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Guerrero, la vida en disputa y el empeño para construir paz
Olivia Hidalgo Domínguez* / Daniel Mora**
En Guerrero, la violencia no solo se mide en cifras: se vive en los cuerpos, en el miedo y en la resistencia cotidiana. Mientras las balas siguen sonando, comunidades, mujeres y radios defienden la vida y reinventan la paz desde abajo.
Introducción
En el sur de México existe un territorio donde la vida y la muerte asumen su complejidad dialéctica. Las instituciones del Estado mexicano reportan cada año cifras “oficiales” relacionadas con la violencia, pero la realidad concreta se percibe de manera distinta debido a que proliferan los homicidios, feminicidios, desapariciones, desplazamientos, entre otras problemáticas relacionadas con la violencia estructural y cotidiana, las cuales se han naturalizado en las conversaciones del día a día.
Consideramos que los números reportados y relacionados con la violencia no son precisos. Son más los hechos que les han obligado a comprender que la paz no es una proclama idealista, sino una forma concreta de vida que el Estado mexicano debe garantizar y la sociedad debe reproducir mediante nuevas formas de relaciones sociales. Así, mientras las estadísticas oficiales narran la muerte, las y los guerrerenses defienden su vida.
Escribir lo que sucede en Guerrero es hablar sobre una sociedad que ha sido obligada a sobrevivir entre historias que encubren el dolor, la desconfianza y la memoria de lo que aspiran a ser. Han aprendido que defender el agua, la tierra o el cuerpo es una causa política, porque en una tierra donde se coexiste con la pobreza, el capitalismo quiere seguir despojándolos de todo, incluso de la vida misma. Por ello observar a Guerrero exige una perspectiva crítica que no se centre en visiones antropocéntricas (que colocar al ser humano como el centro de todo) ni androcéntricas (que considere solo al hombre como el centro de todo), sino que reconozca la vida en su totalidad concreta como valor esencial y fundamental.
Pensar desde un horizonte biocéntrico y complejo, como lo proponen Johan Galtung, Edgar Morin y Boaventura de Sousa Santos, implica reconocer que la paz no es ausencia de conflicto, sino una forma de reorganizar el mundo, de reedificar las relaciones sociales con la naturaleza que han sido quebrantadas por la mercantilización. En Guerrero, la disputa no es solo por la seguridad sino también por un mismo sentido común de la vida. Y aunque los informes gubernamentales insistan en contabilizar la muerte, cada día emergen nuevas formas de esperanza. Porque aquí, incluso entre la violencia y el anhelo de justicia, la paz se construye con sentires, pensares y acciones concretas; como quien, en medio del caos, vuelve a hilar el sentido de vivir.
Las cifras: un retrato de la violencia
Las cifras estadísticas son herramientas que sirven para que los gobiernos puedan medir avances e identificar problemas en sus políticas; representan la oportunidad de asignar recursos o de redireccionar acciones que resuelvan las necesidades o problemas de la población. Para la ciudadanía son un instrumento que permite vigilar y evaluar la confianza en quienes tienen en sus manos la toma de decisiones en las cosas públicas que nos atañen a todos.
Por esta razón es necesario que revisemos los números oficiales de la incidencia de violencia en el estado de Guerrero. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2024 se registraron 1 738 víctimas de homicidio doloso, la cifra más alta desde 2019. De esas muertes, 1 252 fueron causadas por arma de fuego, 59 por arma blanca y 427 por otros medios, lo que confirma la persistencia de un patrón estructural de violencia en el estado, donde la fragilidad de las instituciones es cada vez más amplia y el campo de operación de los grupos criminales se acrecenta.
En ese mismo sentido, en las cifras oficiales de 2019-2025 el número de homicidios dolosos se mantiene arriba de 1 000 víctimas anuales; solo hasta septiembre de este año ya se contabilizaban 1 043. Estos datos son la oración que nadie quiere decir: en Guerrero, la violencia no solo cuenta cadáveres; también siembra miedo, un miedo que se ha adueñado de calles, campos, mercados, escuelas y todo espacio en donde una vida se pueda resguardar.
Para las mujeres las cosas se complican más. De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 del Inegi, entre 2016 y 2021 el 68.8 % de la población femenina mayor de 15 años de edad sufrió alguna forma de violencia –física, psicológica, sexual, económica o patrimonial–. Cada herida, golpe o agresión es una grieta más que continúa deteriorando el tejido social y hace que la construcción de paz parezca un estado inalcanzable.
