El Mencho, la soberanía escenográfica y la obediencia estratégica

La ejecución de Nemesio Oseguera Cervantes ha sido presentada como un hito histórico: un golpe decisivo contra el cártel más poderoso del país y una prueba irrefutable de que el Estado mexicano conserva capacidad letal suficiente para imponerse a sus enemigos. Desde Washington llegaron felicitaciones con tono de catecismo moral: los buenos derrotan a los malos. Parte de la prensa mexicana replicó el mismo registro, entre alivio patriótico y fervor institucional. El Ejército abatió al capo más buscado. La soberanía quedó reivindicada. El mensaje parecía cerrado. La realidad estratégica, en cambio, volvió a abrir todas las grietas.

El operativo tuvo desde el inicio una lógica inequívoca de neutralización, no de captura frustrada. El despliegue militar, el cerco táctico y la superioridad operativa hacían previsible el desenlace. En un Estado que se toma en serio el derecho penal, la detención importa porque reafirma jurisdicción, proceso y prueba pública. En un Estado que opera bajo gramática bélica, la eliminación del enemigo adquiere valor simbólico superior. La muerte de Oseguera pertenece a esta segunda lógica. El derecho quedó desplazado, otra vez, por la semántica de guerra.

La cobertura internacional introdujo matices que la prensa nacional prefirió diluir. The New York Times subrayó el carácter histórico del golpe, pero advirtió de inmediato el riesgo de fragmentación violenta. Recordó la recompensa estadounidense y situó el operativo en el marco de la presión bilateral por el fentanilo. Esa cautela contrastó con la condescendencia celebratoria de muchos medios mexicanos, más interesados en la puesta en escena soberana que en la trayectoria empírica de la estrategia. El dato incómodo fue inmediato: la muerte del líder del CJNG detonó episodios de violencia en varios estados. La neutralización del jefe no produjo pacificación; produjo miedo.

Aquí aparece la paradoja central. La muerte del líder se exhibe como triunfo soberano mientras la sociedad se comporta como si se aproximara una tormenta. El Estado demuestra que puede eliminar a un individuo, pero no que pueda controlar las consecuencias de esa eliminación. La prevención queda reducida a comunicados improvisados y exhortos a la calma que transmiten fragilidad más que autoridad. La inseguridad ya no proviene solo de los grupos criminales; también emana del propio aparato gubernamental que anticipa reacciones que no domina.

Nada de esto resulta novedoso. El ciclo que se inauguró formalmente en 2006 adquirió rasgos de rutina. Cada administración promete ajustes, cada golpe de alto perfil se vende como punto de inflexión y cada reorganización criminal abre nuevas disputas armadas. La evidencia empírica es consistente. Ya hace tiempo que Calderón, Robles, Díaz-Cayeros y Magaloni documentaron que, tras la captura o muerte de un jefe criminal, los homicidios tienden a aumentar en los municipios afectados. Melissa Dell observó el mismo patrón: las intervenciones selectivas alteran equilibrios locales y detonan ciclos de violencia competitiva. El problema no es la capacidad operativa del Estado; es la fantasía de que cortar una cabeza desmantela un mercado.

Esa narrativa del golpe certero, celebrada como “gran éxito” por varios analistas locales y amplificada por la prensa internacional, cumple además otra función menos confesable: vuelve a legitimar la militarización como política pública permanente. Si el enemigo cae, la estrategia se justifica retrospectivamente. El problema es que veinte años de experiencia muestran lo contrario: la presencia militar sostenida no redujo la violencia, no fortaleció instituciones civiles y no produjo seguridad duradera. Produjo dependencia castrense, debilitamiento policial y normalización del estado de excepción. El éxito táctico sirve como coartada de una estrategia que, en términos históricos, ha sido un fracaso.

La arquitectura de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum agrava esta tensión. La Estrategia Nacional de Seguridad 2024–2030 habla de inteligencia y reconstrucción institucional, pero la Guardia Nacional permanece bajo control operativo de la Secretaría de la Defensa. La coexistencia de una Secretaría civil encabezada por Omar García Harfuch y un aparato militar con despliegue territorial permanente configura un doble centro de gravedad. La experiencia comparada muestra que la ambigüedad de mando erosiona coherencia estratégica. La militarización prolongada sustituye capacidades civiles y debilita instituciones locales. El gobierno actual hereda esa estructura y la administra sin modificarla.

A esto se suma una tercera pista: la cooperación con Estados Unidos. Con el regreso de Donald Trump, la retórica de designar cárteles como organizaciones terroristas volvió al centro del discurso. El narcotráfico dejó de entenderse como fenómeno económico complejo para convertirse en amenaza existencial que exige aniquilación. La etiqueta elimina matices, justifica el uso intensivo de fuerza y desplaza el enfoque sanitario. Si la operación contra Oseguera se apoyó en inteligencia estadounidense —como admitieron comunicados oficiales—, la soberanía mexicana se escenifica en el territorio mientras la doctrina estratégica se importa sin discusión.

El contraste con la política de drogas basada en evidencia resulta evidente. En Estados Unidos, la expansión de naloxona, tratamientos con agonistas opioides y programas de reducción de daños ha contribuido a descensos recientes en muertes por sobredosis, según datos del Centers for Disease Control and Prevention, la agencia federal de salud pública de Estados Unidos. Esa reducción no se explica por interdicciones espectaculares en México, sino por intervenciones centradas en la demanda. Trump privilegia la épica de la guerra; Biden, con todas sus limitaciones, apostó parcialmente por la salud pública. La cooperación bilateral, sin embargo, sigue premiando resultados visibles: enemigos abatidos, no vidas salvadas.

La narrativa de que “los buenos derrotan a los malos” cumple una función política precisa. Simplifica un mercado ilícito sostenido por demanda constante, absuelve responsabilidades compartidas y convierte un problema económico en fábula moral. Borra del encuadre más de cuatrocientos mil homicidios acumulados desde 2006, decenas de miles de desaparecidos y la erosión institucional prolongada. También oculta un hecho elemental: el mercado se adapta con rapidez a cada golpe selectivo.

El núcleo del problema es la prohibición. Convertir mercancías demandadas en rentas ilegales produce violencia, corrupción y competencia armada. La neutralización periódica de líderes altera jerarquías internas sin tocar la lógica económica que alimenta el negocio. Cada victoria táctica prepara el siguiente conflicto. La historia reciente no ofrece excepciones.

Romper esta dinámica exigiría confrontar a Estados Unidos en torno a la demanda no regulada y al empecinamiento prohibicionista. Implicaría desplazar el eje desde la aniquilación hacia la regulación diferenciada, la despenalización efectiva y la cooperación sanitaria. Supone asumir costos diplomáticos y políticos considerables. El Estado mexicano carece de fortaleza para hacerlo. La dependencia económica y la asimetría geopolítica estrechan el margen de maniobra. Un gobierno tras otro ha preferido administrar el ciclo antes que desafiarlo.

La ejecución de Oseguera confirma esa continuidad. El Estado mexicano demuestra capacidad para matar, pero evita transformar el régimen legal que garantiza el reemplazo del muerto. La soberanía se afirma en el operativo; la obediencia estratégica permanece intacta. La felicitación estadounidense certifica alineación doctrinal. El orgullo nacional encubre dependencia.

Conviene precisar, además, que la retórica de ruptura del sexenio anterior nunca se tradujo en una transformación real de la estrategia. López Obrador no desmanteló la guerra contra las drogas ni buscó una relación distinta con Estados Unidos en esta materia. Cambió el tono, suavizó el discurso y renunció a la épica belicista explícita, pero mantuvo intacta la cooperación militar, la lógica prohibicionista y la subordinación estratégica. “Abrazos, no balazos” funcionó como consigna política; la arquitectura de la guerra siguió operando sin cuestionamiento de fondo.

El balance resulta brutal. La guerra contra las drogas dejó una devastación que ya no admite eufemismos: cientos de miles de homicidios, decenas de miles de desapariciones, territorios donde la autoridad formal convive con poderes armados, generaciones enteras socializadas en la violencia. La reacción social ante la muerte de un capo lo dice todo: no hubo alivio, hubo pánico. Escuelas cerradas, comercios bajando cortinas, ciudades en vilo. Un Estado que celebra su capacidad letal reconoce, en el mismo gesto, su incapacidad preventiva.

Las familias de desaparecidos no encuentran reparación en la muerte de un capo. Las comunidades extorsionadas no recuperan seguridad con un comunicado. La política de drogas basada en evidencia sigue tratándose como extravagancia académica. La narrativa de guerra ofrece espectáculo inmediato y capital político efímero. La reforma estructural exige inteligencia, coraje y disposición a incomodar al vecino poderoso.

El país enfrenta una disyuntiva clara: persistir en la eliminación periódica de enemigos renovables o desmontar la arquitectura prohibicionista que alimenta la violencia. La primera opción garantiza titulares y estabilidad diplomática de corto plazo. La segunda implica conflicto político y rediseño profundo del Estado. La elección actual apunta a la continuidad. La ejecución espectacular sustituye la reforma. La violencia se reacomoda. El ciclo continúa.

El Estado mexicano puede abatir a un capo pero no ha mostrado voluntad para transformar el mercado que lo produce. Esa es la tragedia. Todo lo demás —la épica, las felicitaciones, la soberanía declamada— pertenece al teatro. Y el teatro, a estas alturas, ya lo hemos visto demasiadas veces. Podría añadirse, para cerrar el círculo, que la muerte del Mencho le viene como anillo al dedo a Claudia Sheinbaum. El operativo le permite sacudirse, al menos por ahora, la etiqueta de narcogobierno heredada de López Obrador: no solo por el desafortunado y ya célebre “abrazos, no balazos”, sino por los rastros cada vez menos disimulables de colusión entre gobiernos municipales y estatales y organizaciones criminales, una relación funcional donde la protección territorial se intercambia por financiamiento de campañas, control electoral y paz aparente.

El golpe ofrece una escena de ruptura, un gesto de autoridad que limpia la narrativa y recupera momentáneamente la iniciativa frente al crimen organizado, pero al mismo tiempo la desnuda: la coloca, sin rodeos, en la misma pista estratégica inaugurada por Calderón en 2006, la guerra frontal que la pretendida transformación juró no repetir y que hoy reproduce con lenguaje nuevo y liturgia reciclada. El capo abatido sirve para ganar tiempo político y crédito internacional; no para cambiar la historia. La épica vuelve a ocupar el lugar de la política pública y la transformación, una vez más, termina pareciéndose demasiado a aquello que juró enterrar.