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Desapariciones masivas en México: cifras de guerra, sin guerra
Claudia Calvin Venero *
México acumula más de 130 000 personas desaparecidas: una cifra propia de guerras o dictaduras. Pero el país no vive formalmente ninguna de esas condiciones. Esa contradicción —desapariciones masivas en un contexto de aparente normalidad institucional— es la que ha llevado a la ONU a activar un mecanismo excepcional para escalar el caso mexicano ante la Asamblea General.
La decisión del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) de activar el artículo 34 respecto de México no es un trámite ordinario ni una discrepancia más entre un organismo internacional y un Estado. Es un mecanismo excepcional que solo se utiliza cuando existen indicios fundados de desapariciones forzadas generalizadas o sistemáticas y cuando, además, la respuesta estatal resulta insuficiente. Su consecuencia inmediata es escalar la situación a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
El texto del artículo 34 señala lo siguiente:
Si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, y tras haber solicitado del Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas.
Desde 2012, casi un tercio de las más de dos mil solicitudes que el CED ha recibido en el ámbito global para intervenir en los Estados Parte corresponde a México. Tras cinco años de visitas y más de 80 recomendaciones se activó el artículo. Esto no sucedió de un día para otro.
La respuesta del gobierno, expresada por medio de la cancillería y la Secretaría de Gobernación, fue de deslegitimación y acusación. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que la violencia antes era peor y que se hizo menos de lo que ahora se ha hecho. Se hubiera esperado mayor solidaridad con las personas desaparecidas y las madres buscadoras de parte de esa institución. El debate público en México ha tendido a concentrarse en la disputa entre la solidez jurídica de la decisión y el rechazo del Estado.
La discusión enmarcada en esos términos resulta insuficiente. Lo que está en juego no es solo la validez y el alcance de un pronunciamiento internacional, sino la ubicación del caso mexicano en el panorama global de las desapariciones masivas.
Hablemos de las cifras
México registra hoy entre 132 y 133 000 personas desaparecidas y no localizadas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Esta cifra en sí misma coloca a la nación en un rango comparable con países que han atravesado conflictos armados o dictaduras:
- Colombia (1960-2016): más de 135 000 personas dadas por desaparecidas a lo largo de seis décadas del conflicto.
- Bosnia y Herzegovina (1992-1995): alrededor de 35 000 personas desaparecidas durante la guerra. El 80 % de los casos han sido resueltos.
- Argentina (1976-1983): 30 000 personas desaparecidas como cifra histórica del terrorismo de Estado (existe disputa respecto a las cifras de los organismos de derechos humanos y el gobierno).
Aunque estos datos no son directamente comparables porque cada uno responde a universos y momentos distintos, sí permiten ubicar una realidad: México presenta niveles de desaparición propios de contextos de guerra o represión masiva, sin encontrarse formalmente en ninguno de ellos. Ese es el primer punto por destacar.
Más de 130 000 personas desaparecidas colocan a México en niveles comparables con países que atravesaron guerras o dictaduras, aunque el país no vive formalmente ninguno de esos escenarios.
Una crisis contemporánea, no heredada
Otra confusión frecuente es pensar la crisis como un hecho estático y homogéneo. Los datos muestran lo contrario.
De acuerdo con el análisis de la Red Lupa, la desaparición de personas en el país es generalizada y sistemática. Indica que, después de llegar en 2022 a más de 100 000 personas desaparecidas, las cifras han ido en aumento. Nada más de 2024 a 2025 se duplicó el porcentaje de casos.
El año 2006 marca en México el punto de inflexión para el inicio de las desapariciones, pero de 2018 en adelante se concentra el 56 % de los casos. Esta crisis no es heredada, está en curso y en su punto más alto reciente.
¿Qué significan las desapariciones desde una perspectiva comparada?
Las desapariciones masivas no son un fenómeno homogéneo. Su significado depende del contexto en el que ocurren y, sobre todo, de la forma en que el Estado responde.
En Argentina, Bosnia y Herzegovina, y Colombia, las desapariciones se inscriben en marcos claramente definidos —dictadura, guerra y conflicto armado— lo que permite identificar con mayor claridad tanto los patrones de violencia como las responsabilidades estatales.
Los tres casos mencionados comparten una constante: las desapariciones masivas ocurren en contextos de violencia extrema y, en su registro agregado, afectan mayoritariamente a hombres; sin embargo, esa lectura oculta una dimensión clave: en todos estos contextos, el cuerpo de las mujeres ha sido también un espacio de violencia específica —frecuentemente invisibilizada— y al mismo tiempo, el punto de partida de la solución, ya que han sido ellas el motor de la búsqueda en todos los casos. Lo que cambia en cada situación no es su presencia, sino la capacidad del Estado para reconocer esa diferencia y traducirla en respuesta institucional.
Desde 2018 se concentra más de la mitad de los casos de desaparición registrados en el país, lo que revela que la crisis no es heredada: está en curso y en su punto más alto reciente.
