Año 1, núm. 10, mayo de 2026
ISSN 3122-3583
a fondo
Del patrón al algoritmo. ¿Quién organiza la información del votante promedio?
Carolina Curvale *
¿Quién decidía qué información recibía el votante antes de que existieran los algoritmos? La respuesta cambia según el siglo, pero la constante es que siempre hubo alguien filtrando: el patrón de hacienda, el editor partidario, el director del noticiero.
¿Qué información tuvo el votante promedio a lo largo de la historia para formar su juicio político y quién la jerarquizó? La relación entre democracia e información no es una preocupación nueva que inauguran las redes sociales y la inteligencia artificial: es un problema estructural que acompaña a la democracia moderna desde sus orígenes. Repasar cómo cambió esa ecología informativa ayuda a repensar el desafío del presente: no cómo defenderse del ruido digital, sino cómo se organiza actualmente la información política.
La novedad no está en que el votante actual esté desinformado. La novedad está en que la responsabilidad sobre las decisiones que jerarquizan su información es, en muchos casos, irreconstruible incluso internamente.
Una parte importante del debate contemporáneo sobre democracia y entorno digital gira en torno a dos ideas: que las redes sociales polarizan y que la inteligencia artificial desinforma. Son afirmaciones con sustento empírico, respaldadas por una literatura académica ya consolidada que ha cumplido una función importante al nombrar fenómenos que antes carecían de vocabulario. Pero si se consolidan como marcos interpretativos por defecto, se corre el riesgo de que se vuelvan atajos que nos ahorran la formulación de preguntas más incómodas.
La pregunta que quiero poner sobre la mesa es distinta. No es qué efectos tiene el contenido que circula en las plataformas digitales, sino con qué información contó históricamente el votante para formar su juicio político, bajo qué autoridad cognitiva y cómo cambió esa ecología informativa a lo largo del tiempo. Vista así, la relación entre democracia e información no es una preocupación nueva que inaugura la era digital: es un problema estructural que acompaña a la democracia moderna desde sus orígenes, del que las crisis contemporáneas son una forma nueva, tal vez más aguda en escala, pero no inédita en naturaleza.
Un votante con muchas caras
Para hacer esta mirada larga necesito una figura que recorra épocas distintas. La más útil es la del votante promedio, no la del votante mediano. El votante mediano es una herramienta valiosa para pensar quién gana una elección; mi pregunta es otra: es sobre el entorno informativo en el que se formaba el juicio político de cada época. El votante promedio del siglo XIX latinoamericano no se parece en casi nada al del siglo XXI: no solo porque vivía en un mundo distinto, sino porque el electorado del que era promedio era una construcción restrictiva. Por voto censitario, requisitos de alfabetización, exclusión de mujeres y, en varios casos, de poblaciones indígenas o afrodescendientes, el votante promedio del XIX era un varón blanco, propietario, alfabetizado y probablemente urbano, miembro de una élite cuantitativamente minúscula (Posada-Carbó, 1996). Con la expansión progresiva del sufragio a lo largo del siglo XX, ese promedio se fue acercando al individuo promedio. Hoy, al menos formalmente, casi coinciden.
Este desplazamiento del votante promedio desde la élite hacia la ciudadanía general tiene una contraparte informativa que suele contarse por separado y que conviene pensar en conjunto. En la misma medida en que el electorado se ampliaba, también se transformaba el tipo de información con la que ese votante podía formarse un juicio político. Y esa transformación no sigue una trayectoria sencilla de “menos a más” ni de “peor a mejor”: es una secuencia de configuraciones informativas complejas, cada una con sus virtudes y sus problemas.
Siglo XIX: el patrón, el cura, el periódico de partido
En la América Latina posindependentista, el votante promedio recibía información política por canales que a los ojos contemporáneos resultan sorprendentes por su concentración. En las zonas rurales, la palabra hablada de figuras locales con autoridad personal directa —el dueño de la hacienda, el cura del pueblo, el jefe político— constituía la fuente principal. El voto público, habitual durante gran parte del siglo en un buen número de países, hacía además que la influencia del patrón fuera no solo persuasiva sino verificable en tiempo real: podía observar cómo votaba cada cual y actuar en consecuencia (Posada-Carbó, 1996).
Para el votante urbano letrado, la situación era distinta pero no necesariamente más esperanzadora. La prensa escrita existía, florecía y ocupaba un papel central en la vida política. Pero quien espera encontrar allí algo parecido a una prensa informativa en el sentido contemporáneo se llevará una sorpresa: la prensa del siglo XIX latinoamericano, como la europea y la estadounidense del mismo periodo, era abiertamente partidaria. Los periódicos eran órganos de facciones, a menudo subsidiados por ellas, y no tenían pretensión alguna de neutralidad (Alonso, 2004). Esta descripción, sin embargo, captura solo una parte de la historia: en contextos urbanos con facciones competitivas, los candidatos necesitaban construir campañas que desbordaban el clientelismo, como muestra Mücke (2001) en su análisis de la elección presidencial peruana de 1871-72, donde el opositor Manuel Pardo ganó construyendo una red política capaz de contrarrestar la interferencia del gobierno.
