Año 1, núm. 2, septiembre de 2025
a fondo
Transición… hacia el autoritarismo
Ricardo Becerra
La reforma electoral de Morena no busca desaparecer elecciones, sino rediseñar sus reglas para que la competencia sea real, pero injusta
Un concepto útil
En México, transición democrática fue un término importado directamente de aquella noción muy utilizada en España, y que ya entonces era moneda de uso común en varios países de América Latina para describir procesos de “salida” de las dictaduras o de los autoritarismos.
Transición democrática tenía un pedigrí teórico de muy larga data que lo acreditaba como instrumento analítico, poderoso y pertinente. Además, aquella generación estaba urgida de un concepto para aludir y entender una situación que se desplegaba ante sus propios ojos y que la ciencia política lo había estado elaborando hacía muchos años.
Para ser más claro: se trataba de dejar atrás ese otro concepto de cambio político y social —revolución—, que por siglos se había enseñoreado en la política y en las ciencias sociales; ese término fue colocado por el leninismo del siglo XX en la cúspide de lo que se entendía por “cambio social”. Pues bien: en oposición a “revolución”, se había estado construyendo el concepto de “transición”, lo que significó otro triunfo del reformismo social.
Transición: ‘Intervalo que se extiende entre un régimen político autoritario y otro democrático, lo característico de la transición es que en su transcurso las reglas del juego político no están definidas
Fue Dankwart A. Rustow, en el lejano año de 1970, con su estudio de 23 democracias en Europa, América, Turquía, Filipinas y Ceilán, quien reconoció por primera vez la índole de un proceso político original que estaba ocurriendo en muchas partes del planeta. Era un tipo de transformación inédita que cursaba en países que ya habían sedimentado un fuerte sentido de unidad nacional y que, sin embargo, no dejaban de escenificar al interior recurrentes y serios conflictos entre fuerzas muy arraigadas.
Rustow vio que esas contradicciones normalmente cuajaban en partidos políticos enfrentados y que, a pesar de su antagonismo, articulaban acuerdos parciales. La suma de esos arreglos terminaban por forjar un acuerdo mayor, un nuevo entramado político, cuya base subyacente era la convivencia pacífica de los intereses y las fuerzas en cuestión.
Era una visión realista, o mejor, materialista, de las condiciones que hacen “surgir y florecer” a las democracias, y en esa línea apareció otro texto imprescindible en 1978, ahora producto de la pluma del español Juan Linz y sus “10 compromisos de todas las fuerzas políticas internas”, para hacer duradero un régimen pluralista. En efecto, Linz nos enseñó que, por sobre todas las cosas, la democracia es un compromiso, el cual se establece con la constitución, con las reglas y con las instituciones. La democracia exigía, pues, un tipo de comportamiento político.
Samuel P. Huntington, después, llamó la atención sobre el insólito cambio del mundo que se escenificaba en la última parte del siglo XX, en la tercera ola democratizadora. Constataba entonces “un movimiento global hacia la democracia”, pues se había visto emerger 35 nuevas democracias de 1974 a 1990, a partir de la revolución de los claveles en Portugal, España, siguiendo por Latinoamérica y con ruta al sudeste de Asia.
El fenómeno era muy reconocible: decenas de países embarcados en una lucha interna que no adoptaba la forma violenta y precipitada de una “revolución”, sino la de una parsimoniosa “transición”.
En 1986 se edita el texto clásico Transiciones desde un gobierno autoritario, de Guillermo O’Donnell, Philippe Schmitter y Laurence Whitehead. Un respetuoso estudio de 13 países (Italia, Grecia, Portugal, España, Turquía, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, México, Perú, Uruguay y Venezuela) en el que se narraban los hechos políticos de esos periodos de cambio y de los que se extraían lecciones generalizables. Las características comunes de la transición democrática eran cuatro:
1) El proceso se desencadena por factores internos, no como consecuencia de guerras internacionales o intervenciones.
2) Se plantea como solución, luego de una prolongada lucha político-social.
3) Típicamente se desencadena a partir de cambios pequeños.
4) Normalmente, se desenvuelve en fases sucesivas, conforme se acumulan los pactos y los cambios.
Esa obra ofrece la que es, a mi modo de ver, la definición clásica de transición: “Intervalo que se extiende entre un régimen político autoritario y otro democrático, lo característico de la transición es que en su transcurso las reglas del juego político no están definidas, se hallan en flujo permanente y son objeto de una ardua contienda”. Lo mejor para nosotros: esa definición encajaba perfectamente con lo que sucedía en México desde 1977.
La negociación se intensifica
Es verdad que el proceso de “negociación de las reglas del juego” había empezado en aquel año, el 77, pero su circulación más amplia —y no académica— empezó con fuerza luego del fraude electoral, la caída del sistema, incluida, de 1988. Quiero decir que la transición fue un concepto que adquirió pleno sentido cuando el partido único, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se dividió y por primera vez enfrentó elecciones competidas, con una alta e inusitada participación de la ciudadanía.
