Año 1, núm. 7, febrero de 2026
ISSN 3122-3583
tendencia
La comprometida movilidad social en México
Enrique Cárdenas *
En nuestro país, la movilidad social dejó de ser una promesa creíble. Nacer en un hogar pobre sigue marcando, con alta probabilidad, el rumbo de toda una vida. Cuando los motores del ascenso social se desgastan, la desigualdad se vuelve estructural y la democracia pierde uno de sus pilares fundamentales: la igualdad de oportunidades.
La movilidad social constituye uno de los indicadores más relevantes para evaluar el grado de apertura y equidad de una sociedad. Se refiere a la posibilidad de que las personas mejoren —o empeoren— su posición socioeconómica a lo largo del tiempo, particularmente en comparación con el punto de partida determinado por su origen familiar. En términos normativos, una sociedad con alta movilidad social es aquella en la que el lugar de nacimiento no determina de manera decisiva el destino de vida, y en la que el esfuerzo individual, el talento y la acumulación de capacidades pesan más que las condiciones heredadas.
La movilidad social puede medirse por medio de diversas dimensiones: educación, ingresos, ocupación, salud y bienestar general. Un rasgo común en todas ellas es que la movilidad depende menos de decisiones individuales aisladas y más de factores estructurales, como la calidad de las instituciones públicas, el acceso efectivo a derechos sociales, la estabilidad macroeconómica, la estructura del mercado laboral y la existencia de mecanismos de protección social. En este sentido, la movilidad social no es un fenómeno espontáneo, sino el resultado acumulado de políticas públicas de largo plazo, marcos institucionales sólidos y contextos económicos dinámicos.
En México, la evidencia disponible muestra que la movilidad social es baja en comparación con otros países de ingreso medio y alto, y que esta condición se agrava por una profunda desigualdad de oportunidades. Nacer en un hogar pobre sigue siendo, para una gran proporción de la población, un determinante casi definitivo del nivel de bienestar que se alcanzará en la edad adulta. El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) ha documentado este fenómeno mediante tres encuestas nacionales de movilidad social intergeneracional levantadas en intervalos quinquenales, lo que ha permitido construir una radiografía robusta y consistente del problema.
Los resultados son contundentes: apenas la mitad de las personas que nacen en el 20 % más pobre de la población logra salir de esa condición a lo largo de su vida, mientras que menos del 5 % de quienes nacen en el quintil más alto desciende al quintil inferior. La movilidad ascendente es limitada, pero también lo es la movilidad descendente, lo que refleja una estructura social rígida, con fuertes barreras de entrada y salida entre estratos.
El análisis del CEEY muestra que la movilidad social en México está profundamente condicionada por el origen socioeconómico y educativo, así como por la calidad, cobertura y eficacia de las instituciones encargadas de garantizar derechos. Alrededor del 50 % de las personas que nacen en el quintil más bajo de ingresos permanece en ese mismo estrato durante toda su vida adulta y solo una fracción mínima logra ascender a los niveles superiores.
Las disparidades regionales refuerzan este patrón. En el sur del país, 64 % de quienes nacen en hogares pobres no logra superar esa condición, mientras que en el centro-norte la proporción se reduce a 31 %. El género también desempeña un papel relevante: 51 % de las mujeres nacidas en hogares pobres permanece en ese estrato, y su probabilidad de llegar al quintil más alto es tres veces menor que la de los hombres (Monroy-Gómez & Vélez-Grajales, 2025).
La movilidad social en México es baja y rígida, especialmente para quienes nacen en pobreza.
En el ámbito educativo, la transmisión intergeneracional de desventajas es particularmente clara. El 39 % de las personas cuyos padres solo cursaron la primaria no supera ese nivel educativo. De ese grupo, únicamente 36 % completa la secundaria, que corresponde a la escolaridad promedio nacional (9.7 años). En términos agregados, tres de cada cuatro personas no superan el nivel educativo promedio del país. De acuerdo con estimaciones del CEEY, 54 % de la desigualdad de oportunidades se explica por los recursos económicos del hogar de origen, y el 11 % adicional por la escolaridad de los padres, lo que limita severamente la acumulación de capital humano.
Los últimos resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) indican que al menos 13 millones de personas salieron de esa condición, entre 2018 y 2024. Este es, sin duda, un avance muy relevante que, de acuerdo con la ENIGH, fue resultado principalmente del trabajo o ingresos laborales y de recursos entregados en los programas sociales. El rubro que más aumentó fue el de las transferencias a los hogares.
