Año 1, núm. 9, abril de 2026
ISSN 3122-3583
a fondo
En torno al futuro ambiental y el cambio climático
Boris Graizbord *
El cambio climático ya no es una advertencia científica sino el eje de una disputa global entre desarrollo, desigualdad y supervivencia ambiental. Comprender sus causas, límites y contradicciones es indispensable para imaginar si el planeta aún puede aspirar a un futuro sostenible.
El cambio climático ha sido preocupación permanente desde hace varias décadas. Tanto internacional como localmente, se ha convertido en el principal tema de investigación y asunto de política y administración pública. La consideración del cambio climático permite explorar las interrelaciones del calentamiento climático y sus manifestaciones regionalmente diferenciadas, con otros aspectos esenciales para procurar el cuidado y mantenimiento de nuestra “nave espacial Tierra” (Boulding,1966) y de “solo una Tierra” (Ward y Dubos, 1971) con la que contamos para alcanzar, como ahora se señala, la sustentabilidad.
El desafío climático no es solo ambiental: conecta pobreza, urbanización, energía y desigualdad en una misma ecuación global.
A lo largo de varias décadas, a partir del Informe Brundtland (1987) que postulaba una justicia intra e intergeneracional —satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones para cubrir sus propias necesidades—, se han creado organismos dedicados específicamente para alcanzar la sustentabilidad. En este contexto, más recientemente en el Protocolo de Kyoto (1997 y 2005), el propósito ha sido mitigar y adaptarse a los posibles estragos que pudieran derivarse de un aumento en la temperatura global de dos y más grados centígrados.
Aprobado el 11 de diciembre de 1997, pero en vigor desde el 16 de febrero de 2005, pone en funcionamiento los acuerdos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) comprometiendo a los países industrializados para limitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y les impone una carga más pesada en virtud del principio de “responsabilidad común, pero diferenciada y capacidades respectivas”. Ello, porque reconoce que son los principales responsables de los actuales altos niveles de emisiones de GEI en la atmósfera.
La definición de las Naciones Unidas lo atribuye al desarrollo económico, desde la Revolución Industrial y a innovaciones o cambios tecnológicos que han permitido un crecimiento exponencial de las actividades humanas y de la población del planeta. El proceso, desde mi punto de vista, data desde que grupos humanos adoptaron instrumentos exosomáticos que incrementaron diez o cien veces sus capacidades endosomáticas. A lo largo de la historia, la acción humana ha producido efectos benéficos para las personas, tanto como costos y deterioro en el entorno que le rodea, así como grandes impactos ambientales en el ámbito global.
En la actualidad, el Acuerdo de París ¾convenido en 2015 por la mayoría de los países¾ se enfoca en mantener la temperatura global promedio en 1.5 grados centígrados para el año 2100 o, digamos, no rebasar dos grados centígrados que, para los científicos del International Panel on Climate Change (IPCC), sería un umbral clave para evitar riesgos y efectos que, aunque inciertos, podrían ser calamitosos.
Este organismo internacional para la evaluación del cambio climático fue creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en 1988. Sus reportes ofrecen insumos robustos a las personas tomadoras de decisiones para implementar medidas de adaptación y de mitigación. En realidad, el IPCC prevé que si se sigue en la inercia actual, la temperatura global promedio aumentará en un rango de 2.1 y 3.9 grados centígrados.
En efecto, a pesar de los esfuerzos y las numerosas reuniones internacionales ¾por ejemplo, la Conferencia de las Partes (COP) o la Cumbre del Clima de la ONU sobre el Cambio Climático que se celebran anualmente¾, e incluso las instancias de concertación internacional, como la Organización Mundial Comercio y del G20,(1) parecen incapaces de detener el deterioro ambiental. Este se expresa en la desaparición de bosques a tasas sin precedente; acumulación de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera; contaminación del aire y del agua; extinción o riesgo de extinción de especies vegetales y animales, y en particular los polinizadores que contribuyen a la agricultura y las enfermedades de origen animal, así como las transmitidas por vectores, han aumentado explosivamente.
