Editorial Número 06 – Militarizar a México

El verbo se ha vuelto cosa común, porque ya es parte de nuestra vida. Pero militarizar el espacio público no es normal: es una anomalía, una derrota y una amenaza. 

En esta edición de El Diluvio revisamos, con personas expertas, esas aristas que no debemos asumir como una fatalidad, sino como la suma de errores, decisiones atrabiliarias, fracasos y abusos. En su mejor versión, militarizar ha sido la salida fácil de los gobiernos ante la negligencia y la impotencia de las policías y de las administraciones públicas para cumplir con sus cometidos; y en la peor, ha sido una estrategia deliberada para afirmar la lealtad de las Fuerzas Armadas a la hechura de un nuevo régimen político autoritario. Pero desde cualquier mirador, la militarización del país ha sido la puerta de entrada para nuevas formas de prepotencia y de corrupción que han ido poniendo en jaque el último recurso disponible por el Estado para garantizar la seguridad y hacer valer los derechos fundamentales. 

Cuando el presidente Calderón decidió abrir las compuertas de la militarización (que habían permanecido cerradas) para enfrentar la violencia desatada en el estado de Michoacán –su tierra natal, gobernada entonces por el PRD– lo hizo como un niño que estrena un juguete nuevo: investido (y vestido) como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, creyó que declararle la guerra al crimen organizado bastaría para amedrentarlo. No midió los alcances de esa decisión, no explicó nunca en qué consistía ganar esa guerra, no estudió con cuidado a sus enemigos y no puso fecha. Quizás quiso emular a Churchill, advirtiendo que habría que derramar sangre, sudor y lágrimas para volver a la paz, pero lo único que logró fue abrir la caja de Pandora. 

Esa decisión se tomó hace casi 20 años, sin que los gobiernos que lo sucedieron hayan rectificado el error; por el contrario, tras cargar de culpas a Calderón, los presidentes Peña Nieto y López Obrador no sólo siguieron sino que exacerbaron la misma ruta, cambiando los argumentos; y por su parte, Claudia Sheinbaum ha heredado la inercia con el único añadido de un secretario de Seguridad muy cercano a ella. En dos décadas, México ha visto el crecimiento constante de la presencia militar en labores de policía, de ministerio público, de constructores de infraestructura, de administradores de aduanas y de aeropuertos, de gerentes de empresas públicas, de encargados de la distribución petrolera, entre un largo y nutrido etcétera documentado, en estas páginas, por nuestro director editorial, Jorge Javier Romero. 

Cada uno de los avances en esa ruta se planteó, en su momento, como una solución temporal derivada de los fracasos civiles: dada la impotencia, la impericia y/o la corrupción de quienes debieron llevar a cabo cada una de esas tareas, se optó por buscar militares, bajo el supuesto de que ellos (y ellas) lo harían mejor, con más disciplina, con más eficacia, a menor costo y sin corrupción. Pero a cada nueva entrega no siguió ninguna estrategia de corrección sobre las anomalías que, según los gobiernos, obligaban a ir dando más presupuesto, más facultades y más poder a las Fuerzas Armadas. Y como se discute en esta edición, tampoco ha sido evidente que los supuestos de sustitución de civiles por militares se hayan cumplido a cabalidad: las obras bajo su mando han costado más de lo que se había previsto; las empresas, los aeropuertos, los puertos y las dependencias militarizadas siguen siendo deficitarias e ineficientes, y la seguridad pública, e incluso la seguridad nacional, siguen amenazadas por la presencia impune y violenta del crimen organizado.  Para colmo, los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de México han brotado de esas gestiones que ya, de suyo, han sido opacas y caras. 

Pero fue durante el sexenio del presidente López Obrador cuando la militarización se consolidó como proyecto de largo plazo. En sentido exactamente opuesto al del presidente Lázaro Cárdenas del Río, quien siendo militar de carrera comprendió que el futuro de México debía ser civil y comenzó el proceso que llevaría a las Fuerzas Armadas a abandonar el espacio de la vida política activa, lo que hizo López Obrador fue desprestigiar y disminuir con tenacidad a la administración civil del país, acusándola de corrupción y ostentación –“no debe haber gobierno rico con pueblo pobre”–, mientras trasladaba nuevas atribuciones y nuevas tareas a las Fuerzas Armadas y promovía las reformas constitucionales y legales indispensables para darle visos de legitimidad a sus decisiones. 

El candidato que había ofrecido regresar a los militares a los cuarteles y que había enderezado buena parte de su campaña criticando la militarización del país, se convirtió en el presidente que con mayor convicción acabaría poniendo al “pueblo uniformado” en la primera línea de sus proyectos más relevantes. La creación de la Guardia Nacional será recordada como la decisión más potente y emblemática de esa estrategia, pero el conjunto ha sido mucho más amplio. 

Con todo, nadie puede afirmar cuál es la opinión de los altos mandos militares sobre este cambio dramático en el camino de México, que los ha convertido en protagonistas indiscutibles de la así llamada Cuarta Transformación del país. Entrenados para obedecer órdenes, las y los militares suelen guardar sus opiniones in péctore, de modo que ni siquiera sabemos a ciencia cierta si existe consenso interno sobre el papel que les asignó López Obrador. 

Sin duda, han recibido mucho más presupuesto y han gozado de un márgen de acción y de decisión incomparablemente mayor al de cualquier otra dependencia pública. Las y los integrantes de las Fuerzas Armadas, de la Marina y de la Guardia Nacional disfrutan de un estatus jurídico sobreprotegido y viven, en su gran mayoría, dentro una especie de burbuja típica de lo que el sociólogo Erving Goffman llamó las “instituciones totales” (Internados. Amorrourtu, 1970), con carreras garantizadas a cambio de la obediencia: esa que tanto aprecia el expresidente que decidió empoderarlos. ¿Pero hasta dónde están dispuestos a seguir actuando como suplentes de civiles inútiles; hasta dónde tolerarán el desprestigio que esas tareas llevan inexorablemente consigo; y hasta dónde quieren llegar en el ejercicio del mando que se les ha entregado? ¿Hasta dónde llega la lealtad de las Fuerzas Armadas?

La mayor paradoja que se revela en esta edición de El Diluvio es que la militarización, esa solución temporal, no ha logrado resolver los problemas que fueron justificando la invasión de los uniformes y los galones en la escena pública, sino que ya se volvió, en sí misma, un nuevo problema de largo aliento para el país. Andrés Manuel lo logró: ya están aquí, ya controlan los mandos, ya ocupan casi todos los espacios. ¿Qué sigue?