Año 1, núm. 2, septiembre de 2025
tendencia
Subterfugio de tiranos
Pedro Arturo Aguirre
Del 47% de las naciones, la democracia retrocede: elecciones controladas, oposiciones silenciadas y sociedades bajo amenaza.
Las elecciones son piedra angular de la democracia, pero solo si existen condiciones para garantizar procesos genuinamente libres y justos; de lo contrario las urnas pueden convertirse en un subterfugio de tiranos. Cada día son más las naciones donde las elecciones son libres, pero no son justas.
De acuerdo con el politólogo Larry Jay Diamond, especialista en un tema que se conoce como “autocracias electorales”, las elecciones son libres solo cuando “los obstáculos legales para entrar en la arena política son mínimos, hay libertad sustancial para los candidatos para hacer la campaña y si los votantes experimentan poca o ninguna coerción en el ejercicio de su derecho al voto”, pero solo son también justas cuando “son organizadas, supervisadas y sancionadas por autoridades neutrales y competentes, y cuando el Estado es efectivamente impedido de utilizar indiscriminadamente sus muchos recursos en favor de algún partido contendiente”.
En las autocracias electorales, ahora también llamados “regímenes híbridos” (o “democracias iliberales”), se celebran elecciones periódicas aparentemente democráticas, pero no existen condiciones de libre y justa competencia y, por tanto, están diseñadas para intentar legitimar a una élite gobernante.
Hoy casi la mitad del mundo vive un deterioro democrático: elecciones libres, pero cada vez menos justas.
Esto de mantener una fachada electoral para disfrazar a un régimen autoritario es cosa vieja en el mundo, y eso lo saben muy bien en un elevado número de países donde se padecieron todo tipo de dictaduras a pesar de mantener vigente un inane ritual electoral. Lo conocimos en México durante el largo periodo del partido hegemónico, y todo indica que entre nosotros tal engendro vuelve por sus fueros.
Con la “ola democratizadora” de finales del siglo pasado muchos sistemas electorales cobraron vida y dieron lugar a mecanismos genuinamente competitivos, pero ahora con el resurgimiento de los autoritarismos, un número creciente de países de democratización reciente las viejas formas de la autocracia electoral regresan al escenario, e incluso se empiezan a hacer presentes en naciones consideradas democracias arraigadas.
El Instituto IDEA Internacional señala que cerca del 47 % de los países en el mundo han visto un deterioro en su calidad democrática en los últimos diez años. Esto incluye tanto democracias consolidadas como regímenes híbridos que se deslizan hacia el autoritarismo. Se percibe en estos casos una ruta común: una opción política de corte populista o personalista es capaz, primero, de obtener mayorías abultadas en los parlamentos para de ahí someter, eventualmente, al Poder Judicial y secuestrar a las autoridades electorales. El ciclo se remata con restricciones a la libertad de expresión, acoso a medios de comunicación y hostigamiento a las organizaciones de la sociedad civil.
Venezuela: democracia fingida
Después de haber despertado ciertas esperanzas al principio de la denominada Revolución bolivariana con la creación de un Poder Electoral que prometía ser eficaz, transparente e independiente, ahora el caso venezolano representa un ejemplo extremo de autoritarismo electoral donde las elecciones se convierten en un mecanismo de control sin posibilidad real de alternancia ni garantías democráticas. El denominado Poder Electoral se ha transformado en una herramienta para consolidar y tratar de legitimar a una tiranía.
De Venezuela a Hungría, los tiranos modernos usan las urnas para legitimar su poder.
Este desmantelamiento progresivo se hizo como nunca evidente en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Según informes de la Red Electoral Ciudadana (REC; integrada por varias organizaciones no gubernamentales venezolanas), el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el oficialismo desde que el gobierno fue capaz de imponer en su órgano de dirección a una mayoría de integrantes incondicionales, proclamó a Nicolás Maduro como vencedor sin publicar los resultados desagregados, violando la legislación nacional.
Antes había inhabilitado a una buena cantidad de candidatos opositores —como María Corina Machado— sin fundamentos legales transparentes. En el recuento de votos no se realizaron auditorías técnicas ni verificación de actas, lo que impide validar la transparencia del proceso.