La degradación de los suelos ha agudizado la pobreza, el hambre y ha provocado el abandono del campo en favor de las ciudades, además de la alteración de otros ciclos biogeoquímicos a partir del uso de fertilizantes y plaguicidas químicos (recuérdese el uso del DDT e insecticidas que combatió en su momento Rachel Carson, en 1962). Dichos plaguicidas causan contaminación ambiental en las fuentes de agua superficiales y en el subsuelo; por otro lado, afectan principalmente a poblaciones vulnerables.
A pesar de acuerdos internacionales y compromisos climáticos, la temperatura mundial podría aumentar hasta 3.9 °C si continúa la tendencia actual.
La relación entre medio ambiente, desarrollo humano y pobreza se ha sumado a la agenda pública mundial. Este vínculo ineludible está presente sistemáticamente en las preocupaciones de los organismos intergubernamentales. Se incorporó en 2000 en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) propuestos por las Naciones Unidas ese año, y recientemente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, 2015). La Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible postula “no dejar a nadie atrás”.
En los 17 ODS se incluyen erradicar la pobreza; atender necesidades sociales como la educación, la sanidad, la protección social, la igualdad de género y empleos dignos; al tiempo que se combate el cambio climático y se protege el medio ambiente. Los ODS son, en efecto, el gran plan maestro para conseguir un futuro sostenible para todas las personas. Nótese, sin embargo, no solo la dificultad para cumplirlos sino la esquizofrenia del planteamiento: se traducen en 169 metas específicas que cubren aspectos económicos, sociales y ambientales, y se espera que se cumplan para 2030. Dado el corto plazo y las intrincadas interrelaciones de tales objetivos (que implican una diversidad de actores, países, ecosistemas, instancias, capacidades de implementación, seguimiento, etc.), como las mismas Naciones Unidas reconocen, complica y nos aleja de su cumplimiento, pues en la realidad en muy pocos casos ha sido posible cambiar positivamente el rumbo.
Parecería, sin embargo, haber signos de mejora. De acuerdo con Raferty, et al. (2025), (2) al parecer las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), que son planes climáticos nacionales exigidos por el Acuerdo de París para reducir emisiones de efecto invernadero y adaptarse al cambio climático, buscando limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 oC, parecen haber cumplido sus promesas. La intensidad del uso del carbón se redujo en 3 % por año desde Paris, mucho más rápido –dicen– de lo esperado por las NDC del 4 %. Lo mismo Gabriel Quadri muy recientemente sostenía, con las reservas del caso, que las energías limpias han despejado la lucha contra el calentamiento global.
Presentaba varias cifras alentadoras: la intensidad de CO₂ del sector eléctrico (CO₂/MWh) global se ha reducido 14 % en una década, y se mantendrá en una fuerte tendencia descendente. Lamentablemente, en México las cosas son al revés, las emisiones del sector eléctrico han aumentado desde 2021. Sin embargo, en los diferentes países la dinámica depende del mayor uso energético en la industria robotizada, en el parque vehicular electrificado, en nuevos usos domésticos y, no menos, en los centros de datos. La exigencia de estos cambios tecnológicos —concluye este autor— “exigiría una expansión de las redes y de los sistemas eléctricos con nuevas tecnologías inteligentes y flexibles capaces de integrar una nueva matriz energética y nuevas estructuras de generación, gestionar eficientemente una demanda expansiva, y promover y asimilar capacidades cada vez mayores de almacenamiento de energía”, en función, por cierto, de las características intermitentes de algunas energías renovables.
Sin presumir de pesimista, este señalamiento, sin duda, muestra las enormes dificultades económicas, sociales y políticas que se presentan para alcanzar las metas. Y me refiero no solo a la energía y sus ramificaciones.
“¿Podemos romper la disyuntiva entre desarrollo humano y medio ambiente?”, se pregunta Ritchie, (3) y reconoce que el impacto ambiental nunca ha sido igual a cero, que la contaminación atmosférica es un problema anterior a la Revolución Industrial y que la pérdida de biodiversidad no es un problema moderno; no obstante, hay que reconocer que en la actualidad el impacto ambiental de la actividad humana se ha multiplicado en intensidad, escala o volumen y, por lo tanto, se ha perdido el equilibrio, como bien lo reconoce la autora.