El delito contra la libertad personal, que abarca los distintos tipos de secuestro, revela cifras contradictorias. El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) reporta 717 casos en 2019, 560 en 2023 y un salto inexplicable a 2 629 en 2024. Hasta septiembre de este año se registraban 310 víctimas, una variación que deja más preguntas que certezas.
Ahora bien, no es atípico escuchar decir a comerciantes, empresarios y hasta profesores de nivel básico o superior que los están extorsionando. Este problema se presenta en las ocho regiones –Acapulco, Centro, Costa Chica, Costa Grande, Montaña, Norte, Tierra Caliente y Sierra– y, considerando que son más de tres millones de habitantes, es contradictorio el dato que publica el SNSP. Según sus registros, este delito ha disminuido: 289 casos en 2019, 255 en 2020, 227 en 2021, 281 en 2022, 159 en 2023, 98 en 2024, y 88 hasta septiembre de 2025. Las cifran dicen una cosa; la gente vive otra.
La información oficial, más que evidenciar una mejora sustantiva, refleja el miedo de la población y su alto grado de desconfianza en las instituciones responsables de atender este tema. Porque el silencio se vuelve un mecanismo de supervivencia. Las cifras bajan, pero la violencia aumenta.
Para los analistas oficiales resulta más cómodo sostener un discurso mimetizado con la realidad concreta, en el que se sostiene que Guerrero es un estado bronco donde la confrontación surge por todo y por nada; es un estado donde la muerte, la violencia y la sangre forman parte de un supuesto estilo de vida. Ocultar los verdaderos números no sería tan grave si detrás de esa simulación no se escondiera un problema más profundo: la violencia estructural que desde hace décadas ha venido carcomiendo los sueños y las esperanzas de los descendientes de Vicente Guerrero e Ignacio Manuel Altamirano.
Porque en Guerrero, más que un destino trágico, la violencia se ha vuelto una herencia impuesta que el pueblo carga para seguir existiendo; pero en ese contexto, quienes han padecido el olvido institucional y la traición histórica harán lo que sea necesario para que su vida no les sea arrebatada.
Las estadísticas hacen ver a la población de Guerrero como una sociedad fría, distante y conformista, pero es todo lo contrario, porque no pierde su esencia, calidez y dinamismo. Cada registro oficial encierra un duelo, una resistencia silenciosa, una memoria que se niega al olvido. Las cifras son el lenguaje del Estado; las historias son el lenguaje de la gente. Y entre ambos se libra una disputa: la de quienes se niegan a que su tragedia quede reducida a un archivo. Porque en esta tierra, contar las muertes también es una forma de defender la vida.
En 2024, Guerrero registró 1 738 homicidios dolosos, la cifra más alta en seis años. Pero detrás de cada número hay una historia de resistencia que las estadísticas no cuentan.
Comunidades y personas que resisten
La necesidad de defender la vida ha hecho que el instinto de sobrevivencia –individual o colectivo– multiplique su resiliencia. Así se pueden contar cientos de historias, como la de Amelia. Tenía 19 años cuando asesinaron a su madre. Esa tragedia la obligó a desplazarse de su tierra; dejó su casa, sus animales, su vida en la Montaña, y llegó a Chilpancingo con sus tres hermanos pequeños. Los crío sola. El mayor es aprendiz de construcción; el segundo, recolector de fruta en California; el menor, pronto será médico. Todos son gente de bien: honestos, trabajadores, sin vicios. Amelia trabajó, estudió y sostuvo a los suyos con una fuerza silenciosa que nunca figurará en ningún registro. No marchó ni buscó reconocimiento; su resistencia fue criar con dignidad. Esas estadísticas ni por asomo las contabilizan.
Con resistencia jurídica
Los sistemas de justicia internos vigentes en los pueblos me’phaa, na savi, ñomdaa y nahuas representan uno de los pilares más sólidos de la cohesión social en Guerrero. A través de asambleas, consejos de ancianos y cargos rotativos las comunidades regulan la convivencia, resuelven conflictos y aplican sanciones basadas en la reparación del daño y la reeducación.
Estos sistemas de justicia, reconocidos en el artículo 2º constitucional y en la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, constituyen formas vivas de derecho consuetudinario que garantizan justicia y gobernanza desde la legitimidad comunitaria. En ellos, la cohesión social no depende del control estatal, sino del respeto mutuo, la palabra y la memoria compartida.