De acuerdo con el CEEY, la persistencia de la pobreza y la desigualdad en México tiene un anclaje estructural: al menos 48 % de las diferencias en resultados de vida se explican por factores fuera del control individual, como el origen geográfico, el sexo, la pertenencia indígena o el color de piel. Entre 2017 y 2023 la incidencia de pobreza por ingresos se redujo solo siete puntos porcentuales, pasando de 48 % a 41 % y, aun así, tres de cada cuatro personas nacidas en el quintil más bajo permanecen por debajo de la línea de bienestar en la adultez. Los datos reseñados apuntan a que, sin intervenciones profundas en educación, economía y reducción de desigualdades estructurales, los motores de la movilidad social en México seguirán operando de forma limitada, perpetuando la inequidad y restringiendo el desarrollo económico inclusivo (Monroy-Gómez & Vélez-Grajales, 2025). A ello es necesario agregar otros obstáculos que, si bien no son nuevos, se han convertido en verdaderos muros para permitir avances en la movilidad social. Varios de los motores esenciales han sido particularmente afectados y permiten prever que las perspectivas para el futuro se vuelven más complicadas.
Motores de la movilidad social desgastados
Uno de los principales motores que permiten la movilidad social y avanzar en índices de bienestar y acceso a oportunidades es la propia creación de oportunidades, que proviene del crecimiento económico. Es una condición indispensable para aumentar las oportunidades en general, que lamentablemente se han detenido por la pérdida de dinamismo de la actividad económica en México. Entre 1993 y 2025, el crecimiento promedio del producto interno bruto (PIB) fue de 2 % anual, apenas por encima del crecimiento de la población, con diferencias regionales notables. Este bajo desempeño se ha agravado en los últimos siete años. Entre 2018 y 2025 el crecimiento del PIB se redujo a 0.7 %, lo que representa la tasa más baja desde la implementación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) en 1994 y un decrecimiento del PIB por habitante: el PIB per cápita “creció” menos de un dólar por año, lo que da cuenta de un estancamiento crónico.
Se ha detenido el impulso a mejoras tangibles para la población en general, aunque hay avances redistributivos destacables, en especial para los perceptores de salarios a los niveles más bajos. De 2022 a 2024 el ingreso promedio trimestral de los hogares aumentó 10.6 %, tras una ligera recuperación a niveles de ingreso de 2016. Este incremento ha sido impulsado en buena medida por el aumento en el ingreso laboral de los deciles más bajos por la política de aumentos significativos a los salarios mínimos (Inegi, 2025). Sin embargo, no refleja una mejora estructural en las condiciones laborales de la población en general. La productividad está estancada y sigue aumentando la informalidad. Los últimos datos de pobreza (Inegi, 2025) indican que más de 62 millones de personas no tienen acceso a la seguridad social y más de 44 millones carecen de servicios de salud. En México, 67 de cada 100 personas son pobres y vulnerables. Esta cifra, además de alarmante, sugiere que los derechos sociales básicos se encuentran erosionados.
El desmantelamiento del sistema de salud tal como estaba antes de 2018, que con sus fallas había avanzado significativamente en la cobertura de atención a toda la población con el llamado Seguro Popular, se ha convertido en un obstáculo significativo para la movilidad social. La desinversión pública en el sector en los últimos años, adicionados a las fallas en el diseño de la política pública y en su falta de eficacia como lo han demostrado diversos estudios y organizaciones, ha dado lugar a una inversión más alta del sector privado que mitiga el daño pero no puede resolverlo en el largo plazo.
De acuerdo con el reporte reciente de Signos Vitales (2025, pp. 146-9), entre 2018 y 2023 una de las muy pocas actividades económicas que avanzaron más fue el sector salud. El crecimiento de su PIB fue de 11.2 %, tres veces superior al de toda la economía (Inegi, 2024a), y representó el 12.1 % del crecimiento de toda la economía. A su vez, 57.3 % del crecimiento del sector se explica por la aportación de las empresas privadas y los hogares: 41.2 % provino de la expansión de las actividades del sector privado y 16.1 % de los cuidados en el hogar, los cuales crecieron más que en el pasado debido a la crisis sanitaria de 2020. Si bien la capacidad instalada de servicios hospitalarios privados disminuyó entre 2008 y 2013 al pasar de 3 560 a 2 301 hospitales, entre 2013 y 2023 la infraestructura hospitalaria privada se recuperó parcialmente: creció en 789 hospitales, principalmente en hospitales generales, que ahora suman 1 945, igualando la cifra de 2008 (Inegi, 2025a).
