Año 1, núm. 10, mayo de 2026
ISSN 3122-3583
a fondo
El panóptico que no tiene torre: entre la democracia y el autoritarismo digital
Edgar A. Ruvalcaba-Gómez *
El panóptico del siglo XXI ya no necesita muros ni vigilantes visibles: los datos que producimos voluntariamente construyen un sistema de vigilancia más poderoso que cualquier prisión imaginada por Bentham.
Cada interacción digital produce información que puede convertirse en herramienta de control.
Imagina dejar tu teléfono celular en casa durante un día completo: para la inmensa mayoría de las personas que habitan las ciudades, la sola idea produce incomodidad y algún tipo de ansiedad. Ese dispositivo que cabe en la palma de la mano ya no es solo un teléfono; es un banco, una brújula, un archivo de recuerdos, un noticiario, un canal de comunicación con el mundo entero y una ventana permanentemente abierta hacia nosotras y nosotros mismos. Lo que comenzó como un artefacto de comunicación se ha convertido en una prótesis cognitiva y social sin la cual grandes partes de nuestra vida simplemente no funcionan.
Esta dependencia no es accidental: fue diseñada. Las plataformas digitales fueron construidas deliberadamente bajo lógicas de captura de atención y manipulación: notificaciones calibradas para generar respuestas emocionales, sistemas de recompensa variable como las máquinas tragamonedas. Los teléfonos inteligentes no son “calabozos de hierro”, son calabozos de aire, espacios de confinamiento voluntario y confortable desde donde cedemos nuestra información, nuestros patrones de comportamiento, nuestros miedos y deseos, sin percibir que lo hacemos.
A finales del siglo XVIII, Jeremy Bentham diseñó la prisión perfecta: el panóptico. Una estructura circular donde las celdas son siempre visibles desde una torre central, pero donde los presos nunca saben cuándo están siendo observados. El resultado era la autodisciplina: el vigilado que no puede saber si es observado en este momento actúa siempre como si lo fuera. Michel Foucault, dos siglos después, convirtió esa metáfora en la clave para entender cómo funcionan las instituciones modernas: el poder no necesita ser omnipresente, basta con que sea omnivisible.
Hoy vivimos en un panóptico que no tiene torre porque no la necesita. La vigilancia es ejercida simultáneamente por corporaciones tecnológicas, en ocasiones por gobiernos, y hasta cierto punto por nosotras y nosotros mismos hacia las demás personas y hacia nosotros. Cada búsqueda en Google, cada pausa de tres segundos sobre una imagen en Instagram, cada ruta recorrida con el Maps o el Waze activado, cada compra con tarjeta bancaria, cada llamada registrada con sus metadatos producen un rastro que es almacenado, procesado y convertido en valor para distintos fines: políticos, económicos, de control.
Lo que llama más la atención de este sistema es que se sostiene sobre un consentimiento difuso: nadie nos encadena a las plataformas; pues cada quien cedemos nuestra información a cambio de conveniencia, entretenimiento y pertenencia social, y al hacerlo construimos el aparato que puede ser utilizado para controlarnos. Quien controla más datos tiene más poder para anticiparse, para influir, para manipular.
Las grandes plataformas poseen más datos sobre la ciudadanía que muchos Estados.
Con todo esto, da la impresión de que la democracia se fue a las redes digitales y que perdió algo en el camino. Hasta hace dos o tres décadas, la democracia se expresaba en sus escenarios propios: la plaza pública, la calle, el periódico, el parlamento, el mitin político, el debate televisado. Espacios donde los argumentos se medían, donde las ideas podían encontrarse, discutirse y transformarse. No eran perfectos —también estaban atravesados por poderes fácticos—, pero tenían una lógica propia, una temporalidad que permitía algo parecido a la deliberación.
Las redes sociales prometieron radicalizar esa democratización: cualquiera puede hablar, cualquier voz puede ser escuchada. Esa idea no es completamente falsa, pero sí profundamente incompleta. Lo que ocurrió en la práctica fue que las plataformas digitales no son espacios neutrales: son sistemas diseñados para maximizar la atención y manipular la emoción. El algoritmo no premia la verdad, premia la viralidad. La deliberación fue reemplazada por el trending topic, el argumento fue sustituido por el meme, y la polarización —ese fenómeno por el cual los grupos se vuelven más extremos y menos capaces de dialogar— resultó ser un producto deliberado de los sistemas de recomendación, que descubrieron que dividir era más rentable que consensuar.
