Editorial Número 05 -La corrupción que nos mata

Este número está escrito por quienes podrían presentarse, hoy mismo, como el conjunto de voces públicas más autorizadas en el tema que nos ocupa. No tiene desperdicio. Pero hay que tomar aliento, porque más allá de las diferencias que distinguen a cada autor y autora y que singularizan sus miradas, hay en todos estos textos una convicción compartida: la corrupción puede combatirse y, eventualmente, erradicarse, pero nunca desde un régimen político que la necesita como agua para sobrevivir; para hacerse de alianzas, de nuevos espacios de autoridad y de respaldo social, o para inventar una realidad falsa con posverdades, mientras se niega a rendir cuentas exactas sobre lo que hace y deja de hacer. Cuando se convierte en la sangre que corre por la venas del sistema político no hay ninguna posibilidad de derrotar a la corrupción.

Dudo que haya un defecto más extendido por nuestra América. Doble herencia de la Colonia: hacer leyes para regular todo e incumplirlas o negociarlas porque son excesivas, ajenas o absurdas. No gana quien cumple las normas, sino quien aprende a sortearlas con más soltura. Sin embargo, no son inútiles: sirven para justificar empleos públicos, para asignar presupuestos, para crear trámites, para castigar a los enemigos, para fijar los montos de los negocios y para darles valor a las canonjías, los intercambios y las prebendas. Sin leyes todo sería un caos. Con ellas se organiza la corrupción.

Algunos países, como Uruguay o Chile, han logrado contenerla y avanzar en el respeto a la ley, después de atravesar por el pantano de dictaduras que fueron, por definición, la negación del derecho y la expresión más violenta de la captura política. Otros, como Perú o Argentina o Brasil, han intentado atajar los hechos de corrupción castigando a los titulares de los poderes que traicionaron su investidura para acumular riqueza y extender sus redes de influencia. Unos más han buscado el respaldo y la experiencia internacional para tratar de escapar de sus propios fantasmas, como Guatemala. Y otros, como México, han diseñado leyes y sistemas ejemplares que no se han cumplido ni respetado, pero que adornan bien los libreros de los poderosos de turno.

La mayor parte del tiempo, el Estado ha sido un campo de batalla; los puestos y presupuestos públicos, el botín de guerra. Durante la mayor parte de la historia ese botín se ha conquistado con armas, pero también se ha ganado con votos y en ocasiones, con armas y votos. La democracia sin trampas y sin violencia ha sido la excepción a la regla de la captura del mando, seguida de la exclusión y el abuso del poder político al servicio de la riqueza económica (y viceversa) en ciclos más o menos cruentos y más o menos perecederos. La corrupción, entendida como la captura abusiva de los poderes públicos para fines de dominación o acumulación, o ambos, ha sido el hilo conductor más potente de la historia de nuestra región.

Obsesionados con la conquista y la conservación del poder, casi todos los gobiernos de la región han alegado que la corrupción es cosa de otros: sus adversarios, los extranjeros, los traidores a la nación, los demás. Y con ese argumento han utilizado el combate a la corrupción como arma arrojadiza para denunciar y castigar a esos otros, siempre a los otros. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo de ese argumento un lema: “no somos iguales”. Y anunció que “las escaleras se barren de arriba hacia abajo”. Hugo Chávez se había anticipado: “ya no me pertenezco”, mientras Javier Milei esgrime una sierra eléctrica para cortar lo que sobra, entre un largo etcétera que confunde, deliberadamente, las causas de la corrupción con quienes abusan del poder que se les ha concedido para cortar cabezas y pescar “peces gordos”. Eso vende mejor que evitar la captura de los puestos, los presupuestos, la información, los procedimientos y las sanciones.

La corrupción ha minado el Estado de derecho y ha abierto las puertas a los criminales de cuello blanco, de cuello negro y de toda calaña. Si los puestos públicos se reparten, también pueden repartirse entre cárteles; si los presupuestos se asignan, se dispersan y se modifican discrecionalmente para ganar elecciones y comprar voluntades, también pueden usarse para pactar arreglos secretos, para lavar dinero y para hacer grandes fortunas; si la información es un recurso político que se manipula, se tuerce o se esconde, también puede inventarse con “otros datos”, con verdades a medias o con mentiras mil veces repetidas y amplificadas; si la burocracia se justifica por las rutinas y los trámites diseñados a modo, también pueden exceptuarse, venderse, negociarse, omitirse; si las leyes se utilizan para pavimentar y proteger decisiones políticas, también pueden servir para ayudar a los leales y someter a los adversarios. Una vez capturado, el Estado puede ser tan generoso con los amigos como feroz con los enemigos.

Los testimonios que se recuperan aquí desde la mirada de varios especialistas de nuestra América apenas difieren por el acento. La muy añejada experiencia de quienes han dirigido organizaciones como el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Transparencia Mexicana o Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad no es muy diferente de la que revelan aquí el experto que fungió como contralor de Pemex o el último secretario de la Función Pública del gobierno mexicano. Los textos de María Amparo Casar, de Eduardo Bohórquez y de Jorge Alatorre están entrelazados con los de Roberto Salcedo, Marino Castillo y Manuel Villoria, el experto de España que ha decidido pasar de las aulas a la acción pública. Como se advierte en este número de El Diluvio, la corrupción es un fenómeno que conocemos y reconocemos con familiaridad, porque ha estado con nosotros desde el principio y sabemos cómo llegó, dónde vive, cómo se mueve, qué hace, qué quiere. Y también sabemos que luchar contra ella es una tarea permanente, tenaz, colectiva e ingrata: la piedra de Sísifo sobre una ladera cada vez más terrosa, más inclinada y más peligrosa.