Naturalmente este no es el camino a seguir para un sistema universal de salud. La política actual de intentar eliminar la fragmentación del sistema marcha en una dirección correcta, pero su logro depende en primer lugar de la estructura del mercado laboral, la informalidad y la reforma fiscal que permita financiar un sistema universal de calidad. Cada vez se depende más del gasto privado en salud, que de acuerdo con la ENIGH 2025 aumentó nuevamente en los últimos dos años, y que ha sido facilitado por las transferencias públicas como pagos en efectivo a diversos grupos de la población, no puede representar una solución de largo plazo. Los obstáculos en salud a la movilidad social se han vuelto más difíciles de remontar.
El origen socioeconómico pesa más que el esfuerzo individual en los resultados de vida.
Un tercer motor clave de la movilidad social es la fuerza de la educación. En décadas pasadas, con la amplitud de la cobertura educativa, la educación parece haber jugado un papel en la posibilidad de acceder a oportunidades que antes estaban cerradas. Los datos muestran que cada vez más tenemos una cobertura casi universal de la primaria, mucho menos en la educación secundaria, y brechas importantes en la educación superior. A pesar de estos avances, no se han registrado mejoras significativas ni en productividad ni en niveles de aprendizaje, y las perspectivas hacia adelante son menos halagüeñas. En cuanto a la productividad, el aumento de la informalidad permite visualizar que la productividad va a seguir tendiendo a la baja, al menos si no se hace algo contundente para revertir esa tendencia (Levy y López-Calva, 2023). Independientemente de si hay o no una relación causal entre informalidad y baja productividad, existe por lo menos una relación estadística que no es posible soslayar.
En cuanto al aprendizaje, su deterioro se aceleró por la pandemia y la fallida respuesta del gobierno para atender sus consecuencias. Además, la llamada generación covid sufrió mucho más que la pérdida de aprendizajes: se perdieron conocimientos y habilidades relacionadas con el progreso académico por lagunas prolongadas o discontinuidades en la educación del estudiantado. De acuerdo con Hevia, Vergara Lope y Velásquez (2024), esta pérdida se refleja tanto en la falta de retención de conocimientos generales como en el estancamiento del avance escolar. Hubo una doble afectación: el deterioro de aprendizajes previamente adquiridos y los aprendizajes que no se produjeron debido al cierre de escuelas. En México se estimó que un cierre escolar de 60 días podría reducir en 24 % los aprendizajes (de Hoyos, 2020). Por su parte, Monroy-Gómez, Vélez-Grajales y López-Calva (2021) plantearon que una pérdida de aprendizajes equivalente a un tercio de un año escolar podría traducirse, en el corto plazo, en una pérdida acumulada de hasta un año completo más adelante en la trayectoria educativa de las y los estudiantes si la educación a distancia hubiese sido totalmente efectiva. De no ser así, la pérdida a corto plazo sería de un año completo, y en el largo plazo podría alcanzar el equivalente a dos años de aprendizaje. Esta situación afectó de manera desproporcionada a la región sur del país, donde el impacto fue hasta tres veces mayor que en la región centro.
Por su parte, la contrarreforma educativa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador comienza a mostrar su impacto. El cambio en los planes y programas de estudios, en el contenido de los materiales de enseñanza —en especial de los libros de texto—, aunado a la inversión decreciente de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, están lastimando ese motor fundamental de la movilidad social. Si además se consideran los avances que están ocurriendo en otros países y en particular en el uso de la inteligencia artificial, la brecha entre las y los jóvenes mexicanos y los del resto del mundo va a ser inalcanzable. Ya no se trata únicamente de la carencia de acceso a internet, que hoy por hoy equivale a no contar con energía eléctrica y que afecta a 65 % de las escuelas públicas en México, sino las formas de aprender, la exposición a la tecnología y el conocimiento en general que se requiere para el aprendizaje de relevancia. La inclusión digital por tanto también presenta una fuerte brecha: 92 % de los hogares no cuentan con suficientes dispositivos digitales, lo cual afecta mucho más a los hogares de bajos ingresos (ITESM y México Evalúa, 2025). Los pocos datos que aún quedan de evaluaciones del aprendizaje sugieren que este es muy bajo, que un alto porcentaje de las personas jóvenes no tienen un buen entendimiento de la lengua ni de las matemáticas (OCDE, 2023; Signos Vitales, 2025).
