declaró constitucionales el matrimonio igualitario en todo el país y, más adelante, la adopción homoparental. “Eso se lo debemos al presidente Calderón”, dice Bucio, no sin ironía.
Del Conapred, Bucio recuerda en particular el caso de un marino dado de baja de la Armada por ser abiertamente homosexual,(9) que derivó en una larga batalla jurídica; y el de una trabajadora del hogar despedida al llegar a la vejez, a quien se le quiso negar incluso la indemnización. Ese segundo caso, iniciado en el Conapred y ganado después, terminó por forzar una reforma legal y el cumplimiento del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo(10) sobre trabajadoras del hogar. La misma sentencia que reconoció el matrimonio igualitario abrió después el acceso a la seguridad social para los cónyuges del mismo sexo: el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas lo aplicó de inmediato; el ISSSTE “da vueltas, vueltas, vueltas”, y el IMSS, dice Bucio, respondió “sobre mi cadáver” hasta que cambió el sexenio.
Menciona también el litigio que impulsó la organización Mexicanos Primero en favor de una niña indígena con discapacidad del Estado de México, a quien el sistema de educación indígena rechazó por su discapacidad, el sistema de educación especial por hablar una lengua indígena y el sistema de educación regular por ambas razones.(11) La SCJN determinó entonces que la educación, además de laica, gratuita y obligatoria, debe ser inclusiva. Y recuerda el caso, más burocrático que judicial, de un entonces director del ISSSTE que se negó a incluir en las estancias infantiles a niños con discapacidad —cuatro, ya inscritos, en toda la Ciudad de México— alegando que, al no tener el instituto capacidad para atenderlos adecuadamente, lo más seguro y saludable era dejarlos en casa. La negación, dice Bucio, se disfrazaba de protección.
Todo esto lleva a Bucio a una conclusión incómoda: el problema no son solo las leyes ni las instituciones, sino la conformación misma del Estado mexicano. “Es un Estado hecho para desiguales y para desigualar —dice—; aunque la Constitución diga como principio general otra cosa, su desagregación en leyes secundarias, instituciones, presupuestos y políticas públicas sigue siendo desigualatoria.” A las causas estructurales de la discriminación —el racismo y el clasismo, ligados a si se tiene o no dinero, o si se pertenece o no al fenotipo dominante— Bucio suma otras coyunturales y políticas: las y los migrantes, que cambian de rostro según la época (antes chinos, hoy haitianos en México, musulmanes en España, mexicanos en Estados Unidos), o la polarización política, que también genera una forma de discriminación casi automática entre quienes apoyan a un gobierno y quienes lo cuestionan.
Bucio distingue tres tipos de condiciones por las que una persona puede ser discriminada: las innatas —el sexo, la orientación sexual, el grupo étnico, el tono de piel, la lengua, el contexto socioeconómico de nacimiento—; las elegidas —la religión, la apariencia, las preferencias políticas— y las no elegidas que tampoco son innatas, como la migración forzada o el trabajo precario. “Pareciera que para donde te muevas tienes posibilidad de ser discriminado —dice—, es decir, de no tener igualdad de trato ni de oportunidades. Y eso tiene como efecto que tus derechos y libertades se vean restringidos.”
El elevador social sigue descompuesto cuando el Estado reparte trato desigual
Esa lógica, añade, también explica los límites del discurso oficial que reduce la desigualdad a una cuestión de dinero. El mantra primero los pobres del gobierno de Andrés Manuel López Obrador —tomado, recuerda Bucio, de Enrique González Pedrero— parte de una condición real, pero no basta: puede producir otro tipo de discriminación si se traduce en acciones afirmativas que dejan de ser universales, o si el clientelismo condiciona el acceso a derechos. El riesgo mayor, dice, es que el Estado convierta la transferencia económica en un sustituto de sus propias obligaciones: en la Ciudad de México, hacia 2007, casi la mitad de las personas mayores de 60 años recibía una pensión, pero no había un solo servicio público geriátrico. Hoy, la Secretaría de Educación Pública tiene apenas dos personas encargadas de la inclusión educativa en todo el país. “Los derechos sociales no se compran en la tiendita de la esquina”, resume Bucio.
Pone como contraejemplo a Suecia, donde hace 15 años se preguntó por sus acciones afirmativas en materia de paridad de género y le respondieron que ya no tenían ninguna: “las acciones afirmativas, por definición, se tienen que terminar; si no se terminan es que no funcionaron”. Lo que sí tenían, cuenta, eran campañas culturales —como la de un luchador olímpico cargando a un bebé, repetida 30 años después con el mismo bebé, ya adulto, cargando al suyo— y una ley que simplemente se cumple, sin negociación posible.
Para Bucio, sin embargo, la parte más difícil no es la legislativa sino la cultural: “hay una tradición de tener muy buenas leyes y muy poco cumplimiento de ellas”. A eso se suma, dice, el miedo de las élites a aceptar la diferencia, un temor que también tiene una dimensión regional: “uno percibe cómo hay un rechazo casi natural a quien no es tapatío, y especialmente si eres chilango. No importa lo que hagas, digas o produzcas: eres chilango”.
Para explicar el origen de ese rechazo, Bucio recurre a una anécdota que le contó Gonzalo Hernández Licona, entonces al frente del Coneval: en una fiesta infantil con 20 niños solo aparecieron siete pelotas, y un niño resolvió el problema anunciando que “solo a mis primos y a mí nos gusta el futbol, y somos siete”. “Hay ciertas situaciones en las que naturalmente nos juntamos con quienes se nos parecen —explica Bucio— y hacemos, sin darnos cuenta, actos de discriminación.” Pero detrás de esa lógica de autodefensa hay otra más profunda, la de la dominación: la discriminación está asentada sobre la lógica de manutención del poder; por eso es tan confrontante, porque enfrenta el poder de quienes lo tienen y exige de ellos autolimitarse en su ejercicio.
Bucio cierra con dos referencias. La primera es personal: cuenta cómo, al llegar a la presidencia del Conapred, heredó una asamblea ciudadana fundada en torno a Gilberto Rincón Gallardo y presidida entonces por Mario Luis Fuentes, quien le sugirió construir la suya propia; así fue como Bucio invitó a desayunar a Mauricio Merino y lo sumó a esa asamblea sui generis, por ser una de las pocas instituciones donde la ciudadanía y la autoridad tienen el mismo número de asientos y de voto en las decisiones de política pública. La segunda es conceptual: la imagen, tomada del Reporte sobre la discriminación en México(12) que coordinó Ricardo Raphael en 2012, de la sociedad como un edificio con sótanos y un penthouse, y un elevador social descompuesto que impide que quienes están arriba conozcan lo que ocurre abajo, y viceversa. Ese elevador, dice Bucio, seguirá descompuesto mientras la igualdad de oportunidades y de trato sigan sin funcionar.
La conversación termina donde empezó: en la certeza de que nadie, en este país, ha nacido todavía en un espacio que no sea machista, clasista u homofóbico. “Quizás luego nos hemos ido reeducando —dice Bucio—, pero eso no existe todavía.”