Lo que a veces presentamos retrospectivamente como una edad de oro de la información política fue también, en muchos casos, una edad de homogeneización forzada.
Siglo XX: la autoridad editorial y sus versiones
Lo que llamamos prensa seria —con sus códigos de separación entre noticia y opinión, su pretensión de verificación y su invocación del interés público— es un fenómeno históricamente acotado. Como muestra Schudson (2001), la idea de objetividad periodística como norma profesional es una invención de fines del siglo XIX y comienzos del XX que en el mundo anglosajón se consolida hacia mediados del siglo; en América Latina llegó más tarde y de manera desigual. La expansión de la radio primero y de la televisión después coincidió con un periodo de ampliación decisiva del electorado.
La nueva tecnología masiva cambió no solo la escala de la comunicación política, sino también su registro. Cuando Franklin D. Roosevelt inauguró en 1933 sus fireside chats radiales, estaba haciendo algo que ningún gobernante anterior había podido hacer: hablarle directamente al votante promedio en su propia casa, sin pasar por los intermediarios políticos tradicionales. Pero la misma tecnología, en la misma época, servía en Alemania para que el régimen nazi distribuyera la Volksempfänger, una radio popular subsidiada por el Estado que garantizaba la llegada de las transmisiones oficiales a cada hogar. La infraestructura técnica era similar; la lógica que organizaba el contenido, radicalmente distinta.
En América Latina, el desplazamiento tuvo una forma propia. La radio fue el instrumento privilegiado de los populismos clásicos: Perón y Evita en Argentina construyeron por ondas radiales una relación directa con el electorado popular, y el gobierno peronista incorporó buena parte del sistema radiofónico al control estatal. Vargas en Brasil creó en 1935 el programa oficial que, a partir de 1938 y con el nombre de A Hora do Brasil, se volvió obligatorio para todas las radios del país; con modificaciones y desde 1962 bajo el nombre A Voz do Brasil, sigue emitiéndose hoy, uno de los instrumentos de jerarquización informacional más longevos de la región. Con la televisión, la configuración cambió de forma pero no tanto de sustancia. Televisa en México durante las décadas del PRI, y Globo en Brasil durante y después de la dictadura militar, funcionaron como mediadores centrales de la conversación política nacional bajo alianzas estrechas con el poder de turno (Becerra y Mastrini, 2009).
La ecología informativa del siglo XX tenía una virtud que extrañamos: una conversación pública razonablemente compartida, en la que distintos sectores podían estar en desacuerdo sobre qué pensar respecto de un hecho pero partían de una descripción aproximada de ese hecho. Esa virtud, sin embargo, dependía de una configuración de poder bastante estrecha. La concentración de la autoridad editorial en pocas manos entregaba un poder enorme a los dueños de los medios y a los gobiernos con capacidad de influirlos, y ese poder se usaba. Lo que a veces presentamos retrospectivamente como una edad de oro de la información política fue también, en muchos casos, una edad de homogeneización forzada.
El presente: jerarquización sin rostro
Lo que caracteriza al momento actual no es, me parece, la aparición de la desinformación —que siempre existió— ni el surgimiento de la polarización —que tampoco es nueva—. Es un cambio de escala y de principio organizador: en una escala sin precedentes históricos, el votante promedio se enfrenta a un volumen de información política prácticamente ilimitado, accesible a un costo marginal bajísimo y jerarquizado por mecanismos cuya lógica no es la de la autoridad editorial, ni la del partido, ni la del notable local, sino la de la optimización algorítmica del tiempo de atención.
Este desplazamiento no es necesariamente una pérdida. Las infraestructuras digitales han democratizado el acceso a la producción y circulación de información de maneras que habrían sido impensables en el siglo XX. La misma red que permitió a los zapatistas construir en los noventa una visibilidad internacional impensable para un movimiento indígena rural permite a movimientos ciudadanos coordinarse por fuera de los cauces institucionales tradicionales. Pero esa misma infraestructura funciona también como plataforma de coordinación para actores que operan contra los intereses públicos, desde redes criminales hasta campañas de desinformación organizadas.
El votante del siglo XXI decide con información filtrada por sistemas automatizados cuya lógica no es la lealtad partidaria, ni el interés público, ni la autoridad editorial: es la del engagement.