La oposición, mediante la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), afirma haber recopilado el 85.18 % de las actas que respaldarían la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia, pero fueron actores gubernamentales ajenos al CNE, como Jorge Rodríguez (presidente del Parlamento) y Diosdado Cabello (ministro del Interior), quienes asumieron cabal control sobre aspectos técnicos del proceso electoral, lo que consolidó la percepción de un CNE subordinado y sin autoridad real. Finalmente, el también sometido Tribunal Supremo de Justicia validó el proceso sin auditorías técnicas ni transparencia alguna.
Mientras tanto en América Latina…
El sistema electoral en El Salvador ha experimentado un menoscabo significativo en los últimos años bajo el gobierno de Nayib Bukele. Aunque el país mantiene una estructura formal de elecciones, diversos organismos internacionales han señalado que ya no cumple con los estándares mínimos de integridad democrática. Bukele fue reelegido en 2024 tras una controvertida resolución de la Sala de lo Constitucional, que revocó de hecho la prohibición de la reelección consecutiva del jefe de Estado consagrada en la Constitución salvadoreña, la cual ya ha sido reformada para permitir, sin sombra de duda, la reelección indefinida.
Asimismo, el presidente ha rediseñado el sistema electoral. Se redujo el número de municipios y curules legislativas para favorecer al partido oficialista Nuevas Ideas. En los pasados comicios, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) fue criticado por su falta de transparencia, por errores obvios en el conteo de sufragios realizados en el exterior y por un número significativo de problemas técnicos. Como en los otros casos comentados en este texto, la deliberación pública sobre las irregularidades en el proceso electoral ha sido limitada por el control de medios y la represión de voces críticas.
En Nicaragua, la esperpéntica satrapía de Daniel Ortega y Rosario Murillo se ha consolidado gracias a la captura total del Consejo Supremo Electoral (CSE). Este organismo gozaba de un rango constitucional como Poder del Estado, pero fue degradado este año a un órgano subordinado al Poder Ejecutivo. En las elecciones presidenciales de 2021, Ortega y Murillo fueron reelegidos en medio de una abstención estimada del 81 %, la más alta desde la era de los Somoza.
La oposición fue eliminada o recluida y el oficialismo obtuvo 75 de los 90 escaños parlamentarios, asegurando el control total del Legislativo. El CSE no proporciona información pública confiable, lo que impide auditorías independientes y socava la transparencia electoral. Decenas, si no es que centenas de candidatos opositores, líderes sociales y voces críticas fueron encarcelados, desterrados o silenciados previo a las elecciones.
En la región, también el sistema electoral en Bolivia ha sufrido numerosos y profundos detrimentos en los últimos años. Destaca la pérdida de independencia institucional con el secuestro del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), creado por la Constitución de 2009 como poder público independiente, el cual, como en los casos venezolano y nicaragüense, ahora ha sido subordinado de facto al Ejecutivo. El partido gobernante, Movimiento Al Socialismo (MAS) ha utilizado su mayoría parlamentaria para imponer leyes que desequilibran la competencia electoral, como la Ley del Régimen Electoral y la Ley de Distribución de Escaños.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE), máxima instancia del OEP, ha perdido su independencia y su carácter árbitro imparcial. Hacia las elecciones a celebrarse este mes de agosto cunden las inhabilitaciones selectivas de candidatos opositores sin criterios claros, el uso de recursos públicos en campaña sin sanciones ni fiscalización efectiva, la opacidad en el mecanismo de conteo de votos y las dudas sobre la solidez del padrón electoral. Sin embargo, pese a todo, el MAS fue barrido en las elecciones presidenciales celebradas el pasado 16 de agosto. Las artimañas electoreras no fueron suficientes ante la profunda división del MAS, aunque Bolivia aún se encuentra en una encrucijada de en medio de la polarización y de una agria división dentro del todavía partido en el gobierno.