Un ejemplo vigente de este sistema de justicia es el de las comunidades indígenas me’phaa y na savi que integran la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), establecida desde 1995 en la Costa Chica y la Montaña del estado.
Este sistema de justicia comunitaria se fundamenta en las asambleas generales, que son la máxima autoridad, y en la rotación de cargos, que garantiza la participación equitativa y la rendición de cuentas. Los conflictos se resuelven mediante el diálogo, la reparación del daño y el trabajo comunitario, evitando la lógica punitiva del sistema de justicia occidental.
La CRAC-PC actúa conforme a su propio Reglamento Interno de Seguridad, Justicia y Reeducación, reconocido por la Ley 701, que otorga validez legal al sistema de los pueblos originarios.
Este modelo sigue funcionando activamente en más de 60 comunidades en los municipios de San Luis Acatlán, Malinaltepec, Iliatenco, Zapotitlán Tablas, Atlamajalcingo del Monte, Acatepec, Tlacoapa, Marquelia, Azoyú, Juchitán, Tecoanapa, entre otros, constituyéndose como un ejemplo de autonomía jurídica y cohesión social donde la justicia se ejerce con base en los valores comunitarios, la palabra y la memoria colectiva.
Con resistencia económica
Otro ejemplo de lucha son las cooperativas comunitarias de mujeres, campesinos y jóvenes. Un ejemplo emblemático es la Cooperativa de Mujeres Productoras de Miel de la Montaña de Guerrero, que agrupa a comunidades me’phaa y tlapanecas dedicadas a la apicultura sustentable.
A través del trabajo colectivo, estas cooperativas no solo generan ingresos, sino que también promueven una economía de cuidado y reciprocidad en la que el valor del trabajo se mide por su impacto social y ambiental. En medio de la precariedad y la violencia, dichas experiencias reafirman que la cooperación también es una forma de seguridad y dignidad.
Cuidado del agua
En la zona rural de Acapulco, la comunidad de Xaltianguis mantiene un sistema comunitario de agua potable administrado por comités ciudadanos, quienes gestionan, reparan y distribuyen el agua con base en acuerdos asamblearios. Ante el colapso de los sistemas municipales y la falta de inversión pública, estas organizaciones han logrado sostener el abasto de agua por más de dos décadas, demostrando que la autogestión comunitaria puede ser más eficaz y transparente que la gestión institucional.
Este modelo de autogestión se replica en distintas localidades de Guerrero. En Tixtla, los colectivos defienden los cauces del río Atzacualoya y el humedal como bienes comunes; en Omiltemi, la comunidad protege los manantiales y el bosque mediante faenas y acuerdos internos. En las comunidades me’phaa y na savi de la Montaña, el agua se cuida como un ser sagrado y fuente de vida colectiva.
En todos estos espacios, la defensa del agua trasciende la gestión ambiental: se convierte en una forma de resistencia frente a la violencia estructural que priva a los pueblos del derecho a existir con dignidad. Cuidar el agua también es defender la vida frente a la lógica extractivista, la corrupción y el abandono estatal.
Desde la mirada de la construcción de paz, estas prácticas comunitarias representan una paz activa, nacida de la solidaridad, el trabajo colectivo y la memoria. Son experiencias donde la comunidad transforma el conflicto en organización y convierte la carencia en posibilidad. En Guerrero, la disputa por el agua es, en el fondo, una disputa por la vida y por el derecho a vivir en paz.
Más de 4 800 personas permanecen desaparecidas en Guerrero. Buscarles no es solo encontrar cuerpos: es defender la vida frente a la impunidad.
Desde la voz
Las estaciones de radio comunitarias se han convertido en herramientas esenciales para la defensa cultural y la organización social. Entre ellas destacan Radio Ñomndaa (La palabra del agua), en Xochistlahuaca; y Radio Uan Mil, en la Montaña Alta. Ambas transmiten en lenguas originarias y han enfrentado persecución por parte de autoridades federales y estatales.
Estas radios no solo difunden información local, sino que también fortalecen el tejido comunitario, promueven el uso de las lenguas maternas, denuncian violaciones a derechos humanos y sirven como canales de alerta ante riesgos de violencia o despojo. En contextos donde el silencio ha sido impuesto, la palabra libre se convierte en una forma de resistencia y de construcción de paz.
Las buscadoras
Las organizaciones de madres y padres buscadores se han convertido en una iniciativa que se niega a aceptar la resignación, que se resiste a vivir en una tierra donde a la vida se le ha asignado valor de cambio. Con una pala, una foto y fe que se transforma en coraje, buscan a sus seres queridos y, al hacerlo, también defienden la vida de quienes aún están en casa.