Como argumenta Castells (2009), el poder de ordenar qué circula en el espacio público se ha desplazado hacia actores globales cuya lógica de operación no coincide ni con la del editor profesional clásico ni con la del control estatal directo. En las ecologías informativas anteriores, alguien decidía qué era relevante: el patrón, el editor partidario, el director del noticiero. Esa decisión podía ser parcial, clientelar o sesgada, pero era atribuible; y, al menos en principio, disputable. Había un sujeto responsable al que se le podía reclamar. Actualmente esas decisiones las toman moderadores de plataformas, diseñadores de sistemas de recomendación y ejecutivos de producto, en procesos que Gillespie (2018) ha caracterizado como decisiones editoriales ocultas y sistemáticamente opacas.
Conviene precisar en qué sentido esta configuración es cualitativamente distinta, porque la objeción obvia es que la opacidad editorial no es nueva. La diferencia contemporánea no reside en la opacidad como tal, sino en la combinación de tres rasgos que no habían coincidido antes en la historia de la democracia representativa: la escala, que permite jerarquizar volúmenes de información inimaginables para cualquier sistema editorial previo; la personalización, que produce una ordenación distinta para cada usuario; y la distribución difusa de la responsabilidad entre actores técnicos, comerciales y administrativos cuya autoría sobre las decisiones resultantes es, en muchos casos, irreconstruible incluso internamente.
La novedad, entonces, no está en que el votante actual esté desinformado —probablemente tiene acceso a más información verificable que cualquier votante anterior en la historia— ni en que esté manipulado: lo estuvo siempre, y a veces por dispositivos mucho más directos que los actuales. La novedad está en que esos tres rasgos desplazan el problema clásico de la democracia representativa a un terreno donde las categorías tradicionales de la teoría política tienen dificultades para operar.
Una continuidad y un desplazamiento
Puesto así, el problema actual no es un derrumbe sino la forma contemporánea de una tensión que acompaña a la democracia moderna desde sus orígenes: la distancia entre el derecho formal a decidir y las condiciones informativas concretas en las que esa decisión se produce. El votante promedio del siglo XIX decidía con información que le llegaba del patrón, de la prensa partidaria o de las campañas de facción. El del siglo XX decidía con información filtrada por editores profesionales, por radios estatales o por cadenas televisivas aliadas al poder. El del siglo XXI decide con información filtrada por sistemas automatizados cuya lógica no es ni la de la lealtad partidaria ni la del interés público ni la de la autoridad editorial, sino la del engagement.
Si esta descripción es más o menos correcta, dos consecuencias se siguen. La primera es que conviene moderar el tono pesimista: la democracia no está pasando de un estado ideal de información fluida y verdadera a uno de ruido y mentira; ha estado siempre lidiando con filtros imperfectos y asimetrías informativas profundas. La segunda es que, aun así, el desplazamiento actual merece atención propia y no se agota en el lenguaje de la polarización o la desinformación: lo que está cambiando no es solo el contenido que circula, sino el tipo de autoridad que lo jerarquiza.
Vuelvo entonces a la pregunta del principio: ¿quién organiza hoy la información del votante promedio y con qué intereses? Sospecho que buscar respuestas en el contenido que circula o en la transparencia de los algoritmos como objetos técnicos es mirar al lugar equivocado. La pregunta más incómoda —y probablemente la más productiva— es cómo se organizan y controlan las infraestructuras informacionales que cumplen funciones de interés general, y por qué la respuesta a esa pregunta se ha vuelto lo suficientemente opaca que cuesta incluso formularla. Eso, y no la existencia misma de ruido digital, es lo que hace del problema contemporáneo algo distinto a sus versiones anteriores.
* Investigadora del Departamento de Estudios Políticos de FLACSO Ecuador.
Referencias
Alonso, P. (ed.) (2004). Construcciones impresas: panfletos, diarios y revistas en la formación de los estados nacionales en América Latina, 1820-1920. Fondo de Cultura Económica.
Becerra, M. y Mastrini, G. (2009). Los dueños de la palabra: acceso, estructura y concentración de los medios en la América Latina del siglo XXI. Prometeo.
Castells, M. (2009). Comunicación y poder. Alianza Editorial.
Gillespie, T. (2018). Custodians of the Internet: platforms, content moderation, and the hidden decisions that shape social media. Yale University Press.
Manin, B. (1997). The principles of representative government. Cambridge University Press.
Mücke, U. (2001). “Elections and political participation in nineteenth-century Peru: the 1871-72 presidential campaign”. Journal of Latin American Studies, 33(2), 311-346.
Posada-Carbó, E. (ed.) (1996). Elections before democracy: the history of elections in Europe and Latin America. Macmillan.
Schudson, M. (2001). “The objectivity norm in American journalism”. Journalism, 2(2), 149-170.
