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El universalismo no viene de abajo: preferencias de redistribución en México y Estados Unidos
Carlos Moreno Jaimes *
En sociedades profundamente desiguales podría suponerse que la redistribución cuenta con amplio respaldo social. Sin embargo, la evidencia comparada entre México y Estados Unidos muestra lo contrario: el apoyo al principio redistributivo es minoritario incluso entre los sectores más vulnerables. Este análisis explora por qué el universalismo social no surge automáticamente de la desigualdad y cómo las identidades políticas y los marcos ideológicos moldean las preferencias sobre el papel del Estado.
En sociedades afectadas por desigualdades persistentes parece razonable suponer que la redistribución debe recibir un amplio respaldo social. Si la brecha entre quienes tienen mucho y quienes tienen poco se mantiene o profundiza, ¿no debería crecer la demanda por políticas públicas capaces de corregirla? Durante años, buena parte del debate público ha partido de esa intuición: que el universalismo social, entendido como el acceso amplio y no fragmentado a derechos y protecciones emergería “desde abajo”, como expresión de necesidad. Sin embargo, esa expectativa choca con un dato incómodo: el vínculo entre desigualdad y redistribución no es automático.
La desigualdad no produce automáticamente demandas redistributivas. En México y Estados Unidos, menos de una tercera parte de la población considera que gravar más a los sectores ricos para apoyar a los más pobres es un rasgo fundamental de la democracia.
En México y en Estados Unidos, la legitimidad democrática del principio redistributivo —la idea de que, en una democracia, el Estado cobre más impuestos a quienes más tienen para apoyar a las personas más pobres— es sorprendentemente limitada entre la población general. En ambos países, ese respaldo no alcanza mayorías claras y, en términos comparados, se mantiene como una postura minoritaria, incluso entre sectores de bajos ingresos. La desigualdad, por sí sola, no garantiza una coalición redistributiva.
Si el universalismo no emana espontáneamente de la estructura material ni de la necesidad económica, ¿de dónde proviene su fuerza política? ¿Qué tipo de disposiciones culturales, ideológicas o normativas sostienen el respaldo a políticas sociales más ambiciosas? Y, sobre todo, ¿qué implica para la calidad democrática que la redistribución sea un principio sin consenso amplio?
En este artículo propongo una respuesta basada en evidencia comparada. En lugar de asumir que las preferencias redistributivas responden principalmente al interés material individual, muestro que tienden a organizarse alrededor de marcos ideológicos e identitarios: la afiliación partidista es el predictor más sólido del apoyo al universalismo, tanto en México como en Estados Unidos, así como la concepción de que el Estado debe intervenir ampliando servicios, aunque ello implique más impuestos.
El dato incómodo: la redistribución no es mayoría
Si la desigualdad no produce automáticamente consenso redistributivo, la primera evidencia debe buscarse en la opinión pública: ¿qué tan extendida es la idea de que una democracia auténtica exige que el Estado recaude más de quienes concentran mayores ingresos para garantizar derechos sociales a quienes se encuentran en desventaja?
Los datos de la ronda 7 de la World Value Survey ofrecen una respuesta sobria. En México, solo 26.9 % de la población considera que imponer mayores contribuciones a las personas con más poder adquisitivo y subsidiar a las pobres es una característica fundamental de la democracia; en Estados Unidos, la cifra es aún menor: 24.5 %. Es decir, en ambos países, el principio redistributivo como valor democrático explícito es minoritario.
Gráfica 1. Porcentaje de personas que están de acuerdo con la afirmación “Una característica fundamental de la democracia es que los gobiernos deben imponer mayores contribuciones a los más ricos y apoyar económicamente a los más pobres”
Fuente: elaboración propia con base en datos de la World Value Survey, ronda 7.
La sorpresa no termina ahí. Cuando se desagregan los datos por nivel de ingreso, el patrón no confirma la intuición materialista clásica. En México, el apoyo al principio redistributivo es prácticamente estable entre los deciles más bajos y altos (ambos rondan el 27 %), con una ligera caída en los estratos intermedios. En Estados Unidos, el respaldo tiende a disminuir conforme se asciende en la escala de ingresos, pero en ningún caso se convierte en una mayoría clara. En otras palabras, ni siquiera los sectores económicamente más vulnerables muestran un entusiasmo mayoritario por vincular redistribución y democracia.