El desgaste institucional es un factor central que impide que los motores de movilidad funcionen adecuadamente. La desaparición o debilitamiento de instituciones autónomas, la recentralización de funciones, la eliminación de programas basados en evidencia, la ausencia de la evaluación de proyectos de inversión y el desmantelamiento técnico del aparato público, reducen las capacidades del Estado para dar acceso a derechos y proteger trayectorias de vida. Por ejemplo, la calidad de las escuelas y la efectividad del aprendizaje, o problemas de salud sin atender, afectan la movilidad social. En la medida que estas y otras instituciones fallan, las herramientas para la movilidad social se debilitan y llegan a ser incapaces de propiciar los avances de las personas y sus familias. Lo mismo ocurre con instituciones en campos que aparentemente no tienen tanta cercanía con los factores básicos que facilitan la movilidad social, como el medio ambiente y la seguridad jurídica.
De especial relevancia es el deterioro del Estado de derecho, corazón y sostén del andamiaje institucional que permite u obstaculiza la movilidad socioeconómica de las personas y los hogares. México ha descendido su posición en los últimos años y actualmente se ubica en el lugar 121 de 143 países en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (2026), con una calificación de 0.40. La impunidad estructural alcanza al 99 % de los delitos cometidos y apenas el 0.26 % de las víctimas obtiene una respuesta efectiva del sistema judicial. La percepción de corrupción en los tribunales es de 53.6 % y en 90 % de los municipios no existe Ministerio Público ni juzgados. Además, la elección de juezas y jueces por voto popular, aprobada con muchos cuestionamientos y como parte de una reforma sin sustento técnico, pone en riesgo la imparcialidad judicial y evidencia la desinstitucionalización progresiva del Estado. La falta de justicia y certidumbre legal refuerza la desigualdad estructural, además de que promueve y profundiza la exclusión.
El avance del crimen organizado en el territorio que se ha experimentado en los últimos años por la incapacidad del Estado de proveer seguridad a la población es el desplazamiento de personas y familias enteras de sus lugares de origen. A ello se suma el reclutamiento de jóvenes por el crimen organizado y la tasa de mortalidad excesiva de jóvenes por agresiones. Uno de cada cuatro fallecimientos de la población entre 18 y 29 años de edad es por homicidio. Estos fenómenos truncan las trayectorias de vida de los hogares y personas que dificultan o de plano anulan la movilidad social. Tener que cambiar de domicilio, dejar detrás su casa, tierras e incluso animales y tener que iniciar de nuevo obstaculiza el desarrollo de las capacidades de las personas. La muerte prematura es, lamentablemente, el extremo de la privación para jóvenes que tenían un futuro.
Un análisis pormenorizado: el reporte de Signos Vitales
Frente a este deterioro multidimensional, el reciente reporte de Signos Vitales (Signos Vitales, 2025) ofrece una radiografía del país para quienes buscan comprender la magnitud y la complejidad de la crisis de movilidad social que enfrenta México. Con una estructura basada en grupos etarios, el análisis permite observar cómo las condiciones de vida, el acceso a derechos y las posibilidades de ascenso se manifiestan de manera diferenciada a lo largo del ciclo de vida. Desde la primera infancia hasta la vejez se identifican momentos críticos en los que el Estado podría intervenir con mayor eficacia, así como omisiones que resultan irreversibles. Esta división no es solo metodológica sino estratégica, ya que permite trazar líneas de política pública orientadas a la prevención, corrección o compensación de desigualdades acumulativas y acumuladas en el tiempo.
De manera ilustrativa, a continuación presento algunos ejemplos por grupo etario que vienen desarrollados en el reporte:
Las desigualdades regionales y de género profundizan la inmovilidad social.