Entre los colectivos que realizan esta labor en Guerrero destacan la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM); el Colectivo Unidos por el Estado de Guerrero, Familiares de Búsqueda María Herrera; y el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, además del trabajo articulado con el Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en Guerrero existen más de 4 800 personas desaparecidas hasta octubre de 2025. No obstante, dicha cifra contrasta con los hechos cotidianos: cada semana se reportan nuevos casos, muchos de ellos sin denuncia formal, sin búsqueda inmediata y sin acompañamiento institucional.
Por eso, estos colectivos son mucho más que un grupo de búsqueda: son la conciencia moral de un país que no ha sabido garantizar la vida. Su presencia en los campos, cerros y caminos recuerda que buscar a los desaparecidos también es una forma de disputar el sentido mismo de la humanidad y de la paz.
Mención aparte merece el Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, con sede en Chilpancingo, que se ha consolidado como una de las principales organizaciones de acompañamiento a víctimas en Guerrero. Su labor trasciende la denuncia: ofrece asesoría jurídica, apoyo psicológico y acompañamiento comunitario a familiares de personas desaparecidas y a víctimas de violencia en un contexto marcado por la impunidad.
Actualmente, el Centro es dirigido por José Filiberto Velázquez Florencio, defensor de derechos humanos reconocido por su trabajo en territorios afectados por la violencia estructural. Bajo su conducción, el Centro ha fortalecido su papel en la defensa integral de la vida, articulando la exigencia de justicia con la recuperación de la dignidad y la reconstrucción del tejido social.
En un estado donde la violencia intenta despojar a las comunidades de su humanidad, el Centro Minerva Bello representa una trinchera ética y civil en la disputa por la vida, recordando que buscar justicia también es una forma de mantener viva la esperanza colectiva.
Ciudadanía organizada y expresiones culturales
Este panorama no ha logrado que la ciudadanía cruce los brazos, por lo que han surgido redes civiles, grupos de jóvenes, feministas, profesores y personas defensoras que trabajan desde su espacio inmediato.
Organizaciones como Red Mundial de Jóvenes; Ateneo de la Juventud-Guerrero; Manos Solidarias; Comisión de Paz de la Colectiva 50+1 Guerrero; los Clubes Rotarios; los Clubes de Leones; Grupo Cuicalli, A. C.; Grupo Aca; Manos Mágicas de Guerrero; Inter-Cambio Social, A. C.; Red de Mujeres Empleadas del Hogar; Mujeres de Tlapa; Mujeres Guerrerenses por la Democracia, A. C., entre muchas otras, sostienen con sus manos y su palabra los hilos del tejido social que la violencia ha intentado cortar.
Desde sus territorios impulsan talleres, capacitaciones, círculos de paz, festivales, conferencias, conversatorios, ferias de productos, asesorías, acompañamientos, jornadas de salud, entre otras iniciativas. Todo lo que ayude para articular causas diversas: derechos humanos, educación ambiental, igualdad de género, recuperación económica, etc., y juntos recuperar espacios públicos. En palabras de Boaventura de Souza Santos, amplían la democracia de base, esa que se construye desde abajo y con rostro comunitario.
Las y los hacedores de arte y cultura también aportan desde su trinchera. Aunque es difícil mantenerse de pie, algunos lo han logrado, como el Grupo Casa de Mina, Grupo Playa Revolcadero, Colectivo Tarántula Dormida, Centro Cultural El Tecolote y Grupo Cultural de La Mancha. Este último ha formado generaciones de jóvenes que aprenden a pensar críticamente y a decir desde la escena lo que otros callan.
Resulta lamentable que Chilpancingo, siendo la capital, no hubiera podido sostener el Festival Internacional de poesía Avispero, que duró tres años y en ellos llevó la palabra poética a barrios, colonias y escuelas, probando que la cultura no solo devuelve la voz, sino que también recupera esperanza. Otros espacios, como Arcadia Centro Cultural y El Zanate Azul, también cerraron sus puertas, dejando una semilla sembrada.
La paz en Guerrero no se decreta, se construye: con radios comunitarias, cooperativas, personas defensoras del agua, y padres y madres buscadores que transforman el dolor en organización.