Este diagnóstico no implica que la desigualdad sea irrelevante para las preferencias políticas, sino que su traducción en demandas redistributivas depende de marcos interpretativos. Para que la brecha económica se convierta en un reclamo de justicia social, debe ser leída como un problema público estructural y no como resultado legítimo de trayectorias individuales. La pregunta, entonces, se vuelve más precisa: si el universalismo no se consolida como consenso mayoritario en la población general, ¿dónde se articulan con mayor coherencia las preferencias redistributivas?, ¿en qué espacios se construyen los marcos normativos que vinculan democracia y justicia social? Para responderla conviene mirar a un grupo específico: quienes hoy se forman en las aulas para diseñar e implementar políticas públicas.
Las preferencias redistributivas no dependen tanto del ingreso como de la ideología. La evidencia comparada muestra que la identidad partidista y la visión sobre el papel del Estado explican mejor el apoyo al universalismo que la posición económica individual.
Dos concepciones de justicia en disputa
Si la redistribución no se organiza únicamente alrededor del interés material, entonces debe entenderse como el resultado de marcos normativos más amplios. En términos generales, el debate contemporáneo sobre la política social puede leerse como una disputa entre dos concepciones de justicia. La primera, que podríamos llamar meritocrática, sostiene que el ingreso y la posición económica reflejan, en buena medida, decisiones individuales: esfuerzo, talento, disciplina, preparación. Desde esta perspectiva, la redistribución excesiva puede resultar problemática porque distorsiona incentivos y premia comportamientos que no necesariamente contribuyen al bienestar colectivo (Friedman, 2022; Nozick, 1988).
La pobreza aparece, al menos parcialmente, como consecuencia de trayectorias individuales. La segunda concepción, en cambio, entiende la desigualdad como un fenómeno estructural (Piketty, 2015; Rawls, 2021). El punto de partida no es la decisión individual, sino la distribución desigual de oportunidades, el acceso diferenciado a educación, las redes sociales, el capital cultural o las condiciones iniciales. Desde esta óptica, el universalismo no es un privilegio, sino un mecanismo de justicia democrática. La redistribución no corrige fallas individuales, sino desventajas estructurales.
La controversia sobre el universalismo: futuras élites y políticas antipobreza en dos países Si en la población general el universalismo carece de respaldo mayoritario, el siguiente paso es observar dónde y cómo se estructura con mayor coherencia la controversia redistributiva. La Encuesta de Élites Binacionales de Política Pública México-Estados Unidos aplicada en 2023 y 2024 a más de 600 estudiantes de posgrado en asuntos públicos, derecho, negocios y áreas afines en dichas naciones ofrece una ventana privilegiada para hacerlo. Evidentemente, esa población no representa al electorado en su conjunto, pero sí constituye un grupo con alta probabilidad de incidir en el diseño futuro de políticas públicas. La pregunta central del estudio se formuló en una disyuntiva concreta sobre cómo enfrentar la pobreza, por lo que se le pidió a la población encuestada elegir entre tres alternativas claramente diferenciadas:
- Universalismo: programas más ambiciosos y dirigidos a una población amplia, incluso si parte de los beneficios llegara a personas que no los necesitan estrictamente.
- Focalización: programas dirigidos específicamente a las personas más pobres, con el objetivo de evitar que los recursos públicos beneficien a quienes no los requieren.
- Mercado: reducir impuestos y permitir que el sector privado genere empleos mejor remunerados como principal mecanismo para prevenir la pobreza.
El universalismo no emerge “desde abajo”; se construye políticamente. La disputa entre visiones meritocráticas y estructurales de la desigualdad define el alcance de las políticas sociales y revela que el futuro del Estado social depende también de una batalla cultural sobre el significado de la democracia.
Esas tres opciones no son meramente técnicas; representan concepciones distintas del problema social. El universalismo parte de una lectura estructural de la desigualdad y privilegia la ampliación de derechos (Enke et al., 2023). La focalización combina preocupación redistributiva con disciplina fiscal y selectividad. La opción de mercado desplaza la responsabilidad hacia el dinamismo económico y la iniciativa privada. Los resultados muestran diferencias nacionales marcadas. En Estados Unidos, 48.2 % de las y los estudiantes optó por programas universales. En México, solo 13.7 % eligió esa alternativa, mientras que una proporción considerable se inclinó por soluciones focalizadas o incluso por la alternativa de mercado.
Gráfica 2. Preferencias por modelos de políticas de combate a la pobreza en México y Estados Unidos
Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta de Élites Binacionales México-Estados Unidos.