Asegura con optimismo que podía ser ésta “la primera generación humana que logra construir un planeta sustentable”, pues considera que “los datos muestran que [el mundo] puede ser mucho mejor”. Señala varios cambios que respaldan su aseveración: la oferta de alternativas asequibles o expandibles de servicios energéticos; la rápida caída del costo de las energías renovables y enormes mejoras de tecnologías de baterías; el desacoplamiento de la producción industrial y el uso energético, como lo han hecho Estados Unidos y algunas economías europeas; la innovación agrícola y la mejora en el rendimiento de los cultivos en la producción de más alimentos en menos superficie cultivada acompañada del abatimiento en el uso de fertilizantes y plaguicidas químicos.
Las ciudades concentrarán el crecimiento demográfico del siglo XXI, multiplicando la presión sobre agua, energía, suelo y residuos.
Desacoplar el crecimiento económico del consumo energético es un intento generalizado para descarbonizar las actividades económicas y aumentar la seguridad energética. La eficiencia energética y los cambios estructurales en las economías han contribuido a reducir la intensidad energética de las actividades económicas en el plano nacional.
Como lo veo, de lo anterior es posible extraer un mensaje optimista que quisiera compartir; sin embargo, como he sugerido líneas arriba, hay aspectos que exigen cambios radicales difíciles de implementar. En el caso de nuestro país, y seguramente en otros países más, las acciones de política en diversas áreas se contraponen a aquellas que se requieren para cumplir metas de los ODS. Estos incluyen indicadores agrupados en tres dimensiones: económica, social y ambiental. Son interdependientes, puesto que el impacto directo en un objetivo puede tener resultados indirectos en otros —e indivisibles— ya que el desarrollo económico y la equidad social no puede desligarse del cuidado medioambiental.
En el Informe de Progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2023, se destaca que más de la mitad del mundo está rezagado en el cumplimiento de las metas de la Agenda 2030. Las desigualdades preexistentes podrían agravarse, lo que subraya la necesidad de comprender el carácter interdependiente de los ODS.
Así que, para abordar los desafíos de la degradación ambiental, el cambio climático, la desigualdad social y el crecimiento económico, se hace necesario que la política pública esté alineada de manera eficiente en sus instrumentos y acciones, evitando que sean recíprocamente divergentes.
Y, finalmente, no puedo terminar estas reflexiones sin referirme a la cuestión urbana. Es un hecho que en las ciudades vive hoy día más de la mitad de la población mundial. Esta tiende a concentrarse en ciudades multimillonarias y el crecimiento esperado de la población global ocurrirá principalmente en megaciudades de Africa y Asia. Tales procesos agregan condicionantes al cumplimiento de los ODS y a los esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático. En efecto, se deben enfrentar al menos tres efectos globales de este proceso de urbanización: cambios de uso de suelo; uso intensivo de recursos y su agotamiento (agua y energía); y generación de residuos con sus riesgos asociados (contaminación del aire, el agua y el suelo), a una escala que el planeta difícilmente puede asimilar.
En este contexto, las consecuencias para la política pública, indistintamente de la escala global, nacional o local de que se trate, constituyen un enorme reto.
* Lead-Colmex
Referencias
(1) Véase Boris Graizbord, “The G20 and the strengthening of the global partnership for sustainable development (SDG17)”, Revista Mexicana de Política Exterior 126, mayo-agosto 2023: 47-65.
(2) Adrian Raferty, et al., “Did the Paris Climate Agreement Work?”, Earth & Environment, Sustainability and Statistics, 31 de octubre de 2025.
(3) Investigadora del Programa para el Desarrollo Mundial, Universidad de Oxford. Véase su reciente obra Not the End of the World: How We Can Be the First Generation to Build a Sustainable Planet. Vintage, 2024 (publicado en español por Anagrama en 2025). Artículo publicado en Letras Libres 327, marzo 2026:6-9.
