Año 1, núm. 9, abril de 2026
ISSN 3122-3583
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Descarbonizar el poder: cuando la política sí da resultados
Laura Ballesteros *
En la Cámara de Diputados, un programa de descarbonización impulsado desde la propia operación institucional ha comenzado a mostrar resultados medibles: en apenas seis meses se redujeron hasta 6 % las emisiones contaminantes. Si el Poder Legislativo puede hacerlo, ¿por qué no el resto del gobierno?
En el mundo, los edificios generan cerca del 37 % de las emisiones de CO₂ vinculadas al consumo de energía, lo que convierte al sector público en un actor clave para la transición climática.
San Lázaro se ha convertido en uno de los edificios legislativos más sostenibles del país. Mediante 26 acciones concretas impulsadas en coordinación con sociedad civil, la Cámara de Diputados ha comenzado un proceso real de descarbonización que ya arroja resultados medibles: en apenas seis meses se logró reducir hasta 6 % las emisiones contaminantes.
De mantenerse este ritmo, el impacto en los próximos tres años podría marcar un precedente histórico en la transformación ambiental del sector público. Durante años, la política ambiental en México se movió entre discursos ambiciosos y resultados limitados. Se hablaba de transición energética, de sustentabilidad y de compromisos internacionales, pero en la práctica el Estado seguía operando bajo lógicas tradicionales, con altos consumos de energía, baja eficiencia y poca rendición de cuentas sobre su impacto ambiental.
Hoy, en medio de una crisis climática que ya no admite postergaciones, ese modelo simplemente dejó de ser viable. La discusión sobre el cambio climático suele centrarse en grandes infraestructuras, en la industria o en el sector energético. No obstante, hay un punto de partida que pocas veces se mira con la misma exigencia: el propio Estado.
¿Cómo puede un gobierno exigir cambios si no es capaz de transformar primero su propia operación? ¿Cómo hablar de sustentabilidad sin revisar lo que ocurre dentro de sus edificios, en sus procesos cotidianos y en la forma en que administra sus recursos?
En la Cámara de Diputados decidí impulsar esa responsabilidad. A partir de una agenda para incorporar criterios de sostenibilidad en la operación institucional, comenzamos a transformar el funcionamiento del recinto legislativo con un objetivo claro: reducir su impacto ambiental de manera medible, verificable y sostenida en el tiempo.
Los resultados ya están sobre la mesa. De acuerdo con el informe técnico elaborado por WRI México, el recinto logró reducir 44.8 % su consumo energético entre 2018 y 2021. Para 2024, el nivel de consumo se ubica en 73 kWh por metro cuadrado, lo que coloca a la Cámara hasta 63 % por debajo del promedio nacional en edificios de oficinas.
En un contexto global donde los edificios generan cerca del 37 % de las emisiones de CO₂ relacionadas con el consumo de energía, estos avances no son menores: son una señal clara de que el cambio es posible cuando hay voluntad política. Pero estos resultados no ocurrieron por inercia; son producto de decisiones concretas que trabajamos desde el ámbito legislativo y administrativo.
El recinto legislativo mexicano logró reducir 44.8 % su consumo energético entre 2018 y 2021 y hoy se encuentra hasta 63 % por debajo del promedio nacional de edificios de oficinas.
La implementación del Programa de Sustentabilidad Integral permitió incorporar criterios ambientales en la operación diaria del recinto, desde el uso eficiente de la energía hasta la gestión de recursos. A esto se suma la obtención de certificaciones como ISO 14001, el Certificado de Calidad Ambiental de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el nivel 1 de Carbono Neutral, que no solo validan los avances, sino que obligan a mantener estándares altos de desempeño.
Uno de los cambios más importantes fue dejar atrás la lógica de la simulación. Durante mucho tiempo, la política ambiental en México se construyó con buenas intenciones, pero sin instrumentos claros para medir resultados. Hoy, en la Cámara de Diputados, contamos con una herramienta de seguimiento energético y un sistema de indicadores alineado con estándares internacionales que permiten saber con precisión cómo se consume la energía, en qué áreas se desperdicia y dónde se pueden hacer ajustes.