Desafíos
La violencia en Guerrero ha sido una herencia histórica que se ha sostenido en una estructura cuya base es la desigualdad, la impunidad, la corrupción y la militarización. Por ello, la vida sigue siendo una apuesta diaria. No hay cifra que mida el miedo ni registro que alcance para nombrar todas las ausencias. Vivir en el sur de México muchas veces es resistir. Pero esa resistencia, que nace del dolor, también es el punto de partida para imaginar algo distinto: una construcción de paz que devuelva sentido a la vida y permita que existir deje de ser un riesgo.
El primer desafío es romper con la impunidad estructural. En un estado que ha permitido que el crimen se naturalice, la justicia se vuelve una forma de esperanza. La paz, desde una perspectiva jurídica crítica, no puede simplificarse a la seguridad; implica analizar en su complejidad las contradicciones del derecho moderno que ha servido como instrumento de simulación al servicio del Estado, sin garantizar a la ciudadanía los derechos a la verdad, a la reparación y a la memoria. Sin justicia, la paz es solo un discurso.
El segundo desafío es reconfigurar el modelo de seguridad. Militarizar la vida pública ha profundizado el miedo y debilitado la confianza. La paz solo puede construirse desde la sociedad civil, desde la comunidad que dialoga y se cuida. Es necesario trasladar el eje del control hacia el cuidado, sustituir la lógica del castigo por penas alternativas y comprender que la seguridad humana comienza donde el Estado escucha.
Otro desafío inaplazable es garantizar las condiciones materiales para vivir con dignidad. La pobreza, la exclusión y el abandono institucional también son formas de violencia. La construcción de paz demanda políticas públicas con perspectiva biocéntrica, donde el acceso al agua, a la tierra, a la educación y al empleo no sea un privilegio, sino derechos efectivos que sostienen el bienestar colectivo.
La educación aquí juega un papel decisivo. Educar para la paz no significa enseñar a callar, sino a pensar críticamente, dialogar y transformar el conflicto sin violencia. Se trata de formar ciudadanía consciente de su historia, capaz de reconocer el dolor del otro y convertirlo en memoria activa. La paz no es algo que se aprende en los discursos; se aprende en la práctica del respeto, la palabra y la justicia.
También es un desafío fortalecer las redes comunitarias que ya existen. En los barrios, en los pueblos, en los colectivos de mujeres, en las personas buscadoras, en las radios o en las cooperativas la gente ha demostrado que la vida se defiende mejor cuando se hace en común. Estas experiencias encarnan una paz imperfecta, cotidiana y activa donde cada acto de cuidado y organización es una forma de reconstruir el tejido social que la violencia quiso romper.
Y quizás el reto más profundo sea reconstruir el sentido común de lo humano. Volver a creer en la palabra, en la empatía y en la posibilidad de vivir sin miedo. En un país donde tantas vidas han sido reducidas a números, construir paz es devolver humanidad, es reconocer que cada existencia tiene valor, historia y derecho a un futuro.
En el sur de México, donde la violencia parece perenne y la esperanza intermitente, la construcción de paz no es una meta abstracta, sino un acto de sobrevivencia colectiva. Es el esfuerzo diario por sostener la vida en medio del caos, por dignificar lo humano frente al poder y por demostrar que, incluso entre la incertidumbre, aún hay quienes siguen apostando por la esperanza.
Reflexión final
Escribir de Guerrero es dar a conocer un territorio donde la muerte se ha vuelto costumbre y la vida, un acto de valentía. Pero también es exponer la esencia de un pueblo que, pese a todo, no se ha rendido. Entre el miedo y la esperanza, las comunidades, las madres buscadoras, las radios, las cooperativas y las organizaciones civiles han demostrado que la vida aún puede sostenerse desde la dignidad.
Hoy, el reto más grande de Guerrero –y de México entero– es que la vida deje de estar en disputa. Que no sea necesario morir para ser escuchado, ni desaparecer para ser recordado. La construcción de paz exige transformar el derecho, reinventar el poder y reedificar la cultura, pero también el modo de producir las relaciones sociales. No habrá paz posible si seguimos indiferentes ante el dolor ajeno.
Defender la vida en Guerrero es un acto político, pero también profundamente humano. Es negarse a aceptar que la violencia tenga la última palabra. Es creer, contra toda evidencia, que el bien común aún es posible. Porque en este sur herido, donde la historia se escribe con sangre y esperanza, defender la vida es construir paz y, en el fondo, una forma de seguir creyendo en la humanidad.
* Presidenta de la Comisión de Paz de la Colectiva 50+1 Guerrero.
** Presidente de Inter-Cambio Social, A.C.