La primera infancia, etapa crucial para el desarrollo físico, cognitivo y emocional, presenta condiciones alarmantes. Hay 12.4 millones de niñas y niños menores de seis años, de los cuales 41.9 % vive en pobreza, 37.7 % no tiene acceso a servicios de salud (Inegi, 2025) y 12.8 % sufre desnutrición crónica. El 11.9 % presenta anemia y en zonas rurales esta cifra se eleva a 23.4 %. Además, únicamente 79.5 % alcanza un desarrollo infantil temprano adecuado (Shamah, et al., 2024). Los programas de vacunación son incompletos y determinan que en unos años la incidencia de ciertas enfermedades será mucho mayor. Por ejemplo, en 2022, solo uno de cada cuatro niños (26.6 %) de dos años de edad reportaron tener el esquema completo de vacunación, mientras que en los menores de un año este porcentaje fue de 42.6 % (Mongua, et al., 2023). La última medición de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) indica que estos porcentajes no mejoraron (Shamah, et al., 2024). Estas cifras revelan que el entorno en el que nacen millones de niños mexicanos no solo es adverso, sino que condiciona su vida futura. La reducción de nacimientos en 31.1 % entre 2010 y 2023 y la contracción demográfica del centro del país (-19.2 % en menores de un año), anticipan una transición que el Estado aún no está preparado para atender.
Durante la niñez y adolescencia, el sistema educativo y de salud debería consolidar oportunidades y cerrar brechas; sin embargo, los adolescentes mexicanos enfrentan rezago educativo, violencia, abandono escolar y falta de acceso a servicios básicos. El 20 % de las niñas y los niños trabaja, el embarazo adolescente se mantiene elevado y la deserción educativa se incrementa. El reporte destaca a Sinaloa como caso de estudio, donde 76.7 % de las y los adolescentes considera que vivir en su comunidad es peligroso y 26.4 % conoce a alguien cercano que ha sido asesinado. La desigualdad de aprendizajes y la ausencia de protección institucional en esta etapa comprometen seriamente el futuro laboral y personal de millones de jóvenes.
En el inicio de la vida productiva (15 a 29 años), el panorama se torna aún más complejo: 15.6 millones de personas jóvenes enfrentan pobreza o exclusión, de los cuales 4.9 millones no estudian ni trabajan (identificados como “ninis”, concepto considerado como discriminatorio para esta población), 7.6 millones están empleados de forma precaria y 3.1 millones estudian en condiciones de pobreza. La desconexión entre el sistema educativo y el mercado laboral impide generar transiciones exitosas y el acceso a empleos dignos es limitado. El Estado ha acentuado el problema al distorsionar las señales del mercado y fortalecer estructuras sindicales insostenibles (Signos Vitales, 2025).
Además, los problemas de salud mental y el aumento del suicidio juvenil dan cuenta de una crisis estructural. La evidencia es estremecedora: cada 24 horas fallecen alrededor de 99 jóvenes por suicidio en México. En 2023, 36 416 jóvenes de entre 18 y 29 años murieron por esta causa. Las tres principales causas de muerte entre personas de estas edades son: homicidios (27.8 %), accidentes de transporte (13.4 %) y suicidio (8.4 %) (Redim, 2024). El crimen organizado ha ampliado su capacidad de reclutamiento entre jóvenes sin alternativas y muchos optan por la migración como única vía de movilidad. La pérdida en la población joven, de poco más de un millón de personas, es irreparable y el mercado laboral sigue envejeciendo.
La edad adulta (30 a 59 años), que debería ser una etapa de consolidación económica y familiar, para muchas personas es una época en que se prolonga la precariedad. Las mujeres, en particular, enfrentan una sobrecarga de tareas de cuidado no remunerado que limita su inserción laboral. La falta de un sistema nacional de cuidados perpetúa la desigualdad de género y restringe la generación de ingresos para los hogares, pues 50 % de las mujeres están fuera del mercado laboral por esta causa. Además, la cobertura de salud es insuficiente (normalmente en esta etapa de la vida es cuando los hogares cargan con gastos catastróficos familiares) y los asaltos y las extorsiones trastocan la estabilidad económica de los hogares. Así, las trayectorias laborales se ven interrumpidas o degradadas por diversos eventos o situaciones que las instituciones públicas que deberían atenderlas y mitigarlas no lo hacen, lo que compromete tanto el ingreso presente como el acceso a pensiones dignas en el futuro. De la misma forma, los engranajes de la movilidad social tienden a atascarse si no hay buen funcionamiento institucional, como la procuración de la justicia. Solo el 1 % de los delitos denunciados llega a un juez y la confianza en las instituciones está en mínimos históricos.
