Año 1, núm. 9, abril de 2026
ISSN 3122-3583
a fondo
El planeta no debate: nosotros sí, y eso cuesta caro
Paulo Hidalgo *
Olas de calor récord, incendios cada vez más devastadores e inundaciones que se repiten con inquietante normalidad…, pero el verdadero conflicto está en otra parte: en la política, en los costos de la transición energética y en la pregunta incómoda que divide gobiernos y sociedades: quién está dispuesto —y quién puede— pagar por evitar la catástrofe climática.
El calor de este verano en el hemisferio sur no fue una anomalía. Fue una confirmación. Las temperaturas récord en Santiago, las inundaciones en Brasil, los incendios que arrasaron miles de hectáreas en el sur de Chile: todo eso ya no sorprende a nadie, y que no sorprenda es, quizás, la señal más inquietante de todas. Nos hemos acostumbrado a vivir dentro de la catástrofe.
El cambio climático ya no es objeto de debate científico. La verdadera disputa es política: cómo actuar, quién paga los costos y qué sacrificios estamos dispuestos a asumir.
El cambio climático ocurre. Eso no es controversial. Lo que sí lo es —y conviene decirlo con esta claridad— es cómo abordarlo, quién paga los costos, qué se sacrifica y en nombre de qué. Confundir ambas discusiones ha sido uno de los errores más costosos del debate público en las últimas décadas. Los negacionistas se infiltraron en la segunda para desacreditar la primera, y parte de la izquierda ecologista cayó en la trampa inversa: trató la ciencia como argumento político y el debate sobre políticas como una herejía.
El resultado fue un campo minado. Quienes señalaban los costos reales de la transición energética eran tildados de negacionistas. Quienes pedían más ambición climática eran acusados de destruir empleos. Y mientras unos y otros se gritaban, las emisiones globales siguieron subiendo. Vale la pena separar los planos con más frialdad de la que suele aplicarse.
El consenso científico sobre el origen humano del calentamiento global es tan sólido como puede serlo cualquier consenso en ciencias naturales. No hay debate serio en esa frontera. Lo que sí admite debate —legítimo, necesario, urgente— es la pregunta de cómo responder. Con qué velocidad, a qué costo, con qué distribución de cargas entre países ricos y pobres, entre generaciones presentes y futuras, entre quienes emiten y quienes padecen las consecuencias sin haber emitido casi nada.
Chile emite menos del 0.3 % de los gases de efecto invernadero del planeta. Podría cerrar todas sus industrias contaminantes mañana y el efecto sobre el clima global sería estadísticamente irrelevante. Eso no es un argumento para no hacer nada. Es un argumento para ser honestos sobre qué podemos hacer solos y qué requiere acuerdos que van mucho más allá de nuestras fronteras.
Una transición energética que reparte costos sin repartir beneficios no salva al planeta: alimenta el rechazo social y fortalece el antiecologismo político.
La gran hipocresía del debate climático internacional reside en que los países que más han contribuido históricamente al problema son los que menos urgencia muestran para resolverlo. Estados Unidos se retiró nuevamente del Acuerdo de París bajo Trump. China e India siguen construyendo centrales a carbón mientras presentan planes de descarbonización para 2060 o 2070. Europa, que se proclama líder climático, importa gas licuado desde cualquier rincón del mundo cuando el invierno aprieta. La brecha entre el discurso y la práctica es sideral.
Frente a esto, los países del sur global quedan atrapados en una posición estructuralmente injusta: cargan con consecuencias que no produjeron y con presiones para acelerar transiciones que tienen costos reales e inmediatos para sus ciudadanos más vulnerables. Eso no quiere decir que la inercia sea la respuesta. Quiere decir que el debate sobre cambio climático necesita más política y menos moral. Menos condena y más negociación. Menos consigna y más arquitectura de incentivos que haga posible lo que hoy parece imposible: que los países realmente emisores tengan razones concretas para actuar.
¿Y qué hacemos en casa mientras tanto? La transición energética en Chile avanza —con sus contrastes y contradicciones—, pero lo hace en un marco donde la pregunta sobre quién paga está dramáticamente mal resuelta. Las tarifas eléctricas suben, las comunidades donde se instalan los parques solares y eólicos no ven los beneficios, y la descarbonización de sectores como el transporte o la calefacción recae desproporcionadamente sobre los hogares de ingreso medio y bajo que no pueden pagar un auto eléctrico ni renovar sus sistemas de climatización.
Una política climática que no resuelva la dimensión distributiva no es solo inequitativa: es políticamente insostenible. Es el combustible para un backlash que ya se ve en Europa, donde partidos de derecha radical han convertido el antiecologismo en bandera electoral. La gente no vota en contra del planeta. Vota en contra de políticas que le transfieren costos sin transferirle beneficios.
• La crisis climática no se resolverá solo con tecnología ni con mercado. Sin Estado, sin reglas claras y sin justicia distributiva, la descarbonización es inviable.
Esa es la lección que buena parte del ecologismo político no ha querido aprender. El ecologismo que ignora la economía política termina siendo un lujo de clases medias ilustradas. Y cuando ese ecologismo llega al gobierno —con más retórica que resultados concretos— produce más frustración que transformación.
Hay algo más que merece decirse, y que raramente se dice en voz alta: la crisis climática no tiene solución tecnológica ni de mercado si no hay Estado. El mercado no tiene incentivos para internalizar los costos del carbono por sí solo. Las empresas no descarbonizan por convicción: lo hacen cuando las reglas del juego las obligan o cuando les conviene económicamente. Y construir esas reglas, financiar la investigación, proteger a los trabajadores de sectores que desaparecen, reconvertir territorios cuya economía entera dependía del carbón o del petróleo: todo eso requiere capacidad estatal. Requiere, en definitiva, lo mismo que cualquier reforma social digna de ese nombre: voluntad política de distribuir cargas y beneficios de manera que la sociedad pueda sostener la transformación sin desgarrarse.
Los glaciares del Norte Chico están desapareciendo. La megasequía no es una proyección de modelo: es la realidad de las últimas décadas en la zona central. Y en el sur, los incendios de cada verano son cada vez más devastadores y cada vez menos sorprendentes.
La pregunta no es si hay que actuar. La pregunta es si somos capaces de construir los acuerdos políticos para hacerlo de manera justa. Y esa pregunta, a diferencia del clima, sí depende enteramente de nosotros.
* Consejero de El Diluvio.