Las cosas se habían aclarado: el sistema político autoritario centrado en el presidente, el control del Legislativo, del Judicial, y de un partido que recibía votaciones arriba del 70 %, se había acabado. A ese paso, no contábamos con las reglas, las instituciones y las fórmulas que correspondieran a ese cambio y sí con dos grandes partidos opositores: uno histórico y conservador, ubicado a la derecha —el Partido Acción Nacional—, mientras otro, emergente nacionalista, popular y tumultuario —el Partido de la Revolución Democrática— flanqueaba a la izquierda.
Un nuevo sistema de partidos estaba ahí, en acto, reverberando en toda la vida social y política. Entonces, fue más que evidente que necesitábamos un nuevo régimen político que le correspondiera.
Por fortuna había un precedente, una mecánica de negociación ya instalada que permitió procesar y hacerse cargo de aquella crisis; una rutina de acción y cambio político en el país que abordaría el cisma político de una forma más democrática: el diálogo entre distintos como condición ineludible. La consulta pública genuina y, como resultado, una negociación que en el año iniciático de 1977 produjo varias novedades. Entre ellas, amnistía completa de presos políticos; ampliación de la Cámara de Diputados y, por primera vez en México, 100 diputados (de 400) surgirían de la representación proporcional. Se otorgó, además, financiamiento público a los partidos y —otra novedad democrática— se abrió la posibilidad de registro condicionado, figura legal para admitir nuevos contendientes en las elecciones mexicanas, dedicado a las corrientes de la izquierda, principalmente al Partido Comunista (PCM), hasta entonces marginado.
La mutación del régimen político en México tardó más o menos 20 años, cuando las ‘reglas del juego’ dejaron de ser el centro de la disputa política.
De esa suerte, un archipiélago de grupos, movimientos (campesinos, sindicales, populares, estudiantiles), liderazgos de todo tipo, tuvieron una puerta de acceso a la legalidad, a las elecciones y, sobre todo, al Poder Legislativo, desde donde promoverían más y más cambios, precisamente, a las reglas de la disputa por los poderes públicos en México.
Repito: a procesos como este y a la lucha política centrada en el cambio de las reglas del juego, se les bautizó conjuntamente como “transición”, un paréntesis histórico, un intervalo entre regímenes: uno, autoritario, ya agotado pero vigente, y otro, que sin serlo todavía, mutaba hacia una democracia acumulando piezas y novedades.
Subrayo la rutina de acción y cambio político dialogada, consultada y negociada, porque ese formato se repitió en 1986, en 1989-90, en 1993, 1994 y, como cierre de ciclo, en 1996. De modo y suerte que la mutación del régimen político en México tardó más o menos esos 20 años, cuando las “reglas del juego” dejaron de ser el centro de la disputa política. En las elecciones de 1997, el otrora partido hegemónico perdió la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados, la derecha multiplicó su votación, la izquierda conquistó el gobierno de la Ciudad de México y, tres años después, el PAN ganaría la Presidencia de la República. Por primera vez en casi 200 años, nuestra República fue capaz de transmitir el poder público de un partido a otro, con legalidad y en paz.
Cuando hablamos de transición hacia la democracia, hablamos en estricto sentido de un cambio de régimen político que incluyó, entre otros asuntos:
- La celebración de elecciones limpias y confiables.
- La creación de un espacio de legalidad (electoral) en el Estado.
- Separación de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).
- Federalismo: partidos distintos gobernaron los estados del país e impulsaron agendas propias.
- Alternancias en el Poder Ejecutivo a todo nivel (presidencial, gubernaturas, alcaldías).
- Pérdida de mayorías en los congresos.
- Gobiernos divididos.
- Partidos nacionales.
- Una sociedad organizada, plural, portadoras de múltiples causas.
- Una libertad de prensa realmente ejercida.
- La transmisión pacífica de los poderes públicos.
- Y millones de votantes que hicieron posible esos cambios con su participación y con su voto.
¿Alguien puede afirmar seriamente que en México no hubo un cambio de régimen? ¿Todo esto fue una simulación? ¿Fue obra de cúpulas, pactos internacionales o de la sagacidad de académicos iluminados?
La sola aparición de este ecosistema completamente nuevo en la historia política de México ya nos informa de un cambio mayor, civilizatorio, en la convivencia de una sociedad de masas y tremendamente desigual, pero además en el intervalo, pasaron muchas otras cosas importantes, más allá del ámbito propiamente político o electoral.
Nacieron las megalópolis, su gente fue más educada, se embarcó en otra transición —esta, demográfica—, protagonizó un cambio completo en su modelo económico, profundizó su inveterada desigualdad, entró en una fase larga de estancamiento, vio emerger una guerrilla indígena, se sucedieron decenas de movilizaciones urbanas, estudiantiles y un largo etcétera.