Europa y los retos de la democracia frente a los autócratas
Otro de los casos más recientes de deterioro del sistema electoral desde el inicio de la actual crisis global de la democracia lo presenta Rusia. Aunque se celebran elecciones, estas están íntegramente manipuladas para garantizar la permanencia de Vladimir Putin en el poder y desactivar cualquier oposición significativa. Las últimas elecciones presidenciales se celebraron en 2024 dentro de un contexto de guerra exterior y represión interna. Putin fue reelegido con más del 87 % de los votos en un proceso que personas expertas califican como predestinado y sin competencia real. Los candidatos opositores eran figuras marginales o controladas, mientras que líderes de peso como Alexei Navalny fueron encarcelados o eliminados del escenario.
47% de los países ha visto caer la calidad de su democracia en la última década.
El muy polémico uso del voto electrónico, implementado por primera vez en comicios presidenciales, fue señalado por observadores independientes de padecer grandes deficiencias. La Organización para la Seguridad y Cooperación Europea (OSCE) y otros grupos denunciaron falta de transparencia, intimidación, y ausencia de garantías mínimas. En Rusia, los medios independientes y las organizaciones no gubernamentales enfrentan censura, persecución judicial y restricciones legales. El sistema electoral ha sido transformado en una herramienta de legitimación del poder, sin posibilidad real de alternancia ni deliberación pública.
Por su parte, en Hungría el sistema electoral ha sufrido un deterioro significativo en la última década, convirtiéndose en un peculiar ejemplo de autocracia electoral dentro de la Unión Europea, institución tan celosamente aplicada a la defensa de la democracia. Las elecciones húngaras son esgrimidas para favorecer al partido gobernante de forma cada vez más descarada. Desde 2010, Viktor Orbán ha impulsado cambios constitucionales y legales que arbitrariamente redibujan distritos electorales, modifican reglas de financiamiento y reducen el número de escaños. Las autoridades electorales, el Poder Judicial y los medios de comunicación están bajo control gubernamental, lo que impide una supervisión independiente del proceso electoral.
La oposición enfrenta obstáculos legales, falta de acceso a medios y persecución política. El Parlamento Europeo ya considera que Hungría ya no puede ser vista como una democracia plena, sino como un “régimen híbrido de autocracia electoral”. Orbán ha ganado cuatro veces consecutivas con mayoría absoluta, pero en un entorno donde las instituciones electorales carecen de independencia. Hungría representa un caso paradigmático de cómo un sistema electoral puede ser desmantelado desde dentro mientras se mantiene la apariencia de democracia.
Mientras tanto, en Turquía, el presidente Recep Tayyip Erdoğan ha encabezado un proceso de desgaste progresivo de la democracia. Lo ha hecho mediante modificaciones a la Constitución y de la normativa electoral valiéndose de su mayoría en el Parlamento para obtener ventajas significativas ante la oposición haciendo uso los recursos del Estado, con lo cual garantiza el dominio sobre los medios de comunicación y facilita la creación de redes clientelares.
En los pasados comicios presidenciales de 2023, fue escandalosa la arbitraria inhabilitación del popular alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, impedido para ser candidato por la dócil autoridad electoral con una baladí argucia legal. Los observadores electorales de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) calificaron a estas elecciones como “libres, pero no justas”. Este año, İmamoğlu fue detenido en marzo justo antes de las primarias presidenciales del Partido Republicano del Pueblo (CHP), donde era el favorito. Esta judicialización de la política ha afectado también a decenas de líderes sociales y periodistas.
Turquía lidera la lista de países con más periodistas encarcelados en el mundo, mientras los medios independientes han sido sistemáticamente cerrados. Las instituciones encargadas de organizar y supervisar las elecciones están bajo influencia gubernamental, lo que permite manipular reglas, censurar candidatos y limitar la participación de la oposición. Turquía representa un caso paradigmático de cómo un gobierno puede desmantelar la democracia desde dentro, utilizando herramientas legales y electorales para consolidar el poder.
Así las cosas, por otra parte, el quebranto del sistema electoral en Georgia es objeto de preocupación internacional, especialmente tras las elecciones parlamentarias del 26 de octubre de 2024. Diversos organismos, como el Parlamento Europeo y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa han denunciado irregularidades graves que comprometen la legitimidad democrática del país. Según el Parlamento Europeo, las votaciones estuvieron marcadas por fraude sistemático, irregularidades graves y una falta de respeto a las normas democráticas internacionales.
