Año 1, núm. 6, enero de 2026
ISSN 3122-3583
a fondo
El cuento de nunca acabar: militarización y atrocidades en la guerra mexicana contra las drogas (2006-2025)
José Antonio Guevara Bermúdez *
Desde 2006, la militarización de la seguridad pública en México ha producido una espiral de violencia que no se detiene. Este texto sostiene que la llamada “guerra contra las drogas” no solo ha fracasado en sus objetivos, sino que ha normalizado la excepción, profundizado la impunidad y multiplicado las violaciones graves a los derechos humanos.
Desde 2006, México se ha hundido en una espiral de violencia producida por la política de seguridad militarizada que, lejos de disminuir, se agrava cada día. La decisión de sacar a los militares a las calles para hacer frente a la delincuencia organizada, la expansión de los grupos criminales por todo el territorio y una impunidad que se acerca al 100%, han creado la tormenta perfecta.
En diciembre de aquel año arrancó en el país lo que hoy se conoce como la “guerra contra las drogas”. El gobierno de Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico y desplegó a miles de soldados y marinos en operativos militares, para desempeñar tareas que no les corresponde. La estrategia era clara: “neutralizar” a los líderes de los cárteles matándolos, deteniéndolos, extraditándolos y, más recientemente, entregándolos ilegalmente a Estados Unidos para que allá sean juzgados, pero esta estrategia ha resultado contraproducente, pues ha generado enormes costos sociales y ha debilitado la institucionalidad democrática, lo cual será complejo revertir, regenerar.
En lugar de desmantelar a los grupos criminales, la estrategia provocó su división o reconfiguración, así como una lucha sangrienta por el poder y los territorios, lo que abrió la puerta a una ola de violencia y de violaciones a los derechos humanos, algo sin precedentes en la historia reciente del país. Las tres administraciones que siguieron, de Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo, han mantenido —cada uno a su manera y con su propio matiz narrativo— el modelo punitivista, militarizado, donde los enfrentamientos armados ocurren cotidianamente.
La violencia, los militares en las calles haciendo uso de la fuerza letal y el impacto brutal en la población civil, obliga a preguntarnos si lo que vive México es una guerra. No es una pregunta teórica. Si la respuesta es afirmativa, las reglas cambian por completo. El Estado tendría otras obligaciones, sobre todo en materia de cómo emplear la fuerza armada, así como para proteger a quienes no participan en los combates o enfrentamientos, tales como civiles, heridos, detenidos, desplazados, periodistas y personal médico, entre otros.
La “guerra contra las drogas” convirtió una política de seguridad en un conflicto armado prolongado.
Este texto explora cómo empezó esta guerra y la violencia actual; además, se colman las características de un conflicto armado no internacional. También repasa cómo se ha instalado un patrón de desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales que podrían ser consideradas crímenes de lesa humanidad o, incluso, de guerra. Al final, se plantean algunas salidas a esta crisis que parece no tener fin.
La “guerra contra las drogas”: ¿retórica o realidad?
La idea de prohibir las drogas no es nueva: se remonta a principios del siglo XX con las conferencias y tratados sobre el opio, pero fue en 1971 cuando el presidente estadounidense Richard Nixon declaró a las drogas como el “enemigo público número uno” y lanzó su famosa guerra contra las drogas. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha contribuido con la definición de una estructura legal e institucional en la que se sustenta el prohibicionismo, es decir, el empleo del derecho penal para hacer frente a un problema que debiera ser atendido por instituciones educativas y de salud.
Lo que empezó como una metáfora, se convirtió en México en una guerra en el sentido jurídico del término. Desde mediados del siglo pasado, el país recurrió a la mano dura para combatir al narcotráfico: destruía plantíos, detenía arbitrariamente a cultivadores y traficantes, los torturaba, e incluso usaba la fuerza letal. De hecho, fuimos el primer país en usar sistemáticamente al Ejército para combatir al narco, según nos lo recuerda Luis Astorga.
No obstante, el punto de quiebre fue en 2006, cuando el presidente Calderón sacó masivamente a los militares a las calles para “recuperar” territorios y alejar las drogas de las y los jóvenes. Desde entonces, el debate técnico comenzó: ¿la guerra contra las drogas es solo una forma de hablar o México atraviesa un conflicto armado interno?
El conflicto armado en México
El derecho internacional humanitario (DIH), que regula las guerras o conflictos armados, establece que un conflicto armado de carácter no internacional, coloquialmente conocido como interno existe cuando se presentan enfrentamientos prolongados entre las Fuerzas Armadas gubernamentales y grupos organizados o entre estos grupos. Para saber cuándo se está frente a un conflicto de esta naturaleza, se deben analizar y satisfacer dos elementos: un cierto nivel intensidad de la violencia armada y un determinado grado de organización de los grupos no estatales que combaten.
El uso sistemático de las Fuerzas Armadas en tareas policiales incrementó la violencia y el daño a la población civil.
El DIH requiere que los enfrentamientos armados sean de cierto nivel de intensidad para lo que se hace necesario examinar una serie de indicadores, como el tipo de armas empleadas, el número y frecuencia de los enfrentamientos, la cantidad de personas que mueren en ellos, han sido heridas o se han visto forzadas a desplazarse huyendo de las hostilidades, la destrucción material de bienes o infraestructura, entre otros.
Los cárteles mexicanos usan armas de guerra: rifles de alto calibre, blindados artesanales, explosivos y hasta drones. Para combatirlos, el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional responden con el mismo tipo de armamento. Entre 2006 y 2024, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) reportó más de 5 800 enfrentamientos. El saldo es brutal: más de 7 000 civiles, casi 700 militares y unos 2 000 policías muertos. A esto hay que sumarle que casi 400 000 personas han tenido que abandonar sus hogares huyendo de la violencia, desplazándose al interior del país para encontrar un lugar menos inseguro.
Por otra parte, el nivel de organización de un grupo armado se acredita a partir de un conjunto de indicadores, entre los que destacan la existencia de una estructura de mando identificable, una cadena de autoridad y disciplina interna, la capacidad de planear, coordinar y ejecutar operaciones armadas sostenidas, así como la posibilidad de reclutar, entrenar y movilizar combatientes. A estos elementos se suma la capacidad para controlar territorio o moverse libremente por él, imponer reglas de conducta a la población, administrar recursos logísticos y mantener comunicaciones operativas.
Al respecto, un estudio publicado en 2018 por la Universidad de Leiden encontró que siete cárteles, como el de Sinaloa o el Jalisco Nueva Generación que actualmente controlan y operan en numerosos estados de la República, estaban lo suficientemente organizados para ser considerados grupos armados conforme al derecho de la guerra. Dichos grupos cuentan con un liderazgo identificable, cadenas de mando que les permitan ejercer disciplina, reclutan y entrenan mucha gente, cobran derecho de piso a la ciudadanía. Su capacidad logística para comprar armas, mover dinero y materiales que les permitan participar en enfrentamientos es de grandes dimensiones. Un estudio de la revista Science estimaba que, en 2022, las organizaciones criminales tenían entre 160 000 y 185 000 miembros. Son estructuras con capacidad militar en el sentido amplio del término.
En México se cumplen los dos requisitos: nivel de intensidad suficiente de los enfrentamientos y grado de organización de los grupos armados, por lo que es posible hablar de la existencia de un conflicto armado de carácter no internacional o interno, lo cual acarrea consecuencias jurídicas de gran calado. Significa que tanto el Estado como los grupos criminales deben respetar las leyes de la guerra, que tienen que proteger a la población civil y limitar estrictamente el uso de la fuerza letal de manera que se respeten los principios de necesidad, proporcionalidad y sobre todo distinción de objetivos militares y civiles. Este último parte del supuesto de que, en caso de duda de si una persona es combatiente o no, se debe presumir que se trata de civiles, existiendo una prohibición tajante de dirigir ataques armados en su contra. Reconocer una situación como conflicto armado interno también abre la puerta a que los responsables de atrocidades en todos los niveles sean juzgados por crímenes de guerra, no solo en México, sino en cortes internacionales o de terceros países.
La impunidad cercana al cien por ciento sostiene la repetición de atrocidades.
Las atrocidades cometidas en la guerra
La violencia no solo la producen las organizaciones criminales, a pesar que las cuatro administraciones presidenciales no se han cansado de repetir que las ejecuciones, las desapariciones y otras violaciones a derechos humanos son atribuibles a los cárteles de la droga. Organizaciones civiles han documentado miles de casos de abusos cometidos por el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. Incluso datos oficiales reconocen esa circunstancia. Por ejemplo, en el Registro Nacional del Delito de Tortura se han inscrito los casos de más de 31 000 víctimas de dicha violación grave de derechos humanos entre 2018 y 2025, de las cuales más de 8 000 son atribuibles a la Guardia Nacional o a las Fuerzas Armadas.
Hay más de 124 000 personas desaparecidas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, con el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa como el ejemplo más doloroso de un patrón en el que participan agentes del Estado en contubernio con organizaciones criminales. Una reconocida organización de la sociedad civil que representa casos de desapariciones forzadas en Nuevo León y Tamaulipas ha encontrado que en el 51 % de los casos relativos a 880 víctimas de desaparición están involucradas autoridades municipales, estatales o federales.
Las ejecuciones extrajudiciales, por otra parte, son una práctica constante: casos como los de Tlatlaya, los estudiantes del TEC de Monterrey o la masacre de Nuevo Laredo, donde los militares mataron a civiles y lo hicieron pasar por un enfrentamiento, se repiten una y otra vez.
Estos no son casos aislados, por el contrario se trata de una muestra de un patrón de crímenes sistemáticos y generalizados cometidos en contra de la población civil, lo que en el derecho internacional se conoce como crímenes de lesa humanidad. Si se reconoce que hay un conflicto armado, también son crímenes de guerra.
Con una impunidad que supera el 96 % en México es evidente que el Estado mexicano ni quiere ni puede hacer justicia para las centenas de miles de víctimas, lo cual permite que esos crímenes se repitan a una escala no vista en ningún país de la región de América Latina, incluso aquellos que han pasado por décadas de conflictos armados, regímenes dictatoriales o autoritarios.
La militarización se perpetúa como política de Estado, a pesar de su fracaso evidente.
¿Cuál es la ruta de salida para frenar la violencia militarizada?
Frente a este desastre es urgente cambiar de rumbo. Se necesita una nueva política de drogas centrada en la salud pública y los derechos humanos, no en la guerra, ni el punitivismo penal. Para ello se tiene que reformar de raíz el sistema de justicia en México para que las y los titulares de las fiscalías y las y los jueces sean realmente independientes, imparciales y profesionales, mediante un proceso que debe ser acompañado por la ONU para asegurar que su estructuración se haga conforme a los estándares sobre independencia judicial y mejores prácticas comparadas. Solo con fiscalías y un Poder Judicial independiente y profesional se podrá llevar a juicio a las y los responsables de las atrocidades.
También es indispensable, por supuesto, regresar a los militares a sus cuarteles de inmediato, de manera que la seguridad quede en manos de policías civiles, profesionales, entrenados adecuadamente en el respeto irrestricto de los derechos humanos y en uso de la fuerza aplicable a las y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. También las Naciones Unidas podrían brindar asistencia técnica para la conformación de cuerpos policiacos conforme a dichos requisitos.
Para juzgar las atrocidades del pasado y del presente se pueden explorar varias vías. Una es que la Corte Penal Internacional investigue y procese a los máximos responsables, tanto del gobierno como de los cárteles. Otra es crear un mecanismo internacional, con apoyo de la ONU, que ayude a México a investigar estos crímenes y que tenga atribuciones para presentar casos ante los tribunales nacionales y lograr justicia, similar a lo que ocurrió con la Comisión Internacional para Combatir la Impunidad en Guatemala (CICIG) o las Cámaras Extraordinarias de las Cortes de Camboya.
Otros países podrían activar su jurisdicción universal para juzgar los crímenes de guerra y lesa humanidad que se han cometido desde 2006, como en su momento hizo España a finales de los años noventa con las dictaduras militares de Chile y Argentina.
La “guerra contra las drogas” que pudo haber empezado como retórica se ha convertido en un conflicto armado que ha dejado un país roto y cientos de miles de víctimas. La normalización de los enfrentamientos, las detenciones arbitrarias, la tortura, las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales, junto a una impunidad casi total, nos dicen que México necesita un cambio profundo, con la necesaria ayuda internacional. Sin desmilitarizar la seguridad, cambiar el paradigma respecto de cómo tratar el tema de las drogas, reformar la justicia y encontrar la forma de que las personas responsables paguen por sus crímenes, esta espiral de violencia e impunidad seguirá siendo el cuento de nunca acabar.