México: cifras comparables, contexto distinto
México comparte con estos países la escala de la crisis, pero no el contexto ni el tipo de respuesta: no hay guerra declarada, como en Bosnia; no hay dictadura, como en Argentina; no hay un conflicto armado de décadas como en Colombia. A pesar de las diferencias, la cifra es comparable.
En este sentido, México constituye una anomalía: una crisis de desapariciones de escala internacional en un país que no está formalmente en guerra y que no ha experimentado un quiebre institucional equivalente.
Al observar los casos colombiano y mexicano en conjunto, las cifras resultan reveladoras. En el primero se llegó a la cifra de más de 130 000 personas desaparecidas en un conflicto de seis décadas, mientras que el segundo ha llegado a esa cifra en menos de dos décadas, con una concentración particularmente alta en los últimos seis años. Esto no es un dato menor: pone en evidencia la intensidad y aceleración del fenómeno, en un contexto sin guerra formal.
Las mujeres en el marco de las desapariciones
Si se observa únicamente el total agregado, la conclusión parece clara: la mayoría de las personas desaparecidas son hombres; no obstante, ese dato por sí solo oculta más de lo que revela.
El mismo análisis de Red Lupa señala que las mujeres desaparecidas representan aproximadamente el 23 % del total, pero el grupo de edad más afectado entre estas es el de 15 a 19 años. En contraste, en el total general, el rango más frecuente es el de 25 a 29 años. Hay que destacar que hay desapariciones en todos los rangos de edad, solo que estos datos son los que sobresalen.
Lo anterior permite formular una hipótesis clave: mientras que las desapariciones de hombres podrían estar más vinculadas a dinámicas de violencia territorial y economías criminales, las de mujeres —especialmente adolescentes— apuntan a patrones asociados con violencia sexual, trata y violencia feminicida, sobre todo si se cruza la información con los estados de mayor incidencia: Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Ciudad de México y Tabasco, los cuales concentran el 49 % de niñas y mujeres desaparecidas.
A ello se suma otro hecho estructural del que se habla poco: en México, como en otros contextos, quienes sostienen la búsqueda son mayoritariamente mujeres. Madres, esposas, hijas y hermanas que, frente a la inmovilidad, lejanía y hasta menosprecio por parte del Estado y los gobiernos —independientemente de su color y perfil— han hecho lo que las autoridades deberían hacer: buscar hasta encontrar o buscar con esperanza aunque esta insista en alejarse.
Las mujeres representan cerca del 23 % de las personas desaparecidas y las adolescentes de 15 a 19 años concentran el mayor riesgo, un patrón que apunta a dinámicas de trata, violencia sexual y feminicida.
¿Qué implicaciones tiene la internacionalización de esta realidad?
Hay que destacar que el artículo 34 no implica una condena penal ni establece responsabilidades individuales, pero sí afirma algo fundamental: existen indicios de que las desapariciones en México podrían estar ocurriendo de forma generalizada o sistemática. Sobre todo, introduce un punto clave: las desapariciones no requieren ser cometidas exclusivamente por agentes del Estado para generar responsabilidad; pueden implicar participación directa, autorización o apoyo, aquiescencia o incapacidad estructural. Esto desplaza el problema de una narrativa exclusivamente criminal a una cuestión estructural del Estado.
Esto también hace de la crisis mexicana un asunto de interés global, lo cual implica mayor escrutinio, mayor visibilidad, legitimación de las víctimas y de las personas buscadoras, así como un incremento del costo político de la inacción.
En un contexto de debilitamiento del multilateralismo, este tipo de mecanismos adquiere un significado particular: no resuelven el problema, pero modifican el terreno en el que se disputa y dan visibilidad a temas que podrían seguir siendo ignorados.
El umbral que aún no se cruza
La historia comparada muestra un patrón consistente: los Estados no transforman su respuesta frente a las desapariciones masivas por convicción, sino cuando la inacción se vuelve políticamente insostenible interna y externamente. En Argentina, Bosnia y Herzegovina, y Colombia, ese punto de quiebre llegó por distintas razones: cuando la presión social, la magnitud de la violencia y, en algunos casos, el escrutinio internacional obligaron a reorganizar la respuesta del Estado.
En México, pese a más de 130 000 personas desaparecidas, pese a la evidencia acumulada y pese al papel central de las mujeres que buscan, ese umbral no se ha traducido aún en una transformación equivalente. La activación del artículo 34 podría ser ese detonador.
Lo que está sobre la mesa no es solo el contenido de una decisión internacional, sino la persistencia de una anomalía: una crisis de desapariciones de escala global que ocurre sin guerra declarada y sin una respuesta estatal proporcional.
Mientras esa distancia persista, México no solo seguirá acumulando cifras, sino reproduciendo una forma de violencia institucional que el propio sistema internacional ha comenzado a reconocer como insostenible, porque la omisión también es una forma de violencia.
* Es periodista y analista especializada en democracia, derechos humanos y espacio cívico en América Latina. También es fundadora de Mujeres Construyendo, plataforma dedicada al fortalecimiento de la participación y liderazgo de las mujeres en el ámbito público y digital.
