Año 1, núm. 7, febrero de 2026
ISSN 3122-3583
tendencia
Luchar contra la invisibilidad: la fragilidad de los derechos sociales
Rodrigo Quintero Murguía
El debilitamiento del orden internacional no es una abstracción diplomática: tiene consecuencias directas sobre la vida y los derechos de millones de personas. Cuando el multilateralismo se erosiona, las luchas colectivas —en especial las de los grupos históricamente excluidos— pierden visibilidad, respaldo y capacidad de incidencia.
El año en curso comenzó con un panorama internacional más complejo de lo previsto. A las amenazas arancelarias y no arancelarias se sumaron hechos de mayor gravedad, como la intervención directa en Venezuela y la posibilidad de una invasión al territorio autónomo de Groenlandia, perteneciente a Dinamarca.
Estas acciones desdibujan pilares fundamentales del derecho internacional contemporáneo, entre ellos la prohibición del uso de la fuerza, la igualdad soberana de los Estados, el principio de no intervención y la solución pacífica de las controversias, todos consagrados tanto en la Carta de las Naciones Unidas como en la Carta de la Organización de los Estados Americanos.
La crisis del multilateralismo debilita la protección de los derechos humanos, especialmente de los grupos más vulnerables.
A este escenario se añadió, pocos días después, el anuncio de la retirada de Estados Unidos de 66 organizaciones y tratados internacionales. Al respecto, Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional, señaló con contundencia: “Esto es una agresión vengativa y temeraria contra la legitimidad y la integridad de las Naciones Unidas y del orden internacional basado en normas que han sido la base de la cooperación global en los últimos 80 años.”
Ante estos hechos, el público lector podría preguntarse: ¿cómo afectan estas decisiones a la vida cotidiana y, particularmente, a los movimientos sociales? La respuesta radica en que tanto el derecho internacional como los organismos multilaterales han sido instrumentos clave para las organizaciones de la sociedad civil, especialmente para aquellas que luchan por la reivindicación de los derechos económicos, sociales y culturales.
Un ejemplo paradigmático es la lucha internacional de las trabajadoras del hogar y sus repercusiones en México y en el mundo. Durante décadas, este sector permaneció excluido del reconocimiento pleno de los derechos laborales, en gran medida debido a estructuras patriarcales y económicas históricamente dominantes. Así, la Ley Federal del Trabajo de 1931 no consideró necesaria la existencia de un contrato vinculante, y la Ley del Seguro Social de 1943 determinó que su afiliación no era obligatoria.
La cooperación internacional ha sido clave para visibilizar luchas históricamente ignoradas, como la de las trabajadoras del hogar.
No fue sino hasta 1988 cuando las trabajadoras del hogar, en alianza con académicas y activistas feministas, lograron celebrar la primera reunión regional en Bogotá, Colombia, dando origen a la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar (Conlactraho). Este hito no puede comprenderse de manera aislada, sino en el contexto del retorno a la democracia en gran parte de América del Sur y de la construcción de un nuevo orden regional e internacional basado en los principios de cooperación y multilateralismo, ausentes durante buena parte de la Guerra Fría.
La consolidación de principios constitucionales, junto con la apertura a la participación de partidos políticos, actores de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales, así como la creación de instituciones estatales de defensa de los derechos humanos, abrió la posibilidad de que grupos históricamente excluidos pudieran reivindicar sus derechos por vías pacíficas e institucionales.
En México, este proceso se reflejó en la creación y fortalecimiento de instituciones clave para la democracia, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM). Estas instancias, junto con el entonces Instituto Nacional de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres CDMX) —posteriormente el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Conapred)— y organizaciones como el Fondo Semillas y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir contribuyeron de manera decisiva a colocar en la agenda pública los derechos humanos de las trabajadoras del hogar.
Cuando los Estados se repliegan, la sociedad civil pierde aliados estratégicos.
En 2006, Marcelina Bautista, directora del entonces recientemente creado Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), asumió la secretaría general de la Conlactraho durante el primer encuentro internacional de trabajadoras del hogar celebrado en los Países Bajos. En dicho evento se reunieron representantes de los cinco continentes, se consolidó una red internacional del sector y se formularon propuestas concretas para el avance de los derechos laborales.
Ante la falta de avances sustantivos en muchos ámbitos nacionales, las trabajadoras del hogar llevaron sus demandas a la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Tras años de negociación, incidencia y campañas internacionales, en 2011 se aprobó el Convenio 189, el cual reconoce de manera explícita que el trabajo doméstico es trabajo y establece la obligación de los Estados de garantizar a las personas trabajadoras del hogar los mismos derechos que al resto de la fuerza laboral. En México, este instrumento fue ratificado por el Senado de la República el 12 de diciembre de 2019, permitiendo la incorporación de los derechos de este sector productivo a la Ley Federal del Trabajo.
De acuerdo con la OIT, existen más de 67 millones de personas trabajadoras del hogar en el mundo, muchas de las cuales permanecen excluidas de las protecciones laborales y del acceso a la seguridad social.
La erosión del orden internacional refuerza desigualdades estructurales, no las corrige.
La experiencia de las trabajadoras del hogar demuestra que el multilateralismo y las instituciones internacionales no son estructuras abstractas ni ajenas a la realidad social, sino herramientas fundamentales para que las organizaciones de la sociedad civil transformen demandas históricas en derechos jurídicamente exigibles.
La progresiva erosión del multilateralismo y el debilitamiento de los organismos internacionales representan, por tanto, una amenaza directa para las organizaciones de la sociedad civil, especialmente para aquellos que carecen de nexos con el poder político y económico en el ámbito nacional.
Sin espacios multilaterales, normas internacionales y mecanismos de cooperación, las luchas colectivas pierden visibilidad, incidencia y protección. Defender el multilateralismo es, en última instancia, defender la posibilidad de que los derechos humanos sigan siendo una construcción colectiva, universal y accesible para todas y todos.