El problema político de fondo es quién controla los algoritmos que controlan el discurso público. Los algoritmos no son propiedad de la ciudadanía ni de los Estados democráticos: son propiedad de un puñado de corporaciones cuya capitalización bursátil supera el PIB de muchos países soberanos. Apple, Google, Meta, Amazon y Microsoft concentran más información sobre las y los ciudadanos del planeta que cualquier gobierno en la historia. Esta asimetría de poder tiene consecuencias políticas concretas sobre quién puede ser elegida o elegido, qué narrativas prosperan y cuáles son silenciadas.
A eso apunta todo lo anterior: el autoritarismo del siglo XXI no necesita tanques en las calles —aunque a veces los use—, le basta con los datos. Un gobierno o actor poderoso que tenga acceso a los datos de comunicación de toda una población, que pueda rastrear movimientos físicos en tiempo real y que conozca los patrones financieros, las relaciones sociales y las inclinaciones políticas de su ciudadanía, tiene en sus manos un aparato de control infinitamente más sofisticado que cualquier dictadura del siglo pasado.
Los conflictos más visibles de la actualidad —Estados Unidos, Ucrania, Rusia, el conflicto Israel-Palestina-Irán y decenas de otros— tienen hoy una dimensión digital inseparable de la dimensión militar. Las redes sociales son trincheras simbólicas donde los gobiernos combaten por el relato, difunden propaganda y movilizan apoyo. Los grupos armados transmiten operaciones en tiempo real como estrategia propagandística. Los hashtags organizan narrativas que polarizan a audiencias globales.
El autoritarismo digital puede operar sin censura abierta ni represión visible.
El problema del autoritarismo digital plantea un desafío de gobernanza que los marcos institucionales existentes no están equipados para resolver. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE) y otros organismos multilaterales debaten con urgencia creciente cómo regular la inteligencia artificial, cómo proteger los datos de la ciudadanía y cómo evitar que las plataformas privadas capturen el espacio público democrático. El problema estructural es que el poder digital es profundamente asimétrico y transnacional, mientras que la regulación democrática es nacional e institucional, y el ritmo de la regulación es incomparablemente más lento que el de la innovación tecnológica.
Meta puede operar en más de 180 países simultáneamente mientras cada país legisla por separado. Google puede cambiar su algoritmo de búsqueda en una tarde y alterar el flujo de información de miles de millones de personas sin que ningún parlamento pueda reaccionar con esa velocidad. Elon Musk adquirió la plataforma de comunicación política más influyente del mundo en una transacción privada y, desde ella, influye activamente en elecciones de múltiples países. La soberanía democrática fue pensada para un mundo donde el poder tenía geografía; el poder digital no la tiene.
Un lugar común que se escucha cotidianamente es el llamado a la acción cívica individual: “usa fuentes confiables, verifica antes de compartir, activa la privacidad de tu teléfono”. Ese individualismo de solución es, en sí mismo, parte del problema. El panóptico digital no se desmonta con ajustes de privacidad en las configuraciones del celular; se desmonta —si es que puede desmontarse— con transformaciones estructurales de poder. Las instituciones democráticas fueron diseñadas bajo el supuesto de que las y los ciudadanos tienen acceso relativamente equivalente a la información y que el debate público ocurre en condiciones mínimas de equidad argumentativa. Ninguno de esos supuestos se cumple en el ecosistema digital actual.
La discusión política central no es tecnológica: es de poder. Hoy la decisión sobre cómo se diseñan los sistemas que median nuestra vida pública está en la cancha de las grandes tecnológicas privadas, sin mandato democrático alguno, en alianza creciente con gobiernos que encuentran en esos sistemas una herramienta de control demasiado tentadora. El resultado es un orden donde las y los ciudadanos son simultáneamente usuarios y súbditos de poderes que no eligieron y que no pueden controlar.
Recuperar la democracia en la era digital pasa por reconocer la profundidad del problema. No estamos solo ante un debate técnico sobre regulación de algoritmos: estamos ante una reconfiguración del poder político en escala histórica. Y en ese reordenamiento, la pregunta de si viviremos en democracias o en autoritarismos digitales dependerá de si la ciudadanía, los Estados y la comunidad internacional son capaces de actuar con coordinación ante los poderes que ya están, silenciosamente, reconfigurando el mundo.
* Profesor investigador asociado en la Universidad de Guadalajara (UDG).