En esos 20 años, la transición a la democracia estuvo acicateada, fue afectada por las grandes crisis y por nuevos fenómenos como la pobreza urbana de masas, agolpada en los cinturones periféricos de las ciudades. Sin embargo, incluso este hecho social decisivo —la hecatombe de 1994-95 y sus 16 millones de nuevos pobres—, encontraron un cauce político donde reconocieron en el perredismo su vehículo de expresión, representación y de protesta.
Lo que quiero subrayar es que los grandes procesos sociales, económicos, políticos y sus liderazgos —nuevos y antiguos— fueron, casi todos, metabolizados dentro de la órbita de aquella transición.
Para decirlo de otro modo: los partidos y las elecciones “captaron” la conflictiva social, o mejor aún, la representaron. Así, por ejemplo, Raúl Álvarez Garín, uno de los dirigentes principales del movimiento estudiantil de 1968, fue diputado plurinominal. Arnoldo Martínez Verdugo, líder indiscutible del comunismo mexicano durante décadas, también. La icónica madre buscadora, Rosario Ibarra de Piedra, no solo fue diputada plurinominal, sino candidata presidencial. Gilberto Rincón Gallardo hizo lo mismo y Porfirio Muñoz Ledo se convirtió en el primer senador de izquierda opositora.
Destacaron también en la escena política notables intelectuales de la izquierda, como Arnaldo Córdova, Rolando Cordera o Heberto Castillo. Del mismo modo, dirigentes campesinos emblemáticos, como Danzós Palomino, por ejemplo, o dirigentes sindicales ferrocarrileros como Valentín Campa y Demetrio Vallejo, entre muchos otros.
La derecha política hizo lo propio y en el Congreso desfilaron sus principales cuadros: Luis H. Álvarez, Carlos Castillo Peraza, Diego Fernández de Cevallos, Felipe Calderón H., quien luego, incluso, se convertiría en presidente de la República, entre muchas otras figuras.
Toda esa lucha y movilización política impulsó reformas, congresos plurales, más y más cambios institucionales —no solo electorales—, procesos que culminaron en el hecho decisivo: la dispersión efectiva del poder en México. El PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, Cuauhtémoc Cárdenas ganó para la izquierda la capital del país y en muchas ciudades de enorme importancia había ganado la oposición. Algo más: las reglas del juego no fueron impugnadas por ninguno de los contendientes.
Si en el periodo previo a la democracia, México vivía en un autoritarismo a pesar de su Constitución, en la etapa que se abre el autoritarismo habita y emana de la propia Constitución.
Así, la transición democrática que concluyó en 1997 fue, en realidad, un inmenso cambio social y cultural que asentó uno de los poquísimos acuerdos nacionales que han sobrevivido por décadas: al poder público se llega por las elecciones, nada más, no hay otra vía que la electoral.
Desde el Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD) hemos elaborado y propuesto este marco de comprensión histórica —y de acción política— desde 1989, la hemos argumentado ante la opinión pública, la academia y, por supuesto, gobiernos y fuerzas políticas. En ese marco existen héroes y también villanos, claro está, pero sobre todo, habita el reconocimiento de los hechos comprobables: que el cambio político mexicano hacia la democracia fue una obra colectiva, pluralísima, a muchas manos y vino de muy lejos.
Ningún otro campo importante de la vida mexicana —ni la política económica, ni la política social, ni la seguridad pública, el combate al crimen organizado— han estado fuera del litigio y la discordia nacional y, sin embargo, ese acuerdo mínimo electoral-democrático ha pervivido. En él se incluyó hasta Andrés Manuel López Obrador.
Coda
Lo que siguió después —entre 1997 y el año 2018— fue una novicia, incipiente pero real vida democrática, dueña de los elementos descritos antes. Una democracia que coincidió con un periodo de bajo crecimiento económico, alta concentración del ingreso y pobreza nunca superada porque el propio arreglo económico la producía. Un boom delincuencial, con una violencia y nivel de homicidios incontrolable. Y unos episodios de corrupción política, a ratos inverosímiles por su magnitud y extensión. Ante tales fracasos sociales, la democracia perdió crédito y —como en muchos otros países— floreció la opción autoritaria.
A partir de 2018, desde el propio gobierno, se inicia un camino de reversa desmontando —pieza por pieza— el collage construido trabajosamente en la democracia: división e independencia de poderes, órganos autónomos, diálogo pluralista, mismos que fueron sustituidos por su contrario en un proyecto sucesivo de demolición institucional que culminó con la remoción completa del poder judicial. Si en el periodo previo a la democracia, México vivía en un autoritarismo a pesar de su Constitución, en la etapa que se abre, el autoritarismo habita y emana de la propia Constitución.
Empieza así, para México, su propia transición al autoritarismo. Y esa es otra historia.