Este cambio –que puede parecer técnico– es profundamente político. Significa pasar de la opacidad a la transparencia, de la improvisación a la planeación y de la narrativa a la evidencia. También implica asumir que la rendición de cuentas ambiental es parte de la gobernanza democrática.
Gracias a este sistema de monitoreo y a la digitalización de datos ha sido posible optimizar el funcionamiento de sistemas clave como la climatización y la iluminación, reducir consumos innecesarios y mejorar la eficiencia en áreas críticas del edificio. No se trata de acciones aisladas, sino de una transformación integral en la forma de gestionar la energía dentro de una de las instituciones más importantes del país.
Además, se han impulsado adecuaciones concretas en la infraestructura del recinto. La mejora de los sistemas de aire acondicionado, la optimización del desempeño térmico del edificio y la preparación para la incorporación de tecnologías limpias como paneles solares forman parte de una ruta que ya está en marcha. Estas acciones no son promesas: son decisiones que buscan consolidar un modelo de operación más eficiente y sostenible.
Lo que estamos construyendo no es solo un edificio más eficiente, sino un precedente. La pregunta de fondo es inevitable: si el Poder Legislativo puede avanzar en su descarbonización, ¿por qué no hacerlo en todo el sector público? México cuenta con miles de edificios gubernamentales –hospitales, escuelas, oficinas administrativas– que operan con altos niveles de consumo energético y sin sistemas adecuados de medición o control.
Transformar esa infraestructura representa una de las oportunidades más importantes para reducir emisiones, mejorar la eficiencia del gasto público y avanzar hacia un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible. Aquí es donde la política ambiental se conecta directamente con la justicia y la democracia.
La descarbonización del Estado no es solo una política ambiental: también puede liberar recursos públicos, mejorar servicios y avanzar hacia un modelo de desarrollo más justo.
La crisis climática no afecta a todos por igual: son las comunidades más vulnerables las que enfrentan las peores consecuencias tales como escasez de agua, olas de calor, deterioro de sus entornos y menor acceso a servicios de calidad. Mientras tanto, las decisiones sobre energía y desarrollo suelen tomarse sin incorporar plenamente estas desigualdades.
xPor eso, avanzar en la descarbonización del Estado no es solo una cuestión técnica; es una decisión que tiene implicaciones sociales profundas: significa reducir el impacto ambiental de las instituciones, pero también liberar recursos que pueden destinarse a mejorar servicios públicos y atender las necesidades de quienes más lo requieren.
La transición energética, bien entendida, no es un freno al crecimiento. Es una oportunidad para modernizar al Estado, hacer más eficiente el uso de los recursos y construir un modelo de desarrollo más justo. Apostar por la eficiencia energética, por tecnologías limpias y por sistemas de gestión inteligentes no solo reduce emisiones: también fortalece la capacidad institucional.
En este proceso, la gobernanza juega un papel central. No basta con implementar acciones aisladas; se requiere construir sistemas que garanticen continuidad, evaluación y mejora constante. La creación de indicadores, la digitalización de datos y la toma de decisiones basada en evidencia son elementos clave para consolidar una política pública ambiental que trascienda coyunturas y administraciones.
Lo que hemos avanzado en la Cámara de Diputados demuestra que la política sí puede generar cambios reales cuando se asume con responsabilidad. Demuestra también que la sustentabilidad no es un discurso aspiracional, sino una práctica que puede integrarse en la operación cotidiana de las instituciones; sin embargo, este es apenas el inicio.
El verdadero reto es escalar este modelo, convertirlo en una política de Estado y replicarlo en todos los niveles de gobierno. La crisis climática no admite soluciones parciales ni esfuerzos aislados. Requiere una transformación estructural en la forma en que concebimos el desarrollo.
Descarbonizar el poder no es una consigna. Es una ruta concreta para construir un país más justo, más eficiente y más responsable con su entorno. Es, también, una prueba de que cuando la política se toma en serio su papel, los resultados llegan.
Hoy más que nunca, necesitamos que el Estado deje de reaccionar y empiece a liderar. Que pase del discurso a la acción. Y que entienda que la sustentabilidad no es una opción, sino una condición para el futuro.
* Diputada federal de Movimiento Ciudadano.
