La ilusión de la supremacía doctrinal de los derechos humanos

En la segunda mitad del siglo XVII, el pensador inglés John Locke argumentó que las personas –en aquel momento solamente ciertas categorías de personas– tenían un paquete básico de “derechos naturales”. Vida, libertad y propiedad: prerrogativas inherentes a su naturaleza como creaturas de Dios; indispensables para poder escapar de los riesgos del “estado de naturaleza” y florecer, de acuerdo con los designios divinos. Esta formulación evolucionó y se convirtió en la doctrina de “derechos del hombre y del ciudadano”, hacia finales del siglo XVIII, en el marco de las revoluciones norteamericana y francesa.

“Mantenemos estas verdades como evidentes en sí mismas: que todos los hombres son creados iguales, que son provistos por su creador de ciertos derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”, estableció la potente y entrañable formulación de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Poco más de siglo y medio después, tras una larga etapa de desprestigio y letargo, esta propuesta reemergió con fuerza y se materializó en la doctrina contemporánea de los derechos humanos, formalizada mediante la adopción la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), hace 77 años.

El corazón de esta doctrina centenaria es la propuesta radical de que la persona humana es la unidad fundamental de valor moral y que todas las personas, sin ningún tipo de distinción, somos igualmente valiosas y por lo tanto somos intrínseca e inalienablemente iguales en dignidad y derechos –libertades, inmunidades y prerrogativas–. La radicalidad de esta propuesta está en poner a la persona humana por encima de otros entes para los cuales se puede también reclamar un lugar de supremacía en valor moral –el Estado, las iglesias, las naciones, las comunidades, las familias, etcétera–, y porque elimina la posibilidad de la existencia legítima de cualquier tipo de jerarquía social.

A lo largo de los siglos de su existencia, la doctrina de derechos humanos ha competido por la supremacía doctrinaria con rivales como el conservadurismo –que privilegia la preservación de los valores sociales y políticos “tradicionales” –, el utilitarismo –que propone buscar “el mayor beneficio para el mayor número”, sin importar la suerte de las minorías–, el marxismo –que cuestiona el poder emancipador de los derechos humanos, considerados como los derechos de la persona burguesa–, el comunitarismo –que pone a las comunidades y sus intereses por encima de los de los individuos que las conforman– o el nacionalismo –que otorga el mayor valor moral a “la nación” y sus intereses y justifica salvaguardarlos a cualquier costo–.

Parecería que, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la doctrina de derechos humanos –formalizada poco a poco en la dupla del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional– se impuso y se instaló como el pilar doctrinal de la nueva arquitectura organizativa formal a nivel internacional. Algunos dirían que, en 1948, con la adopción de la DUDH y la Convención contra el Genocidio, se adoptó un nuevo “pacto civilizatorio”. Tras la barbarie del Holocausto y, en general, de las atrocidades de las dos grandes guerras de la primera mitad del siglo XX, la humanidad habría dicho, a través de estos dos instrumentos: “nunca más”.

Pero lo cierto es que la doctrina de los derechos humanos no siempre las ha tenido todas consigo en la competencia con otras propuestas de organización social, política, económica y cultural de la humanidad. Su triunfo, tras diciembre de 1948, ha sido meramente formal. Una versión del marxismo dominó buena parte de Europa hasta la caída del bloque soviético, mientras que otra sigue vigente, como base doctrinal dominante, en China y algunos otros países. En América Latina, los derechos humanos fueron retados de manera abierta durante dos o tres décadas por élites políticas que proclamaron y aplicaron una doctrina nacionalista y conservadora. Más recientemente, lo gobiernos populistas de la región –de inspiración socialista o de corte conservador– han desarrollado narrativas y prácticas que retan de manera frontal la supremacía doctrinal de los derechos humanos.

En Estados Unidos y Europa, el discurso y la práctica de los derechos humanos han sido históricamente desactivados o encorchetados, con justificaciones nacionalistas, cuando se trata de la situación de la población migrante. Recientemente, claro, el resurgimiento del populismo –o, como dice Rob Riemen, del fascismo–nacionalista y racista (1)– en distintas democracias occidentales presenta paradójicamente un reto, algunos dirían existencial, a la doctrina y el régimen internacional de los derechos humanos.

El utilitarismo, por su parte, nunca ha perdido vigencia y predominancia práctica –si bien de manera subrepticia– como fórmula para la toma de decisiones en todo tipo de contextos y países. Independientemente de declaraciones, tratados y preceptos constitucionales, los Estados a menudo han optado por buscar “el mayor beneficio para el mayor número”, sin importar los derechos de distintas minorías, como las poblaciones indígenas o campesinas. En todas las latitudes, comunidades y pueblos siguen privilegiando los intereses colectivos, a menudos estrechamente ligados a la tradición y los “usos y costumbres”, por encima de los derechos de las personas que los conforman. El conservadurismo social, por su parte, no se ha opuesto a la doctrina de derechos humanos en sí, pero sí ha buscado limitar su evolución o establecer sus contornos, particularmente en lo que respecta a derechos sexuales y reproductivos o los derechos de la comunidad LGBTQ+. Recientemente, redes conservadoras transnacionales han comenzado a utilizar de manera cada vez más efectiva un discurso formal de derechos humanos para impulsar sus agendas, relacionadas sobre todo con la salvaguarda de la vida desde la concepción y la defensa de la familia tradicional.

En suma, en los hechos, durante estas casi ocho décadas tras la adopción de la DUDH, doctrinas rivales a los derechos humanos han prevalecido, en distintos momentos y contextos. Si bien la doctrina de los derechos humanos ha tenido predominancia formal, en la práctica ha sido desplazada por el marxismo, contenida por el conservadurismo y el comunitarismo, hecha irrelevante por el utilitarismo y amedrentada por el nacionalismo y el populismo. Los derechos humanos no han sido la doctrina dominante.

Seguramente, esta falta de supremacía doctrinaria, en buena medida oculta o invisibilizada, explica, al menos en parte, su escasa eficiencia práctica.  Como quiera que sea, la humanidad no “se civilizó” el 10 de diciembre de 1948. No estaba lista en aquel momento –como no lo está ahora– para realmente dar un paso adelante y escapar del “estado de naturaleza” mediante la adopción de un consenso sobre el valor moral fundamental de la persona humana y sobre la igualdad absoluta en dignidad y derechos de todas las personas. Un consenso de este tipo, en todo caso, se tendrá que construir. Las condiciones para que de que eso suceda, desafortunadamente, parecen mucho más adversas y las probabilidades menores hoy que hace 77 años.