Finalmente, las personas adultas mayores, más allá de su mejora significativa por la pensión universal que amplió la cobertura de 11 % de hogares cubiertos en 2018 a 23 % en 2024 (Inegi, 2025b), enfrentan una etapa caracterizada por el abandono institucional. El 23.6 % vive en pobreza y uno de cada tres es vulnerable por carencias sociales, y la mayoría depende de pensiones no contributivas que, si bien han mejorado su situación, son insuficientes para cubrir necesidades básicas (Inegi, 2025c). El deterioro del sistema de salud afecta directamente a este grupo y a las familias que los sostienen, pues el acceso a servicios médicos especializados es limitado y la dependencia funcional crece sin una red pública de cuidados. El envejecimiento poblacional avanza, pero la estructura institucional y fiscal no se ha adaptado a este cambio demográfico que ya tenemos encima, pues los adultos mayores abandonan el mercado laboral a una mayor velocidad que en el pasado. Las mujeres mayores, que enfrentaron exclusión laboral durante su vida, son doblemente vulnerables en la vejez. Esta etapa evidencia las consecuencias acumuladas de décadas sin protección efectiva.
El reporte de Signos Vitales concluye que la movilidad social en México se encuentra comprometida por el desgaste de sus motores. En su análisis, cada grupo etario parece vivir atrapado en una realidad distinta, sin puentes que los unan ni políticas que los reconozcan como parte de un mismo proyecto social y de país. Lo que debería ser una cadena de desarrollo intergeneracional se ha convertido en una secuencia de carencias que se acumulan. La estructura social no sólo reproduce la desigualdad, sino que castiga el esfuerzo individual cuando este no se acompaña de condiciones institucionales adecuadas. Cabe destacar que al organizar el análisis por grupos etarios, el reporte ofrece una herramienta para diseñar políticas públicas específicas que respondan a los desafíos concretos de la sociedad.
Comentarios finales
El reporte de Signos Vitales y diversos datos estadísticos, como los de la ENIGH 2025, confirman que los motores de la movilidad social en México se encuentran desgastados y con un funcionamiento menos eficaz que en el pasado. Si de por sí la movilidad social en nuestro país es estructuralmente baja, como ha sido ampliamente reportado por el CEEY, la fragilidad y el deterioro de aquellos factores esenciales para que avance permite visualizar un futuro poco halagüeño. Aunque el esfuerzo individual continúa siendo el principal sostén de los hogares, el bajo crecimiento económico, la precariedad laboral, el deterioro del sistema de salud, la pérdida de calidad educativa y el debilitamiento institucional conforman un entramado que limita de manera estructural las oportunidades de ascenso social. En particular, la crisis de inseguridad, la extorsión y la presencia del crimen organizado en vastas zonas del país, no solo limita el ejercicio pleno de derechos de individuos y entidades privadas sino también la inversión en capital físico y humano, por lo que se continúa la precariedad.
Sin instituciones sólidas, la movilidad se convierte en excepción.
La reducción reciente de la pobreza monetaria, aunque relevante, no ha modificado las bases estructurales de la desigualdad de oportunidades. Sin un crecimiento económico sostenido, sin empleos productivos y sin instituciones capaces de garantizar derechos de manera universal y efectiva, la movilidad social seguirá siendo una excepción y no la norma.
Reactivar los motores de la movilidad social requiere una estrategia integral y de largo plazo. Ello implica, al menos, cinco líneas de acción:
1) una política económica orientada al crecimiento inclusivo que erradique la pobreza y potencie la productividad;
2) una reforma fiscal que permita financiar derechos sociales universales para garantizar su acceso;
3) la reconstrucción del sistema de salud como pilar de bienestar y protección y la creación de un sistema de cuidados;
4) una transformación profunda del sistema educativo centrada en el aprendizaje y la inclusión digital; y
5) recuperar la división de poderes y fortalecer el Estado de derecho, la rendición de cuentas y la seguridad pública para garantizar la permanencia y viabilidad de nuestros valores democráticos.
Sin estas condiciones, el esfuerzo individual seguirá enfrentando barreras insalvables y la desigualdad continuará reproduciéndose de generación en generación. La movilidad social no es solo un objetivo deseable; es una condición indispensable para la cohesión social, la estabilidad política y el desarrollo económico sostenible de México.
(1) Hay ciertas dudas sobre la precisión de las cifras de ingresos de los hogares derivadas de la ENIGH, por falta de consistencia con otras variables macroeconómicas de cuentas nacionales a lo largo del tiempo. Cambios en la metodología parecen explicar estas diferencias (Leyva, 2025).
* Departamento de Economía, CUCEA, Universidad de Guadalajara. Presidente de Signos Vitales.
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