Año 1, núm. 9, abril de 2026
ISSN 3122-3583
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México ante a la crisis climática: cómo construir una gobernanza ambiental para una transición justa
Sergio H. Graf Montero
La crisis climática no solo es ambiental: también es política, social y democrática. Este análisis examina cómo México intenta construir una gobernanza climática a todos los niveles capaz de enfrentar desigualdades, conflictos y desafíos globales.
Los procesos de cambio global, entre ellos el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el incremento de la contaminación, han llevado a la sociedad a sobrepasar seis de los nueve límites planetarios, poniendo en riesgo la viabilidad de la vida en la Tierra. El cambio climático ya está afectando la gobernanza democrática y agravando las desigualdades mediante crisis alimentarias e hídricas, conflictos, migración y desastres naturales.
Esta situación obliga a los países a cooperar y diseñar respuestas eficaces para revertir los procesos de deterioro, en beneficio de las generaciones presentes y futuras; sin embargo, los conflictos armados han desacelerado la acción colectiva frente a los retos globales, erosionando la cooperación internacional necesaria para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mitigar los efectos del calentamiento global, detener la pérdida de biodiversidad y disminuir la pobreza con la urgencia que exige la crisis actual.
La crisis climática amplifica conflictos sociales, migración y crisis hídricas.
Se ha demostrado que los sistemas de gobierno que permiten la participación ciudadana, el libre flujo de información y los procesos de evaluación son, en principio, más capaces que los regímenes autoritarios para enfrentar problemas de gran complejidad, como los derivados de la crisis climática. No obstante, algunos regímenes autoritarios han desplegado respuestas rápidas frente al cambio climático, aunque a expensas de altos costos democráticos y de derechos humanos, lo que plantea importantes dilemas normativos y de gobernanza.
Al mismo tiempo, estamos observando una reconfiguración política en varios gobiernos democráticos, especialmente en el continente americano, encabezada por Estados Unidos, hacia una visión ultraconservadora. Esta orientación se caracteriza no solo por el retroceso en derechos de las minorías y en los avances en materia de género e inclusión, sino también por un cuestionamiento abierto de la existencia de la crisis climática y, en consecuencia, de la gravedad de sus efectos.
Esta deriva se combina con economías extractivistas, desigualdades persistentes y democracias frágiles, lo que limita la capacidad de algunos estados del continente para implementar políticas climáticas ambiciosas y respetuosas de los derechos humanos. En América Latina, las brechas de capacidad institucional, la centralización política y la implementación todavía incipiente de marcos como el Acuerdo de Escazú restringen la participación ciudadana y la construcción de una democracia ambiental robusta capaz de sostener transformaciones de largo plazo.
México cuenta con un marco normativo ambiental y climático amplio, así como con compromisos internacionales relevantes, entre ellos el Acuerdo de Escazú, la Agenda 2030 y el Acuerdo de París. No obstante, aún enfrenta limitaciones importantes en su implementación debido a la violencia y la impunidad, lo que debilita los avances en materia de justicia social y ambiental.
El país ha buscado reforzar la relación entre justicia climática y justicia social mediante la promoción de espacios participativos y ejercicios de parlamento abierto, en los que se incorporan aportes de jóvenes, comunidades y organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, ha fortalecido su cooperación internacional y ha suscrito iniciativas ambiciosas en el marco de las convenciones sobre cambio climático y biodiversidad. México presentó una nueva versión de su documento Contribución Determinada a Nivel Nacional 3.0 (NDC 3.0), con objetivos más ambiciosos, metas de descarbonización, transición energética y adaptación al cambio climático, y ha asumido compromisos relevantes en materia de biodiversidad en el marco del acuerdo de Kunming-Montreal.
México cuenta con marcos como Escazú, Agenda 2030 y Acuerdo de París, pero enfrenta obstáculos para implementarlos.
La NDC 3.0 que México presentó en la COP30 plantea una agenda climática con horizonte a 2035, estructurada en cinco grandes componentes: mitigación, adaptación, pérdidas y daños, política climática transversal y entorno habilitador con medios de implementación. En materia de mitigación, fija por primera vez metas absolutas de emisiones netas para 2035, alineadas con el objetivo de alcanzar cero emisiones netas hacia mediados de siglo. En adaptación, refuerza cinco ejes ya existentes: 1) población y territorio; 2) sistemas productivos y seguridad alimentaria; 3) biodiversidad y servicios ecosistémicos; 4) recursos hídricos; y 5) infraestructura estratégica y patrimonio cultural. Incorpora también un sexto eje relativo a los vínculos entre seguridad y cambio climático.
Además, por primera vez incluye un componente específico de pérdidas y daños, con acciones orientadas a emergencias y desastres, transferencia y retención del riesgo, reconstrucción resiliente, movilidad humana y pérdidas económicas y no económicas. Al mismo tiempo, adhiere enfoques transversales de género, derechos humanos, transición justa, equidad intergeneracional y atención a poblaciones prioritarias, junto con medidas para movilizar financiamiento, tecnología, fortalecimiento de capacidades, información abierta y acción subnacional.
El éxito de estas medidas dependerá de que se articulen bajo un enfoque de implementación anidado, en el que los gobiernos subnacionales y las colectividades locales asuman mayores compromisos y fortalezcan sus capacidades para actuar de manera local y colaborativa.
Un análisis reciente sobre la Ley General de Cambio Climático y su aterrizaje en las entidades federativas muestra que, hacia 2025, al menos nueve estados —entre ellos Baja California Sur, Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Veracruz— reformaron o elaboraron leyes y estrategias climáticas mediante procesos participativos con sociedad civil, academia y sector privado. En estos procesos, las y los actores involucrados subrayaron la necesidad de aclarar competencias, reducir la fragmentación entre secretarías, asignar responsabilidades climáticas explícitas y mejorar los mecanismos de participación social en consejos y programas estatales.
A partir de 2018, los gobiernos estatales impulsaron, por medio de sus secretarías de medio ambiente, un esquema colaborativo para desarrollar una agenda ambiental común, centrada en la homologación de capacidades institucionales y programáticas para atender sus responsabilidades en materia de cambio climático, biodiversidad y economía circular. En este contexto surge la Comunidad Climática Mexicana, una red auspiciada por dos organizaciones de la sociedad civil: Iniciativa Climatica de Mexico, A.C., y el World Ressource Institute. Esta comunidad está orientada a acelerar la acción climática en estados y municipios mediante el fortalecimiento de capacidades locales, el intercambio de experiencias y la participación de diversos actores en el diseño e implementación de políticas subnacionales.
La nueva NDC 3.0 plantea metas de mitigación, adaptación y transición energética hacia 2035.
Por medio de esta red se ha desarrollado una colaboración estrecha entre las autoridades ambientales estatales y la federación, y se han documentado factores de éxito de proyectos climáticos locales, como la gobernanza colaborativa, el uso de datos abiertos y la inclusión de comunidades afectadas. Estos elementos pueden entenderse como laboratorios de democracia ambiental aplicada en el territorio.
El caso de Jalisco resulta especialmente interesante en la construcción de capacidades institucionales para implementar estas agendas. Por un lado, la entidad aprobó la Ley para la Acción ante el Cambio Climático del Estado de Jalisco en 2015, la cual establece que todos los municipios deben elaborar programas de cambio climático en un plazo definido tras la emisión del programa estatal. Esto creó, al menos en el plano jurídico, una cascada de planeación climática desde el nivel estatal hasta el municipal, en la que los ayuntamientos deben abrir espacios de participación ciudadana e incorporar información local sobre vulnerabilidades y prioridades.
Por otro lado, en Jalisco se ha desarrollado un modelo de gestión ambiental y territorial basado en la colaboración intermunicipal para implementar políticas ambientales. El marco jurídico mexicano permite que municipios vecinos se agremien formalmente para desarrollar proyectos ambientales conjuntos mediante asociaciones intermunicipales. En este contexto, las Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente son organismos públicos descentralizados de carácter intermunicipal, integrados y supervisados por representantes municipales, estatales y federales, que funcionan como espacios de gobernanza multinivel donde se acuerdan acciones de adaptación, manejo de cuencas y protección de ecosistemas con participación de diversos actores locales.
Estas dos condiciones habilitantes permitieron que Jalisco impulsara, por medio de las Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente, una agenda ambiental descentralizada basada en la colaboración intergubernamental y en la transversalidad de las políticas públicas. De este modo, se desarrollaron programas regionales de acción climática y, en cada junta, se elaboraron los programas de acción climática de los municipios correspondientes. Mediante estos instrumentos se implementan acciones tanto de mitigación como de adaptación al cambio climático, con incidencia a escala municipal y también comunitaria, por medio de proyectos concurrentes de conservación de la biodiversidad, restauración productiva, manejo de residuos, lucha contra la deforestación y combate de incendios, entre otros.
Lo antes expuesto y a la luz de estas experiencias, es evidente que ningún gobierno podrá enfrentar los efectos sociales y económicos de la crísis global, no solo climática sino tambien de la perdida de la biodiversidad y sus consecuencias —desastres, sequias, crisis hídricas, pandemias— sin contar con un entorno que permita la construcción de arreglos institucionales colaborativos y participativos a diferentes escalas, que habiliten una acción colectiva de amplio calado social y productivo. Es imposible concebir una acción de tal magnitud y urgencia, sin tener como respaldo un marco democrático igualitario y fincado en el Estado de derecho.
Referencias
- Averchenkova, A., Casaburi, A., Chan, T., Ávila, A., Calva, A., Lázaro Touza, L., y de la Rosa, D. (2025). Fortalecimiento de la Ley de Cambio Climático de México: Lecciones de política a partir de la experiencia subnacional e internacional. London School of Economics and Political Science, Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment.
- Gobierno de Jalisco/IKI Alliance. (2015). Guía para la elaboración o actualización de los Programas Municipales de Cambio Climático del Estado de Jalisco.
- Gobierno de Jalisco, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. (s.f.). Programas regionales. https://cambioclimatico.jalisco.gob.mx/programasr.html
- Lindvall, D. (2021). Democracy and the Challenge of Climate Change. International IDEA.
- Richardson, K., Rockström, J., et al. (2023). Earth Beyond Six of Nine Planetary Boundaries. Science Advances, 9(37)
- Shen, S. V. (2024). Can Autocracy Handle Climate Change? PS: Political Science & Politics, 57(4), 487-492.
- (2025). Actualización de la Contribución Determinada a nivel Nacional 3.0 de México. Gobierno de México.
- Solorio, I. (2024). The ABCs of Governmental Climate Action Challenges in Latin America. Climate Action. NPJ Climate Action (2024) 3:6.
