La administración capturada

En México, la creación del servicio profesional de carrera, en 2003, prometió un quiebre histórico. Pero su cobertura siempre fue notablemente limitada y su aplicación, intermitente y débil. No fue abolido por las y los populistas (hasta ahora), en buena medida porque nunca funcionó como un verdadero mecanismo de defensa frente a la captura. En otras palabras, como la profesionalización nunca llegó a consolidarse, la burocracia heredada de la alternancia quedó atrapada entre los discursos de modernización y las prácticas de botín que nunca desaparecieron. Por eso, cuando llegó el populismo iliberal, el terreno ya estaba allanado.

La trampa del patronazgo

Una vez capturada, la administración no solo pierde autonomía y capacidad, sino que también se convierte en un factor político. Cuando la estabilidad laboral depende de la lealtad, los burócratas se convierten en un electorado cautivo. No necesitan que nadie los obligue a apoyar al líder en el poder: su supervivencia económica y profesional ya los alinea. Una directora de programa, un asesor jurídico, un coordinador regional y un “servidor de la nación”: todos saben que si gana la oposición, pueden quedarse sin empleo.

La competencia pluralista, que debería significar el derecho a elegir, se percibe como el riesgo de perderlo todo. Así, la burocracia pública deja de ser neutral y se convierte en facción. Las y los funcionarios, atrapados entre la lealtad y el miedo, prefieren callar. La captura burocrática se naturaliza. En lugares como México, Venezuela o Hungría, la alternancia política se vive en las oficinas públicas como una amenaza personal. Por ende, lo que en principio era una estrategia de control desde arriba se consolida como una condición endógena de autocratización: el sistema produce sus propios incentivos para no ceder y seguir concentrando el poder.

Cuando un nuevo gobierno reemplaza a miles de funcionarias y funcionarios para colocar a los suyos no solo desperdicia experiencia; aumenta el costo de la alternancia. La política se vuelve un juego de suma cero, una guerra de ocupación del aparato estatal. Más aún, en los regímenes que han avanzado más lejos en este proceso, la captura institucional no solo garantiza obediencia, sino también impunidad. Los órganos de control, las fiscalías y los tribunales ya no sirven para fiscalizar al poder, sino para protegerlo. Los autócratas en potencia ya no temen perder, porque saben que el aparato que debería vigilarlos ha sido ya colonizado. Quien obedece no se atreve a protestar porque sabe que su empleo depende de su lealtad al líder y su movimiento.

Con todo, capturar a las instituciones vía el empleo produce disciplina a corto plazo, pero fragilidad a largo plazo. Es decir, la obsesión por mantener el control termina por minar la gobernabilidad. Los gobiernos que sustituyen la competencia por la obediencia acaso logran imponer su agenda con rapidez, pero destruyen la capacidad de las instituciones públicas para formular y ejecutar buenas políticas públicas y proveer servicios públicos de calidad. El autócrata que despide a los técnicos y contrata a los leales termina por reinventar la rueda: cambia los manuales, reescribe las reglas, reentrena al personal. Los proyectos se interrumpen, los indicadores se manipulan, la memoria institucional se diluye. La lealtad sirve para controlar, pero no para gobernar bien. Esa es la trampa del patronazgo: el poder que captura todo termina cautivo de sí mismo.

Defender la administración, defender la democracia

Frente a la erosión, la profesionalización no es un lujo tecnocrático, sino una defensa democrática. Ya se ha dicho mucho, pero hay que insistir: un servicio civil basado en el mérito y la igualdad de oportunidades garantiza que el Estado pueda cambiar de gobierno sin perder continuidad. Protege a funcionarias y funcionarios de la arbitrariedad política y, al mismo tiempo, a la sociedad de una deriva autoritaria. En América Latina, la idea de construir instituciones públicas profesionales sigue siendo un proyecto inconcluso. Los avances de Chile, Uruguay o Costa Rica contrastan con la fragilidad de México o Argentina, pero el debate suele quedarse atrapado en el lenguaje técnico, como si se tratara meramente de un asunto de herramientas de gestión o de reglas administrativas. No lo es. La profesionalización es una política de democratización. Sin ella, la alternancia se convierte en un salto al vacío.

El problema no es únicamente de diseño institucional, sino también de cultura política. Mientras los cargos públicos sigan percibiéndose como recompensas, la tentación de usarlos para asegurar lealtades será demasiado grande. Un país con burócratas o jueces que esperan conservar su empleo solo si su partido gana no puede tener instituciones imparciales. Y un país sin instituciones imparciales no puede tener una democracia de veras para todas las personas.

La captura convierte el empleo público en una extensión de la erosión, pero también puede revertirse. Las y los mismos funcionarios que hoy callan por miedo pueden convertirse en defensores de la profesionalización si encuentran garantías para hablar, permanecer y servir sin depender del favor político. Esa transformación, del leal al profesional, del cautivo al ciudadano, es lenta, pero posible. En última instancia, la democracia no se sostiene solo en las urnas, sino también en las oficinas, en los escritorios y en las ventanillas.

Las personas líderes con aspiraciones autoritarias no se imponen con macanas ni con censura, pero sí se consolidan con nóminas. La lista de quién entra y quién sale del servicio público es quizá la frontera más frágil entre democracia y autoritarismo. Capturar el empleo estatal permite controlar la maquinaria del poder y, al mismo tiempo, crear una base dependiente. Es una de las armas más discretas y eficaces del populismo iliberal contemporáneo: reduce el costo de gobernar y eleva el costo de perder. Por eso, si de verdad queremos revertir la erosión democrática, conviene mirar más allá de las curules y los partidos. Porque sí: ahí donde se firman los nombramientos también se decide el destino de la democracia.