Año 1, núm. 5, diciembre de 2025
ISSN 3122-3583
a fondo
Algunas enseñanzas que deja el Sistema Nacional Anticorrupción
Jorge A. Alatorre
El análisis del Sistema Nacional Anticorrupción revela un entramado frágil: instituciones debilitadas, mecanismos capturados y un combate que se vuelve performativo cuando la política utiliza la causa anticorrupción para perseguir adversarios y proteger aliados.
El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) ha motivado una buena cantidad de artículos al respecto de su empeño y resultados. Entre ellos podemos encontrar reclamos legítimos, opiniones documentadas y argumentos con potencial para enriquecer la discusión pública y en su caso encontrar caminos y alternativas. Por supuesto que existen piezas que difieren de estos criterios y no aportan mayor contenido. Aspiro a que este texto sí lo haga; ojalá lo logre. A continuación, comparto una serie de reflexiones sin criterio jerárquico, pero que contienen cuestiones que a mi juicio conviene discutir.
La integridad necesaria y la engañosa pureza
A lo largo de los tramos de responsabilidad del Sistema existen diferentes roles que deben ejercerse tomando en cuenta la confianza que ha sido depositada en ellos y la responsabilidad que tenemos con el país. Esencialmente tenemos a las y los ciudadanos que componen la Comisión de Selección, quienes integran los Comités de Participación Ciudadana (CPC) y las y los funcionarios públicos de jerarquía diversa que ejercen actos de autoridad desde las instituciones y dependencias públicas.
La integridad personal no depende del método de designación: depende de la convicción y fortaleza institucionales.
Tanto en la federación como los estados, quienes integramos cada una de estas categorías llegamos al cargo bajo diferentes mecanismos: la designación de la soberanía popular (Comisión de Selección); la selección vía convocatoria competitiva y abierta (CPC), y la designación por parte de alguno de los tres poderes (miembros del Comité Coordinador).
La vía de designación no asegura integridad ni garantiza pureza; la primera es una decisión y obligación de convicción personal; la segunda es una ficción arbitraria que ni se gana ni se pierde por ser más o menos “ciudadano” o “ciudadana”. A lo largo de seis años pude atestiguar a personas funcionarias íntegras y ciudadanía prevaricadora (y viceversa); también vi a titulares de dependencias que creyeron en el trabajo en equipo, así como a ciudadanas y ciudadanos enviados a implosionarlo deliberadamente, o lograr el mismo propósito por medio de incompetencia o narcisismos clínicos (sí, a veces la estulticia puede más que la perversidad, pero a veces también convergen). Al final, lo que importa no solo es la integridad personal, sino la fortaleza institucional para que una u otra condición no sean voluntarias, sino obligatorias y funcionalmente exigibles.
Las limitaciones de la vía indirecta
Separar criterios meramente políticos de la designación del órgano de participación ciudadana es un buen propósito, pero de azarosa implementación. No son pocas las comisiones de selección con integrantes que juegan como cadena de transmisión de los intereses políticos de los congresos y los reproducen hacia abajo nombrando a profesionales sin credenciales suficientes, méritos acreditables ni conocimiento en la materia. Cabe decir que también pude saber de integrantes de Comisión de Selección que resistieron presiones para nombrar a recomendados de políticos o factótums.
El combate a la corrupción, incremental, adaptativo y eterno
A pesar de sus limitaciones, sigo creyendo que la mejor manera de combatir un problema sistémico es con una herramienta de igual naturaleza. Suponer que el SNA funcionaría sin complicaciones apenas promulgado resulta ingenuo, como es derrotista afirmar que no funcionará solo por problemas propios del terreno en que se mueve. La corrupción mueve intereses muy poderosos e incluso criminales; es natural esperar una resistencia fuerte, perversa y en ocasiones violenta; sin embargo, la mejor forma de combatir la corrupción reside en fortalecer la prevención para que esta se mitigue de forma considerable.
Se requiere que cada acto corrupto sea cada vez más complejo, más riesgoso y menos rentable. La clave es hacerla casi imposible y, principalmente, cada vez menos atractiva. El combate a la corrupción debe avanzar de manera incremental, aprender de cada logro y cada tropiezo, y adaptarse al contexto y a la tecnología porque es un fenómeno que también evoluciona. No existen países sin corrupción, pero sí países capaces de contenerla y reducirla hasta hacerla marginal. Nuestro empeño debe ser convertirnos en uno de ellos.
Sin coordinación real, auditorías, fiscalías y tribunales operan como silos inconexos.
La fragilidad institucional
México es el mejor ejemplo que conozco de que una colección de leyes y reglamentos no bastan para garantizar que las cosas pasen de la manera que debieran. Persisten lagunas de discrecionalidad que en las manos indicadas -o quizás menos indicadas- pueden descarrilar o retardar un proceso. Frases como “hecha la ley, hecha la trampa” hablan de un pathos público contra el que debemos enfrentarnos y prever siempre, enfrentándolo con protocolos cruzados que permitan actuar contra desvíos del propósito institucional. Se requiere, al fin, de instituciones vigorosas, casi autómatas, que puedan actuar a pesar de la falibilidad de las capacidades y los apetitos humanos. De momento, no las tenemos.
Los silos inexpugnables
El SNA no fue creado para sustituir la actividad o responsabilidad de las partes que lo componen. Si los planes de auditoría no ponen la lupa donde debieran, si las carpetas de investigación solo son trámite simulador, y si los juicios de responsabilidades son únicamente la antesala del exculpamiento vía proceso, no es necesariamente responsabilidad del Sistema, sino de las auditorías, fiscalías y tribunales. El Sistema no fue creado para hacer el trabajo de las partes y, en su caso, asumir la responsabilidad de sus fallos, limitaciones o negligencia; fue creado para mejorar la coordinación entre actores por medio de sus mandatos, procesos y protocolos. Al Sistema se le pudiera reclamar su falta de recursos legales o políticos suficientes para obligar a sumarse al trabajo colaborativo a las partes que se vuelven silos inexpugnables. Podemos asignarles silla a los comensales, pero obligarlos a que interactúen durante la cena, es otra cosa.
Envueltos en una diplomacia institucional, es difícil encontrarse con titulares que pidan con la fuerza suficiente a sus pares que se esfuercen en construir un proceso que involucre a más de una institución, puesto que esperan ser dejados en paz en igualdad de condiciones. Así, el trabajo contra la corrupción continúa ejecutándose en silos más o menos independientes, preocupados por la responsabilidad individual, pero no por el producto final. Eso sí, reciben el favor involuntario de las columnas de opinión que apuntan al Sistema como principal o único responsable, como si sus partes no pudieran o merecieran ser llamadas a cuentas por separado. El Sistema, como cordero sacrificial que exculpa el pecado de sus partes.
El combate selectivo
Existe algo peor que no combatir la corrupción ni atender sus causas. Se trata del uso del combate a aquel fenómeno como herramienta política para atacar a personas opositoras y cubrir a partidarias. Cuando este combate degenera de causa a excusa se vuelve una peligrosa herramienta autoritaria que usa selectivamente los instrumentos del Estado para una persecución política que construye evidencias a partir de meras apariencias, mientras que se encarga de sepultar pruebas y procesos en el limbo posmoderno: la carpeta de investigación. La verdadera muestra de una convicción contra la corrupción se verifica cuando el régimen lleva a la justicia a prominentes elementos de este, no solo a quienes hayan caído de su gracia (ojo: los “quinazos” no cuentan).
La exposición mediática, vitriólica y matinal de quienes son considerados adversarios por el régimen no es rendición de cuentas, es narración de cuentos. No se busca la justicia sino el escarnio y descrédito de las reputaciones que no pudieron comprar o amedrentar. Eso no es combate a la corrupción, más bien es corrupción de la causa misma. Al final, las invitaciones a “presentar la denuncia” no llevan a ningún lado y sí logran fatigar el legítimo interés. Quizá ese es el propósito.
El SNA enfrenta un proceso de demolición interna que amenaza su supervivencia.
Los desplantes performativos
Durante algún tiempo, cuando a los gobiernos les importaba un poco su percepción frente a la ciudadanía, una carta pública firmada por personalidades y organizaciones no gubernamentales motivaba atención y cambios. Los autores de estos primeros desplegados comprendían que no se podía repetir la maniobra cada quince días y solo se justificaba ante causas relevantes. Hoy, es lamentable ver cómo la invocación del descontento es empleada como estrategia performativa que no busca una genuina atención del régimen, sino quizá servir para golpear a los verdaderos adversarios políticos, aquellos que incluso comparten siglas.
Cuando el desplegado sirve indirectamente a esta causa pervierte su razón de ser, no porque aquellos señalados no deban ser llamados a rendir cuentas, sino porque tal cosa jamás fue el propósito. Este tipo de acciones performativas, oficiosas o inducidas solo buscan satisfacer el ego de los convocantes, sabiendo plenamente que, si el régimen tuviera un verdadero aprecio por la justicia, no haría falta exigirlo. Se necesitan tiros discretos y precisos, no fuegos de artificio para satisfacer la hoguera de las vanidades.
La impunidad al principio y al final
La insultante falta de castigo a la corrupción inspiró este nuevo mecanismo para encararla. No ha sido suficiente, ya que, si bien se han hecho esfuerzos fenomenales para acordar políticas anticorrupción y generar plataformas de cruce de información sensible, de poco o nada sirve si quienes se encargan de llamar a cuentas fungen como guardaespaldas de último recurso. Abatir la corrupción y combatir la impunidad son dos propósitos concomitantes pero diferentes; corrupción e impunidad se retroalimentan en una dialéctica perversa, fortaleciéndose frente a los esfuerzos por abatirles.
Acabar con la impunidad requiere repensar la ingeniería de los procesos por los que se fincan responsabilidades, a la vez que es necesario contar con juezas y jueces imparciales y preparados. En este respecto hoy estamos peor que nunca. En tanto mejoran las condiciones institucionales y estructurales para mermar la impunidad, resulta esencial apostar a la prevención que blinde todo aquel procedimiento que implica presupuesto o decisión pública. No deja de ser una paradoja que el régimen que se pronuncia en contra de la impunidad tiene bajo su control las instituciones para acabarla por lo menos desde hace seis años.
Estas ruinas que ves…
Resulta claro que el Sistema no es del agrado del nuevo régimen y ya antes se habían dado muestras de olvido y desprecio al mismo. Hoy, que varios CPC registran cada vez más vacantes y ante la deliberada demolición desde dentro, puede ser que el SNA esté viendo sus últimos días a manos de quien debiera protegerlo. Es también muy claro que la causa antecede al Sistema y seguramente le sobrevivirá. Habrá que replegarse a las trincheras de la academia, el sector privado, la digna prensa libre y la sociedad civil. Desde allí la batalla, desde ahí la esperanza, volveremos a comenzar cuantas veces sea necesario.
