Fuente: Imagen creada con IA.
Año 2, núm. 16, noviembre de 2026
ISSN 3122-3583
editorial
Vencerán, pero no convencerán
Mauricio Merino
¿Qué ocurre cuando el poder intenta decidir qué puede investigarse y quién tiene derecho a participar? El editorial enlaza la defensa de la inteligencia con el origen de ProCienciaMx y con una crisis científica y universitaria que se agravó durante la última década, aunque sus causas vienen de más atrás.
Nadie sabe con exactitud lo que dijo Miguel de Unamuno en el auditorio de la Universidad de Salamanca el 12 de octubre de 1936 ante un grupo de militares falangistas, encabezado por el general José Millán-Astray, quien le habría interrumpido gritando: “¡Mueran los intelectuales traidores! ¡Viva la muerte!”, o quizás (pues tampoco hay registro exacto): “¡Muera la inteligencia; viva la muerte!” Lo que sí sabemos es que, con independencia de las palabras exactas, el entonces rector de esa universidad enfureció a Millán-Astray por decirle la verdad: “podrán vencer, pero no convencer”.
La disputa por el conocimiento también es una disputa por el poder
Ese episodio ha sido relatado mil veces porque sintetiza una pugna eterna entre la búsqueda de la verdad y el conocimiento, y la búsqueda del poder y el sometimiento. Todos los gobiernos autoritarios de toda la historia mundial —no exagero un ápice con esta frase— han intentado imponer su verdad mediante la coacción y acallar cualquier afirmación que les contradiga. La literatura sobre esa tensión llena bibliotecas enteras que, además, nos informan con detalle sobre las consecuencias que acarrea la derrota de la inteligencia.
Esa tensión entre la cicuta impuesta a quienes se niegan a rendirse ante la ignorancia y la resistencia tenaz de quienes defienden el conocimiento a pesar de todo sigue vigente en el mundo de nuestros días. No es una tensión derivada de la pobreza o de lo que alguna vez llamamos “subdesarrollo”, pues también está presente —quizás como nunca antes— en las economías más potentes del mundo, como la de Estados Unidos o China.
Sus causas están en otro lugar: en la intolerancia, la prepotencia y la deshonestidad de quienes ostentan posiciones de poder y se niegan a aceptar cualquier crítica, cualquier contradicción, cualquier prueba de sus yerros. Por definición, la ciencia avanza por su capacidad permanente de reconocer que lo que se creía saber ha sido superado o falseado con nueva evidencia. Y, en consecuencia, la investigación científica y las universidades donde se realiza son inexorablemente rebeldes y libérrimas. No están ahí para repetir lo que quieren oír los dueños de los poderes públicos, sino para estudiarlo, someterlo a examen y contribuir con el conocimiento científico a resolver problemas y construir un futuro mejor.
Esas mismas razones llevaron a la creación de ProCienciaMx, cuya colaboración hizo posible este número de El Diluvio. Estamos sinceramente agradecidos con las y los autores que contribuyeron a esta edición y, en particular, con Bernardo González-Aréchiga, quien la promovió.
ProCienciaMx reúne hoy a 670 integrantes; nació de una protesta que convocó a más de tres mil investigadoras e investigadores
La breve historia de esa organización forma parte de los contenidos que publicamos, pero vale la pena registrar aquí que esa comunidad que hoy reúne a 670 científicos de todo el país nació de la protesta de más de 3 000 investigadoras e investigadores ante las declaraciones cargadas de odio de la directora del entonces Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, y de la iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencia y Tecnología que ella misma promovió en febrero del 2019, de espaldas a la comunidad académica del país. Desde entonces y hasta ahora, esa comunidad científica se ha mantenido alerta y ha publicado varias comunicaciones advirtiendo sobre los riesgos y las amenazas de las políticas públicas de fomento a la investigación científica y de la educación superior en México.
Las reflexiones que se publican en esta edición dan cuenta de esas alarmas: no hay recursos suficientes para la investigación y los pocos que hay se asignan con criterios burocráticos, discrecionales o abiertamente sesgados por simpatía o cercanía política. En la gran mayoría de los casos, la idea de la pertinencia de cada investigación está atada a la agenda gubernamental o a las prioridades establecidas por las autoridades, muchas veces ancladas a una visión de corto plazo y sin espacios suficientes para atender los proyectos sustantivos de la comunidad científica. La inversión en equipos, la creación de laboratorios, los trabajos de campo, el trabajo colaborativo, la asistencia a congresos o la contratación de asistentes están cada vez más restringidas, a pesar de su relevancia para el impulso de programas científicos de largo aliento.
Además, las universidades públicas están afrontando problemas financieros graves que tienden a aumentar por el envejecimiento de su profesorado, por el costo de sus sistemas de pensiones y por las negociaciones salariales, así como por la constante presión por aumentar su oferta educativa y el número de alumnos y alumnas aceptados. La falta de recursos suficientes y el incremento de la matrícula también han ido desplazando, cada vez más, la capacidad presupuestaria de las universidades para respaldar proyectos de investigación científica y han ido deteriorando los equipos y las condiciones laborales de sus investigadores e investigadoras.
En la gran mayoría de esas universidades públicas, las tareas docentes superan con mucho a las de investigación, pero no hay en ellas, tampoco, una estrategia clara de vinculación entre ambas actividades, lo que no solo ha generado una brecha creciente entre la producción de nuevos conocimientos y su mera reproducción en aula, sin actualización ni medios suficientes para estar al día en los programas de grado y pregrado, sino el deterioro de la calidad de la educación que se imparte en ellas y, a su vez, la notoria caída de solicitudes de ingreso a las profesiones vinculadas con las ciencias sociales y las humanidades.
Esa combinación de matrículas acrecidas de manera deliberada, desvinculadas de criterios de excelencia académica, ha ido convirtiendo a las universidades en espacios destinados a demorar o pausar el ingreso de las y los jóvenes a la población económicamente activa. Sabemos que, desde los gobiernos, se promueve la construcción y la apertura de nuevas universidades, más aulas y más espacios para estudiar. Pero sabemos también que los edificios no son la esencia de las universidades, sino la calidad de sus docentes y de sus investigadores. Empero, esas universidades han ido relajando la exigencia de la calidad en su alumnado —y en su profesorado— para convertirse poco a poco en grandes “guarderías” de adultos jóvenes.
La crisis de la ciencia no se resuelve con discursos: exige reconocer sus causas y atenderlas
De otra parte, el sector privado tampoco está contribuyendo —como se esperaba— a la investigación. La tesis de la “triple hélice” no ha prosperado por la ausencia de incentivos suficientes y, además, las decisiones tomadas por los gobiernos mexicanos para extinguir los apoyos a la investigación científica que se produce en las universidades privadas —incluyendo la eliminación total de los estímulos económicos a las y los integrantes del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores que trabajan en ellas— han disminuido su contribución al desarrollo de la ciencia y la tecnología.
La crisis de la investigación científica y de la calidad de la educación superior que se describe en este número no puede atribuirse a los gobiernos más recientes, pues comenzó a gestarse mucho antes, con la masificación universitaria derivada de la explosión demográfica y urbana de la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, durante la última década, esa crisis se ha agravado tanto por razones técnicas y financieras, cuanto por el exacerbado desprecio de las autoridades gubernamentales hacia la comunidad académica y científica.
En esta edición también se describen las distintas agresiones que esa comunidad ha padecido desde 2019: desde la estigmatización de “neoliberales” hasta las denuncias penales hacia un grupo de científicos, pasando por la descalificación pública y la hostilidad abierta y las restricciones excesivas hacia los centros públicos de investigación (como las que sufrió el Centro de Investigación y Docencia Económicas [CIDE], entre otros) o el cierre de fideicomisos destinados a la investigación o el control de sus actividades como si fueran equiparables a las de la burocracia federal o la extinción de cualquier tipo de estímulos para premiar el éxito académico o la sutil censura a las publicaciones incómodas y de las revistas indizadas, alegando falta de presupuesto.
Nadie sensato podría objetar que la investigación científica, la creación de tecnología y la calidad de la educación superior son palancas indispensables para la innovación, el crecimiento económico y la movilidad social. De hecho, durante casi todo el siglo XX, la educación universitaria fue el motor más importante para el ascenso en la escala de ingresos de la sociedad: el gran cauce de la movilidad y de la igualdad social de largo plazo, en toda la América Latina. Sin embargo, hoy esos motores se han ido apagando: hay más jóvenes en aulas y hay más espacios para estudiar, pero aquella movilidad se ha ido perdiendo cada vez más. Y peor aún: quienes estudian en universidades públicas han perdido competitividad con las y los egresados de instituciones particulares.
Como ha sucedido en otros países —como se denuncia hoy en Francia, con denuedo— en México, la educación pública superior ya no garantiza una mejor calidad de vida para sus egresados. Las generaciones que hoy están estudiando en nuestras universidades públicas han perdido expectativas de una vida más holgada que la vivida por las generaciones anteriores.
En suma, este número de El Diluvio no ofrece un panorama alentador, porque está escrito desde la experiencia y la evidencia de las y los científicos que viven en carne propia la crisis de la investigación y la docencia. No obstante, creemos que, por esas razones, su valor es aún mayor: los problemas y las carencias que aquí se describen con detalle no pueden resolverse con discursos ni con envolturas ideológicas. Es una crisis seria. Y la única forma razonable de empezar a hacerle frente es asumiéndola.