El movimiento gobernante, Sueño Georgiano, obtuvo el control absoluto del parlamento que ahora funciona como un órgano de partido único. Desde hace dos años la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha denunciado la aprobación de enmiendas al Código Electoral que restringen la competencia política y debilitan la transparencia. Además, se han documentado represalias contra manifestantes, periodistas y líderes cívicos, así como brutalidad policial y detenciones arbitrarias.
El oficialismo en India: dominio y control
El sistema electoral en India, aunque formalmente democrático y considerado el más grande del mundo por su número de votantes, ha mostrado signos preocupantes de ineficacia y retroceso en los últimos años, bajo el gobierno del primer ministro Narendra Modi y su partido, el Bharatiya Janata Party (Partido Popular Indio, con siglas BJP). Las últimas elecciones parlamentarias se celebraron entre el 19 de abril y el 1 de junio de 2024, con más de 900 millones de ciudadanas y ciudadanos habilitados para votar, pero bajo un clima de polarización, control mediático y presión institucional.
La campaña oficialista se caracterizó por un dominio patente de medios de comunicación tradicionales y digitales, mientras la oposición enfrentaba obstáculos para difundir sus propuestas. La cobertura mediática favorece abiertamente al partido gobernante, lo que limita el pluralismo informativo durante las campañas.
Aquí también se han denunciado casos de uso del sistema judicial para perseguir opositores y activistas. Organizaciones no gubernamentales, periodistas y académicos críticos enfrentaron restricciones legales y fiscales, lo que redujo el espacio de deliberación pública. Aunque el BJP logró el triunfo, perdió apoyo popular, lo cual refleja un creciente malestar por temas como el desempleo juvenil y la desigualdad económica.
La oposición, agrupada en la alianza INDIA, logró avances importantes, pero no pudo revertir el dominio institucional del BJP. A pesar de su tamaño y tradición democrática, India enfrenta una erosión de sus valores republicanos, con una creciente concentración de poder en el Ejecutivo y crecientes prácticas autoritarias que amenazan su pluralismo y equidad electoral.
Estados Unidos: la democracia liberal en riesgo
Como vemos, muchos sistemas electorales en países de democratización reciente están padeciendo de graves retrocesos, pero algunas democracias tradicionales también han caído en involución. El sistema electoral de Estados Unidos siempre ha sido imperfecto, y aunque históricamente fue considerado uno de los pilares de la democracia liberal en el mundo, padece desde hace un par de décadas de severos signos de erosión deterioro, proceso acelerado por la polarización política, el debilitamiento institucional y las desigualdades estructurales.
Diversos estados han implementado leyes que dificultan el acceso al voto, especialmente para minorías raciales, jóvenes y personas de bajos ingresos. Esto incluye la imposición de requisitos de identificación, reducción del número de lugares de votación, restricciones al voto por correo y una artera redistritación electoral (gerrymandering).
La onerosa y descontrolada financiación privada de las campañas electorales ha sido, casi desde la fundación de la República, un ingente defecto, pero el dinero de grandes corporaciones y grupos de poder ha ganado una aún más desmedida influencia en las campañas, debilitando la equidad democrática. La polarización extrema que vive la política en la todavía principal potencia del mundo ha generado desconfianza en los resultados electorales y ha nutrido infinidad de teorías conspirativas. Ya en 2016, el índice de calidad democrática de Unidad de Inteligencia de la revista The Economist degradó a Estados Unidos de “democracia plena” a “democracia defectuosa”.
El índice del Instituto V-Dem (organización de investigación independiente con sede en la Universidad de Gotemburgo dedicada a medir y analizar la calidad de la democracia en todo el mundo) muestra una merma desde 2016, especialmente en el ámbito electoral. Estados Unidos sigue siendo una democracia, pero cada vez más vulnerable a dinámicas autoritarias, desigualdades estructurales y polarización social.