Sin embargo, más importante que la distribución porcentual es la lógica que organiza esas preferencias. En ambos países, la variable más consistente para explicar la inclinación hacia el universalismo es la identidad partidista. En Estados Unidos, la identificación con el Partido Demócrata incrementa significativamente la probabilidad de apoyar programas amplios; en México, la simpatía por Morena cumple un papel similar, aunque con menor intensidad. El segundo eje estructurante es la concepción del rol del Estado, donde quienes prefieren un gobierno que provea más servicios, aunque implique mayores impuestos, muestran mayor inclinación hacia el universalismo. La disputa redistributiva, entonces, no se decide en la experiencia individual de la desigualdad, sino en la posición normativa frente a la intervención estatal.
Aquí aparece con mayor claridad la diferencia entre ambos países. En Estados Unidos, el universalismo forma parte de un paquete ideológico más coherente dentro del campo demócrata. La opción de mercado, por su parte, se asocia con posiciones más cercanas al Partido Republicano y a una visión más restringida del Estado. En México, aunque la simpatía por Morena aumenta la probabilidad de apoyar programas universales, el universalismo convive con una fuerte presencia de preferencias focalizadas y una proporción significativa que apuesta por soluciones de mercado.
La paradoja del universalismo
La comparación entre la población general y las élites emergentes deja una conclusión incómoda. El universalismo redistributivo no descansa sobre un consenso democrático extendido. En ambos países, solo una minoría apoya la idea de que un rasgo esencial de una democracia consiste en gravar más a los sectores de mayores ingresos para financiar apoyos a los menos aventajados. La desigualdad, por sí sola, no produce una mayoría redistributiva. Al mismo tiempo, entre quienes hoy se forman para diseñar políticas públicas, el universalismo se articula con mayor coherencia ideológica. Su respaldo depende sobre todo de la preferencia partidista y de la concepción normativa del papel del Estado. En ese sentido, la redistribución no emerge como reflejo espontáneo de la estructura social, sino como construcción política.
Esta constatación plantea una paradoja. Si el Estado social requiere legitimidad amplia para sostenerse en el tiempo, pero el principio redistributivo no cuenta con mayoría social, su estabilidad dependerá de algo más que la magnitud de la desigualdad: de la capacidad de actores políticos y sociales (partidos, movimientos sociales, instituciones educativas) para construir marcos interpretativos que vinculen justicia social y democracia.
El problema no es únicamente distributivo, es cultural. Allí donde predomina una lectura meritocrática de la desigualdad, la redistribución pierde legitimidad. Allí donde se consolida una lectura estructural, el universalismo se convierte en principio democrático. En Estados Unidos, esa controversia está claramente polarizada y alineada con identidades partidistas definidas. En México, la fragmentación ideológica introduce ambivalencias. En ninguno de los dos casos, sin embargo, puede asumirse que la desigualdad generará por sí misma la base social necesaria para consolidar un proyecto universalista duradero.
La implicación es clara: el futuro del universalismo no está garantizado por la estructura económica. Depende de la disputa política y cultural en torno al significado mismo de la democracia. Si la redistribución no se percibe como principio constitutivo del régimen democrático, su defensa quedará circunscrita a coaliciones ideológicas específicas, vulnerables a los cambios electorales y a las oscilaciones del clima político.
La desigualdad puede ser profunda, pero sin una narrativa democrática que la interprete como injusticia estructural, no se traducirá automáticamente en una demanda redistributiva. El universalismo no viene de abajo, se construye. Y su viabilidad futura dependerá menos de la aritmética económica que de la capacidad de articular una cultura política que lo reconozca como parte del pacto democrático.
* Profesor e investigador de políticas públicas en el ITESO y coordinador de la Encuesta de Élites Binacionales de Política Pública México-Estados Unidos.
Referencias
- Alesina, A. y Glaeser, E.L. (2004). Fighting Poverty in the US and Europe: A World of Difference. Oxford University Press.
- Enke, B., Rodríguez-Padilla, R. y Zimmermann, F. (2023). Moral Universalism and the Structure of Ideology. The Review of Economic Studies, 90(4), 1934-1962.
- Friedman, M. (2022). Capitalismo y libertad. Deusto.
- Nozick, R. (1988). Anarquía, Estado y utopía. Fondo de Cultura Económica.
- Piketty, T. (2015). El capital en el siglo XXI. Fondo de Cultura Económica.
- Rawls, J. (2021). Teoría de la justicia. Fondo de Cultura Económica